{"id":40558,"date":"2015-05-06T00:00:00","date_gmt":"2015-05-06T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fmreview.org\/vigil-2-2\/"},"modified":"2025-02-26T11:21:10","modified_gmt":"2025-02-26T16:21:10","slug":"vigil-2-2","status":"publish","type":"fmr_content","link":"https:\/\/www.fmreview.org\/ar\/cambioclimatico-desastres\/vigil-2-2\/","title":{"rendered":"El desplazamiento como consecuencia de las pol\u00edticas para paliar el cambio clim\u00e1tico"},"content":{"rendered":"

Las actuales y futuras repercusiones del cambio climático han provocado una oleada de políticas para paliar esta situación que, pese a sus buenas intenciones, podrían ser una carga más sobre las tierras de los colectivos más vulnerables a nivel económico, medioambiental y social de las sociedades en desarrollo. Un claro ejemplo de esto sería cuando las políticas destinadas a la producción de biocombustibles incentivan la adquisición de grandes extensiones de terreno en el Sur Global, muchas veces sin tener en cuenta los derechos de la población autóctona y provocando el desplazamiento de comunidades enteras. Se considera que el cambio climático legitima gran parte de estas adquisiciones. Entre los ejemplos de este mercadeo de la naturaleza se incluyen la compensación de las emisiones de carbono, el ecoturismo y la producción de biocombustible. Los partidarios de estas inversiones en tierras destacan su potencial positivo pero sus detractores \u2012que los definen como “la apropiación de recursos naturales con fines medioambientales”[1]<\/a> o “apropiaciones ecológicas”\u2012 señalan las diversas amenazas que estos tratos pueden suponer para el medio ambiente, para la seguridad alimentaria local y para los medios de subsistencia tradicionales[2]<\/a>.<\/p>\n

Las políticas oficiales han resultado de vital importancia a la hora de incentivar lo que se ha venido llamando el <\/span>“boom<\/em> del <\/span>biocombustible”. La Unión Europea, los Estados Unidos y otros países tienen como objetivo conseguir un mayor uso de <\/span>biocombustibles en el transporte, a la vez que ofrecen incentivos económicos y exenciones fiscales a todos los que participen de la energía “limpia”. Aunque los motivos de los que parten estas políticas son en principio <\/span>bienintencionados, a menudo compiten con la producción local de alimentos y aumentan la inseguridad alimentaria local, y pueden desembocar en importantes violaciones de los derechos humanos como el desplazamiento. La mayoría de estos proyectos declaran que están utilizando terrenos marginales que no estaban ocupados pero hay estudios empíricos que demuestran que en realidad estas tierras <\/span>suelen estar habitadas, son zonas forestales, de pastoreo o se utilizan como fuente común de recursos.<\/span><\/p>\n

Las consecuencias sobre la movilidad<\/strong><\/p>\n

El Banco Mundial ha reconocido que el desplazamiento es uno de los riesgos de la inversión en terrenos, sobre todo en países en los que la gobernanza es débil y los derechos sobre las tierras no están bien definidos[3]<\/a>. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas estimó en 2007 que la expansión de los biocombustibles podía suponer una amenaza para las tierras y los medios de subsistencia de 60 millones de indígenas[4]<\/a>. Pero la cuestión del desplazamiento originado por estas inversiones “ecológicas” apenas se ha incluido en la lista de consecuencias negativas. Además, las repercusiones de dichos proyectos de infraestructuras pueden llevar al límite a entornos frágiles y provocar más desplazamientos.<\/p>\n

La demanda exponencial de la exportación de aceite de palma está provocando el desplazamiento de millones de indígenas de sus tierras en Indonesia, <\/span>Malasia, <\/span>Papúa Nueva Guinea y la India. En Colombia las fuerzas paramilitares emplean el miedo y la violencia para forzar a desplazarse a las comunidades <\/span>afrocolombianas en beneficio de la producción de caña de azúcar y mandioca. El <\/span>Ethnic <\/span>Community <\/span>Development <\/span>Forum (Foro para el Desarrollo de las Comunidades Indígenas o <\/span>ECDF, por sus siglas en inglés) declaró que el 14% de todos los refugiados que entraron en <\/span>Tailandia desde <\/span>Birmania durante los años 2006 y 2007 habían sido forzados a desplazarse por la campaña de <\/span>biocombustible <\/span>jatrofa[5]<\/sup><\/sup><\/a>. Brasil, el gigante del etanol, ha experimentado también el desplazamiento de millones de pequeños agricultores tras la adquisición de tierras para la producción de soja. Y hay muchos otros ejemplos.<\/span><\/p>\n

Cuando se lleva a cabo una consulta previa con las comunidades afectadas (como suele orurrir en países relativamente estables, como Senegal) los inversores les prometen empleos e infraestructuras para que las poblaciones acepten voluntariamente el reasentamiento. Sin embargo, el reasentamiento “voluntario” puede convertirse en forzado si la respuesta no es la esperada.<\/p>\n

Quienes analizan las consecuencias sociales de las inversiones en tierras deben prestar más atención a los desplazamientos que provocan, pero también es necesario que los académicos y los profesionales sobre migración por cuestiones ambientales amplíen sus análisis. A pesar de que las causas del desplazamiento no <\/span>suelen estar claras y se <\/span>superponen entre sí, los resultados con los que se encuentran los desplazados son asombrosamente similares. “El desplazamiento inducido por la apropiación ecológica” constituye un claro ejemplo de superposición entre las categorías tradicionales de desplazamientos forzados (conflicto, desarrollo y medio ambiente).<\/span><\/p>\n

Los actuales mecanismos de protección y las lagunas<\/strong><\/p>\n

Se han producido intentos de controlar las repercusiones negativas de los procesos de apropiación de las tierras mediante el desarrollo de códigos de conducta y de principios para una inversión agrícola responsable que respete los derechos, los medios de subsistencia y los recursos[6]<\/a>. Para conseguir que todos salgan beneficiados los temas que más frecuentemente se abordan son la transparencia de las negociaciones, el respeto de los derechos vigentes sobre las tierras; el reparto solidario de beneficios; la sostenibilidad medioambiental y la adherencia a las políticas de comercio nacionales. Esto parece sugerir que una buena gobernanza reduciría las desposesiones y desplazamientos de las comunidades rurales. No obstante, al tratarse de unos principios voluntarios resulta una tarea ardua o imposible de seguir y de penalizar cuando alguien los infringe. Aunque se pueden aplicar los actuales mecanismos de protección para las personas desplazadas por culpa de conflictos, del desarrollo o de la degradación ambiental, primero es necesario reconocer, cuantificar y entender de verdad dicho desplazamiento.<\/p>\n

A raíz del aumento exponencial en todo el mundo de la apropiación ecológica, se hace necesario ir más allá de la categoría de desplazamiento inducido por cuestiones ambientales para incluir las repercusiones de las políticas para paliar el cambio climático como un factor más en los resultados del desplazamiento o de la decisión sobre si migrar o no.<\/span><\/p>\n

El argumento de que la responsabilidad de imponer normas socialmente sostenibles a estas inversiones le incumbe al Estado,<\/span> no exime tampoco de las responsabilidades éticas y morales de los inversores y los consumidores del Norte, en especial cuando las políticas “ecológicas” son las principales responsables del desalojo de los pobres de las poblaciones rurales de sus tierras. Se debería tomar como condición para el consumo de los productos de esas inversiones la existencia de unos programas de certificación transparentes y bien coordinados, que incluyan principios de derechos humanos y mecanismos de protección para los más vulnerables.<\/span><\/p>\n

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Sara Vigil Sara.Vigil@ulg.ac.be<\/em><\/a> es investigadora adjunta del Fondo de Investigación Científica en el Centro de Estudios Étnicos y de Migración de la Universidad de Liège. www.cedem.ulg.ac.be<\/em><\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

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[1]<\/a>Vidal J. (2008) www.theguardian.com\/environment\/2008\/feb\/13\/conservation<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n

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[2]<\/a> Consulte la revista de estudios campesinos Journal of Peasant Studies<\/em> si desea obtener los análisis académicos más relevantes sobre apropiación de tierras en general y “apropiación ecológica” en particular. www.tandfonline.com\/loi\/fjps<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n

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[3]<\/a>Banco Mundial (2012) “Norma de desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario” http:\/\/siteresources.worldbank.org\/OPSMANUAL\/Resources\/OP4.03_PS5.pdf<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n

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[4]<\/a>Survival International (2008) “Los biocombustibles amenazan las tierras de 60 millones de indígenas” www.survivalinternational.org\/news\/3279<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n

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[5]<\/a>ECDF (2008) ‘Biofuel by decree. Unmasking Burma’s Biofuel Fiasco’ [“Biocombustible por Decreto. El desenmascaramiento del fiasco del biocombustible en Birmania”]. www.cban.ca\/Resources\/Topics\/Agrofuels\/Biofuels-By-Decree-Burma-Report<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n

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[6]<\/a> La FAO, el FIDA, la CNUCYD y el Banco Mundial desarrollaron en 2010 los Principios para una inversión agrícola responsable (http:\/\/unctad.org\/en\/Pages\/DIAE\/G-20\/PRAI.aspx<\/a>). La Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, la Unión Africana, el Banco Africano de Desarrollo y la UE han desarrollado también marcos y directrices.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n

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Las actuales y futuras repercusiones del cambio climático han provocado una oleada de políticas para paliar esta situación que, pese a sus buenas intenciones, podrían ser una carga más sobre las tierras de los colectivos más vulnerables a nivel económico, medioambiental y social de las sociedades en desarrollo. 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