Detonantes del desplazamiento interno en Guatemala

Sindy Hernández Bonilla

Más de 20 años después del fin de la guerra civil, Guatemala está nuevamente experimentando un aumento del desplazamiento interno. Las causas son múltiples y requieren atención urgente.

La firma de los Acuerdos de Paz en 1996 terminó con 36 años de guerra civil entre el gobierno guatemalteco y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)[1]. Se estima que 200 000 personas murieron durante la guerra, mientras que alrededor de un millón de personas fueron desplazadas internamente o huyeron del país. Más de 20 años han transcurrido desde el final de la guerra, pero hoy este país centroamericano vuelve a experimentar altos niveles de homicidio y violencia generalizada, con niveles significativos de nuevos desplazamientos[2].

Paralelamente al proceso de negociación y aprobación de los Acuerdos de Paz, entre ellos, el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado[3], el gobierno introdujo medidas económicas de ajuste estructural. No obstante, aunque hay avances estos resultan mínimos en relación a los más de veinte años transcurridos, y en donde particularmente aquellos acuerdos a través de los cuales se buscaba reducir las rezagos y desigualdades económicas hay pocos resultados. Por ejemplo, no se cuenta con una reforma fiscal integral, de manera que el Estado dispone de pocos recursos para invertir en educación, salud, protección social, vivienda y la generación de empleo. A la población indígena se le continúa negando sus derechos y el sistema de justicia no ofrece condiciones para su acceso. Y en términos de compensación, son pocas las familias víctimas de la guerra que han tenido una reparación integral por los daños debido a la falta de presupuesto.

Este contexto, combinado con la aplicación desigual de las disposiciones del acuerdo de paz, condujo a una profundización de la desigualdad y la pobreza en el país y a una mayor fragilidad del Estado, proporcionando terreno fértil para los grupos armados, las bandas delincuenciales, el crimen organizado y el narcotráfico. Guatemala en la actualidad registra altos índices de criminalidad, así como condiciones de temor e incertidumbre en la población.

Las investigaciones realizadas en 2016 identificaron una amplia gama de factores que impulsan el desplazamiento interno en Guatemala: la violencia, las extorsiones y amenazas, la presencia del crimen organizado y la narcoactividad, la expansión de actividades empresariales de gran escala (como el cultivo de caña de azúcar  y de palma aceitera, la ganadería extensiva, la minería metálica y no metálica e hidroeléctricas), así como los eventos naturales y climáticos. A esto se suman otros factores de riesgo que desencadenan la migración forzada, como el deterioro y agudización de la desigualdad social en el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a los medios de vida, a la tierra (siendo los más afectados quienes habitan en áreas rurales y marginalizadas) y el predominio del sistema patriarcal.

La expansión de actividades empresariales a gran escala ha reducido las áreas de cultivo para alimentos, lo que ha provocado desplazamientos de familias y en ocasiones, comunidades completas del noroeste  del país. Esta situación ha colocado a estas personas en riesgo de enfermedades y desnutrición, sin oportunidad de tener acceso a medios de trabajo y de vida. Su vulnerabilidad se exacerba aún más por la violencia, la intimidación y el acaparamiento de tierras por parte de las grandes empresas, así como por el daño ambiental causado a la tierra, en particular a las fuentes de agua por contaminación, uso excesivo y desvío de ríos.

Estas empresas se benefician de un Estado débil, por la corrupción e ineficiencia de sus instituciones, pero también por los vínculos que tienen algunas empresas con instituciones estatales y mafias. Esta situación ha dejado a las comunidades desprotegidas. Algunas de ellas se resisten (como las que protestan contra la minería y los proyectos hidroeléctricos), mientras que otras optan por vender y buscar un  lugar para vivir o sobrevivir.

La geografía y ubicación de Guatemala hacen que sea vulnerable a eventos climáticos y naturales (tormentas, erupciones volcánicas y terremotos) que han provocado desplazamientos forzados. Esta situación se ve agravada por la falta de ordenamiento territorial, la deforestación, el escaso control de la vivienda, el déficit habitacional y las escasas medidas de prevención. Las personas más afectadas son quienes ya viven en situación de pobreza. Cuando ocurren este tipo de eventos, las poblaciones afectadas reciben atención de emergencia, pero no asistencia a largo plazo.

¿De la indiferencia a la inversión?

En suma, son múltiples los motivos que promueven el desplazamiento forzado interno en Guatemala, no obstante, el Estado reconoce poco los problemas subyacentes. Quienes son desplazados por motivos de violencia viven en constante zozobra de ser encontrados por los agresores y, por consiguiente, desconfían de los demás y de los funcionarios públicos. Este escenario dificulta enormemente la obtención de datos sobre el desplazamiento, mientras que la corriente de miedo desmotiva la presentación de denuncias, lo que repercute en lograr la investigación, sanción y no repetición de los hechos delictivos.

El gobierno debe demostrar interés en atender los aspectos estructurales y sistémicos que reproducen prácticas violentas, que han sido naturalizadas y toleradas dentro de la sociedad y son causa de desplazamiento. Es urgente llevar a cabo una evaluación a nivel de todo el sistema (con la participación de la sociedad civil) de las políticas públicas y de los programas de prevención y atención dirigidos a las personas desplazadas. Es necesario incrementar las inversiones en la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más pobres y excluidas —las situadas en zonas rurales y los asentamientos urbanos precarios— con enfoques específicos para la niñez y adolescencia, mujeres y pueblos indígenas. Se necesita un plan de desarrollo nacional que beneficie a la población más vulnerable, que busque erradicar la pobreza y la desnutrición, garantizar el acceso al sistema escolar y al empleo digno, evitar la contaminación, impulsar la gestión sostenible del suelo y fomentar prácticas protectoras de la naturaleza. De hecho no es necesario partir de cero ya que existen propuestas que se recomiendan retomar[4].

El Estado también debe desarrollar procedimientos para regular las actividades empresariales expansionistas y extractivas y, al hacerlo, debe centrarse en los aspectos legales, de conflictividad social, impactos ambientales, repercusiones en la producción de alimentos, papel de los funcionarios públicos y su relación con las empresas, y las acciones de las autoridades locales que violan el derecho de las comunidades a ser consultadas. Sobre todo, el gobierno debe analizar si estas actividades empresariales son convenientes para el país en términos sociales, ambientales y económicos, tanto a corto como a largo plazo.

Sindy Hernández Bonilla smhernandezb@url.edu.gt
Investigadora en el subprograma Movilidad humana y dinámicas migratorias, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. http://principal.url.edu.gt/index.php/investigacion/institutos-investigacion-proyeccion/idgt



[1] Conciliation Resources (1997) Negotiating rights: The Guatemala peace process www.c-r.org/accord/guatemala

[2] El Informe Global sobre de Desplazamiento Interno señaló 6200 nuevos casos de desplazamiento interno en 2016: www.internal-displacement.org/countries/guatemala

[4] Por ejemplo, los Acuerdos de Paz, el Plan para Activar y Adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, y la propuesta Mejoremos Guate, entre otras.

 

construyendo sobre una tradición de protección
RMF 56
Octubre 2017

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