La Nueva Agenda Urbana de ONU-HABITAT adopta el lenguaje de los derechos humanos, con repetidas referencias a los principios de no discriminación “con independencia de su situación de residencia”[1]. Al contrario que su antecesor, Hábitat II, la Agenda solicita la inclusión de los refugiados urbanos en las estructuras de la ciudad. Sin embargo, sigue siendo un documento no vinculante a nivel jurídico y carece de mecanismos para hacer que se cumpla.
Como preparación para Hábitat III (la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible que tuvo lugar en octubre de 2016), un documento de exposición de problemas codirigido por ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados), la OACDH (la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos) y la OIM (la agencia de migración de la ONU) afirma la importancia del espacio urbano para la protección de los refugiados[2]. A raíz de que la mayoría de los refugiados y desplazados internos viven en zonas urbanas, admite la complejidad del proceso de reconocimiento legal de los migrantes y refugiados y la importancia de la condición jurídica como precondición para la protección y la asistencia. Este documento de exposición de problemas concluye que los ayuntamientos están desconectados de las políticas migratorias nacionales y argumenta que la inclusión de cuestiones relacionadas con la migración y el desplazamiento en la planificación urbanística y de desarrollo les empoderaría de forma que pudieran ofrecer servicios con independencia del estatus legal. Con esto, el documento no solo pide un enfoque para la provisión de servicios basado en los derechos humanos sino también una mejor planificación de los movimientos de la población a nivel municipal.
Fragmento del Artículo 28 de la Nueva Agenda Urbana: “[...] si bien el movimiento de grandes poblaciones en pueblos y ciudades plantea diversos problemas, también puede aportar importantes contribuciones sociales, económicas y culturales a la vida urbana. Nos comprometemos además [...] a apoyar a las autoridades locales en el establecimiento de marcos que permitan la positiva contribución de los migrantes a las ciudades y el fortalecimiento de los vínculos entre las zonas urbanas y rurales”.
Sin embargo, la Agenda carece de un compromiso concreto con las necesidades específicas de los refugiados y desplazados internos, y se limita a incluir a los primeros como categoría de colectivo dentro de un listado más amplio compuesto por diferentes tipos de poblaciones “vulnerables”. Las referencias a los refugiados y desplazados internos —así como a la frase “sea cual sea su estatus migratorio”— están ausentes en otros artículos clave que abogan por el acceso al alojamiento y a los servicios públicos. Además, los colectivos de la sociedad civil han sido muy críticos con el hecho de que al igual que su predecesor, el Programa Hábitat, la Nueva Agenda Urbana no sea legalmente vinculante y carezca de cualquier tipo de referencia a la evaluación y el seguimiento independientes. La actitud de muchos Gobiernos hacia los refugiados urbanos —pese a haber participado en Hábitat III—sigue siendo escéptica. Prefieren las soluciones basadas en los campamentos.
Si se quiere convencer a más Gobiernos de que dejen de lado su escepticismo hacia los refugiados urbanos y las políticas urbanas inclusivas serán necesarias más iniciativas cooperativas entre ACNUR y ONU-Hábitat. En el contexto de la crisis siria, ONU-Hábitat en el Líbano se ha ido centrando cada vez más junto a numerosos socios en las cuestiones que afectan a los refugiados urbanos y en su alojamiento a lo largo de los últimos cuatro años, en el transcurso de los cuales ACNUR y ONU-Hábitat han realizado un estudio conjunto sobre tierras, vivienda y cuestiones de propiedad en el Líbano y la influencia del desplazamiento forzado[3]. El estudio criticó que en aquel momento las agencias humanitarias se centraran en el alojamiento a corto plazo y pedía un enfoque más orientado hacia el desarrollo. Un ejemplo de cooperación más estrecha entre las dos agencias es el que encontramos en Kenia donde, en julio de 2016, ONU-Hábitat y ACNUR firmaron oficialmente un memorando de entendimiento. Uno de los proyectos clave de la nueva cooperación se centraba en el desarrollo e implementación de la planificación espacial y el diseño de infraestructuras de un nuevo asentamiento en el condado de Turkana[4]. Este tipo de cooperación aunaba la experiencia de ambas agencias y ojalá se produjesen más a menudo.
Raffael Beier Raffael.Beier@rub.de
Jasmin Fritzsche Jasmin.Fritzsche@rub.de
Doctorandos en Estudios de Desarrollo Internacional e investigadores adjuntos del Institute of Development Research and Development Policy (Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo y Políticas de Desarrollo), Ruhr-University Bochum http://development-research.org
[1] La Nueva Agenda Urbana https://habitat3.org/the-new-urban-agenda
[2] (2015) Migración y Refugiados en Zonas Urbanas, Hábitat III Temas documento nº 2 https://observatoriohabitat3dotorg.files.wordpress.com/2016/05/1-2-migraciones-y-refugiados-en-zonas-urbanas.pdf
[3] ONU-Hábitat y ACNUR (2014) ) Housing, Land & Property Issues in Lebanon: Implications of the Syrian Refugee Crisis [Tierra, Vivienda y Cuestiones de Propiedad en el Líbano: implicaciones de la crisis de refugiados siria]
[4] Véase el artículo de Yuka Terada, David Evans y Dennis Mwaniki en este número.