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La última guerra civil de Sudán entre el norte y el sur terminó en 2005 con el Acuerdo Integral de Paz (CPA, por sus siglas en inglés). Las guerras han provocado el desplazamiento de más de cuatro millones de personas y la muerte de más de dos millones de habitantes del sur del país. El mandato del Acuerdo Integral de Paz consistía en hacer atractiva la unión del norte y el sur, a la vez que se allanaba el camino para la celebración en el sur de un referéndum para decidir sobre su secesión.

Un estudio llevado a cabo en Jordania en 2009 1 muestra que la falta de información y transparencia contribuyen a una dinámica de desesperación entre los desplazados y agrava las condiciones que les llevan a dar crédito a rumores en la toma de decisiones sobre su futuro.

Décadas de conflicto armado en Colombia han desplazado a más de tres millones de personas, fundamentalmente habitantes de zonas rurales, afectando principalmente a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. En 2009, la Corte Constitucional de Colombia, en la audiencia de seguimiento a su sentencia T-025 de 2004 en la que declaró el desplazamiento como un estado de cosas inconstitucional, reiteró que ese estado se mantiene y que la respuesta estatal ante la crisis no ha sido integral ni coordinada.

Se estima que catorce años de guerra civil en Liberia desplazó a un tercio de la población tanto internamente,  como refugiados en países vecinos de África Occidental, Europa y América. Desde el fin de la guerra en 2003, una gran proporción de liberianos han regresado a sus hogares de manera voluntaria o mediante repatriaciones asistidas.

Los cada vez más violentos ataques que el Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) llevó a cabo contra los civiles de Uganda mediante secuestros sistemáticos a gran escala, masacres, mutilaciones y el empleo de niños con fines militares durante la década de los noventa hasta el 2000, provocaron una crisis humanitaria sin precedentes caracterizada por el desplazamiento masivo de la población.

A lo largo de décadas de brutal conflicto, escenario de cientos de pueblos destruidos y millones de personas desplazadas, el régimen birmano no ha realizado ningún esfuerzo por apoyar a la población civil afectada. Como consecuencia, los grupos étnicos armados no estatales birmanos—se cree que controlaban un territorio equivalente a la cuarta parte de la superficie del país— desempeñan un papel crucial como protectores y proveedores de ayuda humanitaria.

Prácticamente la totalidad de los grupos armados dependen en importante medida del apoyo externo. Los grupos armados buscan principalmente el apoyo de otros Estados, así como de las diásporas, de las poblaciones desplazadas y de otros grupos armados, con el fin de evitar que el esfuerzo de guerra recaiga totalmente en la población civil a la que pretenden proteger, una situación que tiene sus costes políticos.