Bulgaria es uno de los muchos países europeos que tienen que lidiar con su insuficiente capacidad y unas inútiles políticas nacionalistas en la reciente “crisis migratoria”. La respuesta al aumento de las entradas irregulares a través de la frontera entre Bulgaria y Turquía desde 2013 ha sido una gestión de la crisis en la que las estrategias para invertir en soluciones a largo plazo no han predominado. El estado actual de los procedimientos de asilo y de los controles de fronteras en Bulgaria es un típico ejemplo de la dificultad que supone llevar a cabo una protección humanitaria aceptable cuando se ha retirado la intervención internacional pareja al reconocimiento de las crisis a largo plazo. El enfoque actual centrado en reforzar el control de las fronteras viene motivado por el miedo y los intereses políticos, promovido por el creciente clamor de los colectivos nacionalistas de derechas contrarios a la inmigración.
En enero de 2014 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) conminó a otros países europeos a que cesaran los traslados a Bulgaria al amparo del Reglamento Dublín,[1] ya que el saturado sistema de asilo luchaba para lidiar con un incremento anual del 35% de las solicitudes de asilo. A través de su trabajo conjunto con la Agencia Estatal para los Refugiados (SAR, por sus siglas en inglés), ACNUR supervisó una mejora sustancial de las condiciones búlgaras de registro, admisión, alojamiento y detención fronteriza. La capacidad de la SAR se incrementó para facilitar reformas administrativas y para mejorar el proceso de solicitud de registro, de expedición de documentación provisional y de evaluación de las solicitudes de asilo. A su vez, se emprendieron importantes reconstrucciones y reparaciones en los ruinosos centros de tránsito, registro y recepción.
Esta dirección internacional presenció el alcance de unos estándares internacionales mínimos en mayo de 2014, cuando ACNUR se retiró de su papel operativo y levantó la suspensión de los traslados con arreglo a Dublín a Bulgaria. El plan, la velocidad y la prioridad de la implementación de soluciones a largo plazo para las migraciones forzadas y para los derechos de los refugiados y asilados fue una vez más responsabilidad del Estado búlgaro.
La cantidad de solicitudes de asilo que recibió Bulgaria durante el año siguiente ni se estabilizó ni se redujo. Entre enero de 2013 y finales de 2015 se produjeron más de 25 000 solicitudes, las mismas que durante las dos últimas décadas. Solo en 2015 entraron al país más de 13 000 solicitantes de asilo. El último aumento de esta cifra se ha atribuido a que cada vez más gente busca un camino hacia Europa que no implique cruzar el Mediterráneo. Sin embargo, existe una importante desidia en la administración búlgara a la hora de desarrollar unas competencias duraderas a largo plazo para gestionar las necesidades de estas personas vulnerables, y en su lugar se centran en controles fronterizos a corto plazo y en la integridad territorial.
Fronteras y barreras
La totalidad de la frontera entre Bulgaria y Turquía está actualmente equipada con una avanzada tecnología de vigilancia que incluye sofisticados sensores de movimiento y cámaras térmicas y de visión nocturna capaces de penetrar varios kilómetros en territorio turco. La frontera está vigilada por más de 1 500 policías armados situados cada 200 metros y una valla de alambre de espino de tres metros de altura recorre 33 kilómetros. Esa valla está pendiente de ampliarse otros 130 kilómetros después de que el Consejo de Ministros recibiera el apoyo parlamentario necesario para el proyecto en junio de 2015.
ACNUR recomienda que Bulgaria adopte una política de gestión fronteriza sensible con la protección y complementada por un programa de admisión por motivos humanitarios que permita una gestión más eficiente y sensible de los solicitantes de asilo. Sin embargo, se siguen dando denuncias creíbles acerca de personas a las que se ha echado para atrás, o que han sufrido intimidación, agresiones físicas o se les ha denegado la entrada en la frontera.
Los que han conseguido presentar sus solicitudes están esperando a que se determine su condición en uno de los seis centros de recepción, a menudo sin acceso a inodoros con cisterna o a instalaciones separadas donde lavar o cocinar. Los centros consisten en edificios abandonados que han sido rehabilitados pero que nunca fueron preparados para ser habitados a largo plazo. El más grande, Voenna Rampa, era una escuela que ahora alberga hasta a 600 solicitantes de asilo a la vez durante meses, donde se les ofrece dos comidas básicas al día a niños y adultos por igual. Los meses que dura la espera para la determinación de la condición agotan los recursos de cualquier individuo que desee complementar esa penosa provisión. Como oficialmente no pueden aceptar un trabajo o iniciar cualquier tipo de formación, un solicitante de asilo que lleva allí más de tres meses afirma que cada día va en autobús a la ciudad sólo para salir del centro de recepción. “¿Qué se supone que tengo que hacer? No puedo pasarme la vida sentado. Soy un ser humano. ¿No lo entienden?”
Pero por muy difícil que sea la vida en los centros de recepción, es poco probable que sea más fácil para los que reciban su condición y planeen quedarse en Bulgaria. Desde 2013 no ha habido absolutamente ninguna política de integración. Cuando reciben su visto bueno disponen de 14 días para abandonar los centros de recepción pero el Estado no ofrece a los refugiados ninguna asistencia en su transición hacia la sociedad búlgara: ni clases de idiomas, ni formación para desarrollar o convalidar las destrezas y calificaciones necesarias para el mercado laboral, ni acceso a la vivienda, al empleo o a las redes sociales.
No puede mejorarse el trato que reciben los solicitantes de asilo y aumentar el éxito de su integración a largo plazo simplemente mediante más directivas. La eficacia del Derecho internacional y de las directivas de la UE están limitadas por una retórica política nacional con gran carga racista que no reconoce más derechos humanos que los mínimos establecidos por el Derecho internacional.
La falta de una clara política de integración no solo resta justicia y dignidad a los individuos vulnerables sino que también provoca que la sociedad búlgara desperdicie la capacidad productiva y el potencial de aquellos refugiados que desean vivir y trabajar en Bulgaria. La integración no triunfará mientras las políticas del Gobierno y el lenguaje oficial de la migración, el refugio y el asilo siga estando impregnado casi siempre por el discurso del odio y las crisis humanitarias se reduzcan a un discurso sobre la integridad de las fronteras y la cohesión social. Esto deja la difícil tarea de cambiar las actitudes y de ofrecer apoyo a la integración a unas ONG independientes que suelen recibir poca financiación.
Refugee Project es una de estas organizaciones que opera en Sofía.[2] El proyecto recluta voluntarios de la sociedad búlgara y últimamente también extranjeros para ofrecer enseñanza extraoficial y apoyo educativo en los centros de recepción de la capital. La coordinadora Katerina Stoyanova afirmó que: “Necesitamos un espacio para la integración, para hacer contactos y conocer gente”. Las personas que se encuentran en los centros no tienen la oportunidad de conocer a los autóctonos, de socializarse, y están expuestas a sufrir discriminación por parte de todos los partidos políticos.
Pero no está claro sobre quién recae el futuro de la integración oficial y de las soluciones a largo plazo. La primera dificultad a la hora de crear un marco nacional es establecer la responsabilidad departamental: la Agencia Estatal para los Refugiados o el Departamento de Trabajo y Política Social en el caso de Bulgaria. Mientras tanto, programas como el Refugee Project no pueden hacerse responsables de unas medidas de integración oficiales y duraderas.
Eleanor E. Roberts eleanor.roberts@trinity.ox.ac.uk
Estudiante de Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford y voluntaria en la asociación Oxford Aid to the Balkans http://oxabbulgaria.com