El Sahel Central es una de las regiones de África más afectadas por el conflicto y una de las más vulnerables del mundo a los riesgos climáticos[1]. Se caracteriza por la porosidad de sus fronteras, la migración internacional y estacional, las comunidades que comparten zonas fronterizas y las grandes áreas y zonas de la periferia gobernadas por actores no estatales. La región cuenta con una larga tradición de movilidad interna y transfronteriza. En el Sahel Central, la movilidad en forma de migración estacional y trashumancia ha sido históricamente una estrategia clave para hacer frente a un medio natural duro, que ha permitido a las personas diversificar sus medios de vida y ser más resilientes.
Las poblaciones locales tienen una capacidad limitada para hacer frente a un aumento de las temperaturas que supera la media mundial, a la variación de las precipitaciones extremas, a los catastróficos ciclos de sequía e inundaciones y a un deterioro estimado del 65 % de las tierras cultivables en toda la región[2]. Sus medios de vida dependen en gran medida del acceso directo al agua, los pastos y otros recursos naturales, y de la agricultura de secano. El conflicto y la inseguridad han hecho que disminuyan aún más las capacidades locales para recurrir a las estrategias tradicionales para la recuperación (incluida la movilidad) y han desencadenado desplazamientos a gran escala. Esto es especialmente visible en Burkina Faso, donde el número de personas desplazadas internas se ha multiplicado por más de diez entre 2018 y 2021, hasta superar el millón, lo que convierte su crisis planteada por los desplazamientos en una de las que más rápido está creciendo en el mundo. Las personas que dependen de la movilidad, como los desplazados internos, los refugiados, los migrantes en tránsito y los pastores trashumantes, se han visto directamente afectadas o han sido objeto de la violencia y los ataques. El peligro de secuestro, extorsión, saqueo y violencia física y sexual ha hecho que los corredores migratorios y los trashumantes a menudo sean demasiado peligrosos.
Las estrategias para la recuperación basadas en la movilidad pueden dejar de ser posibles para las comunidades afectadas por los riesgos climáticos y los conflictos armados. Por ejemplo, la militarización de las fronteras y los conflictos podrían limitar las opciones de movilidad a lo largo de las rutas para la trashumancia o a las tradicionales zonas de migración estacional o por motivos laborales, y el deterioro de las tierras y la mala gestión de los recursos naturales dificultarían el acceso a los medios de vida tradicionales. En estos casos, la movilidad ya no es la piedra angular de la capacidad de recuperación de las comunidades locales, sino un mecanismo reactivo para preservar su funcionamiento a corto plazo. En los casos más extremos, el desplazamiento forzado se convierte en la principal forma de movilidad.
Además, las estrategias para la recuperación basadas en la movilidad dependen en gran medida de la posibilidad de mantener, reforzar o establecer vínculos de capital social en los lugares de acogida y las zonas de destino. Por ello, las narrativas políticas que refuerzan la securización, la escasez de recursos naturales, la estigmatización de los grupos de población móviles y la contención de los traslados contribuyen inevitablemente a debilitar el capital social y a aumentar las tensiones en las comunidades de acogida. La cohesión social es una parte importante de estos vínculos. Esto explica por qué, siempre que pueden, los desplazados internos y los migrantes en el Sahel Central tienden a agruparse por comunidades de origen. Cuando las relaciones sociales e intercomunitarias se rompen, las personas desplazadas y los migrantes son incapaces de acceder a los servicios y oportunidades en las zonas de destino/acogida, pueden verse obligados a vivir en “guetos” periurbanos y es posible que surjan tensiones por los recursos naturales, las tierras y otros bienes y servicios. Colectivos específicos podrían ser atacados o discriminados. En el peor de los casos, las opciones de movilidad podrían reducirse o desaparecer, ya que las relaciones intercomunitarias se deteriorarían hasta el punto de que trasladarse a otro lugar sería demasiado arriesgado.
Un marco normativo fracturado
En el Sahel Central, los marcos climáticos y de movilidad siguen estando mal integrados y dejan a un gran número de poblaciones desplazadas y migrantes sin protección más allá de la que ofrece el derecho de los derechos humanos. Por ejemplo, en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, solo Burkina Faso y Mali han incluido un debate sobre la movilidad en sus Programas nacionales de acción para la adaptación (PNA).Y, aunque existe una creciente convergencia entre los marcos del desplazamiento interno y de la reducción del riesgo de desastres, aún hay margen para reforzarla más. La Convención de Kampala obliga a los Estados a “adoptar medidas para proteger y ayudar a las personas que han sido desplazadas internamente debido a los desastres naturales o producidos por el ser humano, incluyendo el cambio climático”; también establece disposiciones específicas sobre mecanismos de alerta temprana y de reparación, y abarca situaciones de desplazamiento preventivo. Sin embargo, los Estados del Sahel Central están demostrando ser lentos a la hora de implementar sus obligaciones tras la ratificación, lo que deja sin abordar las lagunas de protección[3].
En general, parece haber una desconexión entre los enfoques progresistas basados en los derechos que están surgiendo a nivel continental y regional, especialmente tras la Resolución de la Unión Africana sobre el cambio climático y los derechos humanos adoptada en 2009, y las políticas nacionales adoptadas por los Estados a título individual, que tienden a priorizar la necesidad de reafirmar el control estatal sobre unas fronteras porosas. Estas fracturas hacen que sea difícil que los marcos normativos nacionales lleven a la práctica los objetivos y principios emergentes sobre la movilidad relacionada con el clima que establecen los nuevos instrumentos, como es el caso de los dos Pactos Mundiales[4].
La región fronteriza de Liptako-Gourma: de la trashumancia al desplazamiento
El triángulo de Liptako-Gourma se extiende por las fronteras de Mali, Burkina Faso y Níger. En esta región, la movilidad trashumante se ha visto visiblemente afectada por los efectos combinados de los conflictos y el cambio climático, y por un marco normativo desfavorable. Los movimientos de los pastores se ven limitados por los altos niveles de inseguridad, la usurpación de los corredores trashumantes y las tierras de pastoreo, la degradación ambiental y un sesgo normativo que favorece a las comunidades sedentarias.
A medida que los pastores recorren distancias más largas para acceder a agua y a unos pastos cada vez más escasos, entran en contacto con poblaciones sedentarias con las que no comparten un historial de mediación e intercambio, lo que desencadena tensiones por el acceso a los recursos naturales. Además, las rutas para la trashumancia también se están volviendo más peligrosas debido a los conflictos y la militarización de las fronteras. La seguridad se ha convertido actualmente en el principal, cuando no el único, criterio para elegir las rutas para la trashumancia. Por tanto, la movilidad trashumante —la principal estrategia para la recuperación en el duro entorno del Sahel Central— podría dejar de ser viable. Un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) mostraba cómo la inseguridad obligaba a los pastores malienses a reunirse en torno a unos pocos puntos de abastecimiento de agua, donde tenían que competir con otros colectivos por el acceso a los recursos y, por tanto, entraban en una espiral de vulnerabilidad que les llevaba a malvender su ganado y, finalmente, a acabar desplazados en zonas urbanas[5].
Los pastores trashumantes también se ven amenazados por un entorno normativo desfavorable. En Burkina Faso, Mali y Níger, la protección jurídica de los pastores se ha visto mermada por los procesos de descentralización y la fragilidad del Estado, lo que ha desencadenado tensiones intercomunitarias entre los trashumantes nómadas y los agricultores asentados. Estas tensiones suelen resolverse a favor de las comunidades sedentarias, ya que las leyes parlamentarias, las autoridades consuetudinarias y las estructuras de gobernanza local (como los consejos de desarrollo de las aldeas) se inclinan a favor de los intereses agrícolas y tienden a percibir a los pastores como si fueran forasteros.
Incluso cuando los marcos jurídicos protegen el acceso de los pastores a los recursos naturales, este suele estar sujeto a los requisitos agrícolas. Por ejemplo, en Burkina Faso, la actividad de los pastores trashumantes fue regulada por la Ley 2009-034 y se consagró como derecho fundamental por primera vez en la historia del país. Sin embargo, los retos para su implementación, la introducción de certificados de trashumancia obligatorios y el confinamiento de los movimientos de los rebaños a espacios predeterminados han limitado la movilidad de los pastores. En Mali, el Estatuto del Ganadero Trashumante (2001) otorgó derechos prioritarios a las comunidades sedentarias sobre los trashumantes de otras zonas en lo que respecta al acceso a los recursos naturales y al agua, lo que hace que sea difícil para los pastores nómadas mantener sus medios de vida. Níger ha adoptado unas políticas decididamente más favorables que protegen la movilidad de los pastores como un derecho fundamental y conceden a los trashumantes acceso prioritario a los recursos en las zonas de origen (Ordenanza n.º 2010-029, Código de Aguas de 2010 y Código Rural de 1993). Sin embargo, su implementación ha sido lenta e inefectiva; las autoridades locales y las entidades del sector privado suelen infringir la Ordenanza, y las capacidades institucionales son débiles.
Proteger el espacio de movilidad
En el contexto actual, resulta esencial respaldar la capacidad de las personas y las comunidades de recurrir a la movilidad como medio para hacer frente a los efectos combinados del cambio climático. Para ello, extraemos las siguientes conclusiones y recomendaciones.
La actual desconexión en el marco normativo que afecta al espacio de movilidad en el Sahel Central dificulta la puesta en marcha de los compromisos mundiales por parte de los Estados y las instituciones regionales. El ejemplo de la movilidad trashumante muestra cómo la incoherencia de los compromisos políticos y las prácticas pueden aumentar la vulnerabilidad de unas poblaciones móviles que se enfrentan a conflictos y riesgos climáticos. Los Estados deberían tomar medidas urgentes para evitar que se sigan entorpeciendo las estrategias para la recuperación y la adaptación basadas en la movilidad.
Dado que la securización de las fronteras y la militarización en el Sahel Central están reduciendo cada vez más el espacio de movilidad, las poblaciones que dependen de la movilidad transfronteriza están expuestas a riesgos para su protección y amenazas a sus derechos fundamentales. Resulta fundamental que los Estados y otros actores implicados en la gestión de las fronteras integren un enfoque basado en derechos y adopten prácticas más procesables que reflejen las realidades de la movilidad transfronteriza en la región y garanticen la protección del espacio de movilidad.
Teniendo en cuenta la escasa presencia de los Estados, especialmente en las zonas fronterizas, y los retos que existen para implementar los objetivos políticos y los compromisos mundiales, es importante que los donantes y los actores ejecutivos refuercen los modelos de adaptación basados en la comunidad en los ámbitos de la gestión de los recursos naturales y los mecanismos tradicionales por los que se rige el acceso a los recursos naturales y la solución de conflictos.
Giulio Morello giulio.morello@samuelhall.org
Director de investigación, Samuel Hall
Joelle Rizk jrizk@icrc.org
Asesora del CICR en materia de migración en África
Ambos autores han redactado este artículo a título personal.
[1] A efectos de este artículo, el “Sahel Central” comprende Burkina Faso, Mali y Níger. Todos estos países forman parte del G5 del Sahel y de los Estados miembros de la CEDEAO.
[2] ACNUDH (2018) The Slow onset effects of climate change and human rights protection for cross-border migrants www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/SlowOnset/A_HRC_37_CRP_4.pdf
[3] Weerasinghe S (2021) Bridging the Divide in Approaches to Conflict and Disaster Displacement: Norms, Institutions and Coordination in Afghanistan, Colombia, the Niger, the Philippines and Somalia, OIM/ACNUR www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Bridging-the-Divide-SYNTHESIS-REPORT-with-ANNEXES-2021.pdf
[4] El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados.
[5] CICR (2020) When Rain Turns to Dust: Understanding And Responding To The Combined Impact Of Armed Conflicts And The Climate And Environment Crisis On People’s Lives
https://shop.icrc.org/when-rain-turns-to-dust-pdf-en.html