El uso de la tecnología para la detención de migrantes y de otras prácticas alternativas podría erosionar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, o bien brindarles una mayor libertad y dignidad. Este artículo analiza las complejidades de esta cuestión.

Nos guste o no, la tecnología ha llegado para quedarse en el sector de la gobernanza de la migración. Desde los portales de atención al cliente hasta la recopilación de datos biométricos, pasando por los modelos de predicción, las herramientas de reconocimiento facial, el uso de algoritmos para la toma de decisiones o el empleo de tecnologías para la gestión de fronteras, los gobiernos de todo el mundo han recurrido cada vez más en las dos últimas décadas a estas tecnologías para idear y diseñar sus sistemas sobre migraciones y como herramienta para la gobernanza de la migración. La pandemia de la COVID-19 impulsó aún más esta tendencia.

No obstante, las tecnologías de esta índole nunca son neutrales. No existen soluciones técnicas para resolver de manera automática problemas complejos y polifacéticos y el empeño de determinadas personas de retratar la tecnología como la panacea para eliminar el sesgo humano es, en el mejor de los casos, ingenuo y, en el peor, peligroso. Utilizar la inteligencia artificial y la tecnología digital es una elección política. Sin embargo, quienes se encargan de tomar las decisiones sobre estas tecnologías rara vez se ven directamente afectadas por ellas. Las personas que se desplazan, así como sus familias y comunidades, normalmente, en situaciones de vulnerabilidad, están en el «punto de mira» de políticas y prácticas que no pueden controlar y sobre las que tienen poca o nula capacidad de influencia.

La tecnología, la detención de migrantes y sus alternativas

El uso de la tecnología en la detención migratoria y las alternativas a esta práctica reciben menos atención que el uso de la tecnología para gestionar las fronteras, pero existen numerosos ejemplos de tecnologías que se están introduciendo en este sector. Por ejemplo, en la actualidad se están implantando las «cárceles inteligentes» en varias regiones del mundo en el contexto de la detención de migrantes. Mientras tanto, son cada vez más los gobiernos que emplean tecnologías como el etiquetado y la vigilancia electrónicos, así como el reconocimiento facial y de voz, aparentemente, para intentar alejarse de la práctica generalizada de la detención de migrantes. Aunque esto pueda parecer un avance, estas tendencias plantean serias dudas para la Coalición Internacional contra la Detención (IDC, por sus siglas en inglés), entre otros organismos que abogan por poner fin a la detención de personas migrantes.

La información sobre el uso de la tecnología en las alternativas a la detención de migrantes, así como su impacto en las personas, se limita en gran medida a los datos de algunos países clave (principalmente, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos). No obstante, se sabe que son cada vez más los gobiernos que están planteándose utilizar estas tecnologías, si es que no las utilizan ya de forma activa. En la Unión Europea, por ejemplo, Dinamarca, Hungría, Luxemburgo y Portugal han decretado el uso del etiquetado electrónico en su legislación o en sus normas administrativas. Türkiye, por su parte, ha incluido la vigilancia electrónica en un listado de alternativas a la detención autorizadas y recogidas en las enmiendas de 2019 a la Ley de Extranjería y Protección Internacional (aunque todavía no se han implantado). A finales de 2023, Australia aprobó una serie de leyes por las que se imponen estrictos toques de queda y dispositivos de vigilancia en el tobillo a decenas de personas solicitantes de asilo que fueron puestas en libertad tras una sentencia del Tribunal Superior, que declaró ilegal la detención indefinida.

Los miembros de la IDC de todo el mundo que trabajan con comunidades y personas afectadas por la detención o el riesgo de ser detenidas expresan su creciente preocupación por el uso de este tipo de tecnologías en el ámbito de la detención de migrantes. Las personas migrantes que corren el riesgo de ser detenidas son especialmente vulnerables ante el mal uso de las tecnologías digitales y, además, tienen poca capacidad de ejercer sus derechos o de acceder a la justicia en caso de abuso.

Para responder a estas preocupaciones y tendencias cada vez más extendidas, la Coalición Internacional contra la Detención ha implantado una nueva línea de trabajo centrada en el uso de la tecnología digital en la detención de migrantes y sus alternativas. Nuestro objetivo actual es analizar el impacto multifactorial de estas tecnologías en la vida, el bienestar y el futuro de las personas para garantizar que nuestra labor de defensa se vea impulsada por las experiencias y las perspectivas de los miembros de la IDC y, en particular, de quienes lideran a partir de sus propias vivencias de detención y de los organizadores comunitarios. A través de esta línea de trabajo, aspiramos a identificar la manera en la que el uso indiscriminado de la tecnología puede ser potencialmente pernicioso para las personas que se desplazan, así como a explorar si la tecnología puede contribuir a una participación positiva y significativa, y la manera en la que lo consigue. El presente artículo expone los componentes de este proyecto y los temas que han surgido.

Alternativas a la detención y a la detención de facto

Hasta la fecha, los estudios se han centrado en la manera en la que los Estados emplean las tecnologías digitales para restringir aún más las libertades de las personas, socavar sus derechos humanos y aumentar la vigilancia y el cumplimiento de la ley. Este fenómeno ha sido denominado «tecnoencarcelamiento», es decir, «el paso de los modos habituales de reclusión a otros métodos menos típicos basados en la tecnología móvil, electrónica y digital», en el contexto del programa de alternativas a la detención del Gobierno de Canadá Un informe sobre el Programa de Comparecencia y Supervisión Intensiva de Estados Unidos afirmaba que sus medios de vigilancia electrónica equivalen a una «detención digital».

La IDC considera que el etiquetado y la vigilancia electrónicos son «formas alternativas de detención» y no «alternativas a la detención». Las «formas alternativas de detención», que implican la privación de facto de la libertad, no son más que un eufemismo de la palabra «detención». Por tanto, existe la posibilidad de que se adopte el término «alternativas a la detención» para enmascarar tales iniciativas. En cuanto al etiquetado electrónico, un informe reciente de la IDC expone lo siguiente:

«[el etiquetado electrónico] limita sustancialmente y, en ocasiones, priva completamente de la libertad y la libre circulación, lo que supone una detención de facto. Suele utilizarse en el contexto del derecho penal y se ha demostrado que tiene graves repercusiones negativas en la salud mental y física de las personas, algo que conduce a su discriminación y estigmatización».

En su sentido más amplio, los dispositivos de vigilancia electrónica suponen una amenaza para la libertad personal por el aumento del control y la recogida indiscriminada de datos. Estos dispositivos estigmatizan a la persona que debe llevarlos puestos, a la que se puede percibir como delincuente en su comunidad. Además, por las investigaciones y testimonios de nuestros miembros, sabemos que la precisión de las tecnologías de reconocimiento facial y de voz es cuestionable, especialmente para las comunidades que son objeto de discriminación racial. Esto puede conducir a errores cuyas consecuencias son graves e irreversibles, como la detención, la deportación y la separación de familiares y seres queridos.

El ritmo de aplicación de las nuevas tecnologías resulta alarmante y hay pocos estudios disponibles sobre sus repercusiones éticas, logísticas y, en el plano general, sociales e individuales. Para gestionar los posibles riesgos, es necesario abordar las cuestiones relativas a la privacidad, los derechos humanos, la dignidad, el sesgo y si procede aplicar los marcos jurídicos existentes a las decisiones tomadas por la inteligencia artificial. Aparte de conllevar riesgos, las tecnologías digitales también pueden brindar oportunidades a las personas migrantes, que las pueden usar en beneficio propio o para promover sus derechos.

¿Es la tecnología una vía para mejorar la participación?

La IDC ha observado una serie de informes anecdóticos que arguyen que el uso de la tecnología digital en las alternativas a la detención puede proporcionar ciertas ventajas para las personas que se desplazan. Un ejemplo es el cambio en Reino Unido de la comparecencia presencial a la comparecencia telefónica ante las autoridades. Este enfoque fue inicialmente puesto a prueba durante la pandemia de la COVID-19 y, posteriormente, fue adoptado de manera más permanente tras la constante presión ejercida por grupos activistas. Las personas afectadas comunicaron a la IDC que este cambio alivió los requisitos del procedimiento de comparecencia presencial, que resultaban complicados, costosos y perturbadores para sus medios de vida y su educación. Además, lugares como las comisarías de policía y otros centros de comparecencia suelen generar una mayor ansiedad a las personas ante la idea de que se las detengan de nuevo. Limitar la presencialidad en esos lugares puede repercutir positivamente en su salud mental y su bienestar.

Evidentemente, como señaló uno de los grupos que abogaban por este cambio, «el procedimiento de comparecencia telefónica también puede ser engorroso si no se implementa con cuidado». Es esencial proporcionar a las personas afectadas modos alternativos de comparecencia (por ejemplo, brindando asistencia para que adquieran un teléfono con saldo) y que las consecuencias de no responder a una llamada no sean severas. De lo contrario, estos procedimientos de comparecencia podrían tener consecuencias negativas para ellas. Además, aunque el teléfono sigue siendo una tecnología rudimentaria, es importante evitar el uso de herramientas como el reconocimiento facial y de voz por las cuestiones de fiabilidad anteriormente mencionadas.

Experiencias en primera persona con las alternativas a la detención basadas en la tecnología

La principal motivación de la IDC para lanzar su nueva línea de trabajo sobre la tecnología, la detención de migrantes y las alternativas a la detención proviene de nuestros miembros alrededor del mundo y, en particular, de las experiencias y conocimientos de líderes y organizadores comunitarios sobre el terreno que han vivido el desplazamiento en primera persona. A través de esta línea de trabajo, esperamos analizar la manera en la que estas tecnologías están repercutiendo en la vida, el bienestar y el futuro de las personas. Desde su fundación hace 15 años, la IDC ha defendido alternativas a la detención basadas en los derechos. Esencialmente, nuestra intención es garantizar que las personas que se desplazan tengan la agencia y la capacidad de participar de manera activa en los sistemas de gobernanza de la migración y que se respeten su dignidad y sus derechos.

No solo pretendemos comprender la manera en la que la tecnología puede ser perniciosa para las personas que se desplazan, sino también averiguar si puede ayudar a aumentar la participación positiva, digna y significativa y la manera de hacerlo. Esto ayudará a la IDC a evaluar mejor la manera de colaborar con otras entidades para hacer frente al uso de ciertas tecnologías y a discernir los mecanismos por los que la innovación puede abrir puertas a las personas que han sido detenidas o que están en riesgo de serlo, con el fin de mejorar los servicios, la provisión de información, la comunicación y la aplicación eficaz de las alternativas a la detención basadas en la comunidad. Esto incluye analizar el impacto de la tecnología digital con una perspectiva interseccional y de género, comprendiendo que las distintas identidades interseccionales de cada persona implican que las experiencias con dichas tecnologías pueden variar considerablemente de una a otra.

La rendición de cuentas y el derecho al debido proceso

La rendición de cuentas y el derecho al debido proceso, conceptos independientes pero interrelacionados, son cuestiones que pretendemos abordar mediante este programa de trabajo. Cuando se imponen restricciones, incluidas las relacionadas con la tecnología digital, estas deben estar sujetas a un riguroso proceso de revisión y deben incluir el derecho de recurso.

Si se emplean para aumentar la libre circulación de las personas y su capacidad de acceder a la información, así como para promover su agencia y su empoderamiento, las tecnologías tienen el potencial de promover los derechos humanos y aumentar el bienestar. No obstante, cuando su finalidad principal es endurecer la vigilancia y el control para el cumplimiento de la ley, la tecnología digital tiene el efecto contrario y conduce a la restricción de derechos y libertades. Por desgracia, en vista de la tendencia creciente en muchos Estados en todo el mundo de adoptar sistemas de gobernanza de la migración basados en la criminalización, la coacción, el control y la disuasión, expandir el uso de las tecnologías sin que se haya realizado una evaluación de riesgos para los derechos podría exacerbar la naturaleza ya de por sí restrictiva, perniciosa y opaca de estos sistemas.

Conclusiones y discusión

A medida que se explora el complicado panorama del uso de las tecnologías en la detención de migrantes y las alternativas a la detención, las oportunidades para implantar un cambio positivo y una toma de decisiones informadas se hacen evidentes y acuciantes. Actualmente, estamos valorando la posibilidad de llevar a cabo otros proyectos de investigación en colaboración con entidades socias como el Centro Kaldor de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Este tipo de oportunidades permitirán profundizar en esta cuestión y en los estudios de caso, además de garantizar una base de evidencias sobre las que fundamentar recomendaciones de mejores prácticas políticas prometedoras.  Nuestra intención es abordar este problema para respaldar el creciente movimiento que pretende garantizar que el uso de la tecnología en el ámbito de la detención de migrantes y sus alternativas no conduzca a una mayor criminalización, ni erosione los derechos humanos ni la dignidad de las comunidades de migrantes, personas refugiadas y solicitantes de asilo.

Se necesitan estudios adicionales para conseguir una visión integral del efecto de la tecnología digital en la gobernanza de la migración. Si analizamos las experiencias y puntos de vista de personas de distintas regiones, lograremos tener una perspectiva matizada que refleje las diversas identidades interseccionales que determinan sus vivencias.

Si bien los marcos jurídicos y los mecanismos de protección internacionales son fundamentales, los cambios más significativos y de mayor impacto suele producirse a nivel nacional. Establecer un marco jurídico sólido a nivel nacional es esencial para proteger los derechos de las personas afectadas y en riesgo de detención, así como para garantizar la rendición de cuentas a la hora de implantar la tecnología en la detención de migrantes y sus alternativas.

De cara al futuro, los posibles resultados positivos del empleo de la tecnología digital en las alternativas a la detención podrán materializarse si se adopta un planteamiento consciente y centrado en los derechos. Si se incorpora la tecnología en los sistemas de gobernanza de la migración con un firme compromiso con la justicia, la equidad, los enfoques interseccionales y la protección de los derechos humanos, allanaremos el camino para la aplicación de prácticas más compasivas y eficientes.^[1]

 

Carolina Gottardo
IDC Executive Director
cgottardo@idcoalition.org  X: @idcmonitor  linkedin.com/company/international-detention-coalition/

Celia Finch
IDC Asia Pacific Regional Manager
cfinch@idcoalition.org

Hannah Cooper
former IDC Europe Regional Manager.

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^[1] La IDC anima a cualquier persona interesada en colaborar en esta línea de trabajo a contactar con nosotros. Nos encantará conectar con otras personas en lo relacionado con esta importante cuestión.