Con la creciente importancia de la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático y de los desastres inducidos por el clima, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) pueden tener su papel en la investigación y el seguimiento de las cuestiones de derechos humanos. En Filipinas, esta función la desempeña la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHRP, por sus siglas en inglés), que es independiente.
La CHRP emprendió una Investigación Nacional sobre el Cambio Climático para estudiar los efectos del cambio climático en los derechos humanos; Greenpeace actuó como principal solicitante en nombre de las comunidades afectadas[1]. La investigación recogió los testimonios de dichas comunidades, que señalaron cómo los cambios relacionados con el clima estaban afectando a sus viviendas y tierras, al acceso a los medios de vida y a los recursos naturales, y al disfrute en general de los derechos humanos. Entre estos cambios se incluyen la subida del nivel del mar y el aumento de las temperaturas terrestres y oceánicas, y fenómenos devastadores como el tifón Haiyan en 2013. Además, la CHRP también llevó a cabo una investigación nacional sobre la situación de los derechos humanos de las personas desplazadas internas.
A través de estas investigaciones, la CHRP identificó que el cambio climático contribuye a aumentar la exposición de las comunidades afectadas a violaciones de los derechos humanos, es decir, a crear otra capa de vulnerabilidad para las personas que corren el riesgo de que se violen sus derechos humanos o que ya están desamparadas[2]. Estas investigaciones pretenden que los responsables de la formulación de políticas respondan a las cuestiones de derechos humanos relacionadas con el clima y encuentren formas de prevenir o abordar los desplazamientos provocados por él. En ellas se recogen testimonios de miembros de la comunidad local, de la sociedad civil y de grupos de presión, y dichos testimonios, junto con las aportaciones de expertos académicos, constituyen la base de las preguntas planteadas durante la investigación a los responsables de la formulación de políticas. En las vistas orales de la Investigación, las partes aportan información bajo juramento, y cualquier aseveración infundada puede dar pie a que se presenten cargos por perjurio.
Las Investigaciones Nacionales también son significativas en el sentido de que tienen el mandato de supervisar el cumplimiento por parte del Estado de las obligaciones internacionales de derechos humanos, y de hacer recomendaciones al Congreso sobre medidas para mejorar la protección y promoción de los derechos humanos. En el contexto de los desplazamientos relacionados con el clima, la CHRP pudo invitar e interrogar a los actores gubernamentales (también bajo juramento) sobre las cuestiones clave relacionadas con los desplazamientos inducidos por el clima: la falta de preparación, los limitados mecanismos para abordar los efectos a nivel local y la participación de las grandes empresas privadas, entre otras.
Las leyes aún no se han puesto al día para coincidir con la realidad de la amenaza que supone el cambio climático para el disfrute de los derechos humanos. La mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo se han incorporado a través de la Ley de Cambio Climático de 2009 y la Ley de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de 2010, pero una lectura atenta muestra que la legislación se centra en la eficiencia estructural y organizativa más que en aspectos sustantivos como la mejora de la calidad de vida de las comunidades afectadas y su participación significativa en la toma de decisiones. No se han introducido normas de derechos humanos como el cumplimiento de los convenios internacionales. Otra cuestión clave que debe abordar la CHRP es la dificultad de seguir adelante con la implementación de sus principales recomendaciones. La CHRP no tiene facultades procesales, lo que limita su capacidad para imponer la cooperación mediante sus recomendaciones.
Mientras que el mandato de la CHRP consiste en investigar los efectos del cambio climático sobre el disfrute de los derechos humanos, los mandatos de las INDH no suelen abarcar las acciones de las empresas privadas; estas pueden hacer recomendaciones a las principales empresas, pero no pueden exigir su cumplimiento. La relación entre las empresas y los derechos humanos sigue siendo un aspecto en proceso de evolución del régimen de derechos humanos.
Frente a estos desafíos, la CHRP sigue llevando a cabo su mandato a través de alianzas nuevas y existentes con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas e incluso organizaciones internacionales no gubernamentales e intergubernamentales. Las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al medio ambiente aportan sus conocimientos sobre los aspectos científicos del cambio climático, mientras que los grupos de prestación de servicios sobre el terreno ayudan a organizar a las comunidades para hacer frente a los efectos del cambio climático a nivel local. La participación de estos grupos ayuda a la CHRP en sus actividades de incidencia ante el Gobierno, y en el planteamiento de la cuestión en plataformas internacionales como la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, el Foro de Asia y el Pacífico y el Foro de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Sudeste Asiático. En los últimos cinco años, estos foros han manifestado su interés no solo en respaldar los trabajos de incidencia política sobre los derechos humanos en el contexto de los desastres por cuestiones climáticas, sino también en incorporar actividades que investiguen las violaciones contra los derechos humanos relacionados con el clima dentro de sus propios programas de ese ámbito.
La incidencia en cuestiones legislativas también resulta fundamental para seguir consolidando unos mecanismos de rendición de cuentas que ayuden a obligar al Gobierno a incluir el cambio climático como una cuestión de derechos humanos. Haría falta una revisión de los marcos jurídicos existentes. La inclusión de la CHRP como organismo observador en las estructuras de mitigación y adaptación al cambio climático dentro del Gobierno podría resultar útil para la inclusión de un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta climática. También debe considerarse seriamente la creación de un marco jurídico independiente para la protección de los desplazados internos, incluidos los desplazados por los efectos climáticos.
Queda mucho por hacer, pero las Investigaciones Nacionales sobre los desplazamientos relacionados con el clima y los derechos humanos pueden ser un buen primer paso hacia un entorno de protección jurídica más sólido para las comunidades afectadas.
Reinna S Bermudez reinna.chr@gmail.com
Directora
Tamara Ligaya J Damary tljdamary.chr@gmail.com
Asistente de protección para los desplazados internos
Centro de Crisis, Conflicto y Protección Humanitaria de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas
[1] Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, “National Inquiry on Climate Change”
https://chr.gov.ph/nicc-2/
[2] Documentado por las vistas orales de las Bisayas llevadas a cabo en la Investigación Nacional sobre los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, 21 y 22 de octubre de 2021.