{"id":40834,"date":"2020-11-04T00:00:00","date_gmt":"2020-11-04T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fmreview.org\/camino-lopez-2-2\/"},"modified":"2025-01-22T18:29:27","modified_gmt":"2025-01-22T23:29:27","slug":"camino-lopez","status":"publish","type":"fmr_content","link":"https:\/\/www.fmreview.org\/ar\/reconociendo-refugiados\/camino-lopez\/","title":{"rendered":"El asilo bajo presi\u00f3n en Per\u00fa: el impacto de la crisis venezolana y la COVID-19"},"content":{"rendered":"

Al principio de la crisis migratoria de Venezuela, Per\u00fa fue uno de los pocos Estados que implement\u00f3 pol\u00edticas para facilitar la entrada y la estancia legales. Con la introducci\u00f3n en 2018 del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) se permiti\u00f3 a miles de venezolanos regularizar su estatus migratorio. Este permiso ofreci\u00f3 una forma complementaria de protecci\u00f3n y ayud\u00f3 a agilizar el proceso migratorio legal.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Sin embargo, debido al r\u00e1pido aumento de las llegadas (482 571 solicitudes de asilo presentadas, en 2019, en comparaci\u00f3n con 192 000, en 2018, y 34 167, en 2017) y a los problemas estructurales que se est\u00e1n experimentando en Per\u00fa, el sentimiento general de solidaridad con los venezolanos pronto se convirti\u00f3 en rechazo. Un an\u00e1lisis realizado por Oxfam en 2019 revel\u00f3 que alrededor del 70 % de la poblaci\u00f3n de Per\u00fa, Ecuador y Colombia apoyar\u00eda un control migratorio m\u00e1s estricto, mientras que el 64,3 % de los peruanos creen que los migrantes \u201cse benefician<\/span><\/span>[1]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> mucho m\u00e1s de lo que aportan\u201d.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Este creciente rechazo hacia la poblaci\u00f3n venezolana fue secundado por el Gobierno mediante la implementaci\u00f3n de una serie de medidas dise\u00f1adas para frenar su entrada en el pa\u00eds. Las medidas adoptadas fueron las siguientes: a) suspender la expedici\u00f3n de permisos temporales de residencia; b) la introducci\u00f3n del requisito de llevar pasaporte para cualquiera que entre en Per\u00fa; y c) la introducci\u00f3n de un visado humanitario estrictamente controlado. El acceso a este visado es muy limitado, ya que requiere que los solicitantes presenten documentos que son dif\u00edciles de conseguir en las condiciones actuales, como un certificado de antecedentes penales debidamente formalizado y legalizado o un pasaporte en s\u00ed. Estas barreras provocaron un repentino aumento de las solicitudes de asilo, ya que, para muchos refugiados, se convirti\u00f3 en la \u00fanica manera de entrar legalmente en Per\u00fa. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Dificultades en el proceso de DCR<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

La Ley del Refugiado de Per\u00fa (Ley 27891) prev\u00e9 un proceso de reconocimiento r\u00e1pido que deber\u00eda durar solo 60 d\u00edas. Este comprende la presentaci\u00f3n de una solicitud de asilo, una entrevista, su evaluaci\u00f3n por parte de la Comisi\u00f3n Especial para los Refugiados (CEPR) del Gobierno, y luego la aprobaci\u00f3n o denegaci\u00f3n de la solicitud de asilo.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Al principio bastaba con presentar una solicitud de asilo para entrar en Per\u00fa. Sin embargo, se han establecido m\u00e1s fases y criterios con el fin de limitar la entrada de migrantes venezolanos. Uno de ellos es el cribado previo que se realiza en la frontera de Per\u00fa con Ecuador. Seg\u00fan las autoridades peruanas, una vez presentada la solicitud de asilo, los solicitantes son entrevistados por el personal de la CEPR en la frontera. Sus expedientes se env\u00edan entonces a trav\u00e9s de WhatsApp<\/span><\/span>[2]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> a su oficina en Lima, donde se decide si se permite o no al solicitante entrar en el pa\u00eds para continuar con el proceso de reconocimiento. Esta evaluaci\u00f3n previa dura de 30 a 70 d\u00edas, durante los cuales el solicitante debe esperar en la frontera (sin ning\u00fan acceso a servicios b\u00e1sicos).<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El proceso de DCR se ha convertido en una barrera efectiva para la entrada de migrantes venezolanos a Per\u00fa. Entre junio y diciembre de 2019, solo se permiti\u00f3 la entrada al pa\u00eds al 13 % de los solicitantes de asilo. Esto deja al 87 % restante en un estado de vulnerabilidad, sin poder entrar en Per\u00fa y, en la mayor\u00eda de los casos, sin capacidad de regresar legalmente a Ecuador, ya que no se les permite volver a entrar (sin documentaci\u00f3n) una vez pasadas m\u00e1s de 48 horas. La creaci\u00f3n de este tipo de barreras burocr\u00e1ticas es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. Al amparo de ambos marcos jur\u00eddicos, todos los procedimientos de inmigraci\u00f3n deben cumplir con las debidas garant\u00edas procesales; si se utiliza un mecanismo ad hoc<\/em>, no hay manera de garantizar que la evaluaci\u00f3n previa cumpla con los est\u00e1ndares legales internacionales, ya que no existe un procedimiento para apelar el fallo que les permite o deniega la entrada al pa\u00eds. Adem\u00e1s, la evaluaci\u00f3n previa hace caso omiso del principio internacional de no devoluci\u00f3n en virtud del cual un solicitante de asilo no puede ser rechazado en la frontera o expulsado de un Estado sin un an\u00e1lisis adecuado de su solicitud de asilo. En el mismo sentido, ACNUR estableci\u00f3 en su Conclusi\u00f3n n\u00ba 8 que los Estados deben permitir que los solicitantes de asilo permanezcan en el territorio durante todo el procedimiento de determinaci\u00f3n. Nos parece evidente que este proceso de evaluaci\u00f3n previa, que carece de normas claras y que dura hasta 70 d\u00edas, durante los cuales se deniega al solicitante la entrada al Estado y a los servicios que este ofrece, es abiertamente contrario a este principio.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Despu\u00e9s de pasar la evaluaci\u00f3n previa, los solicitantes se enfrentan a una larga espera adicional; debido al n\u00famero de personas involucradas y a la falta de recursos de la CEPR, el periodo de evaluaci\u00f3n de 60 d\u00edas puede durar hasta un par de a\u00f1os (ya que, seg\u00fan empleados an\u00f3nimos de esta entidad, a mediados de 2019 en sus agendas hab\u00eda entrevistas programadas para el a\u00f1o 2021, es decir, dos a\u00f1os despu\u00e9s).<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

La ralentizaci\u00f3n del proceso de DCR tambi\u00e9n tiene unas repercusiones extremadamente negativas en lo que respecta al acceso a los servicios b\u00e1sicos para la supervivencia. Como parte integrante del mismo, los solicitantes tienen derecho a recibir un Carn\u00e9 de Solicitante de Refugio que les permite trabajar y acceder a los servicios p\u00fablicos en el periodo intermedio. Sin embargo, como dicho carn\u00e9 solo puede obtenerse una vez que se haya pasado por la entrevista oficial con la CEPR en Lima, la mayor\u00eda de los solicitantes no lo pueden conseguir. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El impacto de la COVID-19<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Las dificultades para acceder a los servicios b\u00e1sicos se han visto peligrosamente exacerbadas por la COVID-19. En marzo de 2020, el 60 % de las personas entrevistadas por ACNUR en Per\u00fa manifestaron que ten\u00edan dificultades para satisfacer sus necesidades b\u00e1sicas y, desde mayo, el Grupo de Trabajo sobre Refugio y Migraci\u00f3n (GTRM), encargado de poner en marcha la Plataforma de Coordinaci\u00f3n de la R4V para Refugiados y Migrantes de Venezuela en el Per\u00fa, ha denunciado continuamente el aumento<\/span><\/span>[3]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> del riesgo a sufrir desahucios, inseguridad alimentaria y vulnerabilidad econ\u00f3mica entre los refugiados.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Para combatir la propagaci\u00f3n de la COVID-19, el Gobierno peruano clausur\u00f3 la mayor\u00eda de las actividades econ\u00f3micas del pa\u00eds. Para compensar a la poblaci\u00f3n por el impacto de estas restricciones, instaur\u00f3 medidas para garantizar la continuidad de los salarios y de los contratos de trabajo, y estableci\u00f3 el pago de ayudas de emergencia para las familias que se encontraban en situaci\u00f3n de pobreza. Sin embargo, lo primero solo beneficia a las personas que tienen un empleo en el que est\u00e9n dadas de alta, mientras que lo segundo beneficia \u00fanicamente a los que consten en determinados registros oficiales de ingresos. El 88 % de los solicitantes de asilo carecen de contrato de trabajo, precisamente porque no tienen acceso a los documentos de identidad necesarios para asegurarse un empleo formal. As\u00ed pues, en la pr\u00e1ctica, el cierre de las actividades econ\u00f3micas supuso la eliminaci\u00f3n de toda generaci\u00f3n de ingresos para refugiados y solicitantes de asilo, sin posibilidad de acceder a ayudas econ\u00f3micas relacionadas con el empleo. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Al mismo tiempo, para acceder a las ayudas econ\u00f3micas de emergencia, una familia debe estar inscrita<\/span><\/span>[4]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> en el SISFOH. La inscripci\u00f3n es un laborioso proceso burocr\u00e1tico para el que se requiere disponer de un Documento Nacional de Identidad o Tarjeta de Inmigraci\u00f3n, y pasar por una inspecci\u00f3n del hogar. La inmensa mayor\u00eda de las familias refugiadas no est\u00e1n inscritas, bien porque no han podido acceder al proceso de inscripci\u00f3n o porque carecen de la documentaci\u00f3n necesaria. En marzo de 2020, la vigilancia de las actividades de protecci\u00f3n llevada a cabo por ACNUR mostr\u00f3 que menos del 1 % de los migrantes dispon\u00edan de un hogar propio, lo que evidentemente hace que el proceso de inspecci\u00f3n de la casa sea imposible en la inmensa mayor\u00eda de los casos. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El Gobierno peruano orden\u00f3 que cualquier persona con s\u00edntomas o un caso confirmado de COVID-19 deb\u00eda tener acceso a la atenci\u00f3n m\u00e9dica independientemente de su nacionalidad, estatus o condici\u00f3n migratoria. Sin embargo, parece que algunos hospitales han exigido a los pacientes que presenten un Documento Nacional de Identidad para poder ser atendidos. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Oportunidades para la mejora<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Con el apoyo de la ONU y del sector privado, a finales de mayo de 2020, el Gobierno hab\u00eda distribuido alimentos entre 5000 familias<\/span><\/span>[5]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> de refugiados y migrantes. Paralelamente, a trav\u00e9s del GTRM, se han distribuido 2,5 millones de d\u00f3lares estadounidenses entre m\u00e1s de 53 000 refugiados y migrantes en Per\u00fa, siendo la distribuci\u00f3n total prevista<\/span><\/span>[6]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> de 5,7 millones de d\u00f3lares. Sin embargo, estas medidas de alivio a corto plazo no resuelven el problema sist\u00e9mico al que se enfrentan los solicitantes de asilo en Per\u00fa: es un sistema de respuesta improvisado e ineficiente que no asegura el acceso a las garant\u00edas m\u00ednimas. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

En primer lugar, Per\u00fa necesita invertir en un mecanismo r\u00e1pido y eficiente de emisi\u00f3n de documentaci\u00f3n para reconocer a los solicitantes de asilo como tales. Los carn\u00e9s de solicitante de asilo deber\u00edan entregarse en el momento en que el solicitante entra al pa\u00eds, en vez de estar condicionados a la entrevista oficial de la CEPR. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

En segundo lugar, el Estado debe garantizar que el proceso de DCR cumpla con la legislaci\u00f3n peruana y con los est\u00e1ndares internacionales, y que no se introduzcan medidas ad hoc<\/em>.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

En tercer lugar, frente a las presiones sobre el sistema de asilo del pa\u00eds, ser\u00eda ideal (aunque potencialmente costoso a nivel pol\u00edtico) que el Gobierno pudiera aplicar un reconocimiento grupal o prima facie<\/em> para los solicitantes de asilo de Venezuela. Tanto ACNUR (en repetidas ocasiones) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opini\u00f3n Consultiva 21 han respaldado esta posibilidad. Hacerlo acelerar\u00eda la integraci\u00f3n de los refugiados en la sociedad, ya que la CEPR eval\u00faa solicitudes relacionadas con diferentes situaciones. Durante este proceso, las personas que dispusieran de la documentaci\u00f3n requerida podr\u00edan acceder al empleo y a los servicios p\u00fablicos de los que carecen actualmente.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

En cuarto y \u00faltimo lugar, ante la actual pandemia, el Estado deber\u00eda establecer medidas de protecci\u00f3n que incluyeran a los refugiados y a los solicitantes de asilo. Una medida constructiva ser\u00eda establecer un sistema espec\u00edfico mediante el cual las instituciones p\u00fablicas hicieran entrega de ayudas econ\u00f3micas de emergencia en vez de dejar que sean las ONG quienes asuman la carga de prestar asistencia. Esto tambi\u00e9n podr\u00eda brindar al Estado la oportunidad de elaborar un registro actualizado y preciso de su poblaci\u00f3n refugiada. Estas medidas no pueden adoptarse de la noche a la ma\u00f1ana, pero es hora de iniciar una acci\u00f3n efectiva que ponga fin a la larga espera de los venezolanos para obtener el reconocimiento y el acceso a sus derechos.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Paula Camino Morgado <\/span><\/span>pcamino@pucp.edu.pe<\/span><\/span><\/em><\/a>
\nAsistente de Docencia, Facultad de Derecho de la PUCP <\/span><\/span>http:\/\/facultad.pucp.edu.pe\/derecho<\/span><\/span><\/a><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Uber L\u00f3pez Montreuil <\/span><\/span>ulopez@bullardabogados.pe<\/span><\/span><\/em><\/a>
\nAsistente de Docencia, Facultad de Derecho de la PUCP; asociado, Bullard Falla Ezcurra <\/span><\/span>www.bullardabogados.pe<\/span><\/span><\/em><\/a> <\/em><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

[1]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Oxfam International (2019) S\u00ed, pero no aqu\u00ed: Percepciones de xenofobia y discriminaci\u00f3n hacia migrantes de Venezuela en Colombia, Ecuador y Per\u00fa<\/em><\/span><\/span>
\nwww.oxfam.org\/es\/informes\/si-pero-no-aqui<\/span><\/span><\/a> <\/span><\/span><\/p>\n

[2]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> No hemos conseguido acceder a informaci\u00f3n acerca de los protocolos de protecci\u00f3n de datos en este proceso.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

[3]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Plataforma de Coordinaci\u00f3n de la R4V para Refugiados y Migrantes de Venezuela en el Per\u00fa <\/span><\/span>https:\/\/bit.ly\/3dIFhLS<\/span><\/span><\/a><\/span><\/span><\/p>\n

[4]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Sistema de Focalizaci\u00f3n de Hogares<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

[5]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Centro de Informaci\u00f3n de las Naciones Unidas en Per\u00fa (abril de 2020) \u201cPer\u00fa y la ONU se al\u00edan para ayudar a los refugiados y migrantes venezolanos afectados por el coronavirus\u201d <\/span><\/span>https:\/\/bit.ly\/3jPxUFb<\/span><\/span><\/a><\/span><\/span><\/p>\n

[6]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> GTRM\/R4V (2020) \u201cRespuesta COVID-19\u201d (a 23 de junio de 2020) <\/span><\/span>https:\/\/bit.ly\/2Z6pAsv<\/span><\/span><\/a><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Al principio de la crisis migratoria de Venezuela, Per\u00fa fue uno de los pocos Estados que implement\u00f3 pol\u00edticas para facilitar la entrada y la estancia legales. Con la introducci\u00f3n en 2018 del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) se permiti\u00f3 a miles de venezolanos regularizar su estatus migratorio. 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