Brasil tiene una larga tradición de proporcionar amparo y protección a las personas perseguidas por motivos políticos, raciales y sociales. Siguiendo las directrices del ACNUR relativas a la definición de un ‘grupo social’ como un grupo cohesionado y vulnerable cuyos miembros comparten características esenciales de identidad, el Comité Nacional para los Refugiados de Brasil (CONARE[1]) ha determinado que las minorías sexuales deben ser consideradas como un grupo social para los propósitos de la aplicación de la Convención sobre Refugiados de 1951 y la Ley de Refugiados de Brasil.[2]
Al analizar la cuestión del temor fundado de persecución como motivo para solicitar asilo, el CONARE incluye la consideración de la penalización de las relaciones sexuales entre adultos del mismo sexo cuando evalúa el potencial riesgo para la vida o la libertad del solicitante de asilo en su país de origen. 78 países de un total de 193 todavía tienen legislación que criminaliza la actividad sexual con consentimiento entre personas adultas del mismo sexo. Las penas van desde los latigazos (por ejemplo, Irán) o dos meses de prisión (por ejemplo, Argelia) a cadena perpetua (por ejemplo, Bangladesh) o incluso la muerte (Irán, Mauritania, Arabia Saudita, Sudán, Yemen).[3] Por el contrario, en mayo de 2011, el Tribunal Supremo de Brasil reconoció que las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos que las parejas de diferente sexo, incluyendo el derecho a ser tratadas con igualdad y el derecho a no ser discriminadas.
Sin embargo, las políticas públicas en defensa y en favor de las personas LGBT no son suficientes ni efectivas para reducir la violencia homofóbica en Brasil. La violencia contra gais y lesbianas – incluyendo el asesinato – sigue en aumento. Brasil no tiene una ley sobre delitos de odio y ninguna institución pública o proyecto específico supervisa la aparición de delitos y violencia por homofobia. Un proyecto de ley que criminaliza la homofobia ha estado pendiente en el Congreso Nacional desde hace más de diez años.
Mientras tanto, el reconocimiento de las minorías sexuales como un grupo social en términos de solicitar y otorgar asilo significa que la Ley de Refugiados de Brasil y la Convención sobre Refugiados de 1951 siguen siendo las herramientas más poderosas en la defensa de los derechos de los refugiados LGBTI en Brasil.
Henrique Rabello de Carvalho henrique.carvalho@aol.com es un abogado de Río de Janeiro y miembro de la Comisión de Derechos LGBTI de la Orden de Abogados de Brasil; trabajó como abogado con Caritas y la oficina del ACNUR en Río de Janeiro. Este artículo refleja las opiniones personales de su autor.
[1] Establecido por el Ministerio de Justicia
[2] Ley No. 9.474/1997
[3] Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_Homofobia_de_Estado_2012.pdf