{"id":40891,"date":"2021-11-16T00:00:00","date_gmt":"2021-11-16T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fmreview.org\/freier-karageorgiou-ogg-2-2\/"},"modified":"2025-01-22T17:54:56","modified_gmt":"2025-01-22T22:54:56","slug":"freier-karageorgiou-ogg-2","status":"publish","type":"fmr_content","link":"https:\/\/www.fmreview.org\/ar\/freier-karageorgiou-ogg-2\/","title":{"rendered":"Impugnar la legalidad de la externalizaci\u00f3n en Ocean\u00eda, Europa y Sudam\u00e9rica: \u00bfuna tarea imposible?"},"content":{"rendered":"

Este art\u00edculo pone de relieve de qu\u00e9 forma diversos actores han cooperado en la gesti\u00f3n externalizada de la migraci\u00f3n de una manera que deja poco espacio para el escrutinio judicial y la rendici\u00f3n de cuentas. Est\u00e1 basado en anteriores investigaciones de las autoras que examinaron c\u00f3mo las pr\u00e1cticas de externalizaci\u00f3n han dado lugar al debilitamiento de las normas de protecci\u00f3n de los refugiados<\/span><\/span>[1]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Ocean\u00eda <\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

La pol\u00edtica de tramitaci\u00f3n extraterritorial de Australia ha sido impugnada ante los tribunales de Australia, Pap\u00faa Nueva Guinea y Nauru. Aunque el primer caso australiano tuvo \u00e9xito, las subsiguientes reformas legislativas y sentencias judiciales han hecho que cualquier otro intento de impugnaci\u00f3n ante los tribunales de la validez de la tramitaci\u00f3n extraterritorial no sirva para nada. Los solicitantes de asilo y los refugiados a t\u00edtulo individual pueden emprender acciones legales bas\u00e1ndose en el derecho de la responsabilidad civil extracontractual \u2014es decir, el derecho que trata los casos en que una persona comete un da\u00f1o contra otra\u2014, pero solo con el fin de solicitar traslados urgentes para recibir tratamiento m\u00e9dico<\/span><\/span>[2]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a>. Estos casos de traslado por cuestiones m\u00e9dicas no ponen en tela de juicio directamente la validez de la tramitaci\u00f3n extraterritorial. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

La saga de litigios sobre la tramitaci\u00f3n extraterritorial comenz\u00f3 con la impugnaci\u00f3n en 2011 de un acuerdo de externalizaci\u00f3n de Australia con Malasia<\/span><\/span>[3]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a>. El Tribunal Supremo de Australia dictamin\u00f3 que la decisi\u00f3n del ministro de Inmigraci\u00f3n de declarar a Malasia lugar seguro al que enviar a los solicitantes de asilo y refugiados no era v\u00e1lida. La clave de este dictamen fue que la Ley de Migraci\u00f3n de 1958 estipulaba que el ministro solo pod\u00eda hacer tal declaraci\u00f3n si el tercer pa\u00eds ofrec\u00eda protecci\u00f3n. El Tribunal interpret\u00f3 la \u201cprotecci\u00f3n\u201d como los derechos consagrados en la Convenci\u00f3n de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, incluido, entre otros, el de no devoluci\u00f3n y concluy\u00f3 que Malasia no ofrec\u00eda estas protecciones ni a nivel jur\u00eddico ni en la pr\u00e1ctica. En respuesta, el Parlamento australiano modific\u00f3 la Ley de Migraci\u00f3n para eliminar la referencia a la \u201cprotecci\u00f3n\u201d <\/span><\/span>y para establecer que la \u00fanica condici\u00f3n necesaria para que el ministro designe a un tercer pa\u00eds como centro de tramitaci\u00f3n regional es que sea \u201cde inter\u00e9s nacional\u201d. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Todos los casos posteriores ante los tribunales australianos en que los refugiados han intentado impugnar la tramitaci\u00f3n extraterritorial no solo han sido infructuosos, sino que han cerrado la puerta a la perspectiva de ganar futuros litigios. En 2014, <\/span><\/span>un solicitante de asilo iran\u00ed detenido en la isla de Manus impugn\u00f3 la decisi\u00f3n del ministro de designar a Pap\u00faa Nueva Guinea como centro de tramitaci\u00f3n regional<\/span><\/span>[4]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a>. Sostuvo que el ministro est\u00e1 obligado a tener en cuenta las obligaciones legales de Australia y Pap\u00faa Nueva Guinea, la legislaci\u00f3n y las pr\u00e1cticas internas de este segundo pa\u00eds y las condiciones en las que se detiene a los solicitantes de asilo. En una breve sentencia, el Tribunal Supremo de Australia rechaz\u00f3 este alegato ampar\u00e1ndose en que, seg\u00fan la Ley de Migraci\u00f3n, la \u00fanica condici\u00f3n para que el ministro ejerza sus facultades es que piense que es de inter\u00e9s nacional, lo cual es una cuesti\u00f3n pol\u00edtica y no jur\u00eddica. Al designar el \u201cinter\u00e9s nacional\u201d como una consideraci\u00f3n pol\u00edtica, el Tribunal ha cerrado la puerta a las impugnaciones por la v\u00eda jur\u00eddica. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

En 2015, una solicitante de asilo banglades\u00ed trat\u00f3 de impugnar el r\u00e9gimen de tramitaci\u00f3n extraterritorial de Australia solicitando que se declarara que su detenci\u00f3n en Nauru hab\u00eda sido ilegal<\/span><\/span>[5]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a>. El Tribunal Supremo de Australia determin\u00f3 que, aunque fue detenida por Australia, fue solo con el fin de trasladarla a Nauru; a partir de entonces se consideraba detenida por este \u00faltimo Estado (a pesar de que Australia participa muy activamente en la administraci\u00f3n de los centros de internamiento de Nauru). Al fallar en contra de la demandante, el Tribunal sostuvo que las limitaciones constitucionales al poder de Australia para detenerla hab\u00edan dejado de ser de aplicaci\u00f3n una vez trasladada a Nauru. Adem\u00e1s, el Tribunal dictamin\u00f3 que, en virtud de la Constituci\u00f3n de dicho pa\u00eds, no pod\u00eda pronunciarse sobre la fuerza legal de su detenci\u00f3n en Nauru. De conformidad con esta sentencia, las personas solicitantes de asilo sometidas a la tramitaci\u00f3n extraterritorial pueden impugnar la detenci\u00f3n que se produce en Australia ante los tribunales australianos y la legalidad de su detenci\u00f3n en Nauru o Pap\u00faa Nueva Guinea ante los tribunales de esos pa\u00edses<\/span><\/span>[6]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a>. De esta forma, se han reducido las posibilidades de menoscabar las pr\u00e1cticas de externalizaci\u00f3n de Australia mediante la impugnaci\u00f3n de la validez de la detenci\u00f3n en el extranjero ante los tribunales de este pa\u00eds. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

En 2016, los refugiados detenidos en la isla de Manus apelaron con \u00e9xito contra su detenci\u00f3n ante el Tribunal Supremo de Pap\u00faa Nueva Guinea alegando motivos de derechos humanos. Sin embargo, la siguiente acci\u00f3n que emprendieron ante el Tribunal Supremo de Australia para impugnar la validez del acuerdo entre este pa\u00eds y Pap\u00faa Nueva Guinea fracas\u00f3, al concluir dicho tribunal que \u201cni el poder legislativo ni el ejecutivo de la Commonwealth est\u00e1n constitucionalmente limitados por la necesidad de ajustarse al derecho interno de otro pa\u00eds\u201d<\/span><\/span>[7]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Europa<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

A diferencia de la tramitaci\u00f3n extraterritorial institucionalizada de Ocean\u00eda, la estrategia de externalizaci\u00f3n de la UE favorece un modelo de disuasi\u00f3n basado en la cooperaci\u00f3n informal con pa\u00edses clave de origen y tr\u00e1nsito. Enmarcada en el objetivo que, desde hace tiempo, se impuso la UE de luchar contra la migraci\u00f3n irregular, como herramienta dise\u00f1ada para salvar vidas y destinada a poner fin a los peligrosos viajes que emprenden los refugiados, esta cooperaci\u00f3n se ha intensificado durante la llamada crisis europea de los refugiados y despu\u00e9s de esta. El ejemplo m\u00e1s emblem\u00e1tico de esta estrategia ha sido el infame acuerdo UE-Turqu\u00eda. Su principal objetivo era \u201celiminar el incentivo para que los migrantes y solicitantes de asilo busquen rutas irregulares hacia la UE\u201d<\/span><\/span>[8]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> con el compromiso de Turqu\u00eda de readmitir a los migrantes que no hubieran solicitado asilo en Grecia o cuya solicitud hubiera sido declarada \u201cinadmisible\u201d en virtud de la Directiva sobre Procedimientos de Asilo (APD, por sus siglas en ingl\u00e9s). Turqu\u00eda tambi\u00e9n se comprometi\u00f3 a impedir que los migrantes irregulares utilizaran nuevas rutas mar\u00edtimas o terrestres para entrar en la UE a cambio de la liberalizaci\u00f3n de los visados para los ciudadanos turcos y del desembolso de 3000 millones de euros para ayuda humanitaria a los refugiados en Turqu\u00eda.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

La Directiva sobre Procedimientos de Asilo da derecho a los Estados de la UE a rechazar una solicitud de asilo por considerarla inadmisible bas\u00e1ndose en que el solicitante podr\u00eda haber buscado protecci\u00f3n en un pa\u00eds \u201cseguro\u201d no perteneciente a la UE. No es necesario que el pa\u00eds no perteneciente a la UE haya ratificado la Convenci\u00f3n sobre el Estatuto de los Refugiados, pero el solicitante debe tener la posibilidad de adquirir la condici\u00f3n de refugiado y de recibir protecci\u00f3n \u201cde conformidad con\u201d dicho instrumento. Turqu\u00eda ha ratificado su Protocolo de 1967, pero mantiene una limitaci\u00f3n geogr\u00e1fica por la que solo est\u00e1 obligada a considerar como refugiadas a las personas que hayan huido de acontecimientos que tengan lugar en Europa. Esto excluye de hecho a la mayor\u00eda de las que actualmente buscan refugio en Turqu\u00eda. A pesar de que este pa\u00eds, a ra\u00edz del acuerdo, ha modificado su legislaci\u00f3n interna para permitir a los refugiados sirios acceder a los derechos, se considera que sus condiciones de acogida no son compatibles con las normas internacionales. Adem\u00e1s, el acuerdo UE-Turqu\u00eda ha sido criticado por legitimar el confinamiento de los refugiados en los pa\u00edses de primer asilo, lo que menoscaba el derecho de asilo y el principio de solidaridad consagrados en el derecho europeo e internacional. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

En cuanto al escrutinio judicial, el acuerdo ha sido impugnado ante el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (TJUE) por dos ciudadanos paquistan\u00edes y uno afgano, todos ellos residentes en Grecia. Esta habr\u00eda sido una oportunidad para que el Tribunal aclarara las normas oficiales aplicables en la adopci\u00f3n de tales acuerdos dentro de la UE, as\u00ed como sus implicaciones en materia de derechos humanos. Lamentablemente, el Tribunal General de la UE no entr\u00f3 en el fondo de la reclamaci\u00f3n, al considerar que no era competente para resolver el asunto<\/span><\/span>[9]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a>. La cuesti\u00f3n clave que estaba en juego era si el acuerdo, que adopt\u00f3 la forma de un comunicado de prensa bajo el t\u00edtulo \u201cDeclaraci\u00f3n UE-Turqu\u00eda\u201d, ha sido adoptado por una instituci\u00f3n de la UE. En reconocimiento de la ambig\u00fcedad del lenguaje del comunicado de prensa, el Tribunal se dirigi\u00f3 a las instituciones de la UE implicadas en el proceso, a saber, el Consejo Europeo, el Consejo de la UE y la Comisi\u00f3n, y pregunt\u00f3 por la autor\u00eda del acuerdo. Tras un aluvi\u00f3n de negaciones de responsabilidad<\/span><\/span>[10]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a>, el Tribunal concluy\u00f3 que hab\u00eda sido adoptado por los distintos Estados miembros de la UE y Turqu\u00eda, por lo que no era competente para pronunciarse sobre su legitimidad. La principal cr\u00edtica a esta conclusi\u00f3n es que el Tribunal no reconociera que los Estados miembros no habr\u00edan tenido la facultad de celebrar un acuerdo que abarcara asuntos (como el control de fronteras y el asilo) ya regulados por la legislaci\u00f3n de la UE. La otra gran cr\u00edtica es que el Tribunal ignor\u00f3 las pruebas que se\u00f1alaban que hab\u00eda sido el Consejo Europeo quien, de hecho, hab\u00eda adoptado el acuerdo. Las apelaciones de los demandantes no fueron admitidas. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El acuerdo UE-Turqu\u00eda es el reflejo de unos procesos de toma de decisiones y de gesti\u00f3n de la migraci\u00f3n impulsada por la crisis informal y ad hoc<\/em> por parte de la UE, lo que permite la posibilidad de escapar a los controles y sistemas de equilibrio de poderes y, por tanto, crear limbos legales. Cabe se\u00f1alar que las pr\u00e1cticas que facilitan la implementaci\u00f3n de dichos acuerdos \u2014incluidas las detenciones y los procedimientos fronterizos\u2014 han sido objeto de varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pero su legalidad no ha sido cuestionada. Tambi\u00e9n es llamativo que la existencia de acuerdos de readmisi\u00f3n entre la UE o Estados miembros a t\u00edtulo particular con terceros pa\u00edses (por ejemplo, UE-Turqu\u00eda, Italia-Libia, Italia-T\u00fanez) en combinaci\u00f3n con la \u201cexcepcional\u201d presi\u00f3n migratoria ejercida sobre las autoridades nacionales de los llamados Estados europeos en primera l\u00ednea hayan sido utilizadas por el TEDH para justificar unos est\u00e1ndares m\u00e1s bajos en los sistemas nacionales de asilo y acogida, y para rechazar de forma efectiva cualquier demanda de reparaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Sudam\u00e9rica <\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Las ONG y los representantes de ACNUR han denunciado las pr\u00e1cticas basadas en recurrir a un \u201ctercer pa\u00eds seguro\u201d \u2014a menudo carentes de toda base jur\u00eddica\u2014 en la regi\u00f3n sudamericana. Desde 2015, la crisis venezolana planteada por los desplazamientos ha puesto a prueba el sistema de protecci\u00f3n de refugiados relativamente progresivo de la regi\u00f3n. Bas\u00e1ndose en la definici\u00f3n de refugiado que figura en la Declaraci\u00f3n de Cartagena, los pa\u00edses sudamericanos est\u00e1n obligados a reconocer como tales a la mayor\u00eda de los venezolanos desplazados<\/span><\/span>[11]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a>. Sin embargo, muchos Estados han implementado crecientes restricciones al acceso legal, a la residencia y al procedimiento para conceder el asilo.  <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Por ejemplo, antes de mediados de 2019, muchos venezolanos solicitaban asilo en la frontera peruana antes de entrar y continuar su proceso. Sin embargo, entre mediados de 2019 y el cierre de las fronteras al comienzo de la pandemia de la COVID-19 a principios de 2020, Per\u00fa introdujo la entrevista de cribado en la frontera, lo que dej\u00f3 a muchos solicitantes varados durante largos per\u00edodos de tiempo mientras esperaban una respuesta. En la mayor\u00eda de los casos, las solicitudes de asilo fueron rechazadas. Entre junio y diciembre de 2019, solo el 13 % de los demandantes fueron admitidos en el pa\u00eds en la frontera entre Ecuador y Per\u00fa, lo que dej\u00f3 a los solicitantes en un limbo jur\u00eddico al no poder entrar a Per\u00fa ni regresar legalmente a Ecuador, ya que no est\u00e1 permitido el retorno a este \u00faltimo pa\u00eds sin documentaci\u00f3n pasadas 48 horas<\/span><\/span>[12]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a>. En algunos casos, las autoridades de inmigraci\u00f3n peruanas rechazaron a los solicitantes de asilo que no pod\u00edan explicar por qu\u00e9 no hab\u00edan solicitado asilo en Colombia o Ecuador, aludiendo a una disposici\u00f3n en la legislaci\u00f3n del pa\u00eds en materia de refugiados con respecto al asilo en un tercer pa\u00eds seguro. Estas sentencias no han sido impugnadas ante los tribunales peruanos.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Este cambio de pol\u00edtica supone una violaci\u00f3n del derecho de los solicitantes de asilo a disfrutar de unas garant\u00edas procesales, ya que los mecanismos ad hoc<\/em> existentes no garantizan que las preselecciones cumplan con los est\u00e1ndares legales internacionales. Adem\u00e1s, ignora el principio de no devoluci\u00f3n y tambi\u00e9n va en contra de las directrices de ACNUR sobre la determinaci\u00f3n de la condici\u00f3n de refugiado de 1977, que hacen hincapi\u00e9 en que los Estados deben permitir que los solicitantes permanezcan en su territorio durante todo el procedimiento para conceder el asilo. Aunque los oficiales de ACNUR han denunciado pr\u00e1cticas informales con respecto a terceros pa\u00edses seguros en otros Estados de la regi\u00f3n (como Chile y Ecuador), Per\u00fa representa el primer caso de un pa\u00eds sudamericano que aplica sistem\u00e1ticamente una medida unilateral de tercer pa\u00eds seguro para limitar la afluencia de solicitantes de asilo. Lo ha hecho sin respetar los est\u00e1ndares m\u00ednimos de protecci\u00f3n efectiva.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Conclusi\u00f3n <\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Este art\u00edculo ha analizado la reciente evoluci\u00f3n de las pr\u00e1cticas de externalizaci\u00f3n en Ocean\u00eda, Europa y Sudam\u00e9rica. Cada estudio de caso pone de manifiesto la casi imposibilidad de impugnar judicialmente la legalidad de las pr\u00e1cticas de externalizaci\u00f3n. En el contexto oce\u00e1nico, las dificultades se derivan de la falta de un sistema regional de derechos humanos. Sin embargo, en Europa, donde existen estos sistemas regionales de protecci\u00f3n de derechos, los jueces se han mostrado reticentes a arbitrar la legalidad de los acuerdos de externalizaci\u00f3n. En Sudam\u00e9rica, las pol\u00edticas de tercer pa\u00eds seguro se aplican de forma no sistem\u00e1tica e informal, lo que dificulta el uso del sistema judicial para impugnar estas pr\u00e1cticas. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Una cuesti\u00f3n central que los estudiosos del derecho de los refugiados deber\u00e1n analizar en el futuro es c\u00f3mo reajustar lo que se entiende por protecci\u00f3n efectiva y el r\u00e9gimen de derechos de la Convenci\u00f3n sobre el Estatuto de los Refugiados, complementado por el derecho internacional de los derechos humanos y las garant\u00edas procesales. Nuestros hallazgos sugieren que tambi\u00e9n es necesario hacer m\u00e1s hincapi\u00e9 en los estudios comparativos. Por \u00faltimo, cabe seguir investigando c\u00f3mo puede aprovecharse la solidaridad internacional para fundamentar e influir en la elaboraci\u00f3n de pol\u00edticas, el cambio legislativo y los procesos judiciales. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

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Luisa Feline Freier <\/span><\/span>lf.freierd@up.edu.pe<\/span><\/span><\/em><\/a><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Profesora adjunta, Universidad del Pac\u00edfico <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

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Eleni Karageorgiou <\/span><\/span>eleni.karageorgiou@jur.lu.se<\/span><\/span><\/em><\/a><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Becaria postdoctoral Ragnar S\u00f6derberg, Universidad de Lund <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

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Kate Ogg<\/span><\/span> kate.ogg@anu.edu.au<\/span><\/span><\/em><\/a><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Profesora adjunta, Universidad Nacional Australiana<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

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[1]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Freier L F, Karageorgiou E y Ogg K (2021) \u201cThe Evolution of Safe Third Country Law and Practice\u201d en Costello C, Foster M y McAdam J (Eds) The Oxford Handbook of International Refugee Law, <\/em>Oxford University Press, p518. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

[2]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Plaintiff S99\/2016 v MIBP<\/span><\/span><\/em> (2016) FCA 483<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

[3]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Plaintiff M70 v MIC <\/span><\/span><\/em>(2011) 244 CLR 144<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

[4]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Plaintiff S156\/2013 v MIBP <\/span><\/span><\/span><\/em>(2014) 254 CLR 28<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

[5]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Plaintiff M68\/2015 v MIBP <\/span><\/span><\/em>(2016) 257 CLR 42<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

[6]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> En 2013, los solicitantes de asilo de Nauru trataron de impugnar sin \u00e9xito su detenci\u00f3n en virtud del derecho a la libertad de la Constituci\u00f3n de Nauru: AG & Ors v Secretary for Justice <\/em>[2013] NRSC 10.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

[7]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Plaintiff S195\/2016 v MIBP <\/span><\/span><\/em>(2017) 346 ALR 181.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

[8]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Comisi\u00f3n Europea (2016) First Report on the progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement<\/em><\/span><\/span> <\/span><\/span>https:\/\/ec.europa.eu\/home-affairs\/sites\/default\/files\/what-we-do\/policies\/european-agenda-migration\/proposal-implementation-package\/docs\/20160420\/report_implementation_eu-turkey_agreement_nr_01_en.pdf<\/span><\/span><\/a> <\/span><\/span><\/p>\n

[9]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> T-192\/16, T-193\/16, T-257\/16, NF and Others v European Council<\/em>, 28 de febrero de 2017<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

[10]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Carrera S, den Hertog L y Stefan M (2017) It wasn\u2019t me! The Luxembourg Court Orders on the EU-Turkey Refugee Deal<\/em>, CEPS Policy Insights, No 2017-15<\/span><\/span> <\/span><\/span>www.ceps.eu\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/EU-Turkey%20Deal.pdf<\/span><\/span><\/a> <\/span><\/span><\/p>\n

[11]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Blouin C, Berganza I y Freier L D (2020) \u201cThe Spirit of Cartagena? Applying the Extended Refugee Definition to Venezuelans in Latin America\u201d, Revista Migraciones Forzadas<\/em> n\u00famero 64 <\/span><\/span><\/span>www.fmreview.org\/cities\/blouin-berganza-freier<\/span><\/span><\/a> <\/span><\/span><\/p>\n

[12]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Camino P y Montreuil U L (2020) \u201cEl asilo bajo presi\u00f3n en Per\u00fa: el impacto de la crisis venezolana y la COVID-19\u201d, Revista Migraciones Forzadas<\/em> n\u00famero 65 www.fmreview.org\/es\/reconociendo-refugiados\/camino-lopez<\/a><\/span><\/span><\/span><\/span> <\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Este art\u00edculo pone de relieve de qu\u00e9 forma diversos actores han cooperado en la gesti\u00f3n externalizada de la migraci\u00f3n de una manera que deja poco espacio para el escrutinio judicial y la rendici\u00f3n de cuentas. 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