Los efectos del cambio climático influyen en la frecuencia y la intensidad de los desastres y en los procesos de degradación ambiental lenta, exacerbando los riesgos y vulnerabilidades preexistentes [1]. Entre el 2000 y mediados de 2015 se estima que ocho millones de personas han sido desplazadas o evacuadas en el contexto de los desastres en Sudamérica[2]. Tras haber hecho avances en los últimos años en materia de migración, los foros regionales existentes están en condiciones de contribuir a un diálogo sobre la movilidad humana en el contexto del cambio climático y desastres, que puede conducir a la armonización de las iniciativas nacionales, una mejor comprensión y gestión a largo plazo del desplazamiento y el reconocimiento y la protección de los desplazados ambientales en toda la región.
Foros e iniciativas existentes
El bloque subregional del Mercado Común del Sur (Mercosur) cuenta con un Foro Especializado para Migraciones (FEM) encargado de estudiar los impactos de las migraciones con el objetivo de desarrollar borradores de normas y acuerdos. Los Acuerdos sobre Residencia del Mercosur de 2002 sobre la libre circulación de personas no se refieren específicamente a los desplazados ambientales, pero podrían ser adaptados para facilitar su traslado a otros países de la región, como se sugiere en la Estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión Europea[3]. Los miembros del FEM han reconocido una brecha en la provisión para los desplazados por desastres, y en 2012 los Estados miembros del Mercosur y la Unión de las Naciones Sudamericanas (Unasur) fueron llamados a reconocer el fenómeno migratorio causado por amenazas naturales (migración "ambiental") y crear un protocolo dirigido a aquellos que emigran por razones ambientales.
Uno de los objetivos de la organización regional intergubernamental Unasur es la cooperación en la prevención de desastres y cambio climático, así como en materia de migración. Se está trabajando en el establecimiento de una ciudadanía sudamericana que, además de garantizar el acceso a una amplia gama de derechos, podría facilitar la gestión de los movimientos transfronterizos intrarregionales en el contexto del cambio climático y los desastres.
Representantes de alto nivel tanto del Mercosur como de Unasur han participado en diálogos interregionales incluyendo el Diálogo Unasur-Mercosur sobre Derechos Humanos de los Migrantes y Cooperación Humanitaria 2016 y el Diálogo sobre Derechos Humanos de los Migrantes: Crisis Humanitaria y Seguridad Alimentaria de Mercosur. Como resultado de estos diálogos se acordó en el sentido de que el desarrollo e implementación de instrumentos para la gestión de riesgos y la cooperación humanitaria para salvaguardar los derechos humanos de los migrantes debe ser llevado adelante a nivel regional[4].
La Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM) trabaja en el desarrollo de políticas sobre migraciones internacionales y su relación con la integración y desarrollo regional. En 2015, la CSM actualizó su mandato para incluir el tema "migración, medio ambiente y cambio climático". Por lo tanto, la CSM puede proporcionar un importante espacio de coordinación entre los organismos regionales y subregionales para impulsar el tema de las migraciones ambientales y la adopción de un acuerdo en la región, así como la armonización de iniciativas nacionales existentes. En 2016, a partir de las conclusiones del informe presentado por la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales (RESAMA) a la Secretaria Técnica[5], la CSM acordó realizar un estudio sobre la vinculación entre cambio climático, medio ambiente y migración, así como talleres de capacitación sobre el tema[6].
Finalmente, el programa regional de reasentamiento solidario y otras estrategias que se presentaron en el Plan de Acción de México de 2004 ofrecen soluciones duraderas al desplazamiento, a través de visas humanitarias y cuotas de reasentamiento, estrategias que podrían aplicarse igualmente a las crisis causadas por el cambio climático y los desastres. El Plan de Acción de Brasil de 2014 recomienda la evaluación de las medidas de protección previstas en las normas migratorias y de asilo para determinar su pertinencia a la hora de responder a los desplazamientos entre fronteras causados por el cambio climático y los desastres naturales.
En vista del vacío jurídico en el derecho internacional en lo referente al desplazamiento ambiental, es necesario establecer normas mínimas de protección a nivel regional y nacional. Un acuerdo regional sobre el desplazamiento ambiental permitiría una mejor coordinación entre las políticas migratorias, de reducción de riesgos de desastres y cambio climático en la región y permitirá coordinar las diferentes iniciativas e instrumentos en torno a un único sistema de reconocimiento y protección. Sin embargo, la construcción de tal acuerdo debe ser participativa, especialmente para aquellas comunidades y personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento.
Retos y perspectivas futuras
Hay indicios positivos de que el desplazamiento ambiental está siendo discutido en la región y sus foros, tanto a través de iniciativas nacionales en curso como en foros regionales capaces de iniciar un proceso de negociación regional, como la CSM. Sin embargo, algunas dificultades siguen obstaculizando el progreso. Esto incluye la falta de información completa y detallada sobre el desplazamiento en el contexto del cambio climático y desastres, la necesidad de identificar comunidades ya desplazadas o en riesgo de desplazamiento, la renuencia de los Estados a aceptar nuevas obligaciones relacionadas con la migración, y la multiplicidad de foros, cuyas iniciativas, aunque positivas, pueden ser difíciles de convertir en acción coordinada y consenso.
La ciudadanía sudamericana podría aportar una importante contribución a este tema en materia de libre circulación en la región, lo que facilitaría la acogida de las personas desplazadas por razones ambientales. Sin embargo, no proporcionaría una protección integral a las personas desplazadas. Las propuestas para un acuerdo regional general sobre migración podrían incorporar la cuestión de la migración ambiental, pero ciertamente habrá límites para reglamentar la cuestión en profundidad en un acuerdo migratorio general. La adopción de un acuerdo regional sobre migración ambiental o un protocolo específico en el marco de un convenio regional sobre migración podría ser una solución eficaz. Dicho acuerdo o protocolo no debe limitarse a la cuestión de la acogida, sino también ocuparse de la protección de los migrantes ambientales, su integración y su retorno en condiciones de seguridad y dignidad, presentando soluciones duraderas en lugar de respuestas a corto plazo.
[1] Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2014) Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-FrontMatterA_FINAL.pdf
[2] Rodríguez Serna N (2015) Human mobility in the context of natural hazard-related disasters in South America. Documento de antecedentes para la Consulta en América del Sur de la Iniciativa Nansen, Quito, Ecuador, julio de 2015 https://www.nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/12/14122015_FINAL_BACKGROUND_PAPER_SOUTH_AMERICA_screen.pdf
[4] Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR – IPPDH. Informe de gestión 2016 http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/02/Informe_gestion_2016.pdf
[5] RESAMA (2016) Migración, medio ambiente y cambio climático: agenda 2030, buenas prácticas y desafíos para la región suramericana. http://csm-osumi.org/sites/default/files/documento_de_referencia_-_migracion_medio_ambiente_y_cambio_climatico.pdf
[6] CSM (2016) Hacia el libre tránsito. Declaración de Asunción www.mre.gov.py/v2/Adjuntos/Docs/xvicsm2016.pdf