El papel de estos grupos armados y las consecuencias de sus acciones en el bienestar de los civiles han sido increíblemente negativos. Por desgracia, durante mucho tiempo se ha ignorado la responsabilidad de estos grupos en la protección de los civiles y su notoriedad ha tenido que ver más con la preocupación occidental por el terrorismo, la piratería y la seguridad que por la protección de civiles.
Las estrategias, en ocasiones contradictorias, empleadas por los actores regionales y la comunidad internacional se han centrado hasta ahora en promover la legitimidad y las competencias del Gobierno Federal de Transición (TFG, por sus siglas en inglés), señalando y aislando a los militantes como grupos "terroristas", expandiendo la provisión de ayuda humanitaria, aún cuando ello signifique trabajar con redes y grupos que violan los derechos humanos de los civiles, y buscando restablecer la paz y la estabilidad mediante el apoyo a la emergente Misión de Paz de la Unión Africana en Somalia (AMISOM, por sus siglas en inglés). Recientemente algunos de estos actores han dado algunos pasos —aunque de alcance limitado y parcial— para centrarse en la protección de los civiles, incluidos los que han sido arrancados de sus hogares.
El actual conflicto entre grupos como al-Shabaab y Hizbul Islam por un lado y la debilidad del Gobierno Federal de Transición y sus aliados militares por otro, siguen causando la muerte de gran número de civiles y el desplazamiento de cientos de miles que abandonan sus hogares y empleos. En enero de 2010 más de 25.000 civiles se desplazaron a causa de los combates por el control de la ciudad de Beledweyne, en la zona central de Somalia.
Aunque no son los únicos culpables, al-Shabaab ha realizado con especial descaro prácticas como el uso de escudos humanos; el reclutamiento de niños y jóvenes; misiones suicidas; ataques y bombardeos a zonas civiles; exigencia de formas de castigo extremas de la sharia, incluso por faltas leves; ataques e intimidación de periodistas, trabajadores humanitarios y fuerzas de la paz; y la imposición de restricciones indebidas al acceso humanitario.
La ONU y otras organizaciones humanitarias llevan a cabo sus operaciones desde fuera de Somalia, principalmente desde Kenia, dependiendo en gran medida de los ciudadanos para que realmente se lleve a cabo la entrega de ayuda en Somalia. Según el ex Representante Especial del Secretario General de derechos humanos para las personas internamente desplazadas, este enfoque ha supuesto una desmesurada exposición al peligro por parte del personal y resulta insostenible a largo plazo.
Aunque las regiones autónomas de Somalilandia y Puntlandia se habían librado de algunas de las peores atrocidades llevadas a cabo por los grupos armados, miembros de dichos grupos se están infiltrando cada vez más en estas zonas, provocando que las autoridades dictaminen el retorno forzoso de los desplazados internos por miedo a que las fuerzas de al-Shabaab se oculten entre ellos. Estos grupos también pretenden expandir sus horizontes fuera de Somalia y aumenta el reclutamiento entre la diáspora somalí.
Sanciones y rendición de cuentas
En abril de 2010 el Consejo de Seguridad de la ONU señalaba que al-Shabaab debía ser sancionado por su obstrucción a la ayuda humanitaria. La Resolución 1844 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en noviembre de 2008, ampliaba el embargo de armas con sanciones específicas a quienes impidieran y obstruyeran la entrega de ayuda humanitaria. El Comité de Sanciones relativas a Somalia ha presentado una lista de entidades y particulares a los que se debe considerar como objeto de tales sanciones.
Clasificarles como organizaciones terroristas e imponerles sanciones como la congelación de sus activos conlleva determinadas consecuencias operativas en los intentos de ampliar el "espacio humanitario" mediante acuerdos con dichos grupos. Existen numerosas instancias en las que al-Shabaab ha solicitado a organizaciones humanitarias que firmen acuerdos para que éstas puedan distribuir ayuda; sin embargo, al establecer este tipo de relación se corre el riesgo de que se utilice la ayuda con fines políticos y se debiliten los esfuerzos por exigir responsabilidades ante los abusos. El 19 de marzo de 2010 el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 1916 que levantaba la restricción en los fondos "necesarios para garantizar la entrega puntual de asistencia humanitaria urgente en Somalia". De este modo se garantizaba que las operaciones humanitarias en las zonas controladas por al-Shabaab y Hizbul Islam no violaran las sanciones de la ONU aún cuando las organizaciones humanitarias se viesen obligadas a pagar a los insurgentes.
Hay una serie de acontecimientos que tienen lugar para imponer algún tipo de rendición de cuentas y responsabilidad a los grupos armados de Somalia, incluido al-Shabaab. Entre ellos se encuentra la reactivación de los debates sobre Somalia en el Consejo de Derechos Humanos; el fortalecimiento del papel del Experto Independiente1 ; el plan de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) para documentar las infracciones de los derechos humanos, la decisión de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de llevar a cabo una misión de investigación en Somalia, lo que ha incrementado la atención en la protección de los civiles por parte del Consejo de Seguridad de la ONU y del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana; la posibilidad de una justicia transnacional y de un mecanismo de rendición de cuentas mediante una investigación internacional o un posible papel de la Corte Penal Internacional; y la inclusión de la rendición de cuentas y la impunidad en los actuales debates sobre los acuerdos constitucionales para Somalia tras el Gobierno Federal de Transición.
El Consejo de Seguridad ha ido recientemente más allá perfeccionando y desarrollando estas medidas. En 2010, por ejemplo, tuvo lugar un "diálogo interactivo independiente" sobre la situación de los derechos humanos en Somalia que reunió al Representante Especial del Secretario General de Somalia, al Experto Independiente, a representantes de las agencias de la ONU, de los gobiernos y del Gobierno Federal de Transición y de AMISOM (Misión de la Unión Africana en Somalia).2 El resultado del diálogo incluía la adopción de una resolución que condenaba los ataques a civiles, trabajadores humanitarios y fuerzas de la paz por parte de al-Shabaab y Hizbul Islam. Asimismo, expresaba la preocupación por la difícil situación de las personas desplazadas desarraigadas por el conflicto, exigía un mejor mecanismo de rendición de cuentas e instaba a una cooperación más estrecha entre el Representante Especial del Secretario General y el Experto Independiente.3
La OACDH anunciaba recientemente que trabajaría para documentar las violaciones de los derechos humanos, incluidas las llevadas a cabo por estos grupos de combatientes.
Todos los esfuerzos regionales e internacionales en Somalia se han dirigido a tratar de solucionar el problema de la impunidad, si bien su éxito ha sido muy limitado. Este problema está incluido entre las cuestiones a tratar en el proceso de constitución y formación financiado internacionalmente, aunque hasta ahora los mecanismos nacionales de rendición de cuentas no han producido ningún resultado concreto y hay pocas esperanzas de que el establecimiento de la justicia penal internacional ofrezca soluciones en un contexto en el que la estructura nacional es extremadamente débil. La necesidad de solucionar el problema de la impunidad debería seguir siendo un componente importante en el nuevo debate constitucional como reflejo del compromiso político por parte de los principales interesados en asuntos humanitarios.
Conclusiones
Aunque en el prolongado conflicto en Somalia todas las partes han estado implicadas en violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, los grupos armados siguen llevando a cabo abusos atroces que se han cobrado las vidas de gran número de inocentes y han obligado a cientos de miles de civiles a desplazarse. Estos grupos amenazan y atacan directamente a organizaciones humanitarias y a fuerzas de paz. También han restringido la asistencia humanitaria, limitando las operaciones de las organizaciones e incluso expulsándolas de Somalia. Exigir responsabilidades por estas violaciones a al-Shabaab y sus aliados ha resultado extremadamente difícil pero los acontecimientos recientes parecen ofrecer oportunidades concretas para poner de relieve el fracaso de al-Shabaab para garantizar la protección de civiles y perfeccionar las herramientas para la rendición de cuentas.
Allehone Mulugeta Abebe es investigador doctoral en la Universidad de Berna, Suiza. Las opiniones expresadas en el presente artículo son personales y no reflejan necesariamente el punto de vista de las organizaciones a las que el autor pertenece.
1 Señalado por el Secretario General de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Somalia. Disponible en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=48
2 Diálogo interactivo independiente sobre Somalia, 29 de septiembre de 2010. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/Countries/AfricaRegion/Pages/SOIndex.aspx
3 Consejo de Derechos Humanos, Resolución 15/28, Asistencia a Somalia en el campo de los derechos humanos, 7 de octubre de 2010.