La protección en ausencia de legislación en Trinidad y Tobago

El Estado insular de Trinidad y Tobago ha visto aumentar el número de migrantes en la última década, y es un punto tanto de tránsito como de destino. En consonancia con las tendencias del Caribe, son cada vez más los refugiados de diversas nacionalidades que llegan a las costas de Trinidad y Tobago. En 2014, 184 personas se registraron como solicitantes de asilo en Trinidad y Tobago, 209 en 2015 y 314 en 2016[1]. Según ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, los primeros meses de 2017 presentaron una duplicación de las cifras de 2016, con 640 solicitantes de asilo, refugiados y otras personas en riesgo inscritas a partir de mayo de 2017. Se espera que este rápido aumento continúe, ya que aún quedan muchas personas por registrar; se estima que la cantidad total para 2017 sea de unas 1800 personas.

Los solicitantes de asilo y refugiados en Trinidad y Tobago provienen de seis países principales —Cuba, Venezuela, Siria, Bangladesh, Jamaica, Colombia y Nigeria— lo que representa una combinación de refugiados regionales y extrarregionales. Anteriormente, la mayoría provenía de Cuba y Siria, pero desde 2017 los venezolanos se han convertido en el segundo grupo más grande de solicitantes de asilo. Sin embargo, los refugiados y los solicitantes de asilo también representan a muchos otros países de origen como Pakistán, Congo, Malí, Sudán y Uganda. Más ampliamente, según las estadísticas de ACNUR de marzo de 2017, la cantidad de refugiados y solicitantes de asilo en la región del Caribe[2] aumentó un 50 % entre 2015 y 2016. Los principales diez países de origen en orden descendente son El Salvador, Haití, Honduras, Guatemala, Cuba, Venezuela, Colombia, Siria, Jamaica y Bangladesh.

Deficiencias y problemas de protección

En la Comunidad Independiente del Caribe[3], solo Belice posee legislación en materia de refugiados, mientras que Jamaica y Trinidad y Tobago cuentan con una política de refugiados, pero no con una legislación. Trinidad y Tobago se adhirió a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y a su Protocolo de 1967 el 1 de noviembre de 2000. Hasta la fecha, estos no se han incorporado a la legislación nacional, pero el proceso de preparación para hacerlo ya está en marcha. Este proceso se realiza de una manera elogiablemente participativa con los principales actores, incluida la Unidad de Asuntos Internacionales y la División de Inmigración del Ministerio de Seguridad Nacional, ACNUR y la ONG Living Water Community (LWC, por sus siglas en inglés)[4].

La buena relación entre las partes interesadas ha dado lugar a la protección de cientos de refugiados durante las últimas tres décadas. Una política de refugiados, aprobada en junio de 2014[5], establece que los refugiados tienen derecho a: un permiso que los autoriza a permanecer en el país, el derecho al trabajo, documentos de identidad, documentos de viaje, asistencia pública (si no pueden trabajar y necesitan ayuda), atención médica, libertad de circulación, reunificación familiar, oportunidades educativas y actividades de ocio, asesoramiento para personas con traumas u otros problemas psicológicos, y el derecho a no ser expulsados del país (a menos que supongan una amenaza para la seguridad nacional o para el orden público). Contempla un enfoque de tres etapas para que el gobierno pueda asumir la responsabilidad de protección de los refugiados y encargarse de la determinación de la condición de refugiado. A pesar de que se trata de un calendario sumamente ambicioso, se han fortalecido las capacidades de los actores gubernamentales para que puedan asumir esta responsabilidad.

Sin embargo, los refugiados realmente no reciben todos los derechos comprendidos en la política. Más allá de la libertad de circulación, la atención médica y el derecho a no ser expulsados, en la práctica no existe el derecho al trabajo, no se emiten documentos de identidad al entregar los pasaportes para recibir una orden de supervisión; no hay asistencia pública ni acceso a tratamientos psicológicos culturalmente delicados, el acceso a la educación para los niños es limitada y no existe un camino sencillo para la reunificación familiar.

Cualquier refugiado o solicitante de asilo que desea reclamar protección en Trinidad y Tobago está limitado por la Ley de Inmigración y su reglamento, lo que dificulta la aplicación de medidas de protección eficaces. Las personas que ingresan a Trinidad y Tobago, o que permanecen allí, sin la documentación correcta pueden ser tratadas como delincuentes (encarcelados o multados) y es posible que las encierren en un centro de detención administrativa para ser deportadas a sus países de origen. Las normas de la ley se aplican a solicitantes de asilo y a refugiados, en especial si poseen documentos falsos o son indocumentados.

Cuando los solicitantes de asilo se registran en ACNUR a través de LWC, y conforme a los procedimientos acordados en 2014, son remitidos a la División de Inmigración, que les concede una orden de supervisión. Esto impone un requisito de presentación de informes y protege al solicitante de asilo de la devolución o la detención, siempre y cuando cumpla con las leyes del país. Esta alternativa a la detención se negoció hace años con la División de Inmigración, junto con la eliminación del requisito habitual de pagar una fianza. Sin embargo, un caso reciente de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago ha puesto indirectamente en tela de juicio la legalidad del uso actual de las órdenes de supervisión para los refugiados y los solicitantes de asilo. Las partes interesadas se reunirán para discutir las implicaciones de esta decisión y buscarán soluciones alternativas.

La política de refugiados también reconoce las tres soluciones duraderas que promovió ACNUR para ayudar a los refugiados a reconstruir sus vidas con dignidad y en paz. En Trinidad y Tobago, sin embargo, dado que los refugiados no pueden integrarse legalmente en el país ni trabajar, ACNUR depende en gran medida del reasentamiento como la posible solución principal para la mayoría de los refugiados (tradicionalmente en los Estados Unidos). Esto puede tardar mucho tiempo y no hay garantías de que los refugiados sean aceptados en otro país. Con cantidades reducidas de espacios disponibles de reasentamiento en todo el mundo, la integración local sigue siendo la solución de facto.

Otras preocupaciones de protección se refieren a personas LGBTI[6], niños y mujeres, en particular. Muchas personas LGBTI huyen de sus países de origen buscando refugio en Trinidad y Tobago. Sin embargo, debido a las normas culturales del país y a la Ley de Delitos Sexuales de 1986, se enfrentan a muchas de las mismas preocupaciones de protección en Trinidad y Tobago que tenían en su país de origen. Debido a las restricciones impuestas por la División de Inmigración, las preocupaciones por la falta de lugares en las escuelas y una preferencia por inscribir a refugiados en lugar de a solicitantes de asilo, cada vez son más los niños que no asisten a la escuela. Existe una escasa capacidad para acoger a niños no acompañados o separados; esto se debe, por una parte, a la falta de personal bilingüe y por otra, a una escasez de espacios en hogares infantiles. Mientras tanto, debido a la discriminación que sufren las mujeres latinas en la sociedad trinitense, y a una misoginia arraigada, muchas de las mujeres refugiadas sufren de acoso diario y son particularmente vulnerables a la explotación y el abuso. Esta vulnerabilidad se ve agravada en el lugar de trabajo donde se obliga a las mujeres (y a todos los refugiados, de hecho) a trabajar en la economía sumergida. 

Opciones frente a la escasez de recursos y capacidad 

LWC es la única organización de la sociedad civil en la isla que se dedica a los refugiados. Sin embargo, una asociación reciente con la Universidad de las Indias Occidentales ofrece algo de esperanza para la expansión de servicios mediante clases de inglés (y en el futuro, tal vez cursos de estudios sobre refugiados). Otra asociación prevé la prestación de asistencia jurídica en colaboración con la escuela local de leyes.

Podría decirse que, al igual que cualquier otro Estado, Trinidad y Tobago debe garantizar que se cumplan las obligaciones legales básicas y que se pueda acceder a ellas con facilidad, a pesar de no tener ningún tipo de legislación nacional. Debe prestar asistencia humanitaria a los necesitados en una forma que respete la dignidad y la seguridad de todas las personas. Si bien Trinidad y Tobago pone a disposición sus capacidades y recursos existentes con eficacia y eficiencia para garantizar la protección de los refugiados y todas las personas en su territorio, se deben reconocer sus propias limitaciones como pequeño Estado insular en desarrollo, incluida su recesión en curso. En los casos en los que Trinidad y Tobago no logre brindar protección para la creciente cantidad de solicitantes de asilo, la comunidad internacional debería considerar maneras de proporcionar apoyo apropiado y adecuado para asegurar que se cumplan esas necesidades de protección. Sin duda, todo el Caribe podría beneficiarse de la ayuda internacional adicional.