En diciembre de 2024, los países de América Latina y el Caribe aprobaron una actualización del Proceso de Cartagena, el marco de su región para la protección de la población refugiada. Sin embargo, el nuevo acuerdo carece de medidas concretas de cooperación para hacer frente a los desplazamientos peligrosos.

Al igual que en otras regiones, el flujo migratorio más importante y persistente en el continente americano es el que va del sur al norte, con los Estados Unidos como principal destino. Por eso, las principales rutas migratorias intrarregionales van desde América del Sur, pasando por Panamá y Centroamérica hasta México, donde la frontera terrestre con los Estados Unidos se ha convertido en la principal puerta de entrada para el ingreso regular e irregular en América del Norte. Estas rutas se estrechan en un cuello de botella crítico entre Colombia y Panamá: el tapón del Darién, la ruta más peligrosa de la región.

Retos para la protección en el tapón del Darién

La hostilidad del Darién se debe tanto a sus duras características naturales como a los riesgos de seguridad que plantea la presencia de pandillas, narcotraficantes y grupos guerrilleros. Hasta hace poco, solo un número escaso de personas aventureras, académicas y periodistas con experiencia se aventuraban allí. Sin embargo, en la última década, cada vez se han registrado más oleadas de personas migrantes que utilizan esta ruta como puente hacia el norte, sobre todo hacia los Estados Unidos. El flujo, inicialmente dominado por personas de nacionalidad cubana o haitiana, incluye ahora día tras día a miles de migrantes de diversos orígenes, como el Ecuador, el Congo, China, el Afganistán y, sobre todo, Venezuela. Esta tendencia se ha acelerado debido al empeoramiento de las crisis políticas y económicas en los países de origen de las personas migrantes, unido a unos controles migratorios más estrictos en Centroamérica, impuestos bajo presión estadounidense para frenar la llegada de personas migrantes, quienes han empezado a buscar rutas alternativas.

El tráfico ilícito de personas se ha convertido en un negocio muy rentable, con organizaciones delictivas (como el poderoso grupo paramilitar Clan del Golfo), que cobran tarifas exorbitantes por ayudar a las personas migrantes en sus arriesgadas travesías. Si bien prometen un trayecto de un solo día, la realidad es mucho más dura y, a menudo, puede llegar a durar hasta 10 días. Las personas migrantes soportan penosas caminatas, noches en la selva, arriesgadas travesías en embarcaciones, sed y hambre. Las que sufren problemas de salud, lesiones o agotamiento suelen ser abandonadas por quienes las guían o sus acompañantes. Encontrar cadáveres o presenciar muertes a lo largo de la ruta es trágicamente frecuente. El riesgo de violencia sexual es tan elevado que muchas mujeres llevan consigo anticonceptivos de emergencia (la píldora del día después).

Un reto considerable para la protección internacional es que la migración por estas rutas es altamente mixta, ya que abarca tanto la migración voluntaria como la forzada. El ACNUR y las organizaciones humanitarias consideran que la crisis del tapón del Darién es una responsabilidad regional y no un problema exclusivo de los países directamente afectados. Sin embargo, los Gobiernos regionales han encontrado dificultades para establecer una cooperación bilateral o mecanismos multilaterales con los que abordar la protección internacional a lo largo de rutas migratorias peligrosas como el Darién. Esta inacción se debe en gran medida a la politización de las políticas migratorias y a la influencia de la política de inmigración estadounidense. Las presiones que han ejercido diversas administraciones estadounidenses sobre varios Gobiernos de América Latina han obstaculizado la cooperación regional. Colombia y Panamá, a escala bilateral, dan prioridad a sus preocupaciones de seguridad nacional frente a sus obligaciones de protección internacional en el Darién, donde las instituciones estatales se esfuerzan por mantener una presencia constante.

Cartagena+40 y los desplazamientos peligrosos

América Latina y el Caribe tienen una larga tradición de protección internacional en el contexto de la migración forzada y el asilo[1]. La Declaración de Cartagena de 1984 amplió la definición de persona refugiada respecto a la de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y sentó las bases de un marco de protección regional. A lo largo de cuatro décadas, el Proceso de Cartagena ha evolucionado como un régimen de gobernanza en el que participan Gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil. La Declaración de San José (1994) y las Declaraciones y Planes de Acción de México (2004) y el Brasil (2014) renovaron el compromiso de solidaridad de la región. A pesar de no ser vinculantes, estos marcos cuentan con un amplio respaldo por parte de los Estados e interlocutores de la política migratoria que se ocupan de cuestiones relacionadas con la apatridia y las personas refugiadas[2].

Cuarenta años después de la Declaración original, el 12 de diciembre de 2024, los Gobiernos participantes en Cartagena+40 aprobaron en Santiago de Chile una nueva Declaración y Plan de Acción para guiar las políticas de protección internacional en la región durante la próxima década (2024-2034). Sin embargo, aunque el Proceso de Cartagena+40 actualizó y amplió aspectos de la protección internacional y la gobernanza de la migración forzada a escala regional, no logró establecer mecanismos concretos para abordar los trayectos peligrosos. En su introducción, el Plan de Acción de Chile reconoce este problema, afirmando lo siguiente:

“Se ha observado que las personas enfrentan cada vez más riesgos a lo largo de las rutas por las que se desplazan, como extorsión, secuestro, desapariciones, muerte y violencia, incluida la violencia basada en género, reclutamiento forzado, explotación y trata de personas”.

En el documento se subraya, además:

“De particular preocupación es el impacto desproporcionado al que están sujetas las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, y las personas en situación de vulnerabilidad, quienes representan una proporción significativa de quienes se desplazan”.

A pesar de este firme reconocimiento de los peligros asociados a algunas rutas migratorias, Cartagena+40 no consiguió garantizar una acción regional eficaz. Si bien el documento reafirmaba el compromiso individual de cada Estado con la protección de la población refugiada en los países de tránsito —en consonancia con el Pacto Mundial sobre los Refugiados—, no alcanzó a establecer medidas concretas de aplicación. Además, el capítulo 1(1) compromete a los Estados a “(d) Desarrollar sistemas de seguimiento y registro en tránsito, incluso biométricos […]; (e) Garantizar procesos de identificación, atención, registro y referencia oportuna […]”[3], pero estos compromisos dejan margen para interpretaciones tanto basadas en la seguridad como en los derechos, lo que hace que la repercusión global de Cartagena+40 sea en cierta medida ambigua.

Aportación de las organizaciones de la sociedad civil

Resulta crucial reconocer que las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a las personas migrantes y refugiadas desempeñan un papel clave en las labores de protección y, a menudo, son las primeras en responder a sus necesidades. En el marco del Proceso de Cartagena+40, la Secretaría Técnica celebró tres consultas temáticas que reunieron no solo a delegaciones gubernamentales, sino también a más interlocutores importantes, como organizaciones de personas refugiadas y desplazadas, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas. Se consultó a estas organizaciones sobre cinco temas para determinar políticas y proporcionar ayuda inmediata.

En este contexto, dos redes regionales confesionales (Red Jesuita con Migrantes y Red Clamor) aprobaron un documento con recomendaciones organizadas en siete áreas temáticas[4]. Además de abordar los cinco temas tratados en la consulta, el documento destaca otros dos aspectos críticos: en primer lugar, la necesidad urgente de abordar los corredores migratorios con condiciones críticas, es decir, “donde las personas están experimentando condiciones de extrema vulnerabilidad y violaciones de derechos humanos, debido a las políticas de contención” y, en segundo lugar, los mecanismos de participación, cooperación regional, implementación y seguimiento del Plan de Acción de Chile. El Darién se menciona específicamente en el tema 6, como corredor migratorio que representa un reto regional ineludible. Las recomendaciones abogan claramente por una respuesta regional integral, haciendo hincapié en la necesidad de cooperación entre los Estados para: fortalecer las instituciones civiles en lugar de militarizar las respuestas; identificar el Darién como parte de un itinerario continental más amplio que involucra a los países de origen, tránsito y destino, lo que requiere una estrategia regional coordinada, y establecer corredores humanitarios en los que las instituciones gubernamentales trabajen en colaboración con las organizaciones internacionales para dar prioridad a las medidas de protección frente a los planteamientos centrados en la seguridad.

Estas recomendaciones podrían haber contribuido a que el Plan de Acción se convirtiera en una alternativa sólida y eficaz, que ofreciera una solución viable a las deficiencias actuales. Una estrategia regional bien coordinada —basada en la cooperación, los principios humanitarios y el apoyo institucional— no solo podría haber mejorado la protección de las personas migrantes, sino también haber contribuido a una mayor estabilidad regional. Mediante una colaboración significativa, los Estados podrían haber cambiado sus respuestas fragmentadas y reactivas por un marco cohesionado y proactivo que defendiera los derechos humanos y garantizara vías migratorias más seguras para todos. Sin embargo, las recomendaciones no se incorporaron a los documentos finales de Cartagena+40.

Oportunidad perdida

Por todo lo anterior, la Declaración y el Plan de Acción de Chile no introdujeron medidas sustanciales para abordar mediante mecanismos regionales los trayectos migratorios peligrosos. En consecuencia, la respuesta predominante sigue siendo la misma: el ACNUR seguirá instando a los Estados a que adopten medidas individuales, mientras que los organismos estatales independientes —como las instituciones nacionales de derechos humanos, las defensorías del pueblo (entidades públicas) y las fiscalías—, junto con las organizaciones humanitarias y de derechos humanos, intentarán salvar las brechas que deje la insuficiente cooperación estatal.

De cara al futuro, será esencial incidir de forma sostenida para exigir compromisos regionales concretos que den prioridad a la seguridad y la protección de quienes emprenden estos peligrosos trayectos.

 

Gilberto M A Rodrigues
Profesor asociado, Universidade Federal do ABC (UFABC); investigador del CNPq Brasil (Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil); miembro del Comité Académico del Proceso de Quito
gilberto.rodrigues@ufabc.edu.br
www.linkedin.com/in/gilberto-m-a-rodrigues-83872829/

Luiza Fernandes e Silva
Doctoranda en Ciencias Humanas y Sociales de la UFABC
fernandessluiza@gmail.com
www.linkedin.com/in/luizafernandess/

Ambos autores son miembros de la red Cátedra Académica Sergio Vieira de Mello.

 

[1] Véase el número 56 de la Revista Migraciones Forzadas, octubre de 2017, titulado ‘América Latina y el Caribe: construyendo sobre una tradición de protección’ http://www.fmreview.org/es/latinoamerica-caribe/

[2] Rodrigues GMA (2021) ‘South America and The Cartagena Regime: A Comprehensive Approach to Forced Migration Responses’ en Carrera S y Geddes A (Eds) The EU pact on migration and asylum in light of the United Nations global compact on refugees: International experiences on containment and mobility and their impacts on trust and rights, Instituto Universitario Europeo [en inglés] bit.ly/south-america-cartagena

[3] Declaración y Plan de Acción de Chile 2024-2034 bit.ly/chile-2024-2034-es

[4] Propuestas de las Organizaciones basadas en la fe para la construcción de la Declaración y el Plan de Acción de Chile 2024-2034 (Cartagena+40), Roma, 2 de julio de 2024 bit.ly/final-cartagena-40-sp

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