¿Qué esperanzas hay para los desplazados internos en un nuevo Sudán?

El resultado más probable del referéndum del 2011 es que Sudán del Sur se separe del norte, dividiendo Sudán en dos Estados-nación.

La última guerra civil de Sudán entre el norte y el sur terminó en 2005 con el Acuerdo Integral de Paz (CPA, por sus siglas en inglés). Las guerras han provocado el desplazamiento de más de cuatro millones de personas y la muerte de más de dos millones de habitantes del sur del país. El mandato del Acuerdo Integral de Paz consistía en hacer atractiva la unión del norte y el sur, a la vez que se allanaba el camino para la celebración en el sur de un referéndum para decidir sobre su secesión. Sin embargo, habrá numerosos retos durante los preparativos del referéndum y tras la secesión. Dos cuestiones en particular deben tratarse: si todas las personas desplazadas internamente (PDI) de Jartum tendrán la oportunidad de votar y cuál será su ciudadanía tras la secesión, en caso de que éste sea el resultado.

Votar en el referéndum

Las estadísticas de población derivadas del censo de 2008 en Sudán se utilizarán para determinar cómo se va a distribuir el poder y las riquezas en caso de secesión. Para garantizar una distribución proporcional habría que contar a todos los individuos de Sudán del Sur, incluyendo a las personas desplazadas que se encuentran en los campos y en los alrededores de Jartum. La Oficina Central de Estadística declaraba que los sureños constituyen el 21,10% de la población total sudanesa en relación al 78,9% de norteños.1 La cifra de 21,10% ha sido refutada por el Primer Vicepresidente Salva Kiir, de origen sureño, quien sugiere que más del 33% es una estimación más realista.

Una de las razones de las bajas cifras es que se ignoró a muchos de las PDI que viven en campos y zonas de ocupación ilegal alrededor de la capital. La Oficina Central de Estadística anunciaba en mayo de 2009 que sólo 520.000 sudaneses del sur viven en Jartum y alrededores, en contraste con los 2 millones estimados por el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM, por sus siglas en inglés). Una encuesta realizada por Tufts y el Observatorio de Desplazamiento Interno en 2008 calculaba que entre 1,3 y 1,7 millones de PDI, principalmente del sur, viven en Jartum entre otras comunidades.2

Es de vital importancia enfatizar en que sólo una tercera parte de los desplazados sudaneses del sur que viven en Jartum fueron censados para votar en las elecciones de 2010, ya que sólo un tercio de ellos existe de acuerdo al Partido del Congreso Nacional (PCN) (del Norte). La pregunta clave ahora es si los 1,3 millones o más de PDI serán censadas para votar en el referéndum.

Garantizar que todos los sudaneses sureños tengan la oportunidad de votar va a ser costoso y, en algunos casos, poco viable, puesto que ambos bandos son reacios a financiarlo o proporcionar los medios logísticos para ello. Tanto unos como otros deben garantizar que haya suficientes centros de registro y colegios electorales en Jartum y sus alrededores para que se lleve a cabo un referéndum justo. Aunque un referéndum justo podría no ser ventajoso para ninguno de los dos bandos. El SPLM teme que muchas PDI voten por la unidad si encuentran seguridad en el norte en lo que a trabajo y educación respecta. En septiembre de 2006, la Organización Mundial para las Migraciones descubrió que el 25% de PDI que se encontraban en el norte no tenían intención de regresar al sur y que la cifra de sureños en el norte es creciente.

Por otro lado, al PNC le preocupa que si se anima a las PDI a reavivar los recuerdos de sufrimiento y maltrato infligidos durante varias décadas por el norte,  voten por una secesión que  supondría un control más estricto de de los recursos por parte del sur, lo que no sería bien recibido por el norte.

Reconociendo la necesidad de un reparto equitativo de la riqueza, el Acuerdo Integral de Paz establecía la distribución de la misma "basándose en la premisa de que todas las partes del Sudán tienen derecho al desarrollo". En realidad, el actual régimen todavía tiene que cumplir su promesa de repartir y entregar a partes iguales los ingresos provenientes del petróleo. Estos ingresos son necesarios para el fomento de la capacidad del sur; sin ellos, los sureños que decidieran retornar no tendrían nada por lo que hacerlo. Es necesario que las infraestructuras, la seguridad y la estabilidad socioeconómicas estén en orden antes de poder disfrutar de los efectos de la independencia y la secesión. Es posible que las PDI retornadas no tengan garantizado el trabajo, ni sus hijos el acceso a la educación.

Ciudadanía

Si Sudán del Sur se separa del norte, no será la primera vez en los últimos años que una nación africana se enfrente a una crisis de ciudadanía. Esto puede ser comparable a la experiencia vivida en Eritrea-Etiopía. Eritrea se separó pacíficamente de Etiopía en 1993 como resultado de un referéndum. Ambas partes acordaron respetar los derechos de los ciudadanos que vivían en un territorio u otro mediante la emisión de la doble nacionalidad.3 En Sudán no se ha alcanzado hasta la fecha ningún acuerdo parecido. Aunque en 1998 un conflicto sobre las fronteras llevó al Gobierno etíope a expulsar a muchos eritreos y a privarles de la ciudadanía, puesto que el voto a favor del referéndum se consideró un voto para ser repatriado a Eritrea, país que también ha expulsado y privado de su nacionalidad a las personas de origen etíope. Pero independientemente de que se les trate como extranjeros y ciudadanos de segunda clase, sin ninguna protección de sus derechos y, en última instancia, apátridas, muchas personas de una nacionalidad u otra deciden quedarse en territorio contrario.

Resulta complicado evaluar en este punto si los sureños serán expulsados o no del norte y viceversa en caso de que se produzca la secesión. Entre los oficiales de alto rango se ha insinuado que, a pesar de ir contra el Acuerdo Integral de Paz, los sureños que residan en el norte y voten a favor de la secesión no tendrán derecho a la ciudadanía de Sudán del Norte.

Y si las PDI del sur deciden quedarse en el norte seguirán viviendo bajo la ley shari'a, puesto que el PNC no tiene intención de gobernar en un Sudán laico. Existen dudas de hasta qué punto se protegerán los derechos humanos de los sureños no musulmanes, en especial si acaban teniendo que vivir como "forasteros" en el norte.4

Sudán no ha ratificado la Convención para Reducir los casos de Apatridia de 1961 y, por tanto, no ha contraído como Estado contratante la obligación internacional de garantizar que las gentes del sur puedan adquirir la nacionalidad norteña y que ésta no se les deniegue por cuestiones de "raza, etnia, religión o de ideología política". Puede que surjan tensiones religiosas y étnicas y no resulta del todo inconcebible que determinados grupos recurran a la violencia. Todavía no se ha producido un debate público sobre los planes de contingencia para contrarrestar estallidos de violencia o nuevos conflictos.

Puesto que el Acuerdo Integral de Paz fue diseñado para promover la unidad, no incluye indicación alguna sobre qué ciudadanía podrían adquirir los desplazados de origen sureño. Ni el norte ni el sur han hecho hasta la fecha declaraciones acerca de a qué ciudadanía tendrá derecho la gente del nuevo Sudán. Si quienes provienen del sur no pueden elegir su propia ciudadanía -por ejemplo, norteña o doble nacionalidad- puede que se conviertan en apátridas en caso de que decidan quedarse en el norte. Tal vez ni siquiera tengan estatuto de refugiados si se aplica la cláusula de cesación. Los sureños dejarán de cumplir los requisitos para solicitar el estatuto de refugiado, puesto que la secesión marcaría el final de su lucha y del conflicto, en cuyo caso ya no cuenta con un temor bien fundado de persecución.

Si ACNUR decide adoptar la política de cesación y clasificar a los sureños que se encuentran en el norte como grupo que ya no necesita protección, la comunidad internacional debería al menos ofrecer soluciones duraderas en el sur. Si se les obliga a repatriarse, los sureños necesitarán encarecidamente vivienda, medios de subsistencia y sentido de la comunidad.

Taghrid Hashim Ahmed (ahmed.taghrid@googlemail.com) tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales y Desarrollo Internacional y un Máster en Conflictos Contemporáneos y Violencia.

1 Véase CPA Monitor, pág. 12, 103, Octubre 2010. Disponible (en inglés) en: http://tinyurl.com/CPAMonitor-Oct2010

3 Véase el artículo de Katherine Southwick, “Eriopía-Eritrea: la apatridia y la sucesión de Estados”, en RMF32. Disponible en: http://www.migracionesforzadas.org/pdf/RMF32/05.pdf

4 En noviembre de 2010, ACNUR había debatido sobre una serie de cuestiones con los dos líderes del Sur y del Norte, la Unión Africana y la Misión de las Naciones Unidas en Sudán (UNMIS), pero no había sido invitado a participar formalmente como asesor experto en el grupo de trabajo sobre ciudadanía. Véase también (en inglés): http://untreaty.un.org/ilc/summaries/3_4.htm, de la Comisión de Derecho Internacional sobre "La nacionalidad en relación con la sucesión de Estados".

 

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