Aunque la mayoría de los derechos relacionados con el empleo están articulados claramente en los instrumentos jurídicos internacionales, los esfuerzos por implementarlos en las leyes nacionales y las prácticas del Gobierno han sido mínimas en la mayoría de los países que acogen a un número relevante de población refugiada. Las pruebas recopiladas en las pocas naciones que han permitido a los refugiados acceder al empleo de forma legal –así como en todos los contextos en los que los refugiados trabajan sin autorización legal– sugieren firmemente que permitir a los refugiados acceder al empleo y al autoempleo resulta beneficioso para las naciones de acogida. Estos beneficios los perciben las naciones de acogida independientemente de que los refugiados se integren en ellas, regresen a sus hogares (repatriación) o sean reasentados en un tercer país. Necesitamos seguir investigando para poder entender cuál es el modo más efectivo de pasar de los campos (u otros entornos que restrinjan el acceso al trabajo) a enfoques que posibiliten a los refugiados participar en la economía nacional.<\/p>\n
Las ventajas de permitir a los refugiados trabajar<\/strong><\/p>\n Aproximadamente el 50% de los refugiados del mundo se encuentra en edad laboral (de 18 a 59 años).[1]<\/a> Si se permitiera el acceso de este sector de población a empleos de forma legal se llenarían vacíos en el mercado laboral del país de acogida. Si se les da la oportunidad, la mayoría de los refugiados trabajará en cualquier lugar geográfico y en cualquier sector que les proporcione un sustento.<\/p>\n Tailandia, por ejemplo, se ha beneficiado del empleo de refugiados birmanos como trabajadores migrantes en zonas rurales. Aunque los birmanos llevaban mucho tiempo trabajando en sectores no regulados en Tailandia, el Gobierno creó un programa regulado de trabajo para migrantes que a día de hoy da empleo a alrededor de 1,3 millones de migrantes procedentes de Birmania, de los que un importante porcentaje cumple probablemente con la definición internacional de refugiado. Se estima que hay entre un millón y un millón y medio más de refugiados birmanos no registrados y otros migrantes que siguen trabajando sin permiso oficial. A consecuencia de esto se ha visto reducido el nivel de pobreza local en las comunidades de la zona de Tailandia y una mejora del crecimiento a nivel regional. La parte negativa es que Tailandia no reconoce la condición de refugiado a los birmanos que son empleados en programas oficiales de trabajo para migrantes, lo que implica que las familias de los trabajadores carecerían de estatus jurídico y protección, y el del trabajador o trabajadora sólo duraría mientras que éste\/a siguiera estando empleado\/a.<\/span><\/p>\n El peso de la población birmana que llena estos vacíos en el mercado laboral se demostró por las malas en 1997 cuando Tailandia deportó a grandes cifras de refugiados birmanos en respuesta a la crisis financiera en Asia. Después de las deportaciones aumentó drásticamente el numero de bancarrotas que se produjeron en las zonas que habían perdido una cantidad importante de birmanos, prueba de que muchas industrias dependían de ellos.<\/span><\/p>\n También Ecuador se ha aprovechado de su población refugiada como un influjo de capital humano. Desde 2008 la Constitución de Ecuador permite a los refugiados acceder a un trabajo remunerado por cuenta ajena o al autoempleo en las mismas condiciones que los ciudadanos ecuatorianos. Ecuador ha venido experimentando un continuo crecimiento económico desde septiembre de 2008 hasta hoy.<\/span><\/p>\n Los refugiados vietnamitas que se exiliaron a Australia han tenido mucho que ver con el crecimiento del comercio entre Australia y Vietnam, del mismo modo que Tailandia se ha beneficiado del comercio transfronterizo realizado por los refugiados birmanos. Aunque las tasas de repatriación de refugiados varían según las circunstancias, la presencia de un lenguaje y una cultura comunes entre los refugiados que regresan a sus hogares y los que se quedan en el país de acogida promueven el comercio internacional entre ellos, con independencia de las relaciones gubernamentales de ambos lugares. Incluso pese a las relaciones hostiles entre Estados Unidos y Cuba, por ejemplo, el comercio entre ambos países ha sido posible a consecuencia de la interacción de los refugiados cubanos con sus compatriotas repatriados o que nunca emigraron.<\/span><\/p>\n Los refugiados también traen consigo conocimientos, destrezas y formación que puede incrementar los recursos disponibles en las economías de sus países de acogida. Por ejemplo, los refugiados han introducido en Guinea los arrozales de labrantío inundado, utilizando tierras que antes no se consideraban aptas para el cultivo. Los refugiados en Nepal introdujeron nuevas técnicas para cultivar cardamomo, un importante cultivo comercial de la zona. Aparte de la agricultura, muchos refugiados traen también conocimientos a nivel profesional o destrezas comerciales. Las políticas que prohíben emplear a los refugiados obligan a individuos capaces a vivir ociosos; las políticas que les permiten trabajar les posibilitan al mismo tiempo mantener sus destrezas y ofrecer los frutos de su formación a la nación que les acoge. Y como la nación de acogida no ha financiado la formación de dichos individuos, los beneficios sobrepasan sobradamente su inversión.<\/span><\/p>\n El capital humano “caído del cielo” que suponen los refugiados se maximiza cuando se les permite viajar hasta los núcleos urbanos donde hay más trabajo. Las comunidades de acogida cosechan los beneficios económicos en forma de nuevos trabajos y un aumento de los ingresos por impuestos que sobrepasan significativamente los costes de los servicios sociales adicionales y las medidas de protección medioambiental.[2]<\/a> Los refugiados que trabajan consumen bienes y servicios, vuelven a poner el dinero en circulación y benefician a las economías de acogida al hacer que aumente la demanda local.<\/p>\n La resistencia abrumadora<\/strong><\/p>\n Permitir a los refugiados trabajar y otorgarles la movilidad necesaria para que puedan garantizarse un empleo sigue siendo una cuestión controvertida. Los Gobiernos de acogida pueden temer que el permitirles disponer de un empleo y movilidad hará que los refugiados se queden allí para siempre, y que eso acabe cambiando posiblemente la cultura del país de acogida o absorbiendo recursos. Los Gobiernos también se enfrentan a la presión por parte de los ciudadanos nacionales que temen que aumente la competencia por los trabajos disponibles, en especial en países en los que el desempleo ya es alto de por sí. <\/p>\n En la práctica los refugiados son más propensos a emprender nuevos negocios que los ciudadanos nacionales, aumentando en lugar de reducir el número de puestos de trabajo disponibles. Los refugiados que trabajan son más propensos también a querer regresar a su lugar de origen, a esforzarse para conseguir disponer de la capacidad financiera suficiente para regresar a su tierra en cuanto les sea posible y a hacerlo antes que si fuera por otros medios.<\/span>[3]<\/a> Son menos propensos a depender de la ayuda económica de los Gobiernos de acogida o de las naciones donantes para repatriarse y suelen disponer de los medios para mantenerse a sí mismos mientras restablecen su vida en su lugar de origen. Y esto aumenta a su vez la capacidad de los países de origen de alojar a sus retornados.<\/span><\/p>\n Los argumentos jurídicos y morales en pos de los derechos de los refugiados no pueden ser más irrefutables. Frente al amplio despliegue de presiones sociales, económicas y políticas que se les oponen, los Gobiernos de acogida deben ser capaces de demostrar a sus ciudadanos que garantizar los derechos de los refugiados va en beneficio de la nación en vez de perjudicarla. En el caso de los derechos laborales de los refugiados, la prueba es la cantidad de beneficios percibidos cuando se les permite acceder de forma legal y segura al empleo.<\/span><\/p>\n <\/p>\n Emily E. Arnold-Fernández emily@asylumaccess.org<\/em> es directora ejecutiva de Asylum Access www.asylumaccess.org<\/a><\/em>. Stewart Pollock stewartrpollock@gmail.com<\/a> <\/em>es estudiante en la escuela de derecho Hasting College of the Law de la Universidad de California www.uchastings.edu\/<\/cite><\/p>\n <\/p>\n [1]<\/a> www.unhcr.org\/statistics\/populationdatabase<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n [2]<\/a> Consejo para los Refugiados de Australia, Contribuciones cívicas y sociales de los Refugiados y de los participantes humanitarios – revisión bibliográfica, pág. 9, disponible en http:\/\/tinyurl.com\/RefCouncilofAus-Contribution<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n [3]<\/a> Véase por ejemplo Paulo Sérgio Pinheiro ‘The Return of Refugees’ or Displaced Persons’ Property’ (La devolución de las propiedades a los refugiados o a las personas desplazadas), 12 de junio de 2002, E\/CN.4\/Sub.2\/2002\/17, sobre la experiencia de los refugiados bosnios que intentaron repatriarse y la importancia de la propiedad. www.refworld.org\/docid\/3d52953c4.html<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Aunque la mayoría de los derechos relacionados con el empleo están articulados claramente en los instrumentos jurídicos internacionales, los esfuerzos por implementarlos en las leyes nacionales y las prácticas del Gobierno han sido mínimas en la mayoría de los países que acogen a un número relevante de población refugiada. 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