México: de los principios rectores a las responsabilidades nacionales sobre los derechos de las personas internamente desplazadas

El gobierno mexicano necesita generar datos y cifras sobre el desplazamiento interno forzado para que las instituciones nacionales diseñen respuestas apropiadas.

El 3 de agosto de 2013, personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se trasladó al municipio de Tlacotepec, lugar en el cual, de acuerdo con información proporcionada por autoridades locales, aproximadamente 700 personas habían sido desplazadas desde distintas comunidades, derivado del temor a la violencia generada por el crimen organizado

En este, como en otros casos documentados por la CNDH, abandonar de manera forzada la región, municipio o zona de residencia significa hacer frente a un viaje peligroso, extenuante, a una descapitalización y empobrecimiento, en el marco de un futuro incierto. Sin embargo, el desplazamiento significa también la esperanza de una búsqueda de protección y de seguridad en sí misma, incluso realizado de manera preventiva, a efecto de evitar peores consecuencias.

En México, la CNDH ha documentado casos de desplazamiento interno forzado debido a conflictos comunitarios, desastres naturales y violencia. Y también probables desplazamientos a causa del desarrollo de megaproyectos en los que no se respetan los principios de la consulta previa a las comunidades en las que se pretenden desarrollar.

Las personas desplazadas se enfrentan de manera inmediata a la necesidad de cobijo y alojamiento, agua potable y alimentos; de garantizar su seguridad física, así como la de su familia; de acceder a condiciones higiénicas en el lugar en que se sitúan, así como de atención médica y psicológica. Frecuentemente, derivado de haber abandonado de manera abrupta su lugar de origen, no llevan consigo documentos para acreditar su identidad, lo cual les limita el acceso al pleno goce de sus derechos (trabajo, educación, asistencia social y propiedad, entre otros).

A largo plazo se enfrentan con la decisión de regresar a su lugar de origen, establecerse en la comunidad de acogida, o bien, reubicarse en un lugar nuevo. Si deciden volver a sus comunidades de origen afrontarán los retos de verificar el estado en que se encuentran sus pertenencias tras su ausencia (esto puede incluir que ya no se encuentren físicamente o que hayan sido ocupadas por alguien más), así como integrarse a una nueva composición social. Si deciden establecerse en la comunidad de acogida o reubicarse nuevamente, deberán integrarse a esta nueva sociedad, en la que será necesario tejer nuevas redes y, posiblemente, enfrentarse a situaciones de rechazo o discriminación, de modo que el reto más grande será encontrar soluciones duraderas y sostenibles para la población desplazada.

De ahí que el ombudsman nacional de México haya subrayado que “las autoridades tienen la obligación y responsabilidad de proporcionar protección y asistencia humanitaria a la población [desplazada] que se encuentra dentro de su territorio sin hacer discriminación alguna, debiendo brindar atención especial a aquellos en riesgo de vulnerabilidad, como a los menores de edad, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores y las mujeres”.[1]

A fin de contar con una política pública de Estado en materia de desplazamiento interno, es necesario que cada institución identifique sus responsabilidades en la atención de las personas internamente desplazadas y se establezca un mecanismo de coordinación, de manera que no se dupliquen funciones y la respuesta en situaciones de emergencia sea pronta y eficiente.

Actualmente, la mayoría de las personas internamente desplazadas en México no se reconocen como tales y en la mayoría de los casos no se establecen en lugares específicamente destinados y/o adecuados, sino que se instalan con familias anfitrionas o albergues temporales. Estas dinámicas de movilidad en los patrones de asentamiento implican retos importantes para el levantamiento de estadísticas, así como para llevar a cabo un seguimiento de las personas desplazadas.

De ahí la importancia de los esfuerzos que el actual gobierno está haciendo por elaborar herramientas de medición de esta problemática. A partir de ello, resulta conveniente que el Estado mexicano elabore un programa específico de atención al desplazamiento interno en México desde el marco normativo mexicano y de acuerdo con las competencias de las instancias nacionales, en el cual se escuchen las voces de la sociedad civil que han abordado la problemática, así como de las propias personas desplazadas. Este programa debe contar con un enfoque diferencial, esto es, garantizar la visibilidad de las condiciones de vulnerabilidad de determinados grupos e individuos,  priorizando acciones positivas encaminadas a la realización efectiva e integral de sus más fundamentales prerrogativas.

Como punto de partida en la elaboración de este programa, es importante contar con un diagnóstico nacional sobre el desplazamiento interno en México, a fin de identificar los patrones, causas y dimensiones de la problemática. La elaboración de diagnósticos abre las puertas al reconocimiento de la problemática y constituye una herramienta fundamental para la construcción de políticas públicas y programas eficaces. Para tal efecto, resulta indispensable promover estudios tendentes a identificar la problemática enfrentada durante el desplazamiento, así como las consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas de este fenómeno en el país.

También se deben considerar medidas de asistencia legal y jurídica a la población desplazada para garantizar la investigación de los hechos, la reparación de los derechos vulnerados, la defensa de los bienes afectados, así como su retorno voluntario al lugar de origen, en condiciones seguras y dignas, o bien, su reubicación en nuevas zonas de asentamiento. Conviene que al diseñar el programa de atención al desplazamiento interno forzado, se contemplen líneas de acción específicas para la generación de indicadores de evaluación.  La participación de gobiernos estatales y municipales en este programa se considera de fundamental relevancia, ya que la política en la materia debe partir de un sentido de corresponsabilidad hacia el desarrollo.

Finalmente, dados los más recientes desplazamientos relacionados con entornos de violencia, surge la imperiosa necesidad de desarrollar herramientas de construcción de paz como condición necesaria para llegar a soluciones duraderas.

Fernando Batista Jiménez fbj@cndh.org.mx es el Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) www.cndh.org.mx

 



[1] Raul Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/PalabrasRPV/20120305.pdf

 

 

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