La prevención de la violencia sexual

La asistencia se ha centrado en los supervivientes de violencia sexual después de ser atacados, pero no se han destinado suficientes recursos o atención política a prevenir la incidencia de estos actos de violencia.

La atención internacional de los medios de comunicación y los gobiernos donantes sobre la violencia sexual en la República Democrática del Congo (RDC) ha llevado a la ONU a lanzar una nueva estrategia global contra la violencia sexual en 2009. La estrategia consta de cinco componentes, tres de los cuales están directamente relacionados con la prevención: combatir la impunidad, reforma del sector seguridad y, por último, prevención y protección. Aunque los países donantes a menudo se han mostrado en el pasado reacios a financiar actividades preventivas por su falta de resultados tangibles (excepto algunas actividades relacionadas con cuestiones de impunidad), han apostado por la nueva estrategia y han puesto el foco de atención sobre la prevención y la implicación del Gobierno.

La estrategia global se ha incorporado al propio "Programa de Estabilización y Reconstrucción en las zonas afectadas por el conflicto en el este de la RDC" (STAREC). La estrategia se encuentra limitada en su capacidad de abordar las necesidades propias de la violencia sexual en las zonas de conflicto, ya que STAREC se centra principalmente en zonas más estables. Esto significa que las actividades de prevención bajo esta estrategia se ocuparán menos de las zonas en conflicto más problemáticas, donde se producen la mayoría de los casos brutales de violencia sexual. La impunidad es, de lejos, el elemento más fuerte de las secciones de la estrategia que tratan sobre la prevención, mientras otras áreas, como la reforma del sector de la seguridad o las actividades de prevención y protección, han recibido menos atención o planteamiento estratégico.

Un grupo creado por una víctima de violación para apoyar a mujeres seropositivas y a supervivientes de la violencia de género en Kivu del Norte desarrolló una red que asiste a víctimas de agresiones sexuales, acompañándolas para garantizar que acceden a la asistencia médica y, en caso de que quieran denunciar su caso a la policía, a la asistencia jurídica. Asimismo, gestionan un centro de asesoramiento (maison d’écoute) donde las mujeres pueden pasar la noche y ayudan a las supervivientes de agresiones sexuales que son abandonadas por sus familias a iniciar una nueva vida por medio de formación en artesanía, agricultura o en la cría de animales. También llevan a cabo sesiones de concienciación con las comunidades sobre la violencia contra las mujeres y sobre el VIH/SIDA para intentar eliminar el estigma de muchas supervivientes de violación.

Como muchas otras ONG locales, este grupo recibe un apoyo económico mínimo. Para las agencias de la ONU y las ONG internacionales siempre resulta complicado determinar las ONG locales que disponen de aptitudes para gestionar programas, manejar fondos de financiación con transparencia y sean lo suficiente independientes a influencias políticas. Pero ninguna estrategia global nacional sobre violencia sexual puede tener éxito si no consigue la implicación de las personas más afectadas, a saber, los colectivos locales de mujeres; quienes seguirán ofreciendo su apoyo mucho después de que las agencias internacionales se hayan marchado.

En mayo de 2010, un equipo de la ONG Refugees International (RI) nos reunimos con los colectivos locales de mujeres en zonas de difícil acceso afectadas por el conflicto. Nos explicaron que las víctimas de violación suelen contarles que aunque haya asistencia médica disponible no merece la pena buscarla porque tienen que volver a los campos donde fueron atacadas para llevar comida a sus familias y saben que  van a ser violadas de nuevo.

Al amparo de STAREC existen planes para trabajar con las comunidades, hacer que se pongan de acuerdo sobre cuáles son los riesgos de seguridad a los que se enfrentan e intenten encontrar métodos para prevenirlos. Sin embargo, no existían estrategias comunitarias sobre prevención en las zonas que RI visitó. Los colectivos de la sociedad civil local suelen estar activos en zonas en las que las organizaciones internacionales no trabajan a causa de la inseguridad o la inaccesibilidad y es importante respaldar su trabajo con las comunidades para establecer comités de prevención de la violencia sexual.

La lucha contra la impunidad

Durante mucho tiempo los donantes se han centrado en combatir la impunidad cuando abordaban cuestiones de violencia sexual, en especial en la RDC. El gobierno congoleño aprobó en 2006 una ley sobre violencia sexual que parecía buena sobre el papel, pero que ha sido escasamente implementada.

La esperanza en la lucha contra la impunidad en la RDC se centra en incrementar las condenas en los delitos y las sentencias por violencia sexual a fin de disuadir a los perpetradores potenciales, pese a que el sistema jurídico civil se esfuerza por responder adecuadamente a los casos de violencia sexual. La mayoría de los conflictos relacionados con este tipo de violencia tienen lugar en zonas rurales alejadas de las ciudades y, en estas zonas tan apartadas, a las mujeres les resulta más difícil acudir a la policía, a los jueces, a los juzgados o a los servicios sanitarios a tiempo para conseguir informes médicos y jurídicos (así como para obtener asistencia médica vital). Todos estos servicios padecen una grave falta de personal, formación e infraestructura excepto en las capitales provinciales. Ayudaría aumentar el apoyo a los juzgados itinerantes.

En las capitales de provincia se han producido condenas por violencia sexual pero las sentencias emitidas tienden a establecer penas de corta duración. Según algunos, los jueces son reacios a acentuar el problema de saturación de las cárceles. La lucha contra la impunidad no puede tener éxito si no mejora el sistema de prisiones de una manera más general; en demasiados casos los condenados por violencia sexual consiguen escaparse o sobornan para conseguir salir de prisión en pocos días.

En las zonas afectadas por conflictos la mayoría de los agresores son hombres armados, muchos de ellos miembros del ejército congoleño. La formación y la concienciación orientada a los posibles agresores -en especial en el ejército- sobre las consecuencias de la violencia sexual para los supervivientes y para ellos mismos, resulta esencial en cualquier estrategia preventiva.

El presidente Kabila emitió un comunicado en 2009 en el que aseguraba que habría tolerancia cero con aquellos miembros del ejército que cometieran delitos de violencia sexual. De hecho, los tribunales militares han registrado más condenas por violencia sexual, lo que está teniendo un impacto positivo. Pero estos juicios militares no  han sido de oficiales de alto rango y con frecuencia los comandantes se niegan a permitir que sus soldados sean juzgados por violencia sexual. El Gobierno congoleño necesita llevar ante la justicia a los oficiales de alto rango de las unidades responsables de delitos de violencia sexual. Y cada condena por estos delitos debe hacerse pública para intensificar su efecto disuasorio.

Cambiar la forma de pensar en prevención

Si bien cada vez más el centro de atención recae en la lucha contra la impunidad en la RDC, debe pensarse más en la prevención fuera de los parámetros tradicionales.

Es necesario establecer la relación entre las oportunidades económicas alternativas para las mujeres y la prevención de la violencia sexual. Las supervivientes de la violencia sexual hicieron énfasis en que si pudieran adquirir destrezas para poder mantenerse por sus propios medios, no se verían obligadas a caminar kilómetros hasta los campos de cultivo que hay en zonas apartadas en donde el riesgo de sufrir agresiones sexuales es mayor.

La violencia sexual también tiene lugar en entornos donde las mujeres están obligadas a vivir en unas condiciones indignas de hacinamiento que no les permiten tener su espacio personal. Es el caso de muchas mujeres congoleñas que viven en zonas de desplazamiento o con familias de acogida. ACNUR está trabajando para reducir el hacinamiento entre las familias de acogida; este tipo de iniciativas debería reducir la vulnerabilidad de las mujeres desplazadas.

Para una prevención más eficaz se requieren sistemas de comunicación más efectivos, en especial en las zonas alejadas. La capacidad para prevenir la violencia sexual siempre estará limitada en las zonas donde no funcionan los sistemas de comunicación. Las autoridades locales y los colectivos de mujeres señalaron que se sentían especialmente vulnerables ante la violencia cuando no pueden dar la alerta sobre los inminentes ataques. En las zonas donde no existen redes de telefonía móvil, no importa cuánto se haya trabajado para crear comités comunitarios de prevención y mejorar el trabajo de la policía y las fuerzas de paz para tratar los casos de violencia sexual, será prácticamente imposible tratar el tema de la protección física a tiempo a no ser que se establezcan medios de comunicación alternativos, como la radio.

La reforma del sector de seguridad constituye otra área clave de trabajo en prevención, pero los donantes que la financian rara vez la relacionan con la lucha contra la violencia sexual. La formación del ejército es esencial, pero debería haberse hecho mucho más para ayudar a los colectivos comunitarios locales a presentar denuncias sobre cualquier tipo de abuso por parte de los servicios de seguridad de la zona.

Por último, resulta complicado organizar actividades de prevención sin tener una imagen clara de las tendencias en los incidentes y entre los perpetradores de delitos de violencia sexual. Siempre resulta extremadamente difícil obtener estadísticas certeras sobre la violencia sexual, ya que sólo una pequeña parte de las víctimas llega a denunciar su caso a la policía. Al amparo de la nueva estrategia global contra la violencia sexual, el Fondo de Población de la ONU (FNUAP) es la agencia líder en los datos y la localización, pero en la actualidad no dispone de recursos para llevar a cabo de manera efectiva el mapa de incidentes. Además, algunas agencias se han negado a facilitar datos considerados sensibles al FNUAP a causa de la preocupación por la confidencialidad del sistema.

El FNUAP en la RDC está estableciendo el uso del Sistema de Gestión de la Información sobre Violencia de Género, una base de datos a nivel global desarrollada por el FNUAP, ACNUR y el Comité Internacional de Rescate. 1 Esto debería permitir a las agencias reaccionar rápidamente para cubrir el vacío de información sobre los incidentes y la asistencia proporcionada a las supervivientes de la violencia sexual. Dado que la base de datos ha sido validada a nivel global, las organizaciones ya no tendrán que preocuparse por la confidencialidad.

La Misión de Estabilización de la ONU en el Congo (MONUSCO, antes MONUC) ha ofrecido algunas medidas de protección. La presencia de fuerzas de paz disuade a algunos, aunque ha habido ocasiones en las que no han podido proteger a la población de los ataques, con frecuencia a causa de la falta de efectivos sistemas de comunicación con las comunidades locales. Cualquier retirada prematura del personal militar y civil del mantenimiento de la paz dejaría a las mujeres ante un riesgo aún mayor. En algunas zonas la MONUSCO responde a las peticiones de la comunidad, como dirigir patrullas de campesinos para acompañar a las mujeres que van a sus campos, pero las fuerzas de paz necesitan más formación acerca de cómo tratar los casos de violencia sexual y dónde remitir a las víctimas.

Conclusión

Los Gobiernos donantes deberían proporcionar más fondos para que la respuesta humanitaria ayude a los colectivos locales que trabajan en zonas afectadas por conflictos y para expandir la cobertura en el este de la RDC con el objetivo de que las actividades de prevención tengan un impacto real. Asimismo, deberían financiar la nueva estrategia contra la violencia sexual respaldada por el Gobierno.

Puede emprenderse muchas actividades vitales para prevenir la violencia sexual en la RDC pero la más importante de todas es poner fin al conflicto. Los donantes necesitan aumentar la presión sobre el Gobierno congoleño para que aborde el largo conflicto del este y encuentre soluciones pacíficas con el fin de mejorar la vida de las mujeres y niñas que continúan siendo objeto de terribles actos violentos y violaciones.

Camilla Campisi (ccampisi@afsc.org), actualmente con la Oficina Cuáquera ante la ONU, fue Abogada Jefa de Refugees International en la RDC . Melanie Teff (melanie@refintl.org) es Abogada Senior en Derechos de la Mujer en Refugees International.

 

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