Muros altos, vallas, candados, guardias… Esas son las cosas que nos vienen a la mente cuando pensamos en la detención de inmigrantes, y con razón. El internamiento de migrantes en centros parecidos a cárceles es un fenómeno creciente a nivel mundial y un grave problema debido a sus terribles consecuencias sobre las salud y el bienestar de las personas. Cada vez más migrantes forzados están siendo alojados en centros cerrados en algún punto de su exilio y desplazamiento.<\/p>\n
Aunque no existe una única definición de detención, en esencia, se trata de una privación de libertad. Esta privación limita el área en la que la gente puede moverse con libertad, a menudo restringiendo sus movimientos a una única habitación, edificio o zona. Los lugares en los que se mantiene a los migrantes detenidos toman muchas formas: centros de detención de inmigrantes construidos para tal fin, zonas de paso en los aeropuertos, centros de control cerrados, prisiones o comisarías de policía, habitaciones de hotel y estructuras adaptadas como contenedores de carga. Este concepto basado en el lugar influye para quienes trabajamos para introducir alternativas a la detención. En concreto, centrarse en el lugar en el que se produce la detención puede afectar a nuestra interpretación de alternativas a la misma, ya que no se basan en una ubicación en concreto sino que más bien implican una serie de herramientas o estrategias que pueden aplicarse a un individuo donde quiera que éste se ubique dentro de la comunidad.<\/span><\/p>\n Durante mi estudio sobre alternativas a la detención con la Coalición Internacional contra la Detención[1]<\/a> detectamos diversos mecanismos que pueden ayudar a gestionar de manera exitosa los casos de migración sin necesidad de recurrir a la detención. Dichas alternativas a la detención se basaban únicamente en diversas estrategias para que los individuos sigan participando en los procedimientos de inmigración mientras viven entre la comunidad local.[2]<\/a> Aunque estos programas puedan hacer uso ocasionalmente de instalaciones residenciales como parte del sistema de gestión, la ubicación de los individuos no constituye una preocupación básica. En lugar de ello, la atención se centra en evaluar cada caso y garantizar que el entorno local dispone de las estructuras y condiciones necesarias para que la persona trabaje con las autoridades en pos de una resolución de su condición migratoria. Esto se basa en cinco pasos que desarrollamos en nuestro modelo de evaluación y disposición en la comunidad (“CAP model”, en inglés). Son los siguientes:<\/p>\n 1. Presumir que la detención no es necesaria.<\/p>\n 2. Examinar y evaluar los casos de forma individual.<\/p>\n 3. Evaluar el entorno comunitario.<\/p>\n 4. Aplicar las condiciones en la comunidad, si es necesario.<\/p>\n 5. Detener sólo como último recurso, en casos excepcionales.<\/p>\n Como se ha visto en programas realizados en países como Australia y Canadá, la situación de alguien que se enfrentaba a ser deportado tras haber finalizado su proceso de solicitud podría ser gestionada de manera apropiada y eficaz en la comunidad si se evaluasen sus circunstancias personales; si en la comunidad recibiría apoyo en forma de gestión procesal, asesoramiento jurídico y capacidad para satisfacer sus necesidades básicas; y si comenzaría a participar en los preparativos para su partida, a dar parte de su situación con regularidad y a ser supervisados con mayor escrutinio en caso de que les fuese requerido.<\/span><\/p>\n En estas situaciones sería necesario que ocurrieran dos cosas. En primer lugar, que se reemplazara el concepto de control mediante el confinamiento en una ubicación concreta por uno basado en la gestión mediante la supervisión adecuada. Esto conllevaría alejarse del método de control basado en el lugar y cambiarlo por uno sobre la evaluación de los riesgos, la gestión y la ejecución centrada en unos objetivos. En segundo lugar, se debería resaltar el éxito de los programas basados en la comunidad. Nuestro estudio mostraba que existían alternativas a la detención fiables y viables. Las tasas de cumplimiento de los programas de gestión comunitaria son del 80-99,9% con diversos colectivos (incluidos los que se enfrentan a la repatriación), proporcionan importantes mejoras en lo que a costes se refiere sobre sus medidas operativas y sistémicas, y protegen la salud y el bienestar de los migrantes que dependen de estas medidas. A través de alternativas superiores a los programas de detenciones, los Gobiernos están descubriendo que pueden gestionar con gran efectividad la inmensa mayoría de los casos de migración fuera de los muros de la detención.<\/span><\/p>\n <\/p>\n Robyn Sampson robyncsampson@gmail.com<\/a><\/em> es doctoranda en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de La Trobe http:\/\/latrobe.academia.edu\/RobynSampson<\/a><\/em><\/p>\n <\/p>\n
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