Prólogo: Solidaridad regional y compromiso con la protección en Latinoamérica y el Caribe

Filippo Grandi

En una época en la que más de 65 millones de personas en todo el mundo son desplazadas forzosamente, Latinoamérica y el Caribe ofrecen ejemplos de buenas prácticas en una región que mantiene su compromiso a largo plazo de proteger a quienes lo necesiten.

Si observamos el panorama global de las situaciones de desplazamiento prolongadas y de las que se están desarrollando ahora, Latinoamérica y el Caribe pueden parecer un refugio relativamente seguro, alejado de los recientes desplazamientos masivos causados por la persecución, el conflicto y la violencia. Lamentablemente, y como he observado personalmente durante mis últimas visitas a la región, no es el caso.

En el Norte de Centroamérica (NCA)[1], las bandas organizadas cometen actos de violencia atroces; en Venezuela la población se enfrenta a la inestabilidad social y política y a graves limitaciones en el acceso a los servicios básicos; en determinadas zonas de Colombia algunos grupos armados siguen operando con impunidad a pesar del reciente acuerdo de paz. Estas circunstancias llevan a la gente a trasladarse a otras zonas del país o a emprender travesías peligrosas de camino a los países vecinos o más allá, para lo que a menudo recurren a los servicios de contrabandistas sin escrúpulos en su búsqueda de seguridad. Los solicitantes de asilo de Haití y Cuba, y un número cada vez más mayor de personas que llegan de fuera de la región (incluso de países de Asia y África) completan la foto.

La cifra de solicitudes de asilo presentadas en Latinoamérica y el Caribe es cada vez mayor y ya son casi 100 000 personas las que están actualmente a la espera de recibir el fallo sobre su solicitud de asilo. Esta ha sido la tendencia constante en los últimos años que ha ido ejerciendo presión sobre los sistemas de asilo y haciendo que urja encontrar respuestas para ofrecer soluciones y medidas de protección adecuadas. Aparte de las tragedias personales que muchos han sufrido, las personas que se encuentran en tránsito se enfrentan a numerosos retos. Estos tienen que ver principalmente con: una identificación adecuada de sus necesidades de protección, con acceder a la información sobre las alternativas de reasentamiento y los procedimientos de asilo en un lugar seguro, el acceso a una protección física adecuada en viviendas u otros espacios seguros, un acceso efectivo al asilo u otras modalidades de protección complementaria, poder inscribirse en el censo, el disfrute del libre tránsito y de alternativas a la detención, y con cuestiones relacionadas con la documentación.

Continuar con la tradición de ofrecer protección

El arraigado compromiso de ofrecer protección a los que huyen en busca de seguridad es algo inherente a los valores de Latinoamérica y el Caribe. Existe una sólida y gran tradición de apertura, solidaridad y humanitarismo. La historia es testigo de muchos ejemplos a este respecto, como el de los refugiados que huían de la guerra civil española y de las dictaduras portuguesas de los años 30; el de la comunidad judía que huyó de la guerra y del genocidio en Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial; los refugiados palestinos; los que huían de la persecución de algunos gobiernos represivos de Sudamérica en los años 70; y los afectados por las guerras civiles que se produjeron en Centroamérica en la década de los 80.

Esta tradición se perpetúa hasta nuestros días. Se están llevando a cabo esfuerzos coordinados para fortalecer la respuesta de protección a través de la mejora de los sistemas de asilo de la región, reforzando los mecanismos de protección del menor, fomentando unas intervenciones para la protección que tengan en cuenta las cuestiones de género y que se enfoquen con firmeza en la diversidad. Los Estados de Latinoamérica y el Caribe se han comprometido a erradicar la apatridia para 2024 mediante el establecimiento de procedimientos justos y eficientes para la determinación de la condición de apátrida, y la aprobación de leyes internas que garanticen sus derechos a las personas apátridas y ofrezcan soluciones adecuadas a quienes carecen de nacionalidad. La región también ha sido un laboratorio de soluciones innovadoras como los visados humanitarios concedidos a los refugiados sirios, la adopción de planes de protección alternativos mediante acuerdos de cooperación regional (como las visas MERCOSUR y UNASUR) y el estudio sobre la posibilidad de reubicar a los refugiados utilizando marcos migratorios que tengan en cuenta cuestiones relacionadas con la protección.

La región también ha logrado avances sin precedentes en materia de responsabilidad compartida y en lo que respecta a los mecanismos de cooperación basados en su fuerte tradición solidaria. Casi todos los Estados que la conforman se comprometieron a aplicar un enfoque global de cara a las corrientes mixtas y al desplazamiento forzado mediante la aprobación de la Declaración y Plan de Acción de Brasil en 2014. Este ambicioso plan tiene por objeto promover el acceso a la justicia y el asilo, reforzar las medidas de protección e idear soluciones para la difícil situación que viven los necesitados, y se revisará a finales de 2017. Para el mundo, este es un importante ejemplo de cooperación regional honesta, transparente y llena de dedicación.

Los Estados de Latinoamérica y el Caribe en su conjunto se han comprometido a dar una respuesta ante la preocupante situación del NCA, mediante una serie de medidas coordinadas acordes a la Declaración de San José de 2016. Además, están actualmente estableciendo un Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS) que hará que sus intervenciones sean más profundas y sostenibles, y que abordará las causas primarias del desplazamiento en el NCA y reforzará la protección y las soluciones para los afectados. Hasta la fecha Honduras, Guatemala, Costa Rica, México, Panamá y El Salvador se han unido a la iniciativa del MIRPS, que ayudará a preparar el Pacto Mundial de 2018 sobre los Refugiados, ya que trabajará con ACNUR para dar respuesta a las peticiones realizadas en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes de 2016 de que se ofrecieran respuestas a largo plazo para el desplazamiento que fueran mejores, integrales y previsibles.

Abordar el desplazamiento forzado en Latinoamérica y el Caribe constituye un reto muy complejo al que los Estados han respondido con enfoques fundamentados e innovadores que pueden ayudar a conformar respuestas más fundadas en todo el mundo. Los artículos de este número contribuirán a que se entienda mejor esta situación cambiante y aportarán ideas acerca de las buenas prácticas que pueden ayudar a reforzar la protección y a intensificar el progreso hacia las soluciones en la región y fuera de ella.

Filippo Grandi
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Para obtener más información, le rogamos que contacte con Vicky Tennant, Auxiliar Especial del Alto Comisionado en tennant@unhcr.org



[1]Los países del Norte de Centroamérica son: El Salvador, Guatemala y Honduras.

 

 

construyendo sobre una tradición de protección
RMF 56
Octubre 2017

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