Los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado son el primer paso para alcanzar ese estatus y, como tal, son profundamente importantes. Sin embargo, su estudio plantea diversos retos.
El sistema de refugiados canadiense se considera, a menudo, un modelo para la determinación de la condición de refugiado. Aunque hay mucho que aprender de lo que hace bien, también hay mucho que aprender de sus fallos.
Aunque, en China, ACNUR procesa todas las solicitudes individuales de determinación de la condición de refugiado, la información que se ha hecho pública acerca de este mandato es escasa. Arrojar luz sobre el procedimiento actual ayuda a identificar los retos y oportunidades que existen en relación con la protección de los refugiados en China.
Procesar incorrectamente la solicitud de asilo de un menor como si fuera un adulto, tras una entrevista de evaluación de la edad, impide atribuir la debida importancia a las vulnerabilidades específicas de los menores, y puede afectar a la integridad y el resultado de su solicitud de asilo.
Las garantías procesales son de vital importancia para todos los aspectos de la determinación de la condición de refugiado (DCR). Las deficiencias en las operaciones para llevar a cabo la DCR a efectos de acceder al reasentamiento y a las vías complementarias precisan una mayor claridad y transparencia.
Las posibilidades de los solicitantes de asilo en Kenia de apelar contra las sentencias relativas a su determinación de la condición de refugiado (DCR) se ven restringidas por su limitado acceso a la representación legal.
Los acuerdos establecidos entre Gobiernos y ACNUR con relación a cómo llevar a cabo la DCR reflejan las distintas motivaciones de ambas partes y los retos a los que se enfrentan.
La India ha expresado en repetidas ocasiones su constante compromiso con la protección de los refugiados y, sin embargo, su sistema dual de reconocimiento de dicha condición presenta un complejo panorama por lo que respecta a la protección.
El traspaso de la responsabilidad de la determinación de la condición de refugiado desde ACNUR a los Estados es un proceso complicado que rara vez se lleva a cabo rápidamente y sin contratiempos. Su éxito —y la capacidad de cumplir con el objetivo principal de proporcionar una protección adecuada a los refugiados— depende de muchos factores.
La OEAA ha visto recientemente cómo se ampliaba el alcance de sus actividades y, en consecuencia, su potencial para influir a nivel nacional en la determinación de la condición de refugiado.
Los estudios realizados en diversas jurisdicciones europeas sugieren que el empleo de comisiones judiciales compuestas por varios miembros en la fase de apelación mejora la calidad y la equidad de la DCR.
Las reformas del sistema de asilo de Grecia mejoraron, en un principio, la ecuanimidad y el grado de independencia de la DCR, pero las reformas posteriores vuelven a plantear interrogantes.
Algunos refugiados sirios en el Líbano han optado por no inscribirse en el registro de ACNUR porque creen —a menudo con razón— que el reconocimiento de su condición de refugiados menoscabará su libertad y el acceso a la asistencia humanitaria de su familia.
Brasil ha empleado el reconocimiento grupal para otorgar la condición de refugiados a más de 45 700 venezolanos. Las prácticas y tecnologías utilizadas bien podrían representar un hito en la protección de los refugiados, pero siguen preocupando las limitaciones y la falta de atención a las vulnerabilidades.
Las experiencias en Irak de los refugiados kurdos apátridas de Siria ponen de relieve la importancia de identificar a los apátridas en los procesos de DCR y los beneficios que esto puede suponer para la protección de los refugiados.
El reconocimiento prima facie de los refugiados que afirman ser de la República Centroafricana depende de que se demuestre su vínculo con dicho país. Se trata de una tarea complicada que también pone de relieve las vulnerabilidades de quienes corren el riesgo de ser apátridas.
En Italia, las incertidumbres inherentes al sistema de asilo afectan a la motivación, las decisiones y el bienestar de los solicitantes.
La COVID-19 ha supuesto un nuevo punto de partida en el debate acerca de la adaptabilidad de los sistemas de asilo. El rápido enfoque constructivo adoptado por Portugal para garantizar los derechos de los solicitantes de asilo durante la pandemia ofrece un modelo de protección que los demás deberían considerar.
La continua crisis en Venezuela ha generado un aumento significativo de las solicitudes de asilo en el vecino Perú. Esto ha excedido la capacidad del Gobierno para responder adecuadamente y de manera oportuna, dificultades que se ven exacerbadas por la pandemia de la COVID-19.
La capacidad de un sistema de asilo para adaptar sus procesos es importante y desempeña un papel clave para garantizar la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, la adaptación nunca debe hacerse a expensas de otros elementos vitales de un sistema de asilo fuerte y justo.
Al final del Plan de Acción PR20 trienal, aplaudo los importantes logros alcanzados por los Estados y otros agentes, y confío en la continuidad de nuestro compromiso compartido para fomentar la protección de los derechos de los desplazados internos.
Con una cifra récord de personas desplazadas internas, lo urgente de la situación ha despertado una mayor atención internacional y un mayor imperativo para que los Estados y la comunidad internacional actúen. La iniciativa PR20 ha destacado una serie de oportunidades para permitir el tan necesario progreso en la búsqueda de soluciones valientes y concretas.
Sudán del Sur se enfrenta a grandes y complejos retos humanitarios, pero la reciente redacción de una ley nacional sobre los desplazados internos refleja la renovación del compromiso y la perspectiva para proteger a sus ciudadanos.
La magnitud, la gravedad y la diversidad de las situaciones de desplazamiento interno no puede entenderse —y mucho menos recibir una respuesta adecuada— sin unos datos globales y precisos. Iniciativas como el Plan de Acción PR20 ofrecen ejemplos de buenas prácticas para avanzar en este ámbito tan complejo.
Los espacios participativos —como los que se organizaron como parte de la iniciativa PR20 en Colombia— deben mantenerse y ampliarse para que los desplazados internos puedan trabajar directamente con los responsables de la toma de decisiones tanto a nivel local como nacional con el fin de identificar y aprovechar las oportunidades para conseguir soluciones duraderas.
Los intercambios entre Estados, en 2019, se centraron en lo que necesitan los Gobiernos de la región de la IGAD para responder más eficazmente a los altos niveles de desplazamientos internos.
Los ejemplos de buenas prácticas relacionadas con la prevención, la mitigación y la preparación de cara a desplazamientos en el contexto de un desastre, debatidos como parte de la iniciativa PR20, han revelado valiosas lecciones sobre las actuaciones tempranas, los datos, las leyes y las políticas y la colaboración de la comunidad.
El análisis de cómo se ha utilizado el marco del IASC a lo largo de la década, desde su lanzamiento en 2010, ofrece algunas reflexiones que pueden ser útiles para quienes trabajan para lograr soluciones duraderas a los desplazamientos internos.