El presente artículo expone las circunstancias que llevaron a que no se tomara el ejajot (o «consentimiento informado») de muchas personas refugiadas rohinyás durante el ejercicio conjunto de verificación que culminó con el registro biométrico de casi un millón de personas refugiadas.

En los últimos años, hemos querido entender mejor la manera en la que las personas rohinyás desplazadas por la fuerza que habitan en Bangladesh participaron en el proceso de registro biométrico en torno al que giró el ejercicio de verificación conjunto emprendido por el Gobierno de Bangladesh y por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 2018. Este tema nos interesa en particular desde que Human Rights Watch afirmara en 2021 que el Gobierno de Bangladesh había compartido los datos biométricos que tenían almacenados con el Gobierno de Myanmar sin el consentimiento informado de los refugiados rohinyás. ACNUR puso en cuestión esta denuncia de manera casi inmediata.

Para determinar si hubo un consentimiento informado, organizamos siete grupos focales de discusión que nos permitieron tener conversaciones honestas con la población refugiada rohinyá y con representantes de diversas ONG locales que habían colaborado con ACNUR durante el proceso de verificación conjunta. Por medio de la red informal de confianza del Centro para la Paz y la Justicia, también colaboramos con seis personas refugiadas rohinyás que, de manera voluntaria, hicieron 12 entrevistas a informantes clave. Los testimonios de estas personas refugiadas rohinyás fueron, en una etapa ulterior, transcritos y analizados por los autores del presente artículo.

A medida que reflexionábamos sobre los debates, nos percatamos de que, si bien la noción de «consentimiento informado» en el contexto de la protección de datos no era algo con lo que la población rohinyá estuviera particularmente familiariza, los principios subyacentes sí que están sintetizados en la palabra rohinyá «ejajot». Queremos narrar las circunstancias que llevaron a que no se tomara el ejajot de muchas personas refugiadas rohinyás durante el ejercicio conjunto de verificación del Gobierno de Bangladesh y de ACNUR, que comenzó en 2018 y que culminó con el registro biométrico de casi un millón de personas rohinyás para finales de 2023.

El impulso del registro biométrico en la respuesta refugiada rohinyá

Justo después del desplazamiento masivo de refugiados rohinyás en agosto de 2017, el Ministerio del Interior del Gobierno de Bangladesh, con ayuda de la «asistencia técnica» de ACNUR, inició un proceso para registrar biométricamente a la población refugiada rohinyá. A pesar de las críticas sobre los aspectos opresores de la recopilación y el uso de los datos del pueblo rohinyá, el proceso de registro biométrico se desplegó con gran rapidez a lo largo de los siguientes meses.

En el primer plan de respuesta conjunta de 2018, los principales socios priorizaron la necesidad de «armonizar las bases de datos existentes» y elaborar una «base de datos unificada» que contuviera la «información biométrica de toda la población refugiada». Según el plan de respuesta conjunta, obtener las identidades de la comunidad refugiada «por medio de un proceso de registro y documentación» les permitiría «disfrutar de sus derechos», facilitaría la prestación de asistencia destinada a «las personas que lo necesitan», lograría «conseguir una prestación de asistencia equitativa», «controlar la duplicación y manipulación de las listas de beneficiarios» y, en última instancia, «facilitar la búsqueda de soluciones».

A principios de 2018, el Gobierno de Bangladesh y ACNUR firmaron un memorando de entendimiento para el intercambio de datos. Aunque este acuerdo sigue siendo confidencial, según la actualización operativa de ACNUR, garantiza que «todo uso de información para fines distintos a la asistencia e identificación o su envío a terceros requiere la aprobación de ACNUR». En junio de 2018, el Gobierno de Bangladesh y ACNUR pusieron en marcha un ejercicio conjunto de verificación que culminó con la distribución de «documentos de identidad del tamaño de una tarjeta de crédito» entre 971 904 personas rohinyás a cambio de sus datos biométricos entre ese momento y finales de diciembre de 2023.

Durante nuestro trabajo de campo, nos percatamos de que no solo la comunidad académica tenía sus reservas sobre lo que había sido más o menos un ejercicio de registro biométrico no regulado. Sabemos por estudios anteriores que la comunidad rohinyá estaba descontenta porque las tarjetas de identificación no reconocían su identidad étnica rohinyá, por motivos que escapan a nuestro entender. Creían que la tarjeta de identificación debería reconocer su identidad rohinyá, que era la causa no solo de su marginalización, sino también de su criminalización. En las protestas que sucedieron, el pueblo rohinyá expresó su malestar ante la falta de transparencia en torno al ejercicio y el que no hubieran contado con ellos en absoluto cuando se diseñó el proceso de identificación. También temían que ACNUR y el Gobierno de Bangladesh compartieran sus datos con las autoridades de Myanmar, «quienes podría utilizar esta información en su contra».

A medida que fueron progresando nuestras entrevistas, se hizo evidente que muchas personas en la comunidad rohinyá eran escépticas a que les escanearan las huellas dactilares y el iris. Recordaban sentir una cierta alienación ante este tipo de métodos de recopilación digital de datos, que les eran desconocidos. En muchos casos nos dijeron que, si bien asumían que el registro biométrico les beneficiaría, se sintieron «sujetos sin voz» en un proceso bastante turbio en general. Entonces, a definitiva, ¿qué es lo que llevó a que casi un millón de personas rohinyás participaran en un proceso de registro biométrico de tales proporciones?

El ejajot de la comunidad refugiada rohinyá en los márgenes

En su declaración de 2021 como respuesta a la acusación de Human Rights Watch, ACNUR arguyó que, antes de tomar los datos biométricos de nadie, «se informó a cada familia refugiada del objetivo principal del registro conjunto» y que «a todas se les pidió que dieran su consentimiento para que sus datos se compartieran con socios en el terreno, con el fin de recibir asistencia». Además, aclaró que este ejercicio de registro también tuvo por objeto «establecer la antigua residencia de las personas refugiadas rohinyás en Myanmar y su derecho a regresar» y que, para ello, «se le preguntó a las personas refugiadas por separado y expresamente si habían dado su consentimiento para que el Gobierno de Bangladesh compartiera sus datos con el Gobierno de Myanmar».

ACNUR también aseguró que «se organizó una amplia campaña de asesoramiento e información para explicar el ejercicio e informar a las personas refugiadas de que todas podrían acceder a los mismos servicios y derechos, independientemente de su consentimiento para compartir sus datos con el Gobierno de Myanmar». Asimismo, ACNUR adujo que se habían celebrado sesiones de «asesoramiento individual en sus idiomas para garantizar que comprendieran plenamente el propósito del ejercicio y para ayudarlas a tomar una decisión informada, respondiendo a sus preguntas e inquietudes». ACNUR también declaró que se había dejado meridianamente claro a la población rohinyá que el consentimiento para compartir los datos con los socios locales para recibir asistencia y el consentimiento para compartir los datos con el Gobierno de Myanmar eran dos procesos totalmente independientes. También expusieron que, quienes se negaron a compartir sus datos, «podían acceder a los mismos servicios y derechos» que los demás. Esto significa que «el consentimiento de cada familia se confirmó al menos dos veces» y que «las firmas de consentimiento solo se obtuvieron después de esta doble confirmación». En pocas palabras, la postura de ACNUR es que sí que había obtenido el consentimiento informado de la población refugiada rohinyá tanto antes como durante el proceso de registro biométrico.

Si bien lo que recuerdan las personas a las que entrevistamos pertenecientes a la comunidad rohinyá y a las ONG locales guardan cierta similitud con lo expuesto por ACNUR, existen grandes divergencias entre ambas versiones. Muchas de las personas entrevistadas rohinyás nunca habían oído antes las palabras «consentimiento» o «informado». Sin embargo, cuando explicamos lo que significaba la expresión «consentimiento informado», todas indicaron rápidamente que la palabra «ejajot» reflejaba de manera idónea lo que estábamos describiendo. Como explicó una de las personas entrevistadas de manera conmovedora:

«El ejajot es lo que confirma nuestro mon-er iccha [lo que desea nuestra mente]. Pongamos que una persona que no conozco viene y me pide información sobre mi familia. Seguramente no me apetezca compartir con ella la información que me pide. Para compartir esa información, primero tengo que sentirme a gusto con la persona. Tengo que querer compartir esa información. Ese iccha [deseo] es fundamental. Necesito darle mi permiso, mi ejajot. Es fundamental que la persona tenga mi ejajot, porque eso es lo que garantiza que vaya a tratar la información que doy de manera adecuada».

Ni una sola de las personas rohinyás con las que hablamos sentían que habían concedido su ejajot en este proceso. Dijeron que sus respectivos majhis [líderes comunitarios] y representantes de ONG locales les habían explicado el objetivo del proceso de registro biométrico. Hay quien recordaba que le habían contado que el registro biométrico facilitaría el acceso a raciones de comida y que agilizaría las iniciativas de repatriación futuras. Sin embargo, muchas de las personas entrevistadas también dijeron que las sesiones informativas que se habían organizado no explicaban de manera adecuada en qué se estaban metiendo. Una de ellas hizo eco de la opinión de muchos de los participantes refugiados de los debates focales cuando explicó lo siguiente:

«El proceso de registro [biométrico] empezó al poco de llegar a Bangladesh. Estábamos viviendo una situación traumática. Nos limitamos a hacer lo que nos decían y por eso nos registramos. Fue un proceso muy apresurado».

Algo alarmante es que muchas de las personas rohinyás entrevistadas hicieron eco de denuncias anteriores al decir que, a las personas que inicialmente mostraron reticencias o se opusieron a participar en el proceso de registro biométrico, representantes del Gobierno y de ACNUR les dijeron de manera informal que si no cambiaban de opinión no recibirían raciones más adelante, no podrían trabajar en los campamentos y no se les podría repatriar a Myanmar. Es decir, que la población rohinyá nunca tuvo opción real de negarse a participar en el proceso de registro biométrico. Solo se les vendió la farsa de que se había tomado su consentimiento informado, su ejajot.

Los problemas conceptuales y prácticos de la toma del consentimiento informado

La manera en la que el Gobierno de Bangladesh y ACNUR pusieron en marcha el proyecto de verificación conjunto en 2018, por el que recabaron grandes cantidades de datos biométricos, y el análisis expuesto en el presente artículo, que demuestra que el pueblo rohinyá nunca dio su ejajot ante este proceso, despiertan una serie de preguntas pertinentes sobre el significado del consentimiento informado en la era del humanitarismo digital.

Durante los debates en nuestros grupos focales y las entrevistas a informantes clave, con frecuencia nos preguntamos hasta qué punto a las personas rohinyás entrevistadas les preocupaba o inquietaba realmente el hecho de que no se les hubiera tomado realmente el ejajot. Por el tono de sus voces y sus expresiones faciales, nos llevamos la impresión de que, si bien el pueblo rohinyá comprendía y valoraba el concepto de ejajot, no era una de sus principales preocupaciones.

A sabiendas de que la siguiente pregunta puede resultar provocativa, ¿hasta qué punto la vara de medir de Human Rights Watch sobre el consentimiento informado está demasiado alta? Tras el repentino desplazamiento de cientos de miles de personas rohinyás en 2017, ¿en qué medida era posible, desde un punto de vista logístico, conseguir el ejajot de cada una de ellas antes de tomar sus datos biométricos? ¿Cómo se puede pretender que una comunidad que lleva década tras década marginalizada entienda con facilidad la importancia de los datos y otorgue su consentimiento informado o ejajot? Si nos centramos en la ausencia de ejajot, ¿no estamos desviando la atención de cuestiones más apremiantes sobre la lucha de la población refugiada rohinyá? ¿Son el ejajot o el consentimiento informado en la era digital humanitaria un concepto que las benévolas personas que responden a las situaciones y crisis de refugiados comparten y en las que abundan con las comunidades refugiadas? Estas son las preguntas que nos acechan y para las que no conocemos a ciencia cierta las respuestas.

Conclusiones

Agosto del 2024 marcará el séptimo aniversario del inicio de la crisis de la comunidad refugiada rohinyá en Bangladesh, por lo que pasaría a entrar en la definición de ACNUR de «desplazamiento prolongado». Estos años han sido muestra del histórico relato de Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo, que ha colaborado con ACNUR, con otras agencias de Naciones Unidas y con un extenso abanico de ONG nacionales e internacionales para refugiar y salvar a más de un millón de personas rohinyás. Perpetuar un régimen mundial general en materia de refugio que se sustenta en el traspaso de responsabilidades, en lugar de en el intercambio de responsabilidades, significa que los países en desarrollo acaban asumiendo muchas más responsabilidades con las poblaciones refugiadas. Ante estas circunstancias, no nos cabe duda que la tarjeta biométrica tiene sus ventajas y concede a muchas personas refugiadas de origen rohinyá una sensación de identidad. Pero eso no significa que podamos ignorar el hecho de no haber conseguido el ejajot de la población refugiada rohinyá durante el proceso que derivó en la distribución de estas tarjetas, lo que refleja un proceso de registro biométrico impuesto desde arriba que desdeñó por completo las opiniones y las necesidades de la población implicada.

Tanto el Gobierno de Bangladesh como ACNUR estimaron que no pasaba nada por negar al pueblo rohinyá la más mínima oportunidad de participar en el diseño del proceso de registro biométrico, en cómo se llevaría a cabo, en qué datos se compartirían y con quién, en los riesgos inherentes y en la manera de mitigarlos. El Gobierno de Bangladesh y ACNUR no vieron que hubiera ningún problema en firmar un memorando de entendimiento para compartir los datos de la comunidad refugiada rohinyá, pero, al mismo tiempo, dicho texto era confidencial y las personas a las que presuntamente debía proteger no podían acceder a él. Estas tristes verdades no nos sorprenden ni a quienes firmamos este artículo ni a las personas rohinyás a las que entrevistamos. A fin de cuentas, la población rohinyá, que cuenta con un mero «derecho a tener derechos», tiene una condición jurídica precaria. En el contexto de Bangladesh, en el que los debates sobre la protección y la difusión de los datos son aún incipientes y la legislación nacional sobre esta materia sigue sin implantarse, no es de sorprender que se ignorara el ejajot de la comunidad refugiada rohinyá cuando se tomaron sus datos biométricos.[1]

Sanjeeb Hossain, director de investigación
sanjeeb.hossain@bracu.ac.bd  X: @SanjeebHossain  @cpj_bracu

Tasnuva Ahmad, investigadora asociada

Mohammad Azizul Hoque, docente

Tin Swe, refugiado rohinyá y voluntario de la Unidad de Estudios para Refugiados (RSU)

Centro para la Paz y la Justicia (CPJ), Universidad de BRAC

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[1]Este estudio ha sido realizado gracias al apoyo del proyecto Stateless in the Bengali Borderlands: New Technologies and Challenges for Identity and Identification del Instituto de Oslo de Investigación sobre la Paz, que recibió financiación del Consejo de Investigación de Noruega; del proyecto ASILE, que recibió financiación del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea para la investigación y la innovación, en virtud del acuerdo de subvención n.º 870787, y de Asylum Access. Agradecemos su apoyo a las seis personas refugiadas rohinyás por haber realizado de manera voluntaria las entrevistas a informantes clave, a las personas entrevistadas de manera anónima procedentes de la comunidad rohinyá y de ONG locales, y a Tamara Siddika, encargada de la interpretación de los grupos focales.

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