“Un futuro seguro” en Filipinas

El programa del Gobierno de Filipinas One Safe Future(un futuro seguro) reubicó a las familias pobres que se vieron afectadas por desastres en zonas que carecían de estructuras que les permitieran tener oportunidades. 

En 2013, el tifón Yolanda (internacionalmente conocido como “Haiyan”) hizo que Filipinas saltara a las pantallas de televisión del mundo entero mientras doblegaba al país, con millares de vidas humanas perdidas y miles de millones de dólares en daños materiales. El Tifón Yolanda se ha hecho un hueco en la historia de la humanidad como el más gigantesco que se haya formado jamás y se ha convertido en la triste representación del cambio climático.

El mundo se está enfrentando al hecho de que nunca había sido tan vulnerable a las calamidades como ahora, debido al cambio climático. En cuanto al caso de Filipinas, considerado por algunos como un suceso natural y por otros como una consecuencia del cambio climático, las experiencias en el terreno de los desastres ha obligado a que el Gobierno y sus legisladores se preparen en materia de leyes y de políticas (promoviendo que se cumplan las que ya existen o creando otras nuevas) para preparar al país ante estos casos. Actualmente se aprecian cambios como el refuerzo de los programas de reducción del riesgo de desastres, la formulación de planes de acción preventivos desde el nivel más alto al más bajo de la cadena de mando, y el establecimiento de consejos de coordinación con el fin de facilitar la difusión de la información.

Han surgido iniciativas y esfuerzos ­tanto a nivel local como nacional y entre ideologías de derechas y de izquierdas­ para corregir los defectos en la protección del país contra los desastres replanteando el uso de la tierra urbana y rural. Esta renovación implica desarraigar a las familias al trasladarlas desde su lugar de origen a las zonas de reubicación preparadas por el Gobierno. Por ejemplo, en la región capital nacional de la Gran Manila, donde la población creció en parte por las migraciones económicas de las familias desde zonas rurales remotas del país, la administración ha iniciado un programa quinquenal (2011-2016) para reubicar en terrenos más seguros a familias que viven en peligro de zonas de alto riesgo que no son adecuadas para vivir.

El programa, llamado “One Safe Future”, es digno de elogio puesto que su objetivo es rescatar a familias que viven junto a vías fluviales o en estructuras sobre ellas. De hecho, no fue difícil convencerlas, por un lado por el presupuesto asignado pero principalmente porque estaban ya cansadas. Estaban bastante predispuestas a trasladarse por su propia seguridad, especialmente después de su experiencia con el tifón Ondoy en 2009, que inundó la Gran Manila hasta una profundidad aproximada de entre 6 y 9 metros. Esta predisposición por parte de unas familias que históricamente se habían empeñado en seguir viviendo en sus peligrosas casas constituye una ventaja que el Gobierno debería aprovechar, especialmente en un país que tiene mucho que mejorar en materia de desalojo y demolición cuando se trata de hacerlo de un modo justo y humano.

Existen aproximadamente 104 000 familias afectadas con un promedio de poco más de cinco miembros por cada una y cuyos ingresos están por debajo del umbral oficial de pobreza. Según ellos, si alguna vez hubiera una razón para renunciar a sus actuales condiciones de vida –aparte de abandonar las zonas peligrosas– sería para rehacer sus vidas y escapar de la pobreza crónica gracias a las nuevas oportunidades que la reubicación les ofrecería. También mencionan el hecho de que podrían recuperar su dignidad al pasar de ocupar ilegalmente el lugar en el que viven a tener su propia vivienda.

Pero nada puede ser más dramático que dejar el lugar que uno considera su hogar desde hace mucho tiempo, a pesar de las malas condiciones en  que esté, y tener que rehacer su vida en un entorno que otros le han asignado. Como todos los profesionales del reasentamiento saben, la reubicación involuntaria de las familias conlleva muchos riesgos a nivel vital y laboral; sus repercusiones sólo se pueden paliar si el Gobierno lo enfoca desde una perspectiva de desarrollo social.

La evaluación del programa

La Comisión Presidencial sobre la Población Urbana Pobre a través de su Unidad de Familias en Colonias Informales dirigió estudios sobre el impacto a corto plazo del programa en el bienestar de las familias que habían sido reubicadas en diez zonas de reasentamiento entre 2013 y agosto de 2014.

Cuando se llega al sitio, es notorio lo lejos que están de la zona comercial y de su escasa accesibilidad a la red de carreteras. Estos lugares consisten en extensiones de terreno en lugares apartados con miles de hileras de casas. Como se hallan alejados del núcleo económico y laboral oficial, sería necesario compensarles de alguna manera por el problema de las distancias y darles oportunidades para que estas comunidades prosperen.

A primera vista las familias hicieron lo típico de los filipinos: sonreír como si no pasara nada. Pero cuando les preguntamos cómo estaban y se dieron cuenta de lo que queríamos averiguar, los miembros de la comunidad en seguida empezaron a airear lo que les angustiaba. Se lamentaban porque, aunque habían escapado de los peligros de su anterior lugar de residencia, no se habían librado del desastre del hambre. El sesenta por ciento de las familias encuestadas aseguraron que sus ingresos familiares habían menguado porque algunos de sus miembros seguían en paro desde su reasentamiento. Esto se veía agravado por una provisión inadecuada e irregular de los servicios básicos como el acceso al agua potable y la electricidad, a la salud y a la educación para los menores en edad escolar. Afirmaban que la vida en el lugar de reasentamiento era doblemente difícil.

Según ellos, les habían trasladado de una zona de peligro a una zona de muerte. Nunca habían experimentado tantas dificultades, y se veían teniendo que mendigar servicios básicos. Algunos de sus vecinos volvieron a la ciudad al sentirse traicionados por el Gobierno. Era muy desconcertante y alarmante oír esto. ¿Por qué, a pesar de todos sus esfuerzos, el Gobierno no había logrado cumplir sus promesas de mejorar el bienestar de todas las familias reubicadas? No queda claro si la culpa había sido de un fallo en las políticas y de un planteamiento de trabajo ambiguo, o de una ejecución deficiente del programa por parte del organismo encargado de implantarlo según el marco operacional.

El agravamiento de la pobreza en los lugares de reasentamiento era el resultado del fracaso del propio planteamiento de las oportunidades. Éstas deberían haberse creado antes de la reubicación de las familias o, al menos, debería haberse instaurado un programa de subsidios para ayudar a las familias a restablecer su nivel de vida.

En su anterior comunidad solían contar con una fuente de ingresos y contactos fiables en el barrio. En la ciudad tenían a mano casi todo lo que necesitaban. El desplazamiento les ha quitado eso y lo ha reemplazado por distancia, una provisión de servicios básicos sin satisfacer y vecinos desconocidos. Si esta práctica continúa, el Gobierno nunca podrá alcanzar los objetivos que One Safe Future establece para las personas reasentadas.

El programa de reasentamiento One Safe Future es loable por su enfoque multisectorial y su espacio de participación más amplio para las familias afectadas. Sin embargo, el limitado planteamiento de “futuro seguro” para las familias reasentadas (que no es otra cosa que protegerlas de las inundaciones) impide ver otras necesidades mayores para garantizar un futuro seguro para las personas reasentadas en su nuevo contexto. Alejarlas de sus vías fluviales es sólo el primero y más sencillo de los muchos problemas que surgirán a partir de ahí. El programa necesita reorientar sus recursos para atender las necesidades básicas de las familias y restaurar la confianza social mediante el restablecimiento de nuestra estructura de oportunidades. Una nación nunca gasta demasiado cuando se trata de las necesidades básicas de su población.

Lloyd Ranque ranquedequezon@gmail.com es miembro técnico de la plantilla de personal y Melissa Quetulio-Navarra melisnavarra@gmail.com es la coordinadora principal de la Unidad de Familias en Colonias Informales en una agencia gubernamental que participa de forma directa en la ejecución del Programa Oplan Likas de Filipinas.

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