El activismo contra la trata de personas ha aumentado considerablemente desde que, en el año 2000, se aprobara el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños[1]. Se han dedicado millones de dólares a los esfuerzos en la lucha contra la trata en forma de financiación y han participado un diverso conjunto de agentes. Entre ellos figuran actualmente instituciones gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones civiles de carácter social pertenecientes a los movimientos a favor de los derechos de la mujer, de los migrantes y de los derechos laborales, sindicatos, colectivos religiosos e incluso entidades con ánimo de lucro[ii]. Estos colectivos participan en uno o varios aspectos de los tres “pilares” de la labor contra la trata establecidos en el Protocolo de las Naciones Unidas: prevención, protección y procesamiento.
En su calidad de secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton añadió, en 2009, un cuarto “pilar” —las alianzas— e hizo hincapié en la necesidad de una colaboración y coordinación más efectiva entre los diferentes agentes. Desde entonces, se ha institucionalizado a través de varios grupos de trabajo tanto nacionales como internacionales compuestos por múltiples interesados. Sin embargo, en la respuesta institucionalizada, las grandes ausentes han sido las organizaciones que representan los intereses de quienes trabajan en la industria del sexo. La exclusión de las personas trabajadoras sexuales y de sus organizaciones en el proceso de desarrollo de las políticas que les afectan no es nada nuevo. Esta exclusión, arraigada en puntos de vista tradicionalmente moralistas y estigmatizadores de los trabajadores y trabajadoras sexuales, se ha ido conformando más recientemente a raíz de la conceptualización, por parte de las pensadoras feministas del Norte, del trabajo sexual como una forma de violencia contra la mujer, sobre la que no es posible, por parte de estas, que den su consentimiento expreso. Dichos puntos de vista son los que han moldeado las iniciativas contra la trata y reforzado la marginación de las personas trabajadoras sexuales con consecuencias muy negativas en sus vidas, su trabajo y su bienestar[iii].
El estudio publicado, en 2018, por la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW, por sus siglas en inglés)[iv], en el que se basa este artículo, documenta las estrategias que las personas trabajadoras sexuales y sus organizaciones emplean para prevenir y abordar la violencia, la coacción y la explotación en la industria del sexo (incluidos los casos de trata), y pone en evidencia con claridad que se les debe considerar como socias clave en la lucha contra esta lacra[v].
El conocimiento es poder
Pese a operar en diferentes contextos, las organizaciones de personas trabajadoras sexuales, cuyos representantes fueron entrevistados por la GAATW, adoptan un mismo enfoque para ayudar a estas trabajadoras. Cada una de estas organizaciones gestiona un espacio que sirve como centro de acogida accesible, donde los miembros de la comunidad pueden comer juntos, establecer amistades y entablar conversaciones sobre los temas que les preocupan. También pueden acceder a diversos servicios, desde clases de idiomas hasta grupos de apoyo, orientación, y servicios sanitarios. Todas las organizaciones ofrecen también servicios de ayuda a las personas trabajadoras sexuales: escucha, asesoramiento, intervención y derivación a otros servicios, según las necesidades.
En Tailandia, por ejemplo, la organización Empower organiza clases de tailandés e inglés para estas personas. Estas clases no solo son útiles para trabajar con los clientes (para negociar servicios y precios y evitar malentendidos, por ejemplo), sino también para los casos en los que la persona trabajadora sexual decide dejar la industria y dedicarse a otra cosa. Todas las organizaciones ofrecen asesoramiento jurídico a las personas trabajadoras sexuales, ya sea de forma directa o por derivación, incluso en lo que respecta a conflictos con clientes y jefes, o acerca de su situación como inmigrante. Varias de ellas proporcionan información a los nuevos trabajadores y trabajadoras sexuales acerca de qué zonas son seguras para trabajar; cómo comunicarse y negociar con los clientes y cuáles conviene evitar; cómo y dónde anunciarse y qué tarifas cobrar. Facilitar este tipo de información sobre legislación, derechos y condiciones laborales es una buena práctica establecida para reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes y de las personas trabajadoras con salarios bajos ante situaciones de explotación y de abuso, como la trata. Muchas organizaciones que luchan contra este problema realizan dicha labor informativa.
Todas las organizaciones con cuyo personal hemos hablado también participan en actividades públicas —conferencias, mítines, trabajo con los medios de comunicación o incidencia política— para abordar la criminalización y la estigmatización del trabajo sexual. Esto es importante porque los tratantes explotan dicha criminalización para mantener a las víctimas bajo su control, convenciéndolas de que si acuden a la policía no les creerán, sino que las arrestarán y las encarcelarán por prostitución y, en caso de ser migrantes, serán deportadas. Acabar con el estigma y las sanciones penales y administrativas por el trabajo sexual, así como el establecimiento de una relación respetuosa entre las personas trabajadoras sexuales y la policía facilitaría la identificación (incluida la autoidentificación) de las víctimas de trata en la industria.
Soluciones comunitarias
Nuestra investigación también muestra que las personas trabajadoras sexuales emplean sus propios recursos para ayudar a sus compañeras. En Durban (Sudáfrica), los educadores del programa de ayuda entre pares de la organización Sisonke se encontraron con unas mujeres jóvenes y unas adolescentes que estaban siendo controladas por un proxeneta que había la zona. Bajo el pretexto de repartir preservativos, consiguieron darles a las chicas el número de teléfono de asistencia de la organización, al que más tarde llamarían de forma que el personal que atendía dicha línea telefónica denunció su caso a la policía. Al final, esto dio lugar a que se juzgara con éxito uno de los mayores casos de Sudáfrica de trata de menores con fines de explotación sexual.
En la India, la madame de un burdel acudió a uno de los comités del colectivo de personas trabajadoras sexuales Veshya Anyay Mukti Parishad (VAMP), porque sospechaba que una chica que le había traído un proxeneta era menor. Cuando los miembros del comité fueron al burdel para investigar, el proxeneta se llevó a la chica en un taxi a otra zona de burdeles. El comité alertó a sus homólogos de esa zona, quienes descubrieron adónde se la había llevado. Los miembros del comité la encontraron, comprobaron que efectivamente era menor, se pusieron en contacto con sus padres, les proporcionaron orientación a ellos y a la chica, y los remitieron a la policía. Aunque el proxeneta volvió a escaparse, la acción llevada a cabo por las mujeres del comité tuvo tal repercusión que nunca volvió a esa comunidad.
Lo que este y otros casos documentados en el estudio de la GAATW tienen en común es que las soluciones no siempre son evidentes o convencionales. En algunos casos, las personas trabajadoras sexuales tienen que ser creativas para dar con la mejor solución. Las medidas tradicionales contra la trata para identificar a las víctimas, como las operaciones de “redada y rescate” dirigidas por las ONG o por la policía, suelen ser acontecimientos violentos y traumáticos tanto para las personas trabajadoras sexuales como para las víctimas de trata[vi]. Nuestro estudio muestra que las intervenciones lideradas entre pares, por el contrario, se centran en la persona y son sensibles a las realidades de la industria.
En algunos de los países en los que llevamos a cabo nuestra investigación, las organizaciones de personas trabajadoras sexuales han establecido una pragmática, aunque a veces inestable, cooperación con los organismos estatales y las ONG para abordar presuntos casos de trata. En Sudáfrica, por ejemplo, SWEAT y Sisonke han colaborado en ocasiones con la Línea Nacional Contra la Trata de Personas; y, en la India, algunos agentes de policía reconocen la necesidad de trabajar con VAMP para prevenir la trata.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, las organizaciones de personas trabajadoras sexuales están excluidas a nivel institucional y político. En España, a la organización Hetaira se le negó un lugar en la red nacional de ONG contra la trata. En Sudáfrica, SWEAT tuvo que abandonar la Western Cape Counter-Trafficking Coalition (Coalición del Cabo Occidental contra la Trata de Personas) debido a las hostilidades de otros miembros por su postura hacia el trabajo sexual.
Una agenda común
En última instancia, las organizaciones de personas trabajadoras sexuales son organizaciones de derechos de los trabajadores cuyo mandato principal es garantizar que tanto los agentes estatales como los no estatales respeten los derechos humanos, económicos, sociales, políticos y laborales de sus integrantes. En cierto sentido, su trabajo es muy similar al de las ONG que luchan contra la trata y que son miembros de la GAATW. Por ejemplo, las organizaciones de personas trabajadoras sexuales proporcionan información sobre derechos y condiciones laborales, y acerca de dónde buscar ayuda en caso de que se violen esos derechos. En el campo de la lucha contra la trata, esto se conoce comúnmente como prevención, concienciación o empoderamiento. En los casos en los que se produce una violación de derechos, como puede ser la trata, las organizaciones de personas trabajadoras sexuales ofrecen asistencia para: presentar denuncias y tratar con la policía, con la justicia y con las autoridades de inmigración; cubrir sus necesidades básicas; proporcionarles orientación psicosocial y mediación familiar; y ayudar a las mujeres a regresar a la comunidad y a encontrar empleo. En los programas de lucha contra la trata de personas, estos servicios se suelen denominar servicios de (re)integración o inclusión social.
El hecho de que, de manera automática e inexacta, se relacione todo el trabajo sexual con la trata y la consideración de toda forma de prostitución como explotación impide que muchas organizaciones contra la trata vean las similitudes entre su agenda y su labor y la de las organizaciones de personas trabajadoras sexuales. Sin embargo, ambas agendas y labores no son incompatibles: las organizaciones de personas trabajadoras sexuales pueden abordar situaciones de trata, y las organizaciones contra la trata pueden respetar los derechos de estas personas trabajadoras. Esperamos que el estudio de la GAATW pueda llevarnos a un nuevo enfoque que respete las decisiones y la voluntad de las personas trabajadoras sexuales y que las reconozca como socias esenciales en la lucha contra la trata.
Borislav Gerasimov borislav@gaatw.org
Coordinador del Programa de Comunicaciones y Promoción, Alianza Global contra la Trata de Mujeres www.gaatw.org; Editor, Anti-Trafficking Review www.antitraffickingreview.org
[1] bit.ly/UN-Palermo-Protocol
[ii] Bernstein E (2018) Brokered Subjects: Sex, Trafficking, and the Politics of Freedom, The University of Chicago Press
[iii] Véase, por ejemplo, Chuang J (2010) “Rescuing Trafficking from Ideological Capture: Prostitution Reform and Anti-Trafficking Law and Policy”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 158(6): 1655-1728, https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol158/iss6/4/
[iv] En 2006, el número de RMF titulado “Trata de humanos: defendiendo derechos y comprendiendo vulnerabilidades” se produjo con el apoyo y el asesoramiento de la GAATW www.fmreview.org/es/tratadehumanos
[v] GAATW (2018) Trabajadoras sexuales se organizan por el cambio: representarse a sí mismas, movilización de la comunidad y condiciones de trabajo
https://www.gaatw.org/resources/publications/942-las-trabajadoras-sexuales-se-organizan-por-el-cambio
[vi] Ahmed A y Seshu M (2012) “‘We have the right not to be ‘rescued’...’: When Anti-Trafficking Programmes Undermine the Health and Well-Being of Sex Workers”, Anti-Trafficking Review, Vol 1: 149–165 https://doi.org/10.14197/atr.201219