La economía de los grupos armados y sus relaciones con la población desplazada

Josep Maria Royo Aspa

Uno de los mecanismos de financiación de los grupos armados no estatales puede proceder de la explotación de las poblaciones desplazadas.

Prácticamente la totalidad de los grupos armados dependen en importante medida del apoyo externo. Los grupos armados buscan principalmente el apoyo de otros Estados, así como de las diásporas, de las poblaciones desplazadas y de otros grupos armados, con el fin de evitar que el esfuerzo de guerra recaiga totalmente en la población civil a la que pretenden proteger, una situación que tiene sus costes políticos. También los Estados necesitan, a menudo, el apoyo externo para hacer frente a estos brotes de inestabilidad y violencia, cuestión que fue muy común durante la Guerra Fría y que continúa estando presente en la mayoría de los conflictos armados actuales.

La violencia, la discriminación y la pobreza que siguen a los conflictos armados provocan el desplazamiento forzado de la población que a menudo contribuye a alimentar el conflicto originario. Los grupos armados a menudo utilizan los campos de desplazados y refugiados para buscar refugio, suministros y reclutar combatientes. Aunque los grupos armados no tengan poder legítimo, pueden depender de la población refugiada para dos cuestiones esenciales: combatientes e ingresos.

Los grupos armados se han formado o han reclutado, voluntariamente o por la fuerza, sus miembros y recursos de los campos de desplazados y refugiados situados en las regiones y Estados vecinos a las zonas en conflicto. En algunos casos, en estos campos se han creado importantes refugios y bases logísticas de organización de la lucha armada. La mayoría de grupos armados afganos tuvieron sus orígenes en los campos de refugiados existentes en países vecinos. Los grupos y milicias talibán, por ejemplo, surgieron de la población desplazada y refugiada afgana en Pakistán,  procedentes de las madrasas (escuelas coránicas) pakistaníes. La población refugiada Karen, principalmente en la frontera entre Tailandia y Birmania, apoya al grupo armado KNU contra el Gobierno birmano. Las comunidades hutus y tutsis que abandonaron Rwanda y Burundi durante las sucesivas oleadas de violencia tras la independencia en 1960 se establecieron en campos de refugiados en Uganda, Rwanda, Burundi, RD Congo y Tanzania que posteriormente constituirían los orígenes de las insurgencias que desestabilizarían ambos países. Otros casos de efectos similares se pueden ver en Etiopía, Irak, el Kurdistán turco, Chechenia, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán y otros lugares.

Las poblaciones refugiadas apoyan a los grupos insurgentes como una forma de conseguir establecer mecanismos de protección en los países de acogida, ya que sin la propia protección, a menudo las poblaciones refugiadas son muy vulnerables y quedan a merced de otros grupos armados, delincuencia,  la población local potencialmente hostil y del Estado que les acoge.

La coerción es otro importante factor que explica las contribuciones de la población refugiada, particularmente cuando los grupos armados controlan los campos de refugiados. Este control se facilita debido a que los grupos están armados y organizados, mientras que las poblaciones desplazadas están desorganizadas, presentan numerosas debilidades y no están armadas. En estas circunstancias, es fácil que los grupos exijan dinero, provisiones y nuevos combatientes a estas poblaciones, incluso en situaciones donde no son populares y no cuentan con el apoyo de la población a la que reclaman estar representando.

El ejemplo más destacado de esta situación se produjo tras el genocidio de Rwanda en 1994, cuando los restos de las ex Fuerzas Armadas rwandesas, funcionarios del antiguo Gobierno rwandés y las milicias Interahamwe organizaron la resistencia en los campos de refugiados del antiguo Zaire, creando un gobierno de facto en el seno de estos campos, explotando la ayuda internacional para continuar su lucha armada contra el nuevo Gobierno en Rwanda, secuestrando y entrenando a los nuevos reclutas por la fuerza, controlando y distribuyendo la ayuda humanitaria y convirtiéndose en los gestores de estos campos, ante lo cual la población refugiada no tuvo otra alternativa que acatar.

Otra situación similar sería la que tiene lugar en los campos de desplazados de la región sudanesa de Darfur, que sufren numerosos ataques y secuestros y que se han visto inmersos durante los últimos años en una espiral de militarización por parte de los grupos insurgentes, las milicias progubernamentales y las Fuerzas Armadas sudanesas.

La economía de los grupos armados

Puede haber diferentes formas de relación económica entre grupos armados y poblaciones desplazadas. Unos grupos armados inducen a las poblaciones bajo su control a proporcionar recursos, mientras que otros fuerzan este suministro. La relación entre las partes puede ser simbiótica, parasitaria o predatoria; pudiendo cambiar de unas a otras como consecuencia de la evolución de la guerra.

En la relación económica simbiótica el grupo armado promueve ciertos tipos de actividades a cambio de participar en los beneficios derivados, por lo que el desarrollo económico del área y el bienestar económico de la población pueden depender del grupo armado en lo concerniente a la seguridad y a infraestructuras. El grupo establece algún tipo de orden social y económico en las áreas de control a cambio de apoyos e ingresos, emulando a los Estados, reorganizan las relaciones de producción; proporcionan seguridad, infraestructuras e imperio de la ley para el funcionamiento de las actividades económicas a cambio de algún tipo de imposición económica sobre la población civil.

En la relación económica parasitaria los grupos armados proporcionan protección y garantías de seguridad a cambio de colaboración y retribuciones económicas mediante la extorsión o el establecimiento de impuestos y tasas, cargos sobre permisos de acceso a los recursos, saqueo de la ayuda internacional o pagos conocidos como “impuestos revolucionarios”. Esta extorsión puede estar más controlada y reglamentada si proviene de la cúpula del grupo armado, o ser totalmente arbitraria si son los combatientes, de forma autónoma, los que establecen el nivel de abuso y extorsión.

En la relación económica predatoria a los grupos armados no les importan las relaciones con la población civil, actúan intimidando y atemorizando a la población mediante el uso de la fuerza con el fin de incrementar su poder u obtener acceso a los recursos.

Conclusiones

Es importante tener presente que en la economía de guerra emergen relaciones entre los grupos armados y las poblaciones civiles que no siempre responden a la dicotomía víctima-victimario. Estas relaciones pueden ser mucho más complejas y pueden generar nuevas formas de protección, de autoridad y de derechos sobre la distribución de los recursos que intervienen decisivamente en la evolución de los conflictos armados. El estudio de la economía y las fuentes de financiación de los grupos armados no estatales es esencial si queremos comprender plenamente su naturaleza. Es imprescindible tener un mayor conocimiento de cómo funcionan los grupos y cuáles son sus fuentes de financiación para facilitar la acción humanitaria en contextos de violencia y de cara a promover el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos.

Josep Maria Royo Aspa es Politólogo e Investigador del Programa de Conflictos y Construcción de la Paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB (Barcelona) desde el año 2000, especializado en el continente africano.

RMF 37
Abril 2011

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