La comunidad humanitaria se ha enfrentado a enormes desafíos en su intento de proteger a las mujeres y niñas de la República Democrática del Congo (RDC). Las estrategias de prevención civil implementadas tradicionalmente por los actores humanitarios son de vital importancia para abordar las causas subyacentes de la violencia sexual y de género, así como proporcionar algunas medidas de protección física y de responsabilidad. Sin embargo, para un cambio real en los escandalosos niveles de violencia sexual contra las mujeres y las niñas en el este de la RDC serán necesarios cambios que van más allá del mandato de las agencias humanitarias y de las organizaciones sociales civiles. Un cambio real requerirá de una firme voluntad política y de acción por parte de las autoridades nacionales, con el apoyo concreto y continuo de la comunidad internacional.
La RDC lucha contra la violencia de género en la sociedad y contra la violencia sexual en los conflictos lo que exige soluciones interdependientes, aunque distintas. Si bien los casos de violencia sexual que se documentan a lo largo del país, incluso en zonas de no-conflicto, indican que un significativo porcentaje de los casos denunciados son perpetrados por grupos armados, no cabe la menor duda de que mujeres y niñas también sufren agresiones sexuales por parte de civiles. Los roles tradicionales de género y el ya de por sí bajo estatus de las mujeres en la sociedad congoleña extreman su vulnerabilidad ante la violencia y la explotación. Sin embargo, en el este de la RDC el mayor riesgo para mujeres y niñas de sufrir agresiones sexuales proviene de la guerra, de los grupos armados implicados en el conflicto y del consiguiente colapso de las entidades estatales como el sistema judicial y las fuerzas policiales, que de otra manera podrían proporcionar algunas medidas de seguridad.
Las mujeres y las niñas están en el punto de mira de todos los grupos armados, con unos niveles de brutalidad sin precedentes. A lo largo del año pasado el Comité Internacional de Rescate (CIR) ha visto cómo la mutilación y la tortura se relacionan cada vez más con actos de violencia sexual y cómo hay más niños entre los supervivientes. Por desgracia, los indisciplinados miembros de las fuerzas armadas congoleñas también cometen actos de violencia sexual. 1
Las estrategias de prevención tradicionales no bastan
Tradicionalmente los actores humanitarios han respondido a la violencia contra las mujeres ya sea con programas que aumentan su protección en los concretos espacios físicos donde corren más riesgos o a través de programas orientados al cambio de los comportamientos negativos o violentos de los hombres.
Podría decirse que estos enfoques no bastan en el este de la RDC, donde el 56% de las mujeres que denuncian ante el CIR han sido atacadas por miembros de grupos armados mientras realizaban sus actividades cotidianas. El CIR ha descubierto que las mujeres y niñas se encuentran potencialmente en peligro en muchos entornos, algunos de los cuales están fuera del alcance de las competencias protectoras de las organizaciones humanitarias y civiles. Las agresiones sexuales en estos entornos no podrán prevenirse a menos que las fuerzas de seguridad nacionales o internacionales sean capaces de proteger a la población local y estén dispuestas a ello.
Varios actores en la RDC están implementando programas orientados a la prevención de las agresiones sexuales mediante el cambio de actitud y comportamiento, incluyendo a las fuerzas de seguridad. Si bien se está llevando a cabo la formación en derechos humanos, género y conductas durante la guerra, no se está investigando lo suficiente sobre si los cambios a nivel de conocimientos y concienciación provocarán de hecho cambios en el comportamiento. Garantizar que este tipo de formación se convierte en una parte integral del paquete de formación estándar de las fuerzas de seguridad congoleñas es un paso importante y necesario en la profesionalización del ejército nacional y de la policía. Sin embargo, un cambio real en el comportamiento sólo será posible cuando se instaure el dominio y el control militar, se pague regularmente al personal militar y se les proporcione comida y alojamiento adecuados y, consistentemente, los miembros de las fuerzas armadas rindan cuentas por los actos de violencia sexual.
Tanto la violencia sexual en los conflictos, como la violencia de género de la misma sociedad exigirán sistemas de seguridad y judicial capaces de garantizar que los responsables de delitos sexuales rindan cuentas. La impunidad de los perpetradores de violencia sexual en la RDC está muy extendida. A pocos de ellos se les lleva ante la justicia y aún menos van a prisión por sus actos. La corrupción, el sistema de pago de tasas por servicio (bajo el cual los supervivientes deben pagar para presentar cargos) y la duración del juicio son sólo algunos de los muchos factores que desaniman a las víctimas a la hora de buscar justicia. Como consecuencia, a pesar de que se ofrecen servicios jurídicos gratuitos a los supervivientes a través del programa del CIR, menos del 5% de las mujeres atendidas buscan apoyo para emprender acciones legales después de sufrir una agresión sexual y el porcentaje que lleva su caso ante los tribunales es aún menor. El miedo a las represalias, a la estigmatización por parte de la comunidad y al rechazo por parte de sus parejas pueden constituir obstáculos insuperables para las supervivientes cuando se plantean emprender dichas acciones. La preocupación por la seguridad es el problema, con unas fuerzas policiales incapaces o nada predispuestas a garantizar el arresto y encarcelación de los agresores condenados o a la espera de juicio.
El problema de la impunidad desgraciadamente se extiende a los miembros de las fuerzas de seguridad congoleñas, las mismas fuerzas encargadas de proteger a las mujeres y niñas de los crímenes (incluida la violencia sexual). La falta de responsabilidad entre las estructuras de mando del ejército congoleño permite a los combatientes seguir perpetrando graves abusos de los derechos humanos con poca o ninguna repercusión. Los agresores sexuales pertenecientes al ejército nacional y la policía no suelen ser juzgados y no se pide responsabilidades al personal de rango medio u alto por las acciones de los hombres que se encuentran bajo su mando. 2
Aunque el Gobierno congoleño promulgó en julio de 2009 una loable política de tolerancia cero ante las violaciones llevadas a cabo por miembros de sus fuerzas armadas, sigue habiendo grandes discrepancias entre dicha política y su implementación.
La misión de las fuerzas de paz de la ONU en la RDC ha bosquejado respuestas para estas cuestiones en su Estrategia Global para Combatir la Violencia Sexual ,3 liderada por la agencia. Esta estrategia designa actividades para cinco áreas temáticas: reforma del sector de la seguridad; prevención y protección; lucha contra la impunidad; asistencia multisectorial; y, por último, datos y trazado de mapas. La Estrategia Global es una nueva herramienta que podría verse como una importante prueba piloto de cómo la comunidad internacional puede ayudar a los países a abordar esta cuestión. No obstante la estrategia podría estar promoviendo de manera inadvertida un enfoque fragmentado, dividiendo las diferentes actividades preventivas -como la reforma del sector de la seguridad y la lucha contra la impunidad- en conjuntos de respuesta separados. Resulta especialmente importante captar cualquiera de las lecciones clave identificadas y modificar la Estrategia Global conforme a éstas si la prueba piloto se va a adoptar como modelo internacional para un enfoque unificado hacia la violencia sexual apoyado por la ONU.
La puesta en práctica sigue siendo lenta para ponerse al día con el nuevo marco de protección para las mujeres y niñas creado por las resoluciones 1820 y 1888 de la ONU. A menos que las autoridades políticas elaboren soluciones orientadas a la seguridad y que se desarrollen instituciones para implementarlas, la violencia sexual en la RDC seguirá tratándose como un desafortunado efecto colateral de la guerra y no como un problema de seguridad que requiere y merece una respuesta de seguridad.
La voluntad política, nacional e internacional, debe generarse y aplicarse a todos los elementos de la reforma del sector de la seguridad y de la justicia -y de las reformas del ejército, la policía, las penitenciarías y los sistemas judiciales llevadas a cabo- si esperamos que la violencia sexual en los conflictos en el este de la RDC llegue a su fin.
Sarah Mosely (Sarah.Mosely@theirc.org) fue Asesora Técnica en violencia de género en la RDC del CIR, Talita Cetinoglu (Dalita.Cetinoglu@theirc.org) es Directora del Programa contra la Violencia de Género del CIR y Marit Glad (maritglad@hotmail.com) fue Asesora Política y Defensa en la RDC para el CIR (http://www.theirc.org).
1 Baaz, Maria & Stern, Maria, ‘Understanding and addressing conflict-related sexual violence’ ("Entender y tratar la violencia sexual en los conflictos"), Nordiska Afrikainstitutet, Notas Políticas 2010/3.
2 "Soldados que violan, comandantes que condonan", informe de Human Rights Watch, 2009. Disponible (en inglés) en: http://tinyurl.com/RDC-ejercito-y-violaciones