Estudios acerca del desplazamiento y del reasentamiento asociados con las explotaciones mineras siguen demostrando de forma fehaciente que existen altos niveles de empobrecimiento entre las personas desplazadas[1], y que los intentos por adquirir conocimiento y prácticas de gestión en la industria minera que cumplan con los estándares internacionales son débiles[2]. Sus repercusiones son muy graves. Las comunidades de acogida y asentamiento se tendrán que enfrentar a que aumente el riesgo de que se violen los derechos humanos, y de que aumente la pobreza y la inestabilidad social. Los Gobiernos asumirán responsabilidades a largo plazo provocadas por el desplazamiento, entre ellas, el tener que tratar con el riesgo de empobrecimiento en zonas remotas. Las empresas verán cómo aumentan sus detractores y cómo su reputación se pone en entredicho, al mismo tiempo que los costes operativos irán en aumento mientras las cuestiones de reasentamiento sigan sin resolverse. Por último, las instituciones financieras internacionales (IFI, por sus siglas en inglés) sufrirán el aumento del escrutinio público sobre si respetan adecuadamente los derechos humanos básicos cuando presten dinero a los sectores extractivos.

El Banco Mundial estableció en 2001 su Política Operativa sobre el Reasentamiento Involuntario (OP 4.12), que se basó en una serie de riesgos de desplazamiento y reasentamiento conocidos para guiar a los acreedores y a los Estados a tomar las diligencias debidas en los proyectos de desarrollo a gran escala. El modelo de Riesgos de Empobrecimiento y de Reconstrucción para el reasentamiento[3] de Michael Cernea es muy reconocido como base conceptual para el marco político de reasentamiento del Banco Mundial y para su Norma de Desempeño 5 de la Corporación Financiera Internacional (IFC PS5, por sus siglas en inglés) sobre adquisición de terrenos y reasentamiento involuntario[4]. La IFC PS5 se ha convertido en la norma internacional por defecto para el sector minero y aunque las organizaciones civiles de carácter social no hayan ratificado de forma explícita las normas IFC, en la práctica se acepta que estas normas ofrecen una protección mínima a las poblaciones afectadas de los conocidos riesgos de reasentamiento.