A mediados de mayo de 2020, se reportaron dos casos de COVID-19 en el campo de refugiados de Cox’s Bazar, en Bangladés. La noticia causó gran preocupación por lo potencialmente devastadoras de sus implicaciones. Algunos rasgos característicos de las condiciones de vida de las personas desplazadas forzosas pueden facilitar una rápida propagación del virus; a saber: la densidad de población en los campos de refugiados; el acceso limitado a los servicios sanitarios; y los niveles existentes de malnutrición, mala salud y recursos financieros limitados.
En los primeros cuatro meses de la pandemia de COVID-19, la tasa de infección entre las personas desplazadas que se reportó fue bastante limitada. Sin embargo, la posibilidad de llevar a cabo una evaluación precisa de la tasa de incidencia de la enfermedad en el contexto del desplazamiento se ve limitada por la persistencia de un fenómeno que nos es conocido desde hace mucho tiempo: la escasez de datos fiables y disponibles públicamente sobre las condiciones de vida de las personas desplazadas, tanto dentro como fuera de los campos.
Algunas de las características que definen la enfermedad han hecho que la necesidad de recopilar y analizar datos sobre las personas desplazadas sea aún más pertinente. Varias características de la COVID-19 hace que sea particularmente difícil estimar su verdadera propagación en cualquier población estudiada, incluso en las economías desarrolladas. Los síntomas coinciden con los de muchas otras enfermedades, un alto porcentaje de los individuos infectados puede no mostrar ningún síntoma y muchos de los que han fallecido después de contraer el virus ya tenían graves problemas de salud subyacentes. Esto ha llevado a muchos expertos a pedir que se refuerce la recopilación y el análisis de datos con el fin de crear sistemas más fiables y equiparables para monitorear y pronosticar la infección. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la London Business School[1] apunta a que el análisis de muestras aleatorias de población, el registro de sus características sociodemográficas y la deducción de qué características podrían predecir con mayor probabilidad si un miembro del conjunto de una población está infectado o no podría constituir un enfoque válido para limitar la propagación del virus y, en última instancia, reducir el número de muertes.
Test y recursos
Esta estrategia, en efecto, resulta atractiva, pero se basa en una condición previa muy importante: la capacidad de las autoridades sanitarias nacionales y locales de realizar un número suficiente de test que abarquen una muestra representativa de la población. Esta condición no se cumple fácilmente en muchos países que actualmente han de lidiar con un gran número de personas desplazadas. Estimar la cantidad de test realizados en todos los países es, desde luego, muy difícil, pero la información disponible indica que son algunos de los que acogen a un gran número de personas desplazadas los que han realizado el menor número de ellos por cada millón de personas. Muchos son países que han quedado incapacitados por los conflictos y la constante inestabilidad política y cuyos sistemas de salud ya están gravemente infrafinanciados. Como ejemplo tenemos el caso de Sudán del Sur que, a finales de 2018, albergaba a más de dos millones de personas desplazadas, entre ellas casi 300 000 refugiados. Según informes recientes, en abril de 2020, el sistema sanitario del país solo disponía de cuatro respiradores y 24 camas en unidades de cuidados intensivos para una población de 11,7 millones de personas, más de la mitad de las cuales no tienen acceso a servicios de atención primaria en la sanidad[2]. Como en otros países de la región, la crisis de COVID-19 ha empeorado una situación socioeconómica ya compleja de por sí en la que la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la pobreza son generalizadas. En contextos de bajos recursos como estos, los costes directos e indirectos de realizar test son tales que la compilación de registros sanitarios e información sobre la incidencia de la COVID-19 entre las personas desplazadas simplemente no es factible. Además, la pandemia y las estrategias para restringirla también tienen importantes consecuencias para la recopilación de datos, tanto individuales como por familias entre los que se han desplazado. Por ejemplo, las restricciones de viaje y la necesidad de reducir el contacto social han obstaculizado gravemente la capacidad de recopilar datos mediante los tradicionales métodos de entrevista cara a cara.
Hasta cierto punto, estos obstáculos exacerban las dificultades ya existentes. Quienes prestan ayuda humanitaria y quienes estudian los desplazamientos suelen trabajar en contextos de emergencias en los que los datos son limitados. La necesidad de tomar decisiones con base empírica ha exigido el desarrollo de iniciativas para la recopilación sistemática de datos, su análisis riguroso y su publicación abierta. Un ejemplo de ello es el Centro de Datos Conjunto (JDC, por sus siglas en inglés) sobre los Desplazamientos Forzados, recientemente creado por el Banco Mundial y ACNUR, una colaboración entre dos instituciones multilaterales que busca mejorar la calidad y la cantidad de microdatos para sustentar las decisiones políticas con base empírica y la respuesta a las crisis mundiales de desplazamiento[3].
Además de los conocimientos y las mejores prácticas que ya existen, el JDC ha invitado a los investigadores de su propia red a esbozar sus planes para analizar las repercusiones de la COVID-19 para las personas desplazadas. Los resultados muestran que esta crisis sanitaria ha supuesto un esfuerzo adicional y acelerado para la implementación de métodos innovadores de investigación y recopilación de datos.
La adaptación de las metodologías de investigación
Tanto las respuestas recabadas por el JDC como las observaciones sobre las metodologías publicadas por otros actores en este periodo apuntan a que realizar encuestas telefónicas con mucha frecuencia representa un método de recopilación de datos que se está popularizando como consecuencia de las dificultades para realizar entrevistas en persona. De ahí que varias instituciones —incluido el Banco Mundial— hayan intensificado sus esfuerzos en ese sentido. Tras ser anonimizados y debidamente recopilados, los datos de los teléfonos móviles pueden emplearse también para rastrear los patrones de movilidad de las personas desplazadas. Poder medir la movilidad ha ganado importancia en las circunstancias actuales, por la necesidad de evaluar la integración socioeconómica de las personas desplazadas y de compararla con los niveles prepandémicos.
El uso generalizado de tecnologías para la recopilación y el análisis de datos, además de para el seguimiento y monitoreo de los traslados, también está impulsándose a nivel mundial como forma de controlar y limitar la propagación de la COVID-19. Pero nos arriesgamos a que se exacerben las diferencias entre las respuestas de los países desarrollados (en los que el acceso a las nuevas tecnologías es sencillo y asequible) y las de los países en desarrollo. Además, plantea algunas cuestiones importantes con respecto a la forma en que se almacena y maneja la información digital. A este respecto, el sector humanitario tiene mucha experiencia que ofrecer[4]. ACNUR y otros actores humanitarios, quienes han desarrollado prácticas y directrices para el tratamiento de datos sumamente sensibles, pueden aportar ideas útiles a este debate que puede interesar a Gobiernos e instituciones de todo el mundo y no solo a los de los países que acogen a personas desplazadas.
También se están empleando tecnologías modernas en otros ejercicios para evaluar la respuesta de los programas humanitarios a la amenaza que supone la COVID-19. Están surgiendo nuevas comunidades en línea para compartir datos, información y mejores prácticas entre los profesionales y los actores humanitarios. Un ejemplo de ello es la COVID-19 Humanitarian Platform[5], que tiene por objeto facilitar el intercambio de conocimientos relativos a las experiencias sobre el terreno durante la pandemia. Estos esfuerzos de colaboración pueden ayudar a superar algunas de las limitaciones de las técnicas de recopilación de datos que dependen del uso generalizado de Internet y de las tecnologías móviles que, de otro modo, corren el riesgo de excluir sistemáticamente a las comunidades más pobres y aisladas de las encuestas pertinentes y, en última instancia, del acceso a los recursos financieros y materiales.
La evaluación de las consecuencias adicionales
En muchos casos no solo se están adaptando los métodos de recopilación de datos, sino también las cuestiones relativas a la investigación. Si se realiza una adecuada recopilación de datos, la conmoción provocada por la pandemia podría ofrecer a los investigadores la posibilidad de evaluar de qué manera la enfermedad y las estrategias preventivas pueden tener diferentes repercusiones sobre las características sociodemográficas de las personas desplazadas y las comunidades de acogida. El virus ha golpeado de diferentes maneras a comunidades que comparten muchas características comunes; pero también se han implementado estrategias de contención siguiendo protocolos y estrategias distintas. Estas diferencias influirán en la vida de las personas afectadas, por ejemplo, en lo que respecta a sus oportunidades laborales o en el acceso a la educación. Una comparación de las trayectorias vitales basada en datos pormenorizados podría permitirnos aislar las repercusiones de la pandemia en esas variables de las repercusiones que puedan atribuirse a otros factores. Se están dedicando también esfuerzos de investigación a la evaluación de los cambios de actitud hacia las personas desplazadas durante este periodo de inseguridad social y económica. Debido a que la pandemia nos está llevando a una grave crisis económica, podrían aumentar los actos xenófobos o la discriminación contra las personas desplazadas. Cuantificar estas repercusiones puede resultar sumamente útil en la elaboración de políticas que eviten que estas actitudes se repliquen en crisis futuras.
A medida que el virus comenzó a propagarse, los organismos internacionales solicitaron fondos para proteger a las personas más vulnerables de todo el mundo. ACNUR aumentó su solicitud de fondos de 255 a 745 millones de dólares. En un momento en que los Gobiernos de todo el mundo se enfrentan a una incertidumbre económica sin precedentes, es necesario prestar más atención a la forma de gestionar y asignar los recursos. Por consiguiente, la disponibilidad de datos actualizados es crucial para fundamentar las decisiones acerca de la gestión de recursos y las políticas adoptadas por los Gobiernos locales y nacionales.
Domenico Tabasso tabasso@unhcr.org
Banco Mundial-ACNUR, Joint Data Center on Forced Displacement (JDC)
Las opiniones vertidas en el presente artículo reflejan el punto de vista del autor y no necesariamente el del JDC o las instituciones que lo financian.
[1] Surico P y Galeotti A (2020) “The economics of a pandemic: the case of Covid-19” https://www.dropbox.com/s/wm521646rszpl90/slides_Covid19_final.pdf?dl=0
[2] Comité Internacional de Rescate (2020) COVID-19 in humanitarian crises: a double emergency, www.rescue.org/report/covid-19-humanitarian-crises-double-emergency
[3] Entre sus actividades, el JDC está organizando en la actualidad su segundo congreso anual sobre desplazamientos forzados. La convocatoria para la presentación de ponencias se encuentra disponible en bit.ly/JDC-2nd-conference
[4] Zwitter A y Gstrein O J (2020) “Big data, privacy and COVID-19 – learning from humanitarian expertise in data protection”, Journal of International Humanitarian Action 5(4) https://jhumanitarianaction.springeropen.com/articles/10.1186/s41018-020-00072-6
[5] www.covid19humanitarian.com