Privatizar la seguridad y la guerra

José L Gómez del Prado

Artículo disponible sólo en línea

Las funciones de seguridad del Estado, normalmente desempeñadas por ejércitos nacionales o fuerzas policiales, están siendo subcontratadas a ejércitos privados y empresas de seguridad en países donde los conflictos desplazan a una gran cantidad de personas.  

El desarrollo de ejércitos y empresas de seguridad privados ha dado lugar a una nueva generación de guardias y soldados privados destinados a zonas de guerra y áreas con un alto grado de inseguridad al amparo de turbias restricciones legales. Sus actividades difuminan los límites entre los servicios públicos estatales y el sector comercial privado, lo que crea una peligrosa "zona gris" sin transparencia, rendición de cuentas ni regulación. Sus actividades, junto con las de los paramilitares y mercenarios, tienen un creciente impacto negativo que está provocando desplazamientos forzados e infracciones de los derechos humanos en general.

Los paramilitares, funcionarios del gobierno y corporaciones agroindustriales se han apropiado de más de 5,5 millones de hectáreas que pertenecían a campesinos colombianos, miles de los cuales eran desplazados internos o habían sido asesinados a lo largo de la década de los 80. Un ex oficial de las Fuerzas de Defensa Israelíes, Yair Klein, creó una empresa de seguridad y servicios militares privados llamada Spearhead Ltd en la que participaba en el entrenamiento de grupos paramilitares derechistas en Colombia. Algunos de sus miembros fueron responsables de graves violaciones de los derechos humanos como el asesinato de campesinos, el cada vez más extendido robo de tierras y el desplazamiento de poblaciones colombianas.

Klein fue juzgado in absentia en 2001 por el tribunal penal del distrito de Manizales en Colombia y declarado culpable de entrenar a grupos paramilitares y traficantes de droga, por lo que fue condenado a 14 años de prisión. En la actualidad Klein se encuentra en Israel.

La industria de los ejércitos privados y empresas de seguridad desempeña numerosas tareas que tradicionalmente correspondían a las fuerzas armadas nacionales y a la policía. Cada vez más, gobiernos y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, empresas transnacionales, organizaciones humanitarias, medios de comunicación y organizaciones internacionales utilizan sus servicios. Este ejército de guardias de seguridad privada constituye la segunda fuerza más grande de Irak, por detrás del ejército de Estados Unidos. Las cifras publicadas en abril de 2010 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos indican que el número de heridos en Afganistán asciende a 107.292 civiles y 78.000 soldados.

El uso de empresas de seguridad y ejércitos privados en las operaciones humanitarias ha emborronado la distinción entre las organizaciones humanitarias sin ánimo de lucro y las corporaciones privadas lucrativas. En las zonas de conflicto o postconflicto, como Afganistán e Irak, donde cada vez es más común que los ejércitos privados y empresas de seguridad ofrezcan seguridad a las ONG humanitarias, la población local, así como a los funcionarios públicos, se tienen dificultades para distinguir la ayuda humanitaria de las fuerzas de intervención.

Para sacar provecho de ello, una compañía de seguridad se anunciaba regularmente en el Journal of International Peace Operations1 en relación a sus actividades en Afganistán, Somalia, Congo, Bosnia y Herzegovina, Sudán e Irak. El anuncio mostraba una foto de un individuo alimentando a un bebé desnutrido con el siguiente mensaje: "Mediante el compromiso desinteresado y la compasión por todo el mundo, Blackwater trabaja para marcar una diferencia en el mundo y proporciona esperanza a todos aquellos que todavía viven una época de desesperación".

Afganistán

La población afgana está preocupada por la falta de regulación y responsabilidad de las empresas de seguridad privadas en un escenario de Estado fallido y postconflicto. En situaciones de conflicto armado o posteriores los empleados de los ejércitos privados y empresas de seguridad —contratados como civiles pero armados como personal militar— operan con un estatus ambiguo que puede convertir a "civiles"en"soldados" en cualquier momento.2

En muchos casos la población local afgana percibe cómo los empleados de ejércitos privados y empresas de seguridad contribuyen a la inseguridad, perpetuando una "cultura de guerra", y se muestra preocupada por la falta de transparencia y responsabilidad de estas empresas y sus empleados. Los guardias de seguridad privada visten de paisano, no llevan ningún tipo de identificación y viajan en vehículos camuflados, lo que difumina la línea que separa los actores humanitarios que trabajan en el país, de las fuerzas de seguridad. La población afgana también piensa que los fondos necesarios para reconstruir el país se están desviando para pagar a las compañías de seguridad privadas que, paradójicamente, son las que impiden la instauración de la paz. La creencia de que los guardias de seguridad privada están haciendo que el país sea más inestable para poder mantener sus empleos se encuentra muy difundida entre los afganos.

Asimismo, las compañías de seguridad privadas envían el mensaje a la población local de que la seguridad no es un bien público y sólo está disponible para expatriados ricos y afganos adinerados. Muchos también ven a las empresas de seguridad privadas como ejércitos personales y las asocian con los caudillos y las bandas criminales.

Irak

Según la Orden 17 expedida por el Administrador de la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA, por sus siglas en inglés) en junio de 2004, en Irak los contratistas no podían ser enjuiciados durante los tres años de mandato de la misma. Del mismo modo, en Colombia cualquier abuso cometido por personal militar de Estados Unidos y los contratistas privados que trabajaban al amparo del Plan Colombia no puede ser investigado o enjuiciado. Tras un acuerdo firmado en 2003 entre Colombia y Estados Unidos, el Gobierno de Colombia no podría someter a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional a ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses o a los contratistas privados que trabajaran para empresas de seguridad privadas transnacionales que hubieran cometido crímenes contra la humanidad.

Tanto en Irak como en Afganistán, se han privatizado muchas funciones de seguridad por medio de contratistas que han sido capaces de operar con impunidad. Sin embargo, el alcance de las infracciones de los derechos humanos realizadas por dichos contratistas ha obligado a las autoridades a reaccionar. En Afganistán se han realizado algunos esfuerzos para establecer una legislación que regule y controle a las empresas de seguridad transnacionales que operan en el país. Las primeras versiones del proyecto de ley de ejércitos privados y empresas de seguridad fue rechazado por el Ministerio de Justicia y por el Tribunal Supremo porque entraban en conflicto con la Constitución afgana (2004) que garantiza el monopolio del uso de fuerzas al Estado, así como con la Ley de la Policía de septiembre de 2005 que recoge todos los deberes y obligaciones de la policía incluidos el orden público y la seguridad.

En Irak, tras el tiroteo indiscriminado que tuvo lugar el 16 de septiembre de 2007 en el populoso barrio de Mansour, en Bagdad, en el que contratistas de seguridad de Blackwater3 que protegían el convoy del Departamento de Estado de Estados Unidos abrieron fuego contra civiles y mataron a 17 personas (entre ellas algunos niños), esta empresa fue expulsada, sus actividades suspendidas en el país y todos los ejércitos privados y empresas de seguridad que operaban en Irak fueron reexaminados. La privatización de la seguridad implica retos para la rendición de cuentas en el actual contexto de Irak y Afganistán y es probable que impacte a largo plazo en la percepción de la población sobre la justicia y el Estado de derecho.

Notas finales

La industria de los ejércitos privados y empresas de seguridad posee una naturaleza transnacional y está creciendo muy deprisa, en especial desde el principio de los recientes conflictos en Afganistán e Irak, con una estimación total de contratos de entre 20 mil millones de dólares y 100 mil millones de dólares cada año. El uso de estos contratistas privados desde 2001 para respaldar las operaciones en Irak, Afganistán, Somalia y otros Estados fallidos, así como las violaciones de los derechos humanos en las que se han visto implicados, les ha convertido en el centro de atención a nivel internacional. Se ha generado un debate sobre el tipo de funciones que los ejércitos privados y empresas de seguridad deberían desempeñar, las normas que deberían regular su forma de operar y cómo realizar el seguimiento de sus actividades. Para responder parcialmente a estas preocupaciones, los dos Gobiernos en cuyos territorios se asienta la mayoría de la industria de la seguridad (70%) —Reino Unido y Estados Unidos— junto con el Gobierno de Suiza y el sector de la seguridad mismo, lanzaron la Iniciativa Suiza4 basada en la idea de autorregulación.

Dado el gran impacto de los ejércitos privados y empresas de seguridad en el disfrute de los derechos humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios de la ONU (WGUM, por sus siglas en inglés) está convencido de que es necesario un instrumento legalmente vinculante que regule sus actividades a nivel nacional e internacional.

Una resolución que desvincula las actividades de los ejércitos privados y empresas de seguridad de la resolución tradicional sobre los mercenarios se presentó en 2010 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Aunque se adoptó por una gran mayoría, las delegaciones del Grupo Occidental en general votaron contra la resolución; un claro indicativo de los intereses del sector de la seguridad.

La adopción de la resolución por parte del Consejo de Derechos Humanos abre un proceso para que todos los principales interesados en cuestiones humanitarias elaboren un marco internacional que regule y controle las actividades de los ejércitos privados y de las empresas de seguridad. Los elementos y el borrador de una posible Convención presentados por el Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios se encontrará entre muchas otras iniciativas para la elaboración de dicho marco regulador internacional. Para que este proceso tenga éxito será necesario que la opinión pública y la sociedad civil de los países occidentales presionen suficientemente a sus respectivos Gobiernos.

Los Gobiernos nacionales, como hemos visto, pueden y deben ser alentados a llevar a cabo esta tarea en sus propios países, donde los ejércitos privados y empresas de seguridad están operando, si bien, como muestran los ejemplos, la tendencia es a tomar medidas sólo cuando los abusos llegan a ser visibles o inaceptablemente graves.

Sin duda, también ayudaría que las organizaciones multinacionales, los organismos humanitarios y los medios de comunicación, por ejemplo, tomaran una actitud más reflexiva y responsable a la hora de emplear o cooperar con estas empresas.

José L. Gómez del Prado es Jefe Relator del Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios de la ONU.

1 Journal of International Peace Operations/Diario de Operaciones de Paz Internacionales, publicación de la Asociación Internacional de Operaciones de Paz y del Instituto de Operaciones de Paz, vol.2, Nº 4. Enero/Febrero 2007, Washington, disponible en: http://issuu.com/ipoa/docs/. En noviembre de 2010 la Asociación Internacional de Operaciones de Paz cambió su nombre al de Asociación Internacional de Operaciones de Estabilidad/ International Stability Operations Association.

2 Informe del Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios para el Consejo de Derechos Humanos, disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/112/98/PDF/G0811298.pdf?OpenElement; Informe del Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios para la Asamblea General, disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/520/83/PDF/N0652083.pdf?OpenElement

3 Ahora llamada Xe Services

4 http://www.eda.admin.ch/psc

 

RMF 37
Abril 2011

Renuncia de responsabilidad
Las opiniones vertidas en los artículos de RMF no reflejan necesariamente la opinión de los editores, del RSC o del IUDESP.
Derecho de copia
Cualquier material de RMF impreso o disponible en línea puede ser reproducido libremente, siempre y cuando se cite la fuente y la página web. Véase www.fmreview.org/es/derechos-de-autor para más detalles.