Cuando el presidente Felipe Calderón lanzó su ofensiva contra los cárteles de la droga en 2006, éstos respondieron asesinando brutalmente a políticos, periodistas y civiles y aterrorizando a los mexicanos. Más de 28.000 personas han sido asesinadas en los últimos cuatro años. Aunque la situación ha captado la atención de Estados Unidos y de la comunidad internacional como un problema de control de fronteras y de inmigración, pocos han comentado la crisis de desplazamiento interno que el conflicto ha creado en la región fronteriza.
Fueron más los mexicanos solicitantes de asilo político en Estados Unidos y Canadá y las solicitudes de visado de negocios de Monterrey, el centro industrial de México y la ciudad más rica, crecieron un 63% entre 2006 y 2010, en comparación con los cinco años anteriores. Una cifra muy superior, y en su mayor parte sin contabilizar, corresponde a quienes se están desplazando internamente.
Quienes huyen de la violencia son básicamente profesionales de clase media (oficiales de policía, propietarios de negocios, periodistas, etc.) de ciudades grandes o medianas que se encuentran directa o indirectamente amenazados por los cárteles o que simplemente se marchan cuando la situación se vuelve inestable. Ciudad Juárez ha visto al 10% de su población (200.000) huir de la ciudad a causa de la lucha entre la policía mexicana y las bandas militares y de narcotraficantes. Por desgracia, aunque el Gobierno mexicano acepta a refugiados y solicitantes de asilo de Sudamérica y otras naciones, históricamente ha prestado escasa atención a las personas desplazadas dentro de sus fronteras. Por ejemplo, las poblaciones indígenas que abandonaron sus hogares a causa de la discriminación y la violencia de la que eran objeto, han recibido poca atención del Gobierno mexicano que, además, actualmente no reconoce la guerra contra el narcotráfico como una causa de desplazamiento. La situación también recibe muy poca atención de los medios de comunicación. Como consecuencia, no existen cifras fiables del número de desplazados internos en México y ningún incentivo para evaluar el alcance del problema.
Los cárteles de la droga como grupos armados no estatales
Numerosos expertos sostienen que las organizaciones criminales, como los cárteles de drogas en México, deben definirse como grupos armados no estatales ya que desafían la autoridad del Gobierno mexicano. Sus objetivos son los mismos y emplean muchas de las tácticas de los tradicionales grupos "políticos" no estatales. Así como, por ejemplo, en la región africana de los Grandes Lagos existen grupos que luchan por hacerse con el control de los diamantes y metales preciosos, los cárteles de México luchan por controlar los circuitos de tráfico de droga. Sin embargo, se diferencian de los grupos armados con objetivos políticos en que sólo les mueve el afán de lucro y su estrategia consiste en inutilizar la capacidad de aplicación de la ley del Estado para que resulte más fácil llevar a cabo sus actividades ilegales. Esto hace que resulte difícil, cuando no imposible, aproximarse a ellos del mismo modo en que se haría con otros grupos armados no estatales. No buscan ningún reconocimiento oficial ni legitimidad, así que no responden ante la presión de cumplir con el Derecho Internacional Humanitario, ni se les puede comprometer en la firma de tratados. Su objetivo final (transportar y vender drogas) es ilegal e intrínsecamente perjudicial, así que los oficiales no pueden hacer concesiones con respecto a sus actividades.
La guerra del narcotráfico en México se ha abordado básicamente como una cuestión de legalidad y de seguridad nacional tanto por el Gobierno mexicano, como por el estadounidense. Ha sido la causa no sólo de muchas muertes y diversos disturbios sociales, sino también de gran número de desplazamientos entre la población. La guerra del narcotráfico ya ha comenzado a extenderse hacia el interior de México y amenaza con afectar a otras poblaciones de Centroamérica a medida que los cárteles expanden sus operaciones hacia el sur. Por todo ello, aún es más necesario y sensato prestar mayor atención a las crisis de desplazamiento interno que ya existen en la región fronteriza.
Jessica Keralis es Especialista en Vigilancia de Salud P ública en McKing Consulting y trabaja en el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, en Austin (Texas).
Este artículo está escrito a título personal y no refleja las opiniones de McKing o del Departamento de Servicios Sociales y de Salud.