El futuro del programa de reasentamiento brasileño

Thais Silva Menezes y Stylianos Kostas

Los programas de reasentamiento de Brasil han recibido elogios por demostrar el compromiso del país con la protección de los refugiados, pero la cantidad de personas reasentadas continúa siendo reducida en comparación con la necesidad internacional. Brasil necesita abordar la financiación de dichos programas para garantizar su sostenibilidad y crecimiento.

En 2004, Brasil celebró el vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena proponiendo un programa de reasentamiento regional. La Declaración de Cartagena de 1984 ha alentado a los países de Latinoamérica y el Caribe a ofrecer una mayor disposición para la protección de refugiados; la Declaración y el Plan de Acción de México de 2004 se desarrollaron sobre la base de la cooperación regional existente iniciando un programa de reasentamiento solidario que se centraría en el reasentamiento de los refugiados de la región, en particular de Colombia y el Triángulo Norte de Centroamérica[1]. La Declaración también amplió el alcance para que todos los países de Latinoamérica participaran y para que se incluyera a más refugiados en el futuro[2].

Brasil ha reasentado a más refugiados que cualquier otro país de la región y su programa de reasentamiento no se ha suspendido ni retrasado por motivos políticos o financieros, como sucedió en Argentina, Chile y Paraguay. Desde 2002 (cuando se implementó por primera vez el programa de reasentamiento) hasta julio de 2017, Brasil reasentó a 715 refugiados. El programa de Brasil ha sido elogiado por demostrar el compromiso del país con la protección internacional de refugiados; sin embargo, surge la siguiente pregunta: ¿por qué el programa brasileño no ha podido reasentar a una mayor cantidad de refugiados? Es posible que se pueda encontrar una respuesta en la forma en que fue asignada la tarea de financiamiento a solo una de las partes interesadas del programa: ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados.

La mayor ventaja del programa de reasentamiento brasileño es su estructura tripartita. El marco comprende al Comité Nacional para los Refugiados (CONARE), un comité ejecutivo interministerial que proporciona el soporte legal y burocrático que los refugiados necesitan cuando llegan; ACNUR, que puede identificar a personas en riesgo en su primer país de asilo y promover su reasentamiento en países donde la protección y la integración son posibles; e instituciones de la sociedad civil, que tienen una larga trayectoria de apoyo a los refugiados en Brasil, que les permite anticiparse a las necesidades de los recién llegados, prepararse para su recepción y supervisar su integración. ACNUR es responsable de implementar el programa y también de financiarlo. Esta estructura es común en los programas de reasentamiento de la región latinoamericana. En primer lugar, si bien ACNUR tiene la capacidad de recaudar fondos de la comunidad internacional que la mayoría de los países no tiene, por otra parte, determinados países a los cuales ACNUR asigna los fondos podrían recaudar colectivamente más dinero que ACNUR por cuenta propia, lo que facilitaría el reasentamiento de una mayor cantidad de refugiados. Dado que ACNUR es, en la mayoría de los casos, el único proveedor de fondos que paga la selección y el traslado a Brasil de los refugiados, el organismo es fundamental no solo para la implementación exitosa del programa de reasentamiento, sino también para su existencia y continuidad. La cuestión de financiación exclusiva por ACNUR ha generado preocupaciones significativas sobre el futuro del programa, ya que no hay ninguna garantía de que ACNUR pueda mantener esta financiación.

Entonces, ¿cómo podrá Brasil mantener y desarrollar un programa que depende por completo de recursos externos? Las demandas que compiten por los recursos limitados de ACNUR — incluidas las crisis agudas de refugiados en otras regiones, como en el Medio Oriente— podrían significar que se tengan que tomar decisiones difíciles sobre las prioridades, quizá arriesgándose a perder toda la experiencia en torno a esta herramienta de protección en Brasil.

Veinte años después de que se firmara el primer acuerdo sobre el reasentamiento de refugiados en la región, es posible que sea el momento de que Brasil refuerce el apoyo para su propio programa de reasentamiento nacional. Es verdad que Brasil ha desarrollado otras herramientas de protección, como el visado humanitario para personas afectadas por el conflicto sirio (que también se extiende a los refugiados palestinos que viven en Siria)[3]. Sin embargo, para contribuir con más firmeza a la protección internacional de los refugiados, el gobierno brasileño debe desempeñar un papel de liderazgo en su programa de reasentamiento nacional mientras trabaja de forma estrecha con ACNUR y la sociedad civil. Para lograr esto, Brasil necesita proporcionar la financiación principal para sus programas de reasentamiento, según los compromisos y las necesidades nacionales. La estructura tripartita del programa brasileño de reasentamiento es su ventaja más importante, pero distanciarse de la financiación exclusiva por parte de ACNUR podría contribuir a reforzar el programa y brindar protección a una mayor cantidad de refugiados. También podría conducir a nuevas posibilidades para el diseño de un programa de reasentamiento nacional que no solo sea sostenible y eficaz, sino que también refleje un grado aún mayor de compromiso de Brasil con la solidaridad internacional y la responsabilidad compartida para proteger a los refugiados.

 

Thais Silva Menezes silvamenezesthais@gmail.com
Universidad de Brasilia https://irel.unb.br/
 
Stylianos Kostas stylianoskostas@yahoo.gr

 


[1] También conocido ahora como el Norte de Centroamérica.

[2] Véase también Barreto L P T F y Leão R Z R (2010) "Brazil and the spirit of Cartagena", Revista Migraciones Forzadas no. 35 www.fmreview.org/disability-and-displacement/luiz-paulo-teles-ferreira-barreto-and-renato-zerbini-ribeiro-leao

[3] Una vez que las personas declaran que desean solicitar asilo en Brasil, se les otorga un visado de turista, pero están exentas de la obligación habitual de presentar cuentas bancarias, cartas de invitación, prueba de empleo o actividad económica y boletos de ida y vuelta. Véase también el artículo de Gilberto M A Rodrigues, José Blanes Sala y Débora Corrêa de Siqueira en este número.

 

construyendo sobre una tradición de protección
RMF 56
Octubre 2017

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