Los paquetes migratorios mercantilizados en los corredores de las Américas aumentan los riesgos ya de por sí desiguales y obligan a las personas migrantes carentes de recursos a tomar rutas incluso más arriesgadas. Es urgente contar con políticas eficaces para mitigar y prevenir la explotación a lo largo de estos corredores.

En años recientes, las rutas migratorias que vinculan América del Sur y del Norte han visto un marcado aumento de cruces indocumentados debido a la situación económica precaria, las crisis políticas y los cambios en las políticas migratorias estadounidenses. Destacan tres corredores: el Tapón del Darién, la frontera entre México y Guatemala y la frontera entre los Estados Unidos y México. Cada uno presenta peligros distintivos y economías locales que son determinantes para la travesía de las personas migrantes.

El Tapón del Darién, una selva remota ubicada entre Colombia y Panamá, está marcado por follaje denso, montañas escarpadas y ríos peligrosos. Aunque se consideraba intransitable hasta hace poco, ahora ve pasar a personas migrantes provenientes de Sudamérica, el Caribe, África y Asia, que se abren camino a través de los peligros que presenta. Guías locales, o coyotes, venden suministros de primera necesidad y establecen campamentos, mientras que las redes delincuenciales imponen tarifas o amenazas. Esta dinámica sin regular crea un entorno volátil donde los costos por seguridad pueden subir en escalada. Las personas migrantes que carecen de recursos con frecuencia deciden tomar rutas más peligrosas, enfrentando lesiones, robo o separación. Por ejemplo, una mujer haitiana describió haber reunido fondos para tomar un ‘atajo’, solo para enfrentar cobros inesperados a medio camino.

Más al norte, la frontera entre México y Guatemala combina puestos formales de control con cruces informales, como los servicios de balsa —mediante el cobro de una cuota— para atravesar el río Suchiate. Sin embargo, los intermediarios, incluidos operadores de balsas y funcionarios locales, con frecuencia exigen pagos adicionales por tales servicios. Las personas migrantes también enfrentan extorsión adicional en los puestos de control internos, lo que drena sus recursos y atrapa a algunos en deudas. La presencia de personal militar también sirve para empujar a las personas migrantes hacia rutas más riesgosas, mientras que los negocios locales obtienen ganancias al vender artículos de primera necesidad.

En la frontera entre los Estados Unidos y México, el refuerzo de controles impulsa a traficantes a comercializar rutas costosas ‘más seguras’. Las personas migrantes con frecuencia pagan más por tener algo de certeza, y los costos varían según su nacionalidad o riqueza percibida. La mercantilización se extiende en estos corredores migratorios, lo que intensifica los riesgos para las personas vulnerables y subraya la necesidad de implementar estrategias equitativas para abordar las disparidades perjudiciales.

Nuestra investigación se vale del trabajo etnográfico de campo, la observación de las personas participantes y más de 60 entrevistas realizadas en el período de 2020 a 2023 en el Tapón del Darién, la frontera entre México y Guatemala, y varios lugares a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México^[1]. Las personas entrevistadas incluyeron personas migrantes, actores locales y autoridades gubernamentales^[2].

El auge de los ‘paquetes migratorios’

A lo largo de estos corredores, el nuevo mercado de ‘paquetes migratorios’ ha redefinido la manera en que las personas se mueven hacia el norte. En lugar de depender exclusivamente de acuerdos de tráfico hechos a la medida, las personas migrantes, cada vez más, están comprando niveles organizados de servicios, que con frecuencia se denominan básico, estándar o vip. Estos paquetes prometen diversos grados de seguridad, rapidez y comodidad, y van desde viajes acelerados en bote para cruzar ríos peligrosos hasta suministros de primera necesidad como alimentos, tiendas de campaña y kits médicos básicos. A veces, los paquetes incluso prometen ‘servicios de protección’ de terceros, donde actores locales armados garantizan el paso a cambio de pagos adicionales.

Traficantes, intermediarios locales y agencias de viaje informales presentan estos paquetes como casi indispensables, y sugieren que pagar más se traduce en menos riesgos. Las personas migrantes más adineradas que pueden mostrar evidencia de contar con fondos o patrocinadores financieros son guiadas por caminos más cortos, con paradas de descanso organizadas y áreas apropiadas para acampar. Las personas que las guían pueden prometer horarios más seguros para cruzar (por ejemplo, evitar viajar de noche por la selva) o brindar canoas para cruzar ríos en lugar de balsas frágiles. Sin embargo, en la práctica, muchas rutas ‘exclusivas’ siguen exponiendo a quienes viajan a peligros físicos intensos y a encuentros esporádicos con grupos delincuenciales. Por ejemplo, una persona migrante colombiana contó que pagó aproximadamente el doble del cobro normal para acortar su viaje dos días, únicamente para descubrir a mitad del camino que los guardianes locales exigían pagos adicionales, negando gran parte del beneficio ‘prémium’ prometido^[3].

Riesgos estratificados y experiencias diferenciadas

La mercantilización de la migración crea travesías desiguales que reflejan e intensifican las inequidades globales existentes. Quienes pueden costear servicios prémium enfrentan, en general, menos demoras y riesgos relativamente menores de robo y violencia. Pueden recibir instrucciones más claras sobre qué puestos de control evitar, traslados más rápidos en botes o cuidado médico básico. Una persona venezolana entrevistada que viajaba con dos menores de corta edad destacó que el ‘paquete vip’ les permitió evitar varias zonas de conflicto conocidas en el Tapón del Darién. Aunque se sintió explotada por los altos costos, creía que el pago adicional valió la pena para reducir la exposición de sus hijos a los elementos y limitar su contacto con grupos potencialmente violentos^[4].

Mientras tanto, las personas migrantes que carecen de recursos soportan las condiciones más arduas: travesías por caminos selváticos remotos, cruzar ríos de noche sin equipo, ropa o calzado apropiados, o depender de redes de tráfico antiguas que ya no garantizan el paso seguro. Tienen más probabilidades de confiar en la información errónea que leen en las redes sociales o en los rumores de boca en boca que oyen en el camino. Si se les acaban los fondos, están más propensas a caer víctimas de la extorsión local, lo que incluye paradas repetidas a manos de oficiales corruptos que exigen sobornos.

Las mujeres que viajan solas o con menores enfrentan peligros complejos, en particular, cuando se encuentran en áreas aisladas sin albergue formal. Las personas entrevistadas informaron que algunas bandas de traficantes exigen que las mujeres paguen ‘tarifas de seguro’ adicionales para evitar ataques sexuales, otra capa de la explotación. Los menores no acompañados, muchos de ellos adolescentes que huyen de la violencia o pobreza extrema, describieron cómo se unen a grupos organizados informalmente para obtener protección mutua, pero que siguen siendo vulnerables al secuestro y a la explotación laboral si no logran seguir el paso físicamente o pagar las tarifas por tránsito exigidas.

Algunos traficantes perfilan de manera activa a las personas migrantes según su nacionalidad o riqueza percibida y ofrecen tasas levemente diferentes a personas sudamericanas de habla hispana en comparación con personas migrantes haitianas o africanas. En las áreas fronterizas entre México y Guatemala, varias personas migrantes haitianas y centroamericanas informaron haber sido llevadas por las rutas más largas y menos seguras porque los traficantes supusieron que tenían fondos limitados. Además de agregar una capa de discriminación racial y económica, esta práctica obliga a las personas más pobres a transitar por rutas donde el robo, los ataques o el abandono son más prevalentes. Al reforzar las jerarquías sociales, la industria migratoria mercantilizada garantiza que los riesgos más severos recaerán en quienes tienen menos posibilidades.

Impacto en el acceso humanitario y los esfuerzos de rescate

Agencias humanitarias y organizaciones locales intentan brindar asistencia en estos corredores, pero las prácticas de tráfico por niveles complican su alcance de manera significativa. Las personas migrantes que pagan precios prémium con frecuencia evitan las rutas oficiales y se albergan en guaridas vigiladas que son inaccesibles para los grupos de ayuda. Mientras tanto, las personas que tienen menos posibilidades económicas pueden estar dispersas en caminos remotos o ser forzadas a estadías prolongadas en pueblos fronterizos riesgosos, lo que dificulta la cobertura humanitaria constante.

Personas voluntarias en lugares como Necoclí (Colombia) y Tapachula (México) han encontrado que el cambio continuo de rutas de tráfico obstaculiza su capacidad para prestar servicios esenciales, como asistencia médica, y para entregar alimentos. Depender de caminos clandestinos también reduce la probabilidad de recibir intervenciones rápidas en emergencias. Por ejemplo, en el Tapón del Darién, quienes se desvían de los senderos establecidos para evitar ser detectados tienen más probabilidades de perderse o sufrir lesiones y no tienen esperanza de ser rescatados rápidamente. Por lo tanto, la mercantilización del paso no solo pone a las personas migrantes más pobres en peligro, sino que también limita los esfuerzos humanitarios al aumentar la fragmentación y la invisibilidad de las poblaciones vulnerables.

El papel de las redes sociales

La conectividad digital ofrece líneas vitales esenciales para muchas personas migrantes, como actualizaciones en tiempo real sobre qué puestos de control están activos, debates sobre nuevos cambios en las políticas y consejos sobre alojamientos más seguros o asistencia legal. A pesar de ello, este mismo entorno también fomenta la mercantilización de la migración. Foros en línea, grupos de WhatsApp, cuentas de TikTok y páginas de Facebook sirven como un espacio publicitario masivo para que los traficantes promocionen ‘ofertas de tiempo limitado’ o ‘paquetes migratorios’ de una sola parada. Algunos se presentan como personal humanitario voluntario, solo para exigir pagos exorbitantes una vez han ganado la confianza de las personas migrantes.

Influenciadores y yutuberos que buscan tener un número alto de visualizaciones a veces hacen que estas travesías se vean atractivas al mostrar grabaciones pintorescas del cruce de ríos o subida de montañas tropicales, mientras que disimulan las dificultades brutales que son con frecuencia la realidad. Este retrato depurado puede engañar a personas que están pensando en migrar, pues las hace subestimar los costos potenciales —financieros y personales— y sobreestimar la tasa de éxito de ciertas rutas.

Al mismo tiempo, las redes sociales siguen siendo una poderosa herramienta para la organización de las bases. ONG y defensores de personas migrantes usan Telegram o WhatsApp para compartir advertencias sobre bandas conocidas que se dedican a la extorsión o autoridades locales inescrupulosas. En algunos pueblos fronterizos, páginas de Facebook administradas por personas voluntarias mantienen listas de ‘malos actores’ que deben ser vigilados y motivan a las personas migrantes a denunciar las prácticas explotadoras inmediatamente. Estos esfuerzos colectivos representan una forma frágil pero esencial de protección al consumidor. No obstante, la falta de alfabetización digital robusta entre algunas poblaciones migrantes, aunado a las barreras idiomáticas o el acceso limitado a internet, puede hacer que muchas personas sean particularmente susceptibles a la publicidad engañosa. En definitiva, las plataformas digitales son un espejo de las complejidades más amplias que presentan los corredores migratorios: posibilitan tanto la solidaridad como los artificios, tanto el empoderamiento como la explotación.

Buenas y malas prácticas

Varias iniciativas locales y de base intentan mitigar la explotación a lo largo de estos corredores. Por ejemplo, en Tapachula han surgido ‘economías de cuidado’ lideradas por personas migrantes en las que mujeres haitianas organizan cocinas comunales donde ofrecen alimentos compartidos e información. Al reunir recursos y conocimiento, las personas migrantes reducen su dependencia en los costosos servicios que proveen los traficantes. ONG locales y grupos religiosos también distribuyen suministros básicos y brindan consejo sobre cómo navegar los puestos de control regionales y, de esta manera, reducen la vulnerabilidad de las personas migrantes a las ‘garantías’ fraudulentas.

No obstante, no todas las intervenciones funcionan según lo planeado. Los despliegues militares en la frontera entre México y Guatemala, que buscan interrumpir las operaciones de los traficantes, con frecuencia empujan a las personas migrantes hacia rutas menos transitadas y más peligrosas. El refuerzo de los puestos de control encarece los cobros de los traficantes y profundiza la dependencia en los caminos ocultos. De manera similar, algunas declaraciones de política de alto perfil, incluidos los acuerdos transfronterizos que buscan frenar el movimiento irregular, impulsan, involuntariamente, la demanda de traficantes al restringir las vías reguladas más seguras. Aunque estas medidas pueden ser bien intencionadas, tienen la posibilidad de exacerbar los mismos problemas que buscan resolver.

En el Tapón del Darién, algunos programas piloto que buscan regular a los guías locales y garantizar precios fijos han mostrado ser prometedores. Al emitir credenciales y estandarizar los costos de los servicios, los líderes comunitarios logran reducir la extorsión y proteger a las personas migrantes de intermediarios sospechosos. A pesar de ello, estas medidas exigen monitoreo continuo para evitar la cooptación por parte de redes delincuenciales.

La lección principal está clara. Las medidas fragmentadas o las campañas represivas generalizadas, sin quererlo, incitan nuevas estrategias de tráfico que dañan más a las personas migrantes más pobres. Las políticas y prácticas deben, por el contrario, integrar esfuerzos impulsados por la comunidad, priorizar las opciones de tránsito seguro e incluir esfuerzos de supervisión transparentes. Un enfoque de esta naturaleza tiene el potencial de mitigar la explotación, en lugar de simplemente desplazarla a áreas más peligrosas.

Reflexiones y recomendaciones

Nuestra investigación confirma que la migración en corredores como el Tapón del Darién y la frontera entre México y Guatemala opera cada vez más bajo una lógica de mercado, lo que expone a las personas migrantes carentes de recursos a mayores riesgos. Las redes sociales permiten la navegación en tiempo real a la vez que facilitan el mercantilismo, mientras que las economías locales, que con frecuencia se entrelazan con las redes de tráfico, generan mercados paralelos de productos básicos y ‘rutas más seguras’.

Las intervenciones de política deben ser realistas en cuanto a la participación de intereses delincuenciales y abordar el hecho de que muchos medios de vida locales dependen ahora de la economía migrante. En lugar de campañas represivas generalizadas que empujan a las personas migrantes hacia el peligro, los mecanismos discretos de supervisión podrían centrarse en la identificación y penalización de la explotación repetitiva —incluida la perpetrada por oficiales gubernamentales— sin castigar a las empresas comunitarias pequeñas. La cooperación regional debe ejercer presión para que los precios de los servicios sean más justos y para crear canales seguros y predecibles, incluso si fueran parcialmente informales, en lugar de forzar a las personas a las rutas delincuenciales.

Las intervenciones humanitarias podrían incluir alianzas selectivas sensibles al conflicto con actores locales aprobados que no se benefician directamente de las tácticas peligrosas del tráfico. Establecer puntos de referencia neutros que estén lejos de los centros de tráfico dominantes, y apoyarlos con clínicas móviles o asistencia legal, ayudaría a reducir la dependencia en los ‘paquetes’ explotadores. Generar confianza a nivel local puede requerir métodos creativos de baja visibilidad para proteger a los residentes de represalias por parte de la delincuencia organizada. Las futuras investigaciones podrían revisar cómo cambiar la dependencia local en los ingresos relacionados con el tráfico mediante el desarrollo de medios de vida alternativos, junto con un estudio más profundo del impacto que tiene la desinformación digital en las decisiones que toman las personas migrantes.

 

Alberto Hernández Hernández
Profesor-Investigador, El Colegio de la Frontera Norte, México; Universidad de los Andes, Colombia
ahdez@colef.mx
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Carlos S. Ibarra
Investigador para México, Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México; Escuela de Antropología e Historia del Norte de México
samuel.ibarra@secihti.mx
bit.ly/google-scholar-ibarra

 

^[1] Hernández A e Ibarra CS (2023) ‘Navegando Entre Dominación y Empatía: Desafíos Éticos y Metodológicos en la Investigación del Corredor Migratorio del Tapón del Darién’, Tramas y Redes, 5:29–46

[2] Se obtuvo el consentimiento informado, se priorizó el anonimato y se participó en reflexión continua sobre la posición propia de los investigadores.

^[3] Cruz-Piñeiro R, Hernández Hernández A, Ibarra CS (2024) ‘Commodifying Passage: Ethnographic Insights into Migration, Markets, and Digital Mediation at the Darién Gap and Mexico–Guatemala Border’ [en inglés], International Migration Review, 58(4), 2141-2166.

^[4] Zepeda B, Carrión F, Enríquez F (Eds) (2022) Latin America’s Global Border System: An Introduction [en inglés], Routledge.

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