La dinámica inestable en en el este de la RDC

El conflicto del este del Congo ha sido el más terrible desde la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias sociales han sido desastrosas. Se debe buscar soluciones a largo plazo para un conflicto con raíces políticas, demográficas y económicas.

Los primeros desplazamientos importantes de la población ruandófona 1 empezaron en 1937 cuando la República Democrática del Congo (RDC) (entonces llamada Zaire) fomentó la inmigración de los banyarwanda "no nativos" (población procedente de Ruanda) ofreciéndoles trabajo en sus grandes plantaciones coloniales junto a las comunidades “nativas” existentes. Hacia el año 1960, unos 200.000 ruandófonos vivían en la RDC. Tutsis de Ruanda y hutus de Burundi que emigraron a los Kivus tras la independencia de sus respectivos países en 1962; además de burundeses exiliados tras el genocidio del régimen tutsi de Buyumbura en 1972 y, más tarde, huidos de la guerra civil. En la RDC encontraron una tierra parecida a la suya, de montañas verdes, aire puro y prácticas agrícolas conocidas.

La huida de cientos de miles de refugiados hutu al Zaire tras el genocidio ruandés de 1994, afectó totalmente a la compleja y ya frágil balanza demográfica. Entre los refugiados había miembros de la milicia Interahamwe (una organización paramilitar hutu) -el grupo que formó la vanguardia del genocidio- y soldados de las Fuerzas Armadas de Ruanda (FAR). El odio entre los hutu y los tutsi que vivían en territorio congoleño llegó a su cénit.

La presión en Kivu aumentó y tuvo una serie de consecuencias desastrosas. La competencia por el acceso a la tierra y lo imprescindible para la subsistencia, como agua y leña, desencadenó conflictos entre los grupos obligados a vivir juntos. Los ancianos tradicionales apenas mediaron en estos conflictos, ya que ellos mismos estaban debilitados por la agitación y los desplazamientos y conservaban sólo una parte de sus antiguos poderes.

A finales de los 90 se añadió un nuevo ingrediente para que la región se convirtiese en un potencial polvorín: el descubrimiento de minerales muy codiciados usados en la industria electrónica, así como una serie de recursos naturales muy valiosos. Entre ellos se encontraron coltan y casiterita (óxido de estaño) en Kivu del Norte, oro en Ituri y en Kivu del Sur, además de maderas tropicales, carbón, carne, té, quinina y papaína. A las milicias y los ejércitos les dio por ejercer su poder en las minas principales en las que hicieron -y continúan haciendo- grandes sumas de dinero.

Economía criminal

El sistema establecido fue un sistema criminal, privatizado, militarizado y muy lucrativo: su único distintivo era la violencia. Los caudillos de cada milicia de las Fuerzas Armadas de la RDC, de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) y de los grupos Mayi-Mayi controlan su territorio; si uno de ellos vulnera el terreno de otro se desencadena una guerra de clanes. Los que controlan la mina y el territorio hacen todo lo posible por mantener su posición; los que tratan de hacerse con él usan las fuerzas militares para alcanzar sus objetivos. La ausencia de orden público, junto con una cultura de impunidad heredada de los últimos años del régimen Mobutu, permitió que esa economía prosperase; una economía que se alimenta de la depredación y que, a la larga, se autodestruye como resultado de la sobreexplotación de las tierras, de los minerales y de sus gentes.

Como siempre, las armas están muy demandadas. Los beneficios de la explotación mineral y su tráfico han permitido que los grupos armados consigan armamento pesado, cañones, morteros de largo alcance, rifles AK47, munición, equipos de radio y uniformes del extranjero. A pesar de la prohibición del suministro, el enorme mercado de armas ligeras nunca ha flaqueado. A finales de 2009, había unos 40.000 kalashnikov sólo en Kivu del Norte.

Aún queda un último ingrediente para agravar el conflicto: rumores malintencionados transmitidos de boca en boca, a través de folletos anónimos, carteles, mensajes de radio o mensajes de texto. Basados en la credulidad  despiertan quejas acumuladas, agravando aún más el odio entre comunidades y alimentando el deseo de venganza. Abundan las teorías de conspiración. En Kivu e Ituri un rumor hace circular sin cesar la idea de que los "ruandeses" monopolizan las tierras y minas, despojan a los líderes tradicionales y continúan hablando kinyarwanda. Oímos hablar de la venta del "derecho nacional por nacimiento" (Kivu) por parte de las élites y militares que tratan de enriquecerse haciendo pactos secretos con el enemigo. Estas acusaciones de traición agravan el abismo entre "nativos" y "no nativos". La radio rural desempeña un papel muy efectivo para neutralizar o transmitir rumores y ahora los teléfonos móviles transmiten más rápido y más lejos los mensajes de odio.

Consecuencias sociales desastrosas

La consecuencia más obvia de este clima de conflicto es la inseguridad en Kivu. 1,5 millones de personas todavía seguían desplazadas en octubre de 2010 y nuevos grupos de personas huían de sus casas debido a varios ataques, acompañados de violaciones, sobre todo en el territorio de Walikale. Los indicadores de desarrollo humano son extremos en Kivu. Los índices de pobreza (84,7% en Kivu del Sur y 73% en Kivu del Norte) son más altos que la media nacional (71,3%). Las tasas de asistencia son muy bajas en las escuelas primarias (alrededor del 53%) y las tasas de mortalidad materna e infantil son altas. Muy pocos hogares disponen de suministros de agua potable y menos aún de electricidad. Los servicios de salud son inadecuados, con un médico por cada 27.700 habitantes en Kivu del Sur, y uno por cada 24.000 en Kivu del Norte.

Algunos fenómenos tienen consecuencias profundas. Ha habido un importante éxodo hacia las minas, lo que provoca un desarraigo de la población joven probablemente irreversible. Hay un éxodo similar para unirse a los grupos rebeldes o a las milicias. Los grupos Mayi-Mayi - omnipresentes en la zona de Kivu- presentan una comunidad distinta de la estructura social tradicional, con una organización interna estrechamente estructurada y relaciones igualitarias. Éstos ofrecen una vía de escape de la tierra y una nueva y más aceptable forma de organización que la del pueblo. Los jóvenes reclutas dejan su tierra natal por largos periodos de tiempo y por lo tanto abandonan -a menudo para siempre- la autoridad de sus progenitores. Los padres pierden la influencia sobre sus hijos que cada vez se sienten más atraídos por las culturas urbanas, que por los valores tradicionales. En otras partes de África el proceso se ha desarrollado a largo plazo, pero al este del Congo ha sido rápido y violento.

Mires adonde mires, la agricultura ha perdido a sus trabajadores que se han ido a las minas. Esta erosión de los recursos básicos de muchos hogares ha empeorado debido al saqueo militar, a la masacre de animales y a los robos de las cosechas y del ganado. Las formas tradicionales de solidaridad social y económica están siendo remplazadas por la lucha individual por la supervivencia.

Protección: la mayor prioridad

Una sucesión de acuerdos de paz (Kisangani, Nairobi, Goma) y resoluciones de las Naciones Unidas, en concreto las de diciembre de 2009 (resolución 1906) y de junio de 2010 (resolución 1925), han tratado de ofrecer una mejora de la seguridad y la asistencia humanitaria, concretamente:

  • reducción significativa de los casos de abuso y violencia
  • reducción del número de personas desplazadas
  • aumento del acceso a la ayuda humanitaria y a los servicios de los derechos humanos para la población vulnerable
  • refuerzo de la protección dirigida sobre todo a mujeres, niños, refugiados y personas desplazadas
  • garantía de que las personas desplazadas puedan regresar a sus lugares de origen
  • reducción de la impunidad y cumplimiento de penas por los responsables de casos de violencia y de violación de los derechos humanos

 

Después de la protección de la población, la segunda prioridad -fundamental para establecer la paz duradera- es el cese de las hostilidades mediante el desarme, la desmovilización, la repatriación, la reintegración y la reinstalación de los grupos armados. En diciembre de 2003 el gobierno impulsó un programa nacional para reducir sustancialmente la disponibilidad de armas ilegales y para rehabilitar a combatientes a través del trabajo comunitario, integración en el ejército regular o la repatriación a Ruanda. Su éxito fue parcial, por lo menos cuantitativamente. 21.500 combatientes y las personas a su cargo retornaron a Ruanda entre 2003 y 2009. A principios de 2010 sólo había 3.000 combatientes de los grupos armados a la espera de su rehabilitación.

El método preferido para resolver conflictos, sofocar insurrecciones y restablecer la paz en la RDC siempre ha sido la integración de los grupos rebeldes en el ejército. Como resultado el actual ejército congoleño es un crisol que incluye 56 grupos rebeldes "integrados" con éxito desde la década de los 80. Los nuevos "soldados integrados" unen elementos dispares de grupos de combatientes integrados anteriormente. En el año 2009 tuvo lugar la "integración acelerada" de casi 20.000 rebeldes más en las fuerzas armadas nacionales. A decir verdad, esto no crea las mejores condiciones para formar un ejército nacional y puede, por el contrario, tener un efecto destructivo en el ejército. Los elementos del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) -el exgrupo rebelde tutsi- y otros antiguos rebeldes fueron integrados precipitadamente en 2009 sin haberse verificado el origen de los reclutas. El CNDP -que estaba bien organizado- aprovechó su integración al ejército nacional para crear un comando paralelo y luchar por sus antiguos objetivos desde dentro del ejército, sobre todo para averiguar el paradero de los rebeldes hutu de las FDLR y hacerse con el control de las minas. La situación se vino abajo de verdad.

La resolución del conflicto del este del Congo llevará su tiempo. Tras muchos años de conflicto e inseguridad, la muerte de tantas personas y la destrucción de tanta tierra, es duro cambiar esa actitud consolidada de rebeldía y represalias. Pero no hay que perder la esperanza de que algún día una estructura federal sea capaz de iniciar una cooperación basada en la rehabilitación coordinada del país, sobre todo por el beneficio de las comunidades locales. Tampoco hay que perder la esperanza de que los recursos desviados por la economía fraudulenta, concretamente del sector minero y de la biodiversidad, se encaucen hacia empleos productivos. Lo único que es imposible es creer en soluciones simples y rápidas una vez acabado el conflicto: la reconstrucción durará décadas.

 

Pierre Jacquemot (Pierre.JACQUEMOT@diplomatie.gouv.fr) es Embajador de Francia en la República Democrática del Congo (http://tinyurl.com/France-govt-DRC).

1 Personas que hablan kinyarwanda, la lengua nacional de Ruanda.

 

 

 

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