Los desplazados también protestan

Las personas desplazadas en Colombia recurren a manifestaciones masivas a fin de persuadir a su Gobierno para que asuma sus responsabilidades para con ellos.

Décadas de conflicto armado en Colombia han desplazado a más de tres millones de personas, fundamentalmente habitantes de zonas rurales, afectando principalmente a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. En 2009, la Corte Constitucional de Colombia, en la audiencia de seguimiento a su sentencia T-025 de 2004 en la que declaró el desplazamiento como un estado de cosas inconstitucional, reiteró que ese estado se mantiene y que la respuesta estatal ante la crisis no ha sido integral ni coordinada. Se realizaba un particular llamado de atención sobre temas de acceso a algunos derechos de la población desplazada como el problema de la restitución de tierras, vivienda e ingresos.1

Debido a la ausencia de la atención efectiva del Estado, la población desplazada ha recurrido a acciones colectivas – conocidas como “vías de hecho”- como las protestas y las ocupaciones con el fin de aumentar la conciencia de su situación y exigir el cumplimiento de sus derechos.

La toma en 2009 del parque Tercer Milenio de Bogotá, en la capital del país,  contó con la mayor atención mediática. La toma, en la que participaron 2.000 personas desplazadas de todo el país y duró seis meses,  terminó  - el 2 de agosto - cuando los líderes de la protesta firmaron un acuerdo con el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá en el que estos últimos se comprometían a conceder ayuda económica y  acceso a proyectos productivos.

El 21 de Julio, en el suroccidente del país, colectivos del distrito de Buenaventura tomaron las instalaciones de la Unidad de Atención y Orientación a la población desplazada a raíz del incumplimiento, por parte del Gobierno nacional, de los compromisos de ayuda económica y en protesta por la mala atención que recibe la población afrodescendiente desplazada. Nemesio Quinto, uno de sus líderes, decía: “Necesitamos que el desplazado sea restablecido socialmente, seguimos en las mismas condiciones que en 1998, vivimos en la miseria total.”2 La toma duró 11 días, hasta que finalmente se firmó un acuerdo  con Acción Social 3 y la Alcaldía del municipio de Buenaventura en el cual estas instituciones se comprometieron a prestar la asistencia necesaria.

Por esos mismos días, el 23 de julio, 500 familias desplazadas ocupaban tierras en Santa Marta (capital del departamento de Magdalena), en demanda de su derecho a la vivienda y denunciando la falta de atención y el retraso en la entrega de subsidios y ayudas. La toma duró aproximadamente un mes, durante el cual se trató de desalojar por la fuerza policial en dos ocasiones. Ante la propuesta de una agencia internacional de construir algunas viviendas, la Alcaldía de Santa Marta se opuso argumentando que no había lotes disponibles y que las tierras tomadas por los desplazados eran propiedad de una empresa de carbón. Sin embargo, al parecer: “los documentos existentes señalan que la Alcaldía es dueña de dicho lote, del cual está interesada una empresa, Prodeco [compañía colombiana de carbón], para montar su negocio de muelle seco de carbón”.4

En Medellín (capital del departamento de Antioquía), el 29 de agosto varios desplazados tomaron la Basílica de Medellín exigiendo ayuda humanitaria y acceso a la tierra y la educación. La ocupación duró sólo un día en el cual se alcanzó un preacuerdo con Acción Social para desalojar la catedral y reunirse para discutir las demandas. “Hemos tomado las vías de hecho para que seamos escuchados", declaraba Francisco Eugenio Pedroso, uno de los líderes.5

Por lo general, estas poblaciones han agotado las vías legales de que disponen y actúan por la desesperación. Sin embargo, estas protestas parecen haber logrado poco a largo plazo. A pesar de que pudieran aumentar la conciencia sobre los problemas a los que se enfrentan los desplazados, está bastante claro que sólo se negoció con los líderes de las protestas para desalojar y devolver los lugares ocupados y sus ciudades a la 'tranquilidad' y 'seguridad'. Las 'soluciones’ proporcionadas a los protestantes fueron asistenciales y no se orientaron a problemas de fondo como el de restablecimiento o restitución de sus tierras, el acceso a la vivienda y la generación de ingresos. El Gobierno nacional debe llegar más lejos si han de resolverse estas cuestiones, respetar el derecho de las personas y restituir sus medios de vida.

Freddy A Guerrero (tibacuyes@yahoo.es) es Coordinador del Equipo Regional Bogotá e Incidencia Política del Servicio Jesuita a Refugiados y Estefanía Vanegas (estefaniavanegas@gmail.com) es historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, ambos miembros del Servicio Jesuita a Refugiados, Colombia.

1 ‘Manejo del desplazamiento por parte de Acción Social recibió críticas de la Corte Constitucional’,El Tiempo, 11 de julio de 2009.

2 ‘Buscan salida a protestas de desplazados’, El País, Cali, 27 de julio de 2009, Adonay Cárdenas.

3 Instancia del Gobierno nacional responsable de coordinar la atención a la población desplazada en el país.

4 Boletín No. 11, Codhes, julio-agosto de 2009.

5 ‘Desplazados salieron de la Catedral Metropolitana de Medellín tras lograr un preacuerdo’, El Tiempo, 1 de septiembre de 2009.

 

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