Desahucios en zonas protegidas de la República Democrática del Congo

Los desplazamientos físicos y económicos inducidos por la protección medioambiental no pueden considerarse un mal menor ya que afectan a las vidas y modos de subsistencia de hasta 17 millones de personas en la República Democrática del Congo (RDC), casi el 25% de la población total. El establecimiento de nuevas áreas protegidas con un total de 20 millones de hectáreas y el aumento en la protección de los siete parques nacionales existentes en la RDC, así como de otras 57 áreas protegidas que ocupan otros 20 millones de hectáreas, tiene un inevitable impacto en las personas que viven en estas zonas o dependen de sus recursos como medio de vida.

Los criterios actuales definen los desplazamientos por motivos de desarrollo como los procesos de traslado forzoso iniciados cuando la necesidad de "derecho de paso" de un proyecto anula el "derecho a permanecer" de la población. Como resultado los habitantes locales son forzosamente evacuados, pierden sus tierras y/o les expropian sus casas. Además, en un sentido económico y sociológico los desplazamientos tienen lugar no sólo cuando la expropiación de tierras obliga a la relocalización física, sino también cuando un proyecto de conservación o de urbanización concreto restringe el acceso a tierras de cultivo, zonas de pesca y bosques; incluso cuando los usuarios tradicionales no se han trasladado físicamente pero se prohíbe administrativamente el uso de los recursos naturales.

Esta visión ha tenido eco en el Banco Mundial que incluye “la restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la ley como parques o zonas protegidas” en su última política de reasentamiento involuntario respecto a sus consecuencias y el modo en que se deberían mitigar. 1

El Parque Nacional de Virunga,  al este de la RDC, fundado en 1925 con fines de investigación y conservación es el más antiguo de África. Tras la independencia de 1960 la obtención de ingresos a través del turismo (sobre todo para visitar a los gorilas de montaña) se convirtió en un nuevo objetivo. Sin embargo, la población local se beneficiaba poco de los ingresos del parque y no estuvo implicada en ningún momento en  su gestión o regulación. Al mismo tiempo, un gran número de personas fueron desplazadas del parque cada vez más grande; aumentaban las prohibiciones de acceso a los recursos tradicionales que sustentaban sus  modos de vida en el parque e incluso se restringió significativamente el acceso a la zona de seguridad. La población rural se tornó bastante hostil y opuso resistencia -a veces con violencia- a cualquier mejora o ampliación de la ley. Con el escenario de fracaso del Estado a principios de la década de 1990 de fondo, muchos regresaron a sus poblados en el Parque Nacional.

Desde 2003, unas 180.000 personas dentro del parque han sido objeto de un programa de reasentamiento voluntario (conocido como “glissement volontaire”) organizado por el Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza (ICCN) 2 y WWF. Más de 35.000 personas fueron "reasentadas" en 2004 en una zona del sureste del Lago Eduardo. Los funcionarios admitieron que este reasentamiento se llevó a cabo a punta de pistola, que no se proporcionó asistencia para el reasentamiento y que no se restituyeron los medios de subsistencia de las personas afectadas. A pesar de que se aseguró que el reasentamiento iba a ser voluntario y basado en consultas previas e informadas, las conversaciones que tuve con la gente del parque y alrededores en 2006 y 2007 probaban lo contrario; la gente no quería abandonar el parque y trataron de resistirse, incluso amenazados a punta de pistola.

"Primero fue Mobutu quien saqueó la tierra, luego los hombres de Bemba, luego los sudaneses, después el Ejército de Resistencia del Señor y ahora son los parques africanos.”
Religiosa de Faradje, cerca del Parque Nacional Garamba

La idea de expulsar a grandes grupos agroganaderos bien organizados y armados a las selvas de los alrededores no sólo conllevaba importantes riesgos para la paz de la región (debido a que las tierras que les prometieron ya estaban ocupadas) y para los modos de vida de los reasentados y de la población de acogida, sino también para el medioambiente ya que parecía inevitable que los reasentados crearan claros en su nuevo emplazamiento en la selva para continuar con las pautas tradicionales de sus modos de vida.

Bajo la administración colonial se permitió a unos 9.000 mbutis permanecer en sus tierras dentro del Parque Nacional Virunga amparándose en la extraña idea de que parecían más animales que humanos. Tras la independencia muchos se vieron obligados a establecerse en poblados fuera del parque. Esta sedentarización forzada tuvo efectos desastrosos en sus modos de subsistencia, cultura y nivel de vida. Cuando el Estado fracasó la mayoría de ellos volvió al parque pero cuando la gestión del mismo se reorganizó les obligaron de nuevo a abandonarlo y buscar un lugar donde asentarse. No se les ofreció ayuda ni tierras para el reasentamiento. Actualmente no tienen acceso legal a los terrenos o a cualquier recurso natural y, como resultado, ahora son labradores sin tierra.

"Nuestros nuevos amos [...] prefieren a los animales antes que a los humanos y no les importa que la gente sufra mientras que los animales sean felices". Líder mbuti.

Sin la implicación de la población afectada en el proceso de toma de decisiones y sin asegurar un acuerdo de las garantías internacionales para impedir el empobrecimiento, no es sorprendente que a menudo se vea a las autoridades y las organizaciones internacionales de conservación como otro "señor de la guerra, que se apodera de toda la tierra que puede" 3 a la sombra de todos los conflictos de la región.

Kai Schmidt-Soltau (SchmidtSol@aol.com) es el director de Social Science Solutions.