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Los marcos desarrollados por la ONU y el Gobierno la República Democrática del Congo (RDC), con la facilitación internacional entre la RDC y los países vecinos, están consiguiendo mucho a la hora de abordar las cuestiones sobre el retorno y la reintegración, a pesar del contexto humanitario y de transición tan politizado de Kivu del Norte.

En la primera mitad del 2010, el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) firmó dos acuerdos tripartitos, por separado, con sus países vecinos y con ACNUR sobre el retorno de refugiados. A causa de los diferentes conflictos en los extremos opuestos del vasto territorio de la RDC, ambas poblaciones refugiadas han sido especialmente beligerantes.

En 2010 se produjo un regreso constante de refugiados congoleños de Zambia y se inició un proceso oficial de retorno de refugiados desde los campos de Burundi.  Pero los retornos a la región de Kivu del Sur desde Tanzania se han visto frenados debido a la persistente inseguridad en las zonas de retorno, mientras que los procesos de repatriación a Kivu del Norte siguen estando muy politizados.

La última guerra civil de Sudán entre el norte y el sur terminó en 2005 con el Acuerdo Integral de Paz (CPA, por sus siglas en inglés). Las guerras han provocado el desplazamiento de más de cuatro millones de personas y la muerte de más de dos millones de habitantes del sur del país. El mandato del Acuerdo Integral de Paz consistía en hacer atractiva la unión del norte y el sur, a la vez que se allanaba el camino para la celebración en el sur de un referéndum para decidir sobre su secesión.

Un estudio llevado a cabo en Jordania en 2009 1 muestra que la falta de información y transparencia contribuyen a una dinámica de desesperación entre los desplazados y agrava las condiciones que les llevan a dar crédito a rumores en la toma de decisiones sobre su futuro.

Décadas de conflicto armado en Colombia han desplazado a más de tres millones de personas, fundamentalmente habitantes de zonas rurales, afectando principalmente a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. En 2009, la Corte Constitucional de Colombia, en la audiencia de seguimiento a su sentencia T-025 de 2004 en la que declaró el desplazamiento como un estado de cosas inconstitucional, reiteró que ese estado se mantiene y que la respuesta estatal ante la crisis no ha sido integral ni coordinada.

Se estima que catorce años de guerra civil en Liberia desplazó a un tercio de la población tanto internamente,  como refugiados en países vecinos de África Occidental, Europa y América. Desde el fin de la guerra en 2003, una gran proporción de liberianos han regresado a sus hogares de manera voluntaria o mediante repatriaciones asistidas.