Los actuales y contantes flujos de personas e información a través de las fronteras implican que cuando se produce una emergencia la comunidad internacional se sienta impelida a actuar no sólo por una cuestión de solidaridad, sino porque sus ciudadanos podrían estar en peligro. Aunque la idea de que los Estados deben cuidar de sus ciudadanos parece algo obvio, ¿es posible que sus acciones causen más perjuicios que beneficios? Las crisis –que no distinguen entre nacionalidades– tienden a provocar acciones especiales por parte de Estados extranjeros para ayudar a aquellos de sus ciudadanos que se encuentran fuera del país. Sin embargo, ni está claro si los Estados pueden proporcionarles lo que pretenden o lo que les piden, ni ser migrante es necesariamente un factor de vulnerabilidad; tampoco suelen ser los migrantes el sector de población en mayor peligro.
En marzo de 2011 la ciudad de Sendai, en Japón, sufrió una triple crisis: terremoto, tsunami y amenaza radioactiva. Como no constituye un punto turístico importante ni un centro de comercio internacional son pocas las misiones diplomáticas que se llevan a cabo en la ciudad. Al menos diecinueve equipos consulares visitaron la zona desde Tokio, al parecer con el fin de evaluar las necesidades de sus compatriotas. Puesto que la ciudad no había sido tan gravemente afectada como las áreas costeras, las evaluaciones no fueron la razón real de las múltiples operaciones de evacuación que tuvieron lugar entre el 13 y el 20 de marzo y que afectaron a varios miles de personas (a los ciudadanos naturalizados y a sus cónyuges japoneses se les evacuó sólo en algunos casos).
La primera evacuación oficial vino seguida de una oleada de desplazamientos –oficiales e informales– de particulares y grupos, que fueron cubiertos en gran medida por los medios de comunicación locales e internacionales. Una de las consecuencias accidentales de las evacuaciones oficiales fue que cundiera el pánico y se produjeran éxodos cuando los equipos consulares ofrecieron la oportunidad de abandonar la ciudad. En segundo lugar, se denunciaron casos en los que se coaccionaba a la gente para que se marchara porque su Gobierno le decía –como “extranjero”– que lo hiciera; “extranjero” es una categoría demasiado amplia como para merecer una acción sin diferenciar.
Por último, las evacuaciones realizadas por equipos consulares diferían en muchos aspectos distintos de los protocolos de acción humanitaria establecidos. Las operaciones extranjeras no ayudan a la gente que se encuentra en mayor peligro, ni siquiera entre sus compatriotas, y añaden presión sobre los escasos recursos. El énfasis que se pone sobre los ciudadanos extranjeros nacionalizados durante las crisis está orientado mayoritariamente a lidiar con la opinión pública y con la logística en sus países de origen, no para abordar la seguridad real de las personas en la zona del problema.
No existen soluciones sencillas para esta particular forma de migración forzada voluntaria. Una de las principales raíces del problema se basa en la estresante idea de la responsabilidad del Estado y en cómo se ha prestado muy poca atención al concepto de “pertenencia”, es decir, a la posibilidad de considerarse uno mismo como miembro del sistema gubernamental local –si no del nacional– con derecho a recibir protección en tiempos de crisis como cualquier otra persona. En el contexto de un mundo globalizado tendremos que reconocer que la escala de la movilidad humana está haciendo que las respuestas convencionales ante situaciones de crisis resulten, a veces, inapropiadas.
Oscar A. Gómez Gomez.Oscar@jica.go.jp es investigador adjunto del Organismo Japonés de Cooperación Internacional (OJCI), en Tokio, Japón. http://jica-ri.jica.go.jp/index.html