En 1984, la Región Autónoma Hui de Ningxia, en el norte de China –una región escasamente poblada, en su mayoría desértica– inició exhaustivos programas de desplazamiento destinados a recuperar el deteriorado ecosistema y erradicar la pobreza absoluta, con el apoyo del gobierno central y el Banco Mundial. Algunas partes de esta provincia montañosa son las más vulnerables de China en términos de su capacidad ecológica y ambiental para mantener a las personas y los medios de subsistencia. Se estima que en los últimos treinta años las autoridades de Ningxia han desplazado a unos 700.000 campesinos que viven en el extremo sur de la región, una zona especialmente afectada por las sequías y la escasez de agua.<\/p>\n
Aunque estas políticas de desplazamiento a gran escala han sido ostensiblemente diseñadas para incrementar el bienestar de los desplazados, han dado lugar a graves problemas para las personas forzadas a desplazarse. En la mayoría de los casos, estos proyectos incluyen un componente de “desarrollo económico local”, mediante el cual se establecieron plantas industriales con altas emisiones y alto consumo de energía en zonas que anteriormente no habían sido afectadas por la industrialización, frecuentemente con consecuencias que resultaron más perjudiciales para el medio ambiente que la situación original. Sin embargo, es posible que dichos proyectos aumenten el perfil político de los patrocinadores y promuevan las carreras individuales, sin importar el impacto ambiental. Se plantea la cuestión de por qué la política del gobierno no logró alcanzar los efectos deseados.<\/p>\n
Nuestra investigación de campo, llevada a cabo a lo largo del año 2014 con las comunidades desplazadas en Ningxia, reveló cómo las políticas de desplazamiento pueden perjudicar a las familias. Este es el caso de la familia Ma del distrito Guyuan de Ningxia, por ejemplo, cuyo acceso a la educación, salud y vivienda claramente ha empeorado después de su desplazamiento a Yinchuan. Creemos que uno de los problemas radica en el hecho de que las políticas de desplazamiento de la población están tan profundamente inmersas en la doctrina de modernización del gobierno que impide que se consideren alternativas para la lucha contra la pobreza y la degradación ambiental.<\/p>\n
Existe el consenso entre los políticos chinos de todos los niveles de gobierno de que el desarrollo y la modernización (generalmente expresados de forma reductora usando un solo indicador, es decir, el Producto Interno Bruto, PIB) son procesos inherentemente beneficiosos y que desafiar esto refleja una actitud antiproductiva, o incluso una falta de patriotismo. Para las autoridades chinas, la reubicación de comunidades enteras de zonas ecológicamente frágiles a las zonas industriales es una parte inherente del proceso de modernización, y una manifestación del progreso social. Las instituciones responsables de la elaboración y ejecución de estos proyectos de desplazamiento no pueden darse el lujo de pedir las opiniones de quienes están siendo desplazados, a pesar de las directrices internacionales que existen desde hace tiempo sobre este tema[1]<\/a>. Si las personas que son desplazadas se muestran reacias o incluso hostiles, pondrían en duda la premisa desarrollista de los dirigentes chinos.<\/p>\n Los desafíos que permanecen<\/strong><\/p>\n Recientes encuestas de campo muestran que muchos de los que fueron desplazados todavía tienen dificultades para adaptarse a su desplazamiento: espacios habitables más pequeños, un sustancial aumento de los gastos de manutención, diferentes métodos y técnicas de cultivo que asimilar, y discriminación social. Teniendo en cuenta las consecuencias negativas para estas personas desplazadas, promover la modernización mediante los programas de desplazamiento de población y migración forzada es probablemente tan solo una ilusión. Aunque es innegable el rápido desarrollo de la infraestructura, se ha prestado muy poca atención a las preocupaciones de los propios desplazados. En muchos casos, su forma de vida tradicional se ha visto alterada.<\/p>\n La interacción entre las comunidades rurales, las políticas de desarrollo y el medio ambiente es compleja, y es crucial para garantizar la plena participación de todas las partes interesadas\u200b\u200ben todo el proceso. Las comunidades locales afectadas por los programas de desarrollo propuestos deben recibir espacio y oportunidades adecuadas para expresarse y para elegir si la reubicación es la mejor solución a sus problemas, independientemente de si el gobierno considera que el estilo de vida de las comunidades es contrario a su idea de una sociedad completamente modernizada.<\/p>\n Es esencial desarrollar otras soluciones menos arriesgadas y menos perjudiciales para las comunidades rurales que sufren la fragilidad ambiental, mientras se desarrolla la economía de las regiones en cuestión. Al compartir las experiencias de adaptación exitosas que no involucran desplazamientos forzados de población, los investigadores pueden sensibilizar a los líderes políticos sobre la existencia de modelos alternativos, ayudando a generar su disposición y capacidad para adoptar enfoques flexibles y participativos en la resolución de los problemas ambientales.<\/p>\n <\/p>\n