Los gobiernos deberán considerar cada vez con más frecuencia la reubicación de comunidades con el fin de protegerlas de los efectos adversos del cambio climático, ejerciendo la obligación del Estado de poner a salvo a las poblaciones ante riesgos previsibles. La planificación para la reubicación es esencial y requiere la creación de un entorno propicio, incluyendo una base legal para realizarla reubicación planificada, el fortalecimiento institucional y un enfoque integral del gobierno. Esto incluye evaluaciones de riesgo, y la consulta y participación activa de las comunidades afectadas –aquellas que serían reubicadas, las que se quedan y las comunidades de acogida. Centrarse en las dimensiones humanas incluye esfuerzos sistemáticos que permitan que las personas mantengan su identidad, vínculos y conexiones con la tierra y las formas de vida tradicionales.<\/p>\n
La reubicación de comunidades es una tarea compleja y difícil y se necesita el intercambio multidisciplinario de pericias, ideas y acción entre diversos expertos e instituciones, incluyendo los campos de desarrollo, asistencia humanitaria, derechos humanos, gestión del riesgo de desastres, medio ambiente y cambio climático, y planificación urbana y regional. Las lecciones, la experiencia y la orientación existente a partir de directrices y experiencias existentes en otros contextos podrían ser útilmente extrapoladas para la reubicación planificada en el contexto de desastres y cambio climático. Ahora son especialmente necesarios las herramientas prácticas y los planes de acción que ayuden a las autoridades nacionales y locales, y a aquellos que las apoyan, en la gestión de la reubicación planificada.<\/p>\n
Finalmente, se deben crear sistemas de seguimiento y evaluación independientes, a corto y largo plazo, cuantitativos y cualitativos para evaluar los impactos y resultados de la reubicación planificada, y se deben establecer mecanismos para garantizar la rendición de cuentas y proporcionar soluciones a las poblaciones afectadas.<\/p>\n