Las rutas migratorias que unen África con Europa registran una de las mayores tasas de muertes del mundo. Reconocer la importancia crucial de los Estados para abordar esta cuestión es el núcleo de una nueva Red de enlaces nacionales para la desaparición de migrantes.

Según el Proyecto sobre Migrantes Desaparecidos de la OIM, de las más de 70 000 personas que han fallecido o desaparecido en las rutas migratorias de todo el mundo en los 10 años transcurridos desde 2014, más de 31 000 casos se registraron en el Mediterráneo y 16 000 en el continente africano. En otro informe, elaborado por el ACNUR, la OIM y el Mixed Migration Centre, se calcula que, al ser muchas más las personas que cruzan el desierto del Sahara que el mar Mediterráneo, el número de personas migrantes que fallecen en el desierto duplica al de quienes mueren en el mar. Está claro que muchos casos no quedan registrados, ya que estas personas pierden la vida durante desplazamientos migratorios cada vez más peligrosos, se convierten en víctimas de la trata de personas o desaparecen en detenciones irregulares. Con al menos 8500 decesos registrados a lo largo de las rutas migratorias de todo el mundo, 2023 fue el peor año para la migración del que se tiene conocimiento. Esta cifra representa un trágico aumento del 20 % con respecto a 2022, lo que pone de relieve la urgente necesidad de tomar medidas para evitar más pérdidas de vidas humanas.

Rara vez llega a conocerse la suerte de quienes mueren o desaparecen durante su desplazamiento migratorio. A la mayoría de las personas fallecidas se las entierra en tumbas sin nombre en el trayecto o en el país de destino, o nunca se recupera su cuerpo. Esto tiene consecuencias devastadoras para las familias y comunidades que dejan atrás, ya que se enfrentan a la incertidumbre perpetua sobre la suerte que corrieron sus seres queridos, así como a la estigmatización, las dificultades económicas por la pérdida del sostén de la familia y toda una serie de necesidades psicosociales. Cuando estas cuestiones no se abordan debidamente a escala gubernamental, pueden llegar a convertirse en causas adicionales de inestabilidad y migración.

Gestión de las funciones y responsabilidades de los Estados

Si bien el derecho internacional carece de un marco global de obligaciones aplicables específicamente a las personas migrantes desaparecidas, sí contiene disposiciones relativas a otras personas desaparecidas y su familia. Por ejemplo, el derecho internacional humanitario define las obligaciones de búsqueda de personas desaparecidas y fallecidas en el contexto de un conflicto armado. El derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), en particular en virtud de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, obliga a los Estados partes a tomar medidas preventivas, investigar los casos y ofrecer reparación a las víctimas. En septiembre de 2023, el Comité contra la Desaparición Forzada adoptó su primera Observación general relativa a la desaparición forzada en el contexto de la migración, en la que destaca que el creciente número de personas migrantes en paradero desconocido incluye a víctimas de desaparición forzada. Se ha interpretado que de otros tratados de derechos humanos se derivan también obligaciones relacionadas con esta cuestión. Dichas obligaciones incluyen esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y garantizar que los Estados respeten los derechos de sus familiares y de las personas fallecidas[1]. Además, la prohibición de las devoluciones sumarias en virtud del principio de no devolución y la detención de personas migrantes sin el debido registro, así como el derecho de las personas migrantes detenidas a ponerse en contacto con sus familiares o su representante legal, son principios contemplados en el DIDH que atañen a esta cuestión. Si bien el derecho internacional de los refugiados no se ocupa directamente de las personas desaparecidas, sus disposiciones relativas a la no devolución, la reagrupación familiar, la protección de los grupos vulnerables y los principios humanitarios tienen una pertinencia directa para la cuestión de las personas desaparecidas y separadas.

Los Estados también han empezado a desarrollar compromisos políticos, políticas y prácticas cada vez más específicos encaminados a aumentar las iniciativas para prevenir y resolver los casos de personas migrantes desaparecidas. Este avance requiere las instauración de marcos jurídicos e institucionales adecuados y eficaces, el intercambio de conocimientos y capacidades técnicas, y una mayor cooperación a lo largo de las rutas migratorias. Tales compromisos reconocen que las iniciativas para prevenir y abordar los casos de desaparición de personas migrantes no pueden tener éxito sin que los Estados desempeñen un papel central, ya que estos tienen prerrogativas únicas que no pueden ejercer otro tipo de agentes. Por ejemplo, la identificación de una persona fallecida es un acto jurídico, normalmente basado en análisis científicos, que únicamente pueden llevar a cabo autoridades estatales. Los Estados también poseen información de vital importancia para cualquier búsqueda, por ejemplo la contenida en las bases de datos de migración y los registros de detenciones. Por último, los Estados disponen de recursos y capacidades inigualables, en el ámbito de la recuperación y gestión de las personas fallecidas, la búsqueda de personas desaparecidas (incluso a través de las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley) y el poder de promulgar y modificar políticas y prácticas que ayuden a prevenir el problema o a solucionarlo.

A escala continental, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos asumió un papel destacado en 2021 con la adopción de la resolución sobre personas migrantes y refugiadas desaparecidas en África y la repercusión en sus familias. La resolución establece una amplia gama de medidas que los Estados deben adoptar para prevenir la desaparición de personas migrantes y abordar las múltiples consecuencias que generan dichas desapariciones para sus familias y comunidades. En septiembre de 2024, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hizo lo propio al adoptar la resolución sobre Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo desaparecidas – Un llamamiento para esclarecer su suerte. Estas iniciativas demuestran que, para un número cada vez mayor de Estados, ignorar la muerte y desaparición, muy a menudo evitable, de miles de personas migrantes ya no es una opción.

Estudio de caso: Gambia

Como muchos otros países de África Occidental, Gambia se ha visto profundamente marcada por la migración como país de origen, tránsito y destino. Dado que más del 60 % de su población es menor de 25 años, el país se enfrenta a una elevada tasa de desempleo y subempleo juvenil, que empuja a muchas personas a buscar oportunidades en el extranjero. La historia política de Gambia, marcada por 22 años de represión bajo el mandato del expresidente Yahya Jammeh, también ha contribuido a la emigración. Si bien el clima político ha mejorado desde 2017, persisten los problemas sistémicos, que provocan una continuidad de la emigración.

A falta de vías suficientes para migrar de forma regular, las personas migrantes de Gambia suelen emprender peligrosos trayectos migratorios, generalmente por la ruta del Mediterráneo central a través de Senegal, Malí, Níger y Libia, o la ruta del Mediterráneo occidental atravesando Marruecos en dirección a España. Estas rutas están plagadas de riesgos, como las condiciones extremas del desierto, el hacinamiento en las embarcaciones y la amenaza constante de la trata de personas, el trabajo forzado y la explotación, sobre todo en el norte de África. Como consecuencia de ello, una gran proporción de personas migrantes de Gambia nunca llegan a su destino. Solo en 2024, el Ministerio de Asuntos Exteriores registró unos 50 casos de familias que buscaban a sus seres queridos desaparecidos. Según Ebrima Drammeh, destacado activista gambiano en favor de las personas migrantes, en 2024 desaparecieron 1608 nacionales de Gambia[2] mientras intentaban llegar a Europa cruzando el Mediterráneo. Las mujeres y menores se enfrentan a vulnerabilidades adicionales, en particular durante la detención y la deportación sin protección legal.

El Gobierno de Gambia ha reconocido que la suerte de su ciudadanía desaparecida en el extranjero es una prioridad política. En 2023, se unió a la Alianza Mundial para los Desaparecidos, una iniciativa puesta en marcha por Suiza y el CICR en 2021. Esta alianza, que ahora cuenta con 13 Estados miembros, sensibiliza sobre las personas desaparecidas y las familias separadas, influye en las respuestas mundiales e impulsa medidas para abordar este reto crítico. Al mismo tiempo, Gambia ha empezado a reforzar los marcos jurídicos e institucionales en relación con las personas desaparecidas y a aumentar la capacidad en ámbitos como la identificación y el rastreo, así como la gestión de fronteras. Las autoridades también están trabajando para ampliar las oportunidades de migración regular como una medida esencial para mitigar los riesgos a los que se enfrentan las personas del país que buscan un futuro mejor en el extranjero.

En lo que respecta específicamente a la población migrante desaparecida, Gambia ha creado un Grupo de Trabajo Técnico Interinstitucional sobre Personas Migrantes Desaparecidas, que ha implantado sistemas comunitarios para aprovechar las redes locales y las organizaciones de la sociedad civil en la recopilación de datos ante mortem. Para facilitar el intercambio de información utilizan plataformas digitales de comunicación como grupos de WhatsApp, canales de televisión en línea gestionados por activistas y Facebook. Estas plataformas ayudan a familias, comunidades y organizaciones a informar de casos, compartir actualizaciones y rastrear en tiempo real a personas migrantes que han desaparecido. Aunque esta iniciativa mejora la coordinación y la colaboración entre los organismos gubernamentales y agentes locales, la verificación de la información y el apoyo a las familias afectadas sigue siendo un reto. Sin embargo, este planteamiento reconoce el papel vital de los miembros de la comunidad, activistas y grupos de la sociedad civil a la hora de abordar los retos relacionados con la migración, sensibiliza sobre los riesgos de la migración y proporciona una plataforma para que las familias afectadas soliciten ayuda.

Además, Gambia ha establecido servicios de apoyo psicosocial para las familias afectadas y ha reforzado su colaboración con organizaciones como la Sociedad de la Cruz Roja de Gambia, el CICR y la OIM. También ha formado un Grupo Nacional de Trabajo sobre Personas Migrantes Desaparecidas, integrado por instituciones clave como los ministerios de Justicia, Interior, Sanidad y Género, además de la Sociedad de la Cruz Roja de Gambia. Para que estas medidas a escala nacional den frutos, sobre todo en lo que respecta a la resolución de los casos de personas gambianas desaparecidas en el extranjero, se necesita una mayor cooperación entre los países de origen, tránsito y destino. Ese es precisamente el objetivo del Proceso de Rabat al abordar la cuestión de las personas migrantes que han desaparecido.

Proceso de Rabat: de las recomendaciones a la acción

Desde su inicio en 2006, el Proceso de Rabat, formalmente conocido como Diálogo Euroafricano sobre Migración Internacional y Desarrollo, ha servido de importante plataforma para fomentar el diálogo y la cooperación entre 57 países asociados e importantes partes interesadas, entre ellas la Unión Europea y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Al conectar países de origen, tránsito y destino de Europa y toda África Central, Occidental y Septentrional, ofrece un espacio único para que responsables políticos y profesionales intercambien conocimientos y aborden conjuntamente los retos de la migración y el desarrollo. Al reconocer que las respuestas eficaces requieren una acción coordinada, el Proceso de Rabat se ha vuelto fundamental en la formulación de recomendaciones políticas y su puesta en práctica en iniciativas tangibles.

Al conceder al CICR la condición de observador permanente en diciembre de 2022, el Proceso de Rabat aspiraba a reforzar su compromiso con la protección de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Desde entonces, en estrecha colaboración con la Secretaría, el CICR ha desempeñado un papel crítico en la transformación del diálogo en una acción significativa basada en los principios humanitarios.

En el contexto de su iniciativa diplomática sobre personas migrantes en paradero desconocido, en 2021 Suiza comenzó un diálogo sobre personas desaparecidas en el contexto de la migración en el marco del Proceso de Rabat. A partir de entonces, el tema se introdujo como un hito clave en el Plan de Acción de Cádiz (2023-2027), el plan de acción estratégico del Diálogo. Como parte de este plan, los Estados miembros acuerdan establecer canales de coordinación transregional, comunicar a las familias información sobre las personas desaparecidas (respetando las normas de protección de datos) y mejorar la coordinación para identificar a las personas migrantes fallecidas en las rutas migratorias. La cuestión se debatió en Ginebra en 2023 en una reunión temática sobre la separación de las familias y las personas desaparecidas en el contexto de la migración, copresidida por Suiza y Gambia. En la reunión se establecieron los retos críticos, buenas prácticas y enseñanzas extraídas en la prevención del fallecimiento de personas migrantes, la localización de personas desaparecidas y la reagrupación de familias separadas. Entre los retos debatidos figuraba la escasez de funcionariado gubernamental con responsabilidades específicas sobre estas cuestiones, lo que a menudo imposibilitaba la cooperación transnacional. Por ello, una recomendación clave fue la centrada en la creación de una red de enlaces nacionales.

Red de enlaces nacionales

Con el apoyo de la Secretaría del Proceso de Rabat, en julio de 2024 el CICR, Suiza y Gambia pusieron en marcha la Red de enlaces nacionales para la desaparición de migrantes, respaldada por los asociados del Proceso de Rabat. Sus miembros se reúnen periódicamente de forma virtual para mantener la atención centrada en este acuciante reto y catalizar las medidas gubernamentales para esclarecer la suerte de las personas migrantes desaparecidas y facilitar información pertinente a sus familias. La Red tiene por objeto establecer vínculos entre familias, autoridades y organizaciones de apoyo, garantizando así que la información se recopila, intercambia y utiliza de forma eficaz y conforme a las normas básicas de protección de datos. Además, pretende aprovechar los conocimientos locales, los planteamientos impulsados por las comunidades y la cooperación transfronteriza coordinada. Basándose en iniciativas concretas, hasta la fecha la Red se ha centrado en el intercambio de buenas prácticas llevadas a cabo por las autoridades de distintos países para buscar e identificar a personas migrantes que han desaparecido. Así ha ofrecido soluciones prácticas y enseñanzas extraídas, con lo que ha dotado a las personas de enlace nacional de herramientas y conocimientos adicionales para sortear las complejidades de los casos de desaparición. La red ofrece un importante y valioso modelo para abordar la tragedia humanitaria de la desaparición de personas migrantes, que podría servir de base a otras iniciativas similares, como las de África Oriental en el marco del Proceso de Jartum. La función principal de cada enlace nacional, que generalmente trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores o supervisando la cartera de migración, es recibir y contestar consultas de las autoridades de otros países en relación con casos concretos y representar a sus autoridades en los diálogos sobre cooperación o cuestiones políticas. Al mismo tiempo, se pretende que estas personas de enlace actúen como punto de contacto para las familias de personas migrantes que han desaparecido, incluso a través de intermediación como la de las Sociedades de la Cruz Roja o la Media Luna Roja en la zona. Es fundamental garantizar la participación de las familias en todo el proceso de búsqueda e investigación, aunque se encuentren en el extranjero. Para poder remitir consultas sobre casos cuando sea necesario, cada enlace debe conocer las políticas y prácticas pertinentes, así como el papel de las distintas autoridades, entre ellas agentes de policía, personal de gestión de fronteras, funcionariado de inmigración, servicios penitenciarios, especialistas forenses y guardacostas.

Desde abril de 2025, 20 países asociados del Proceso de Rabat han designado oficialmente a una persona de enlace nacional para la desaparición de migrantes, y se espera que pronto se sumen más. De cara al futuro, en julio de 2025 Gambia organizará una reunión temática con los países asociados del Proceso de Rabat, copresidida por Suiza y en consonancia con el enfoque temático de la presidencia nigeriana del Diálogo. Se invitará a los miembros de la Red, así como a organizaciones regionales e internacionales, a participar y hacer aportes en los diálogos destinados a mejorar la colaboración, fomentar soluciones innovadoras y reforzar el papel de la Red a la hora de abordar el reto humanitario de las personas migrantes desaparecidas.

Para concluir, cabe mencionar que, dado el creciente número de personas migrantes que desaparecen cada año, es esencial fomentar la colaboración entre los Estados para mejorar e impulsar las políticas, los procesos y los mecanismos. El contexto migratorio presenta desafíos únicos en la búsqueda de personas desaparecidas en múltiples países, lo que requiere un enfoque coordinado entre los Estados, que implique a los países de origen, tránsito y destino. La Red de enlaces nacionales para la desaparición de migrantes aspira a superar estos retos y ofrecer soluciones a las personas migrantes desaparecidas y sus familias.

 

Jana Röthlisberger
Oficial de programas, Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza

Ndumbeh Saho
Directora, Diáspora y Migración, Ministerio de Asuntos Exteriores de Gambia

Florian von König
Responsable de Incidencia Mundial, Agencia Central de Búsquedas, CICR

Si su Gobierno desea unirse a la Red y designar a una persona de enlace nacional para la desaparición de migrantes, póngase en contacto con la Secretaría del Proceso de Rabat escribiendo a rabatprocess@icmpd.org.

Este artículo se realizó con el apoyo de la Secretaría del Proceso de Rabat, ICMPD, rabatprocess@icmpd.org.

 

[1] CICR (2023) Las personas desaparecidas y sus familiares: Ficha técnica, Ginebra

[2] The FATU Network (2025) ‘1,603 Gambian Migrants Died While Attempting to Reach Europe in 2024’ [en inglés]

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