Los vacíos normativos contribuyen a la exclusión estructural de las poblaciones desplazadas por la fuerza que buscan empleo en las plataformas digitales de trabajo. Aun cuando se pueden resolver estos problemas, persiste la duda sobre la viabilidad de estas plataformas como camino al empoderamiento económico.

Las plataformas digitales de trabajo han ganado una presencia creciente en el mercado laboral mundial en la última década. Al día de hoy, existen más de 700 plataformas digitales de trabajo independientes que, según las estimaciones, brindan oportunidades a entre 50 y 150 millones de trabajadores en el mundo.

Las plataformas digitales de trabajo se caracterizan por imponer pocos requisitos de acceso, por conectar de manera directa a clientes que precisan un servicio con trabajadores que pueden prestarlo y por estructurar el trabajo de manera temporal, esporádica y con un sistema de pago a destajo. Este modelo puede ser una oportunidad para aquellos trabajadores que no pueden acceder a un empleo estable y duradero.

En todo el mundo, los gobiernos están incorporando el trabajo digital en sus estrategias de desarrollo económico, centrándose en su potencial para fomentar el crecimiento e incluyendo las plataformas en sus planes y marcos de políticas para el desarrollo. Es cada vez más frecuente que estos planes incluyan a las poblaciones desplazadas por la fuerza como grupos que podrían beneficiarse del crecimiento del trabajo en plataformas. Esto ha derivado en la convergencia de las infraestructuras humanitarias y del desarrollo. Actores como las Naciones Unidas, el Banco Mundial o la Fundación Rockefeller están promoviendo las plataformas digitales entre las poblaciones desplazadas para reducir la carga económica que imponen sobre las economías de acogida y los sistemas de apoyo humanitario. Esto permitiría a su vez que las comunidades refugiadas se ganen su sustento, se integren en las economías de los países de acogida y tengan independencia.

Las iniciativas para incorporar a las personas desplazadas en la economía digital son una respuesta a las limitaciones a las que hacen frente para acceder a oportunidades de empleo y de generación de ingresos. Aunque el derecho al trabajo de las personas refugiadas está consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, muchos países de acogida limitan este derecho en la práctica. Las comunidades refugiadas no pueden acceder a un empleo debido a su exclusión de determinados sectores, a las prácticas discriminatorias, a la exigencia de un permiso de trabajo y a las políticas que restringen su movilidad. Las poblaciones refugiadas en campamentos se ven aún más limitadas por su ubicación y por los escasos recursos a los que tienen acceso. Ante los persistentes desafíos que plantea el mercado laboral, las plataformas digitales pueden dotar de oportunidades de inclusión económica a las personas desplazadas que hacen frente a barreras estructurales y a prácticas que impiden que disfruten de su derecho al trabajo.

Sin embargo, este modelo puede no ser sostenible, dado que las plataformas digitales de trabajo están vinculadas a formas de empleo atípicas, informales y no reguladas, donde persiste un importante déficit de trabajo decente. Las plataformas pueden exacerbar las desigualdades sociales y económicas existentes, así como las fricciones en los mercados, lo que perjudica aún más a los grupos ya de por sí desfavorecidos. Las voces críticas advierten que, aunque estas plataformas pueden brindar oportunidades, lo hacen aprovechándose de «una fuente de trabajo migrante de fácil acceso para satisfacer la demanda del mercado […] y generando plusvalía al obtener un bajo costo laboral y al brindar una protección laboral mínima».

Los principales problemas estructurales que afectan a los trabajadores en la economía de plataformas tienen que ver, por un lado, con el acceso y la infraestructura y, por el otro, con su situación laboral y sus derechos. Este artículo abordará la manera en la que estos desafíos generan riesgos para las personas desplazadas por la fuerza que trabajan en la economía de plataformas, presentará las iniciativas vigentes para abordar dichos obstáculos y propondrá buenas prácticas para quienes trabajen con las poblaciones desplazadas en la economía de plataformas.

Los retos que emanan del trabajo en las plataformas digitales son interseccionales. Para que las plataformas beneficien a las personas desplazadas, es fundamental abordar sus implicaciones en ámbitos como la calidad de los empleos, la integración económica y los medios de subsistencia. Comprender la naturaleza de estos desafíos puede facilitar que activistas y organizaciones ayuden mejor a estos grupos y agilizar su acceso a oportunidades a través de los medios digitales.

Acceso e infraestructura

Los obstáculos más persistentes que afectan a las personas desplazadas por la fuerza en la economía digital tienen que ver con los excluyentes requisitos de reconocimiento formal de la identidad, lo que a su vez impide el acceso a servicios financieros, a una conexión digital y a herramientas de trabajo.

Para acceder al trabajo de las plataformas digitales, los trabajadores suelen tener que verificar su identidad y presentar un documento identificativo oficial. Pero, en muchos casos, las personas desplazadas por la fuerza pueden no tener acceso a credenciales como documentos nacionales de identidad o pasaportes. Es frecuente que estas poblaciones no cuenten con estos documentos, bien porque nunca los tuvieron o bien porque se perdieron, requisaron o destruyeron durante su desplazamiento. Asimismo, puede impedirse a los trabajadores de los países objeto de sanciones acceder a estas plataformas, como es el caso de Siria, lo que acaba excluyendo a millones de personas de la economía de plataformas.

Los documentos de identificación para refugiados, que se emiten cuando se registran en su país de acogida, no suelen brindar las mismas posibilidades de acceso a trabajo o a servicios que un documento de identidad estándar, además de que suelen ser temporales. Algunos trabajadores de las plataformas han visto sus cuentas suspendidas al caducar sus documentos identificativos.

La documentación identificativa también es un requisito previo para acceder a infraestructuras financieras, que son imprescindibles para trabajar en las plataformas. Tanto los bancos formales como los servicios de dinero móvil requieren contar con documentos identificativos para poder abrir una cuenta. Esto es importante dado que los trabajadores de las plataformas necesitarán una cuenta verificada para recibir los pagos. La mitad de la población mundial refugiada vive en países de acogida que restringen su acceso a cuentas bancarias, lo que genera un obstáculo al acceso a oportunidades de subsistencia.

Los problemas derivados de la documentación también impiden que los trabajadores puedan acceder a infraestructuras digitales. Los registros de tarjetas SIM suponen un desafío inigualable para el acceso de las poblaciones desplazadas. Con cada vez más frecuencia, los gobiernos están imponiendo normativas que exigen que los usuarios aporten un documento identificativo vigente para adquirir una tarjeta SIM. En 2021, 157 países contaban con normativas vigentes de registro obligatorio para los titulares de las tarjetas SIM. Para las personas refugiadas, la exigencia de contar con un documento identificativo constituye un obstáculo importante para la conectividad digital.

Iniciativas para mejorar el acceso a las plataformas digitales de trabajo

Cuando se conjugan los sectores humanitario, del desarrollo y de las plataformas, encontramos ejemplos de prácticas y programas que tratan de mitigar los problemas de acceso, ayudar a los trabajadores a lidiar con estos obstáculos y ofrecer la infraestructura necesaria. Algunas plataformas han desarrollado sistemas con menores requisitos tecnológicos para que los trabajadores puedan acceder a ellas, consistentes en pagos en efectivo o en registros presenciales. Si bien estas medidas permiten sortear algunos de los obstáculos a la inclusión, no son soluciones duraderas y pueden constreñir el crecimiento a largo plazo y la posibilidad de funcionar a gran escala.

El costo de las herramientas digitales, como las computadoras portátiles y los teléfonos inteligentes, es otro obstáculo notable para las personas refugiadas en la economía digital. Algunos programas destinados a la población refugiada tratan de mitigar estos obstáculos al facilitar el acceso a oportunidades de trabajo en las plataformas y ofrecer la infraestructura necesaria para ello. Un ejemplo es la Refugee Employment and Skills Initiative (RESI), un programa financiado por el Consejo Noruego para Refugiados y el Centro de Comercio Internacional, creado en 1997 y activo desde 1998, que opera en los campamentos de Dadaab y Kakuma, en Kenia. La RESI brinda a las personas participantes en el programa computadoras portátiles, conexión a Internet de alta velocidad y espacios de trabajo comunes, así como capacitación en competencias digitales para el empleo en línea. La RESI también ha negociado acuerdos de manera directa con las plataformas digitales de trabajo que llevó a que aceptaran las tarjetas de identificación para extranjeros, que son el documento que suelen poseer las personas refugiadas, para el registro en las plataformas. Estas negociaciones permitieron que 250 participantes en el programa en ambos campamentos empezaran a trabajar en las plataformas, aunque no se resolvió el problema de la futura caducidad de estos documentos. Su personal también identificó obstáculos importantes derivados de la continuidad de la financiación de los programas, de la predisposición de los participantes a asumir los riesgos derivados del trabajo de las plataformas y de la capacidad de los trabajadores de seguir trabajando con independencia de la asistencia del programa.

Estas cuestiones subrayan la necesidad de coordinación y diálogo entre plataformas, gobiernos y actores del desarrollo para generar políticas que reflejen las experiencias de las personas desplazadas y las limitaciones de las infraestructuras de asistencia a poblaciones refugiadas. Las políticas que promueven un acceso ininterrumpido a los servicios para las personas desplazadas por la fuerza les permitirán participar de forma activa en oportunidades de generación de ingresos en la economía de plataformas.

Situación laboral y derechos

En la actualidad, las plataformas digitales de trabajo están mal integradas en las instituciones sociales y en los marcos normativos vigentes, lo que hace que los trabajadores no tengan una cobertura adecuada en términos de normas de empleo, prestaciones sociales y derechos laborales. Esto se debe en gran parte a que las plataformas catalogan a sus trabajadores como «trabajadores por cuenta propia», «autónomos», «contratistas» o «emprendedores», lo que tiene consecuencias en la materialización de sus derechos fundamentales. La cuestión de si los trabajadores de las plataformas son verdaderamente trabajadores por cuenta propia ha sido objeto de extensos debates.

La mayoría de las jurisdicciones solo aplican los derechos laborales y relativos al empleo a los trabajadores formales. Cuando se trata a los trabajadores de las plataformas como trabajadores independientes, experimentan déficits de trabajo decente y carecen de muchos de sus derechos fundamentales en el trabajo, tales como la estabilidad y la seguridad en el trabajo, la igualdad de oportunidades y de trato, el entorno laboral seguro, la seguridad social o el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva.

Estos problemas son aún mayores para las poblaciones desplazadas, que pueden hacer frente a exclusión jurídica y discriminación en sus países de acogida, lo que genera un obstáculo adicional a la hora de disfrutar de sus derechos en la economía de plataformas. Según ACNUR, el 70 % de las personas refugiadas viven en países que limitan su derecho al trabajo.

Se estima que la ausencia de claridad en torno a los derechos y la situación laboral de los trabajadores de las plataformas puede tanto beneficiar como perjudicar a las personas desplazadas por la fuerza. El vacío normativo podría abrir nuevas oportunidades a las comunidades desplazadas porque, si no pueden conseguir un permiso de trabajo en su país de acogida, podrían acceder a la economía de plataformas informal y no regulada. Algunas plataformas han hecho campaña activa en contra de la regulación y la formalización de su trabajo, argumentando que «catalogar el trabajo en las plataformas como “empleo” podría dificultar y, en algunos casos, imposibilitar que las personas refugiadas accedan a este tipo de trabajo».

Por otro lado, hay activistas que advierten de los peligros de este enfoque y de sus efectos en los trabajadores vulnerables. Cuando se limita el acceso a modalidades de trabajo formales y decentes, es más probable que las personas desplazadas por la fuerza acepten modalidades de trabajo informales, precarias o peligrosas para mantenerse a sí mismas y a sus familias. Los trabajadores informales son más vulnerables a los embates de una emergencia médica, de una crisis económica o de las fluctuaciones del mercado.

Al no haber una normativa sistemática, las plataformas digitales de trabajo utilizan las condiciones de servicio como acuerdo rector de las condiciones de trabajo de sus trabajadores. Las plataformas tienen derecho a desactivar o a sancionar las cuentas de sus trabajadores a voluntad y disponen de pocos mecanismos para apelar estas decisiones. El miedo a que se desactiven los perfiles y lo opaco de la gestión de las plataformas genera un desequilibrio de poder. Esto hace que los trabajadores tengan que adivinar cuál es la mejor manera de comportarse en estas plataformas y, con frecuencia, los insta a aceptar condiciones de trabajo injustas o inseguras. En consecuencia, existe una importante escasez de trabajo decente en la economía de plataformas y los riesgos para sus trabajadores se ven exacerbados ante la ausencia de medidas jurídicas de protección que garanticen sus derechos fundamentales.

Iniciativas para promover el trabajo decente en la economía de plataformas digitales

La cuestión de la promoción del trabajo decente en la economía de plataformas está siendo objeto de continuo debate entre diversas partes interesadas. A grandes rasgos, ha habido dos enfoques principales: por un lado, la formalización del trabajo de las plataformas; por el otro, las normativas voluntarias y las empresas de impacto social.

Algunas jurisdicciones utilizan sistemas de clasificación novedosos para regular aquellos trabajos que no encajan bien en las categorías de «empleo» o «emprendimiento». En el Reino Unido, el sindicato de conductores profesionales, GMB, reclamó con éxito la reclasificación de 30 000 conductores de plataformas, para lo que arguyó que el grupo pertenecía legítimamente a la categoría de «trabajador» tipificada por el derecho laboral británico. Al conseguir esta denominación, los conductores pudieron acceder a prestaciones laborales básicas (por ejemplo, salario mínimo, descansos obligatorios y vacaciones pagadas).

Sin embargo, esta categoría no ofrece protección frente a los despidos improcedentes ni garantiza el derecho al trabajo, a la vez que genera riesgos adicionales para los trabajadores. Se han registrado más de 66 detenciones y diez deportaciones en el Reino Unido de conductores empleados por las plataformas tras haberse descubierto que «estaban trabajando de manera ilegal». Si bien las plataformas decían comprobar que todos los conductores tenían derecho a trabajar, estos seguían acabando en una situación precaria derivada de la ambigüedad jurídica en torno al trabajo en las plataformas.

En lo relativo a la formalización del empleo, en lugar de aprovechar las lagunas jurídicas para incluir a los trabajadores desplazados, las intervenciones deberían centrarse en integrar las plataformas digitales en las normativas que consagran los derechos fundamentales de todos los trabajadores, inclusive los refugiados. Este enfoque podría favorecer la formalización del trabajo de las plataformas y la integración jurídica, social y económica de las personas desplazadas por la fuerza si se aplican estas normativas en la práctica.

Las medidas voluntarias asumidas por empresas particulares también han permitido abordar problemas relacionados con la condición jurídica o el déficit de trabajo decente en la economía de plataformas. En concreto, algunas plataformas han desarrollado un modelo de negocio que mejora la remuneración, el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, y el desarrollo de competencias, además de abordar el desequilibrio de poder entre operadores y trabajadores. Estas «plataformas de impacto social» buscan ofrecer mejores condiciones, con independencia de la situación laboral de la persona, y muchas de ellas están destinadas en particular a trabajadores desplazados o marginados.

Otro ejemplo es Digital Lions, una «agencia digital de comercio justo» certificada por la Organización Mundial del Comercio Justo que ofrece servicios de desarrollo web, diseño gráfico, vídeo y animación. Promueven «empleos sostenibles» al implantar los estándares del trabajo decente, tales como la remuneración justa, la no discriminación, la equidad de género y buenas condiciones de trabajo, además de buscar de forma explícita la contratación de trabajadores de comunidades desatendidas.

Otra plataforma con conciencia social, Humans In The Loop, está en contacto con comunidades desplazadas en Turquía, Irak y Siria para empleos como el etiquetado de datos o el entrenamiento de inteligencias artificiales. En 2019, contrató a 167 trabajadores. Se la conoce por su intención explícita de brindar condiciones de trabajo justas. Humans in the Loop ha aprovechado su experiencia brindando apoyo a trabajadores que han buscado refugio para elaborar una política de trabajo justo que otras plataformas podrían adaptar e incorporar. Fruto de su compromiso con los trabajadores, ofrecen capacitación remunerada, salarios al mismo nivel o por encima de la media nacional y seguro de salud y de accidente opcionales.

Conclusiones

Los estudios demuestran que las plataformas digitales presentan tanto oportunidades como riesgos para los trabajadores, y que estos últimos pueden verse exacerbados para las personas desplazadas por la fuerza. Para aprovechar el potencial de las tecnologías de plataformas, es necesario contar con soluciones políticas sólidas que atajen los desafíos derivados del acceso al trabajo y de la situación laboral, así como diseñar programas y recursos destinados a fomentar las capacidades de los trabajadores para que puedan lidiar de manera eficaz con los mercados digitales de trabajo.

Tradicionalmente, las organizaciones humanitarias y de desarrollo que operan en las plataformas se han centrado en los problemas de inclusión y en mitigar los obstáculos al acceso para los trabajadores desplazados. Las barreras estructurales, las condiciones precarias de trabajo y la ausencia de protección han sido problemas más difíciles de atajar, dado que estas organizaciones carecen de la capacidad para definir políticas o influir en las distintas partes implicadas.

Si se espera que esta modalidad de trabajo sirva en parte a la inclusión económica de las poblaciones desplazadas, es fundamental promover un entorno propicio que respalde el ejercicio real de los derechos de los trabajadores. Garantizar que las plataformas brinden oportunidades de trabajo decente implica que todos los trabajadores, incluso los desplazados por la fuerza, gocen y ejerzan sus derechos fundamentales, con independencia de su estatus de refugiado o de su categoría laboral.

Es posible e indispensable lograr la regulación, el trabajo formal y el diálogo social, aunque estos solo serán eficaces si las personas desplazadas por la fuerza participan de forma activa y si se diseñan políticas que reflejen los obstáculos a los que estas hacen frente y que cubran las lagunas estructurales que exacerban su vulnerabilidad en la economía de plataformas.

Kathryn McDonald
Consultora independiente
kthryn.mcdnld@gmail.com

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