Los desastres relacionados con el clima–en especial las inundaciones– son responsables del mayor número de desplazamientos inducidos por catástrofes naturales cada año. Parece que el cambio climático va a exacerbar las inundaciones y sus repercusiones sobre el desplazamiento en las próximas décadas.[1] Las crecidas repentinas en Pakistán durante 2010 afectaron a más de 18 millones de personas, de las que nueve millones se quedaron sin hogar. Mientras tanto, en Colombia durante diciembre de 2010 el 93% de los municipios del país experimentaban crecidas y deslizamientos de tierra, y a finales de 2011 casi cinco millones de personas habían resultado afectadas y miles de ellas desplazadas, en algunos casos en repetidas ocasiones. Es importante tener en cuenta que estas crecidas se produjeron en dos países que ya sufrían extensos desplazamientos provocados por conflictos prolongados y también en curso, lo que exacerbó el grado de vulnerabilidad y los retos a los que habría que hacer frente.

Tanto Pakistán como Colombia habían avanzado relativamente en lo que respecta a sus marcos para la gestión de desastres cuando fueron azotados por las crecidas. No obstante, las competencias insuficientes y la falta de coordinación en ambos países – sobre todo a nivel local – menoscabaron la posibilidad de una respuesta más temprana y efectiva al desplazamiento.

En el caso de Colombia, el nuevo sistema de ayuda en caso de crecidas, que contaba con importantes recursos financieros (Colombia Humanitaria), no aspiraba a reforzar la existente capacidad del gobierno, sino más bien evitarlo. En Pakistán, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA, por sus siglas en inglés) disponía de poco personal, un presupuesto limitado y no tenía jurisdicción sobre las Autoridades Provinciales de Gestión de Desastres (PDMA, por sus siglas en inglés). En ambos países, la falta de implementación de leyes y procedimientos para la gestión de desastres a nivel local entorpeció bastante la respuesta dado que las autoridades locales no sólo fueron las primeras en responder sino que a veces fueron las únicas.

El que las crecidas en ambos países se extendieran a lo largo de amplios períodos de tiempo significó que diferentes tipos de movimientos –entre ellos huidas de emergencia y evacuaciones, retornos y, hasta cierto punto, reasentamientos– se produjeran de manera simultánea en diferentes zonas del país.  A pesar de las cifras abrumadoras de personas desplazadas, el período de desplazamiento demostró ser relativamente a corto plazo, dado que la mayoría regresaba en el período de un año. A la gente no le disuadía la amenaza de la violencia que se estaba produciendo y muchos regresaban incluso antes de que hubiera desaparecido el agua de las crecidas. Sin embargo, la rápida tasa de retorno no se tuvo en cuenta en la respuesta, que se centró sobre todo en proporcionar asistencia a los desplazados por las crecidas que se hallaban en campos centralizados de desplazados internos. Como observó un funcionario de las Naciones Unidas: “Cuando terminamos de establecer los campamentos, ya estaban vacíos”.

Mientras tanto, los miembros de la población que se encontraban en fase de retorno hacían frente a muchas de las mismas necesidades y vulnerabilidades que cuando estaban desplazados. La mayoría regresó y se encontró que sus casas y pertenencias habían sido gravemente dañadas o destruidas, de forma que se vieron obligados a vivir en refugios inseguros e improvisados próximos a sus antiguos hogares, sin acceso a agua limpia o a sistemas de saneamiento. El mismo funcionario de las Naciones Unidas añadió: “No necesitábamos una estrategia de retorno sino una estrategia para responder al retorno”.

Dada la repentina tasa de retorno, los programas de “recuperación temprana” deberían haber ofrecido mayores oportunidades de ayuda a los sectores de población desplazados para que se recuperaran más deprisa y para ayudarles a incrementar su nivel de resiliencia de cara a futuros impactos. Sin embargo, en ambos países se separó la fase de “recuperación temprana” de la fase de “respuesta de emergencia”, y la financiación y la implementación de programas de recuperación temprana resultaron todo un reto. En Colombia, la lentitud del proceso de construcción de refugios era especialmente preocupante. Muchas familias que habían perdido sus hogares se tuvieron que desplazar tres o cuatro veces mientras que esperaban a que se terminaran de construir sus viviendas transitorias. Por último, el que los Gobiernos no consiguieran abordar de forma adecuada el riesgo de desplazamientos recurrentes al permitir a la gente regresar a las zonas propensas a sufrir crecidas, aumentó su grado de vulnerabilidad y erosionó su resiliencia. En Pakistán, las crecidas del año siguiente desplazaron por segunda vez a muchas de las mismas personas.

En ambos países los desplazados internos que no retornaron de forma voluntaria fueron obligados a hacerlo en última instancia como consecuencia de las políticas del Gobierno que exigían que se cerraran los campos y refugios tras un período de tiempo determinado tras la catástrofe, incluso para aquellos que no tenían adonde ir, lo que a menudo desembocaba en un segundo desplazamiento.

En Colombia, las inundaciones afectaron de forma desproporcionada a quienes ya habían sido previamente desplazados por un conflicto armado en el país que ha durado décadas. Sin embargo, debido a que Colombia cuenta con instituciones gubernamentales independientes para intervenir en los casos de las personas desplazadas por conflictos y de las personas desplazadas por desastres naturales, y que la ley de Colombia para los desplazados internos no incluye a este último colectivo, ninguno de los procedimientos, derechos y medidas de protección que Colombia ha desarrollado para proporcionar ayuda de emergencia en los desplazamientos masivos relacionados con el conflicto fueron activados por las crecidas. En su lugar, un conjunto totalmente distinto de instituciones y procedimientos gubernamentales entraron en juego, lo que resultó ser menos efectivo.

Por contra, Pakistán otorga la potestad de intervenir en desplazamientos provocados por conflictos y por desastres naturales a las mismas instituciones: a nivel nacional a la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres ya nivel provincial a las Autoridades Provinciales de Gestión de Desastres. Las competencias institucionales estaban claras durante la respuesta a las crecidas en Jaiber Pastunjuá, donde la experiencia de las Autoridades Provinciales de Gestión de Desastres en la intervención en emergencias humanitarias relacionadas con los conflictos en curso y el trabajo en cooperación con la comunidad internacional permitió realizar una intervención mucho más coordinada y efectiva cuando las crecidas les azotaron.

En los países afectados a la vez por conflictos y por catástrofes naturales, es preferible otorgar la responsabilidad de responder ante ambos tipos de sucesos al mismo ministerio o institución, para que así desarrollen competencias, se promueva la rendición de cuentas y se optimice la asignación de recursos.

Alice Thomas alice@refugeesinternational.org y LindseyBrickle lindsey.brickle@gmail.com son respectivamente directora y miembro no residente del Programa de Desplazamiento a Causa del Cambio Climático de Refugees International. www.refintl.org ‎

El presente artículo está basado en las investigaciones y observaciones realizadas por Refugees International en Pakistán y Colombia en 2010 y 2011.[2]