La violencia criminal en Honduras como detonante del desplazamiento

Suzanna Nelson-Pollard

Cada día el Triángulo Norte de Centroamérica siente el impacto de la violencia, uno de los principales detonantes del desplazamiento aunque su propia naturaleza entorpezca su identificación y haga que sea difícil llegar a aquellos que necesitan protección. Honduras es actualmente un estudio de caso en el proceso del Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (CRRF, por sus siglas en inglés) y supone una oportunidad de aprender de lo que se hace y lo que no en uno de los países afectados de la región.

Con unos niveles de homicidios en la región comparables a los de los peores conflictos armados del mundo[1], las bandas y grupos criminales representan la nueva cara de la violencia organizada en Latinoamérica. Para muchas personas es normal tener un familiar o un amigo cercano que haya sufrido un secuestro, atraco, robo, extorsión, violencia sexual o asesinato, y en algunos países el nivel y la gravedad de la violencia son perfectamente comparables con los de los conflictos originados a raíz de las insurgencias de décadas anteriores.

Están aumentando los esfuerzos por parte de algunos Estados, organismos de ayuda internacional y actores no gubernamentales para responder ante las violaciones perpetradas por las bandas y grupos criminales, aunque las personas desplazadas todavía no están obteniendo la protección que necesitan. Un primer paso a la hora de eliminar barreras en el acceso a la protección sería asegurarnos de que se asume que la violencia y la persecución son los detonantes primarios del desplazamiento forzado en el Triángulo Norte de Centroamérica (TNC)[2]. El siguiente paso sería que los Estados fueran más efectivos a la hora de llegar hasta las comunidades desplazadas y de identificar a aquellas personas que tienen necesidades de protección concretas.

Un alentador avance en la pugna por el aumento del reconocimiento de la situación llegó en 2017 cuando Honduras anunció que sería uno de los países estudio de caso para el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (CRRF, por sus siglas en inglés), un proceso liderado por ACNUR para aportar información al Pacto Mundial sobre los Refugiados. Numerosos países de la región anunciaron entonces su intención de convertirse en estudios de caso, permitiendo la colaboración en una respuesta verdaderamente regional al desplazamiento en el triángulo norte. La participación de la región del TNC en el proceso del CRRF ofrece la oportunidad de abordar un contexto con diferentes circunstancias y necesidades a partir de esas situaciones tradicionales de los refugiados. Dado que la violencia de bandas criminales como detonante del desplazamiento sigue creciendo por todo el mundo, hay implicaciones trascendentales para otras regiones sobre lo que se está haciendo o no en Honduras.

Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (CRRF, por sus siglas en inglés) es el nombre que se ha dado a los dos primeros anexos de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes adoptada en septiembre de 2016. El CRRF promueve un enfoque sostenible que une la acción humanitaria con la asistencia para el desarrollo en situaciones que implican movimientos de refugiados a gran escala, y se centra en numerosas acciones y mejores prácticas en cuatro áreas: recepción y medidas de admisión; apoyo para las necesidades inmediatas y en curso; apoyo para los países de acogida; y aumento de las oportunidades de aplicar soluciones duraderas. Numerosos países han accedido a ser estudios de caso para el CRRF; lo aprendido de las experiencias de esos países servirá de base para preparar el Pacto Mundial sobre los Refugiados a tiempo para la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2018[3]

 

Acceder a los desplazados internos

Honduras es el único país del TNC que ha reconocido públicamente el fenómeno del desplazamiento interno y está trabajando para adoptar una legislación nacional para prevenirlo y para proteger y asistir a los desplazados internos, la primera de su clase en la región. Sin embargo, en toda la región, los Estados, los organismos de ayuda internacional y las organizaciones no gubernamentales (ONG) sólo ahora están empezando a entender el pleno alcance del desplazamiento interno en ella. Al contrario de lo que ocurre con otras situaciones de desplazamiento más visibles, como la del conflicto sirio, la gente que huye de la violencia criminal a menudo trata de pasar desapercibida. El acceso a los datos está mejorando ya que se han realizado encuestas en Honduras y El Salvador pero solo cubren la situación parcialmente. Un estudio de 2014 halló 174 000 desplazados internos en Honduras pero solo abarcaba 20 de sus 290 municipios[4]. Basándose en este estudio, el Observatorio de Desplazamiento Interno extrapoló que esta cifra habría aumentado a 190 000 desplazados internos en 2016. El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) ha llevado a cabo sus propias encuestas para encontrar a los menores que han abandonado la escuela en las zonas afectadas por la violencia extrema, y ha hallado pruebas sólidas de que las cifras actuales de personas afectadas son más elevadas que las estimadas por el gobierno.

Los gobiernos y las ONG a menudo hablan de la “invisibilidad” del desplazamiento interno en el triángulo norte, sobre todo porque los desplazados internos tienden a mantener un perfil bajo para evitar que sus perseguidores les sigan y no se inscriben en ningún registro oficial porque no se fían. Los que trabajan directamente con las comunidades afectadas, como el NRC, saben que esta invisibilidad significa que es muy difícil llegar a dichas comunidades. Los Estados a menudo no tienen control sobre las zonas afectadas por la violencia de las bandas criminales y no pueden o no quieren proveer los servicios básicos a las comunidades que viven allí. Para los trabajadores humanitarios, negociar con bandas criminales para garantizar un acceso a las personas desplazadas vulnerables supone entrar en un territorio desconocido. Algunas organizaciones como el NRC han conseguido acceder gracias a cuidadosas negociaciones pero este acceso depende de muchos factores que podrían cambiar al instante. En mayo de 2017 el NRC ofreció asistencia humanitaria a 200 personas que acababan de ser desplazadas de sus hogares en San Pedro Sula, en Honduras, debido a un aumento de las guerras entre bandas criminales. Se podría haber hecho más si el gobierno y otros actores humanitarios no hubiesen puesto trabas al acceso a la población afectada[5].

Identificar los casos de protección

Al mismo tiempo que consiguen un mejor acceso a las personas desplazadas internas, los Estados también deberían mejorar los métodos que utilizan para identificar las necesidades de protección. Los gobiernos del TNC constantemente declaran que solo un 5 o 10 % de toda la gente que deja su país lo hace por razones relacionadas con la violencia[6], y que el 90-95 % restante se marcha por razones económicas o para reencontrarse con sus familias. Mientras tanto, los estudios realizados por las agencias de la ONU y por las ONG revelan unas cifras increíblemente diferentes que demuestran que entre el 40 y el 60 % de los niños, adolescentes y mujeres encuestados se marcharon por razones relacionadas con la violencia[7].

Es posible que la violencia generalizada haya llegado a estar tan normalizada que muchos de los cientos de miles de desplazados en toda la región no la identifiquen inmediatamente como la primera causa de su desplazamiento. La disparidad en las estadísticas, sin embargo, puede explicarse en parte por las condiciones en las que se identifican los casos de protección y se recopilan los datos. Las cifras del gobierno del TNC que registran el desplazamiento transfronterizo proceden de entrevistas mantenidas en los centros de recepción de deportados que procesan a las personas que han sido devueltas desde Estados Unidos y México. Aunque en los últimos años el gobierno hondureño ha mejorado significativamente las condiciones de estos centros de recepción, que ahora ofrecen asistencia inmediata y espacios amigables para los niños, siguen siendo lugares inadecuados para recolectar los complejos y personales datos sobre las motivaciones para abandonar su país. Las entrevistas a menudo se realizan en espacios en los que no se dispone de la privacidad necesaria para divulgar información sensible, por ejemplo, sobre abusos, violencia o temor de ser perseguido por una banda criminal. Los empleados del gobierno (que en algunos casos son voluntarios) llevan a cabo las entrevistas pero a menudo carecen de formación suficiente para identificar los datos de protección.

Décadas de violencia y de corrupción estatal han erosionado la confianza en el sistema, por lo que hay pocos incentivos para confiar en los funcionarios del Estado cuando se necesita buscar protección. Bajo el pretexto de que la mayoría de la gente quiere salir del centro de recepción cuando antes, las autoridades hondureñas hacen que los deportados pasen rápidamente por registro y por los chequeos médicos y psicológicos, y por las entrevistas de entrada, y les dan algo de comida —todo ello en el espacio de una hora— antes de subirlos a un autobús que los lleve a la zona urbana más cercana.

Estas circunstancias no van a hacer que la gente se anime a denunciar sus, a menudo, complejas y traumáticas razones originales para abandonar el país ni a decir nada de los abusos contra los derechos humanos que puedan haber sufrido durante su huida. En muchos casos los retornados también saben que la capacidad del gobierno de ofrecer una solución real a su caso es limitada (como vías de derivación u oportunidades de reasentamiento) y que incluso su capacidad de realizar un seguimiento sobre casos individuales es escasa. Dado que a poca gente se le concede protección internacional contra la violencia de las bandas criminales, las personas desplazadas ven poco valor en solicitar asilo a su llegada a sus países de destino. Además, ¿indican los motivos económicos como su principal razón para hacer el viaje al norte para demostrar que tienen intención de trabajar y de contribuir? Asimismo, ¿declaran la reagrupación familiar como la razón de su viaje para demostrar así que disponen de una red de apoyo en el país de destino?

En los países de destino a mucha gente le hacen elegir entre firmar su propia orden de deportación para enviarla de vuelta a casa o enfrentarse a una larga condena de detención mientras se procesa su caso. Tanto en el país de destino como a su retorno, a menudo es más fácil para los individuos declarar que abandonaron el país en busca de oportunidades económicas o de reagrupación familiar para que las autoridades les dejen en paz y puedan volver a intentar hacer el viaje de nuevo.

Aprovechar el proceso del CRRF

A lo largo del TNC hay una fundamental falta de conocimiento de los factores de atracción y de expulsión del desplazamiento, y del papel que la violencia juega en los viajes de muchos. Las organizaciones humanitarias deben reconocer esta laguna en el conocimiento de los detonantes y el fracaso que le acompaña a la hora de identificar a las personas que necesitan protección. También deben preguntarse a sí mismas si la ley, las políticas y los programas desarrollados para proteger y asistir a las personas desplazadas en contextos de conflicto como el de Siria o la República Democrática del Congo deberían aplicarse igualmente a estos supuestos de violencia criminal, o si son necesarias otras soluciones y enfoques.

El proceso del CRRF en Honduras es una oportunidad para abordar estas cuestiones y, en última instancia, para proteger a las personas desplazadas internas y a través de las fronteras. ACNUR y algunas ONG, como el Consejo Noruego para los Refugiados, están recopilando actualmente recomendaciones para la acción de los Estados, las personas desplazadas, las organizaciones civiles de carácter social, las confesiones religiosas y las comunidades locales. En octubre de 2017, los Estados del TNC y la región en general se reunirán en Honduras para definir y adquirir unos compromisos para una colaboración y unos mecanismos de protección más fuertes, y para decidir sobre un Marco Integral de Protección y Soluciones para las Américas. Este proceso debe traducirse en un compromiso sostenible de los actores humanitarios y de desarrollo, un mayor reparto de las responsabilidades promovido por los Estados a través de estructuras nacionales de protección reforzadas y un drástico aumento de las vías legales para los que lo necesitan. Los actores de todo el TNC deberán identificar y reconocer el papel de la violencia como detonante del desplazamiento, y aprovechar la oportunidad de actuar ahora y de marcar una diferencia real para la gente que necesita protección urgentemente.

Suzanna Nelson-Pollard suzanna.nelson-pollard@nrc.no

Asociada de programa, Equipo de Política Humanitaria, Consejo Noruego para los Refugiados, Ginebra. 

www.nrc.no



[1] Véase Cantor D J “La violencia de las bandas criminales como causa de la migración forzada en el Triángulo Norte de Centroamérica” en Cantor D J y Rodríguez Serna N (Eds) (2016) Los nuevos desplazados: crimen y desplazamiento en América Latina, pp. 27-45.

[2] También conocido ahora como el Norte de Centroamérica.

[3] www.unhcr.org/uk/comprehensive-refugee-response-framework-crrf Véase también el artículo de Manisha Thomas en este número.

[4] Estudio realizado por la Comisión Interinstitucional hondureña para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia con el apoyo de ACNUR y del Servicio Conjunto de Elaboración de Perfiles de Desplazados Internos. www.internal-displacement.org/countries/honduras

[5] Véase Revista Migraciones Forzadas no. 37 (2011) “Grupos armados no estatales y desplazamiento” www.fmreview.org/es/no-estatales

[6] Estadísticas citadas en los debates con las autoridades hondureñas en noviembre de 2016, y en las declaraciones públicas realizadas por los funcionarios guatemaltecos en las Consultas Mundiales sobre Migración en mayo de 2017.

[7] Véase, por ejemplo, ACNUR (2014) Arrancado de Raíz www.acnur.org/donde-trabaja/america/mexico/arrancados-de-raiz/ Resumen ejecutivo en inglés disponible en www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Eventos/2014/Uprooted_One-pager También: ACNUR (2014) Niños en Fuga www.unhcr.org/56fc27037

 

construyendo sobre una tradición de protección
RMF 56
Octubre 2017

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