El estado de Michoacán en México: las corrientes migratorias mixtas y los enlaces transnacionales

Xóchitl Bada y Andreas E Feldmann

En un contexto de violencia incesante en México, se están reconfigurando los patrones de migración tradicionales del corredor norteamericano.

La gran cantidad de migrantes que desde hace tiempo intentan llegar a Estados Unidos (EEUU) para mejorar su seguridad económica se ha visto aumentada por los miles de desplazados forzosos que huyen de la violencia y de la inseguridad en México[1]. Las rígidas distinciones entre las migraciones forzadas y las voluntarias se están difuminando a medida que la gente sufre la amenaza de la violencia, la falta de perspectivas económicas y la degradación ambiental que hacen que en sus lugares de origen no puedan proteger sus derechos fundamentales. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha anunciado que ha tenido lugar un importante aumento del número de solicitudes de asilo por parte de ciudadanos mexicanos en EEUU, de 3669 en el año 2000 a 14 643 en 2016, pese a las bajas tasas de aceptación de este país[2].

Una cuestión fundamental para entender las configuraciones actuales de los movimientos de la población en México tiene que ver con la manera en la que la violencia está influyendo en las decisiones de la gente de trasladarse a otros lugares y con cómo eligen sus destinos. Además de buscar refugio en México o de solicitar asilo en el extranjero, la inmensa mayoría de las redes migratorias que ya llevan tiempo establecidas ofrecen una tercera posibilidad a las personas afectadas por la violencia: cruzar a EEUU con o sin documentación. Para estudiar este movimiento transnacional, examinamos el caso del estado mexicano de Michoacán.

Violencia y desplazamiento en Michoacán

Michoacán está afectado de lleno por la violencia relacionada con el narcotráfico debido a la aparición de varias organizaciones criminales importantes. Gracias a su riqueza y su gran capacidad de coacción, los cárteles de la droga se han infiltrado en la economía y el débil gobierno del país es incapaz de detener este proceso. Michoacán también ha sido testigo de la rápida expansión de las milicias de autodefensa que surgieron como reacción ante el crimen organizado. Miles de michoacanos (naturales de Michoacán) se han visto obligados a exiliarse a campamentos improvisados en las afueras de las ciudades, mientras que el Estado —menoscabado por poderosos actores no estatales— no ha podido o no ha querido ofrecer asistencia y protección a esas personas desplazadas internas.

Michoacán se enfrenta además al reto de intentar asistir y reintegrar a miles de migrantes que regresan de EEUU por culpa del desempleo o que han sido deportados de Estados Unidos tras haber sido condenados por delitos o por falta de documentación. Bajo la actual administración presidencial, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense ha implementado con éxito una política basada en la táctica del miedo para animar a miles de inmigrantes indocumentados a regresar voluntariamente en vez de arriesgarse a tener que cumplir penas privativas de libertad obligatorias si Inmigración y la Red Aduanera de Lucha contra el Fraude les pillan sin papeles. Dichos retornados a veces intentan establecerse en ciudades más grandes de Michoacán donde tienen redes sociales, en busca de mejores oportunidades laborales. Otros regresan a sus localidades de origen y se van a vivir con familiares donde, con frecuencia, se encuentran con escasas oportunidades laborales, con la ausencia de políticas de integración y con situaciones de violencia que les empujan a mudarse de nuevo[3].

Elegir un destino

Michoacán tiene una larga tradición de migración internacional. La presencia de michoacanos en EEUU data de principios del siglo XX, cuando miles de hombres migraron al norte para trabajar en la agricultura. En los años 60 las mujeres y los niños se unieron a esta corriente migratoria. La presencia de estos migrantes resultó fundamental a la hora de crear una comunidad transnacional con unos lazos económicos, culturales y políticos fuertes, y para que hubiera un constante flujo de movimiento entre Michoacán y varias ciudades de EEUU como Chicago, Dallas y Los Ángeles. En 2014, el estado de Michoacán recibió 2200 USD millones en remesas familiares, la mayor cantidad recibida por cualquier estado mexicano. Esto representa el 10 % del Producto Interior Bruto (PIB) anual del estado y es dos veces el valor de sus exportaciones.

Políticamente, Michoacán se identifica como un estado binacional. El Gobernador y otras autoridades viajan con regularidad a EEUU para mantener y profundizar sus lazos con la diáspora de Michoacán. Por su parte, los michoacanos que se encuentran en EEUU regresan a menudo a su lugar de origen y se mueven para hacer presión e interactuar con las autoridades regionales y con las comunidades en lo que respecta al estatus migratorio y a las condiciones de vida para los mexicanos en Estados Unidos. El estado cada año organiza un foro binacional (Foro Binacional del Migrante) en el que las autoridades regionales y una plétora de organizaciones de México y EEUU se reúnen para debatir acerca de problemas y retos como la ayuda del gobierno a los retornados, el apoyo a programas de creación de empleo, sanidad y educación, el desarrollo de proyectos de infraestructuras, y medidas para mejorar la seguridad de los migrantes. Estas cuestiones son relevantes tanto para los migrantes económicos como para los forzados.

El que sea poco probable que reciban asistencia y protección en México, el temor a convertirse en objetivos aunque se hayan trasladado internamente, la existencia de redes transnacionales ya establecidas y la perspectiva de encontrar mejores oportunidades en el norte son los argumentos en los que se apoya la decisión de buscar protección cruzando la frontera entre México y EEUU a pesar de que se carezca de documentación como migrante. Para estudiar este fenómeno llevamos a cabo entrevistas y encuestas con las autoridades, con representantes de la sociedad civil, con estudiosos y con migrantes[4].                                                                                     

Como aprendimos en nuestras visitas a Michoacán y en las entrevistas con los migrantes en Chicago, la gente deja su comunidad de la manera más discreta posible, intentando no ser detectada por los actores violentos y depositando su confianza en las redes —capital social— que ya existen para conseguir protección. Los que tienen la suerte de tener familiares o amigos cercanos en EEUU a menudos reciben un apoyo vital (dinero, financiación para el visado, información, alojamiento) que les permite viajar a EEUU y llegar hasta allí, encontrar un trabajo y adaptarse a sus nuevas vidas.

Aunque las condiciones en EEUU para los migrantes mexicanos —tanto económicos como solicitantes de asilo— se han deteriorado de manera significativa desde la crisis económica de 2008 y por las últimas políticas implementadas por la administración de Trump, nuestras entrevistas señalaron que muchos de los que temían por sus vidas en México preferían enfrentarse a la incertidumbre y el peligro en EEUU antes que quedarse en Michoacán. Una cultura migratoria asentada desempeña un papel enorme a la hora de facilitar este movimiento ya que, para muchos michoacanos, migrar forma parte integral de su educación.

Las actuales circunstancias suponen enormes retos a la hora de recopilar datos, lo que dificulta la tarea de rastrear los trayectos de los migrantes. No solo los migrantes que se exilian son reacios a hablar sino también los funcionarios del Gobierno de México y de EEUU, quienes temen en convertirse en objetivos de organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico. La dificultad de obtener información aumenta debido a que las autoridades mexicanas no pueden ser vistas ofreciendo información que confirme el aumento del éxodo de sus ciudadanos a EEUU, ya que eso significaría claudicar ante los cárteles de la droga.

Las autoridades estatales federales y de Michoacán, incluida la de los servicios de la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y la Secretaría del Migrante de Michoacán, reconocen que la migración forzada es un problema pero no son conscientes exactamente de sus dimensiones ni de sus conexiones transnacionales, y carecen de las políticas necesarias para coordinar la asistencia a los afectados. Aun en el actual contexto de violencia de México, casi no existen programas gubernamentales para ayudar y proteger a los desplazados internos[5]. La reacción de la sociedad civil también ha sido lenta. Del mismo modo, los representantes de la sociedad civil migrante en Michoacán apenas pueden ofrecer pruebas que aporten información sobre los que han migrado al norte y su capacidad de investigación se ve impedida por la falta de recursos y el miedo a las represalias.

Dado el apremio que sufren miles de michoacanos desarraigados, corresponde a las autoridades mexicanas, tanto federales como estatales, implementar medidas concretas para asistir y proteger a esta población, especialmente a los más vulnerables. Como mínimo, entre estas medidas deberían incluirse: abrir refugios en los que las víctimas pudieran recibir ayuda básica y asistencia médica y estar a resguardo; reforzar los mecanismos existentes para denunciar las violaciones de los derechos humanos y otros delitos; crear un registro nacional de personas desplazadas; y, en la medida de lo posible, desarrollar también mecanismos para ayudar a las víctimas a regresar a sus comunidades y para promover otras soluciones duraderas. La comunidad internacional, por su parte, debería ofrecer apoyo financiero y técnico para aumentar la capacidad del estado mexicano de enfrentarse a esta creciente crisis humanitaria.

Xóchitl Bada xbada@uic.edu
Profesora adjunta
 
Andreas E Feldmann feldmana@uic.edu
Profesor adjunto
 

Programa de estudios americanos y latinos, Universidad de Illinois en Chicago www.uic.edu Los autores desean dar las gracias a Cristina Correa por su ayuda en la preparación de este artículo.



[1] Albuja L (2014) “Violencia criminal y desplazamiento en México”, Revista Migraciones Forzadas no. 45 www.fmreview.org/es/crisis/albuja

[2] ACNUR, Estadísticas de población 2017 http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers

[3] Entrevista personal con un miembro de la plantilla de la Secretaría del Migrante de Michoacán. Morelia, diciembre de 2016.

[4] Esta información fue complementada por fuentes secundarias como informes gubernamentales, intergubernamentales y de ONG, declaraciones juradas de solicitantes de asilo y trabajos académicos.

[5] Rubio Diaz-Leal L (2016) “Internal displacement in Mexico: a debate on concepts, statistics and State responsibility”, en Cantor D J y Rodriguez-Serna N (Eds) The New Refugees: Crime and Displacement in Latin America [Los nuevos desplazados: crimen y desplazamiento en América Latina], Londres: Institute of Latin American Studies.

 

construyendo sobre una tradición de protección
RMF 56
Octubre 2017

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