La provisión de alojamiento y la soberanía estatal en Calais

Durante los últimos veinte años, la provisión de alojamiento por parte del Gobierno para la población migrante de Calais ha priorizado la afirmación de la autoridad estatal por sobre la reducción del sufrimiento humano. Las políticas en 2015-2016, que implicaron la destrucción de alojamientos informales y el suministro de alojamiento alternativo básico, continuaron esta tendencia.

Como respuesta a la gran población de migrantes indocumentados en el puerto norte de Calais, los gobiernos franceses sucesivos han aumentado la seguridad alrededor de la frontera y controlan el acceso de los migrantes a los alojamientos en las inmediaciones de Calais. Durante más de veinte años, ha existido un patrón que implica alternar entre la provisión de alojamiento y los desalojos o las reubicaciones forzadas. Se han abierto y cerrado centros de acogida; también se ha permitido que se desarrollen campamentos para luego acabar con ellos.

Para enero de 2016, cuando el Ministro del Interior francés ordenó la destrucción del campamento informal conocido como "La jungla" y la reubicación de sus residentes, la población de migrantes del campamento estaba compuesta por unas 6000 personas. "La jungla" fue desmantelada en dos fases durante un período de ocho meses. Durante la primera fase, algunas de las personas desalojadas fueron reubicadas en una instalación temporal construida junto al campamento con contenedores marítimos readaptados. En lugar de eso, muchos optaron por trasladarse a la otra zona del campamento, que todavía estaba en pie. En la segunda fase de demolición, la policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma para desalojar a todos, incluidos los residentes que vivían en la instalación de contenedores.

Los funcionarios siempre han justificado la provisión y destrucción de alojamientos para los migrantes en Calais por medio del uso del lenguaje del humanitarismo, ya que citan las malas condiciones en que vivían los habitantes. Sin embargo, la "respuesta humanitaria" del Estado a las condiciones de "La jungla" en 2016 fue desalojar de forma violenta a miles de personas (la mitad de ellas vio como destruían sus hogares dos veces), alojar temporalmente a una minoría en contenedores de marítimos que no cumplían con las normas humanitarias internacionales y, en última instancia, reubicar a las personas en instalaciones que muchas decidieron abandonar, ya que preferían dormir en las calles.

El campamento "La jungla" desafió la soberanía del Estado francés. Aunque la población de migrantes tenía permitido ocupar el sitio en Calais, la construcción autónoma de un asentamiento semipermanente que para 2016 alojó a varios miles de personas desafió la autoridad estatal. Los residentes del asentamiento vivían en condiciones extremas, pero tenían la oportunidad de ser ellos mismos y de realizar actos de ciudadanía que eran incompatibles con su situación de migrantes indocumentados. Por lo tanto, el Estado consideró que era conveniente demoler el campamento y reincorporar a sus habitantes al régimen de inmigración. La decisión de desmantelar "La jungla" y de reubicar a sus habitantes en alojamientos alternativos en contenedores marítimos y centros de acogida en toda Francia fue principalmente un acto político, no humanitario.

En los campamentos oficiales que proporcionan alojamiento a las personas desplazadas, los encargados de elaborar las disposiciones y las normas del lugar por lo general son los miembros de la organización que dirigen el campamento. En contraposición, el Estado francés estableció los límites externos del asentamiento "La jungla" (la policía antidisturbios patrullaba el perímetro y vigilaba a quienes ingresaban), pero no avanzó más allá de eso. En el interior, los residentes determinaron la estructura del campamento y construyeron sus propias viviendas, que en un principio eran de láminas de plástico y, más tarde, de materiales más duraderos como la madera y el metal corrugado. Se demarcaron y nombraron calles, y se establecieron distritos, por lo general a lo largo de líneas nacionales. Junto a grupos de voluntarios, los residentes construyeron edificios de gran tamaño que proporcionaron instalaciones públicas como mezquitas, iglesias, centros infantiles y un centro juvenil. Ante la ausencia de participación del gobierno, las agencias humanitarias y los grupos de voluntarios desempeñaron una serie de funciones similares a las del Estado, entre las que se incluyen la provisión de tratamiento médico, el cuidado de niños, la educación, la asesoría legal y la realización de censos. "La jungla" fue el resultado de la política fronteriza anglo-francesa, pero dentro de sus límites los residentes promulgaron su propio orden social más allá del ámbito del Estado francés.

"La jungla" ofreció un espacio en el que los residentes establecieron múltiples identidades potenciales independientemente de su situación de residencia. Hubo oportunidades de promoción social dentro del establecimiento que no hubieran sido posibles fuera de él. La organización L’Auberge des migrants seleccionó a líderes de la comunidad para ayudar con la distribución equitativa de la ropa y los alimentos. Los empresarios indocumentados abrieron negocios: los almaceneros vendían alimentos que compraban en supermercados en Calais, los vendedores ambulantes intercambiaban ropa donada al campamento por británicos y franceses y había una cierta cantidad de restaurantes y una discoteca. Los residentes tuvieron oportunidades para desarrollar producciones artísticas, con grupos de teatro y artistas que viajaban desde Reino Unido. Los voluntarios y los trabajadores de las agencias vivieron y trabajaron junto a los migrantes indocumentados en la construcción de alojamientos y la prestación de servicios. Las personas hicieron reclamos políticos a través de marchas, bloqueos en las autopistas, ocupaciones y huelgas de hambre; algunas incluso llegaron a coserse los labios. Sus acciones dirigieron la atención del público a los problemas a los que se enfrentaban los migrantes en Calais y lograron retrasar la demolición del sector norte del establecimiento durante seis meses.

La reafirmación de la autoridad del Estado

La instalación de contenedores marítimos construida junto a "La jungla" reafirmó la autoridad del Estado, ya que restringió la formación de nuevas identidades y limitó las oportunidades para los actos de ciudadanía. Si bien "La jungla" se formó gradualmente en respuesta a las necesidades de sus residentes, la instalación de contenedores fue planeada y administrada por una organización que actuó en nombre del Estado francés según los principios de rentabilidad y seguridad. Su espacio físico se componía de una cuadrícula formada por grandes contenedores en los que vivían de 12 a 14 personas, aunque los residentes del campamento habían elegido vivir en pequeños alojamientos privados para una sola persona o familias. La instalación de contenedores carecía de espacios comunitarios para la asociación o el desarrollo, y no poseía instalaciones públicas ni locales comerciales. Los residentes no tenían ninguna oportunidad de volver a crear el entorno construido, que tenía una permanencia que "La jungla" no poseía. La instalación estaba rodeada por una cerca de alambre patrullada por perros policía, y solo los residentes podían entrar y salir a través de tornos con escáneres de huellas dactilares. Por el contrario, "La jungla" tenía permitida la entrada de visitantes, lo que hacía que las personas que vivían allí desarrollaran relaciones con voluntarios, activistas y trabajadores de agencias.

La reubicación de los migrantes de Calais reafirmó las etiquetas sociales y burocráticas de las que el asentamiento informal los había protegido. Quienes se trasladaron a los contenedores se convirtieron en receptores pasivos de ayuda, y quedaron literalmente "contenidos" en esta instalación. No podían crear otras identidades para sí mismos debido a su separación física de los no residentes y por las restricciones en las actividades comerciales y comunitarias. Al mismo tiempo, la arquitectura securitizada de la instalación presentaba a sus habitantes como peligrosos.

La provisión de alojamiento es una cuestión tanto política como humanitaria. En 2016, el desmantelamiento de "La jungla" y la reubicación forzada de sus habitantes fue una respuesta al desafío a la autoridad estatal que supuso el creciente asentamiento informal. Cuando Eric Besson, Ministro de Inmigración francés, ordenó la demolición de un asentamiento de migrantes en Calais en 2009, declaró que: "En el territorio de esta nación, la ley de la selva no puede perdurar". La "ley de la selva" de Besson describía el caos y las dificultades, pero "La jungla de Calais" también representaba la autonomía y la multiplicidad de identidades. Fueron estas últimas características las que se consideraron incompatibles con el régimen de inmigración francés.

Michael Boyle m.boyle@sussex.ac.uk

Estudiante de posgrado, Universidad de Sussex www.sussex.ac.uk

 

Renuncia de responsabilidad
Las opiniones vertidas en los artículos de RMF no reflejan necesariamente la opinión de los editores o del RSC.
Derecho de copia
Cualquier material de RMF impreso o disponible en línea puede ser reproducido libremente, siempre y cuando se cite la fuente y la página web. Véase www.fmreview.org/es/derechos-de-autor para más detalles.

facebook logo Twitter logo RSS logo

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview