Regionalismo: una estrategia para lidiar con la migración a causa de las crisis

El alcance, la escala y la complejidad crecientes de los movimientos de población que no están cubiertos por los mandatos existentes de los organismos de ayuda internacional o de los Estados (y que en general afectan a varios países a lo largo de una ruta migratoria) ponen a prueba la capacidad de éstos últimos en concreto para responder y señalan la necesidad de establecer estrategias conjuntas. Con el fin de abordar la falta de protección jurídica o de estatus de las personas implicadas en tales movimientos, hay propuestas que van desde la expansión de los actuales sistemas y regímenes –principalmente una ampliación del concepto normativo de refugiado– a la creación de nuevos conceptos jurídicos e instituciones. Sin embargo, pocos han sido los logros a pesar de las propuestas en marcha que ya existen, de entre las cuales hay dos que merecen una mención.

En primer lugar se encuentra el borrador del Convenio para la Protección de las Personas en Casos de Desastre que está desarrollando la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, que pretende regular la cooperación y la asistencia entre los Estados afectados y aquellos que no lo están, mediante el establecimiento del deber de cooperar, pedir ayuda, aprobar la participación de asistencia externa y ofrecer asistencia a personas afectadas por desastres.[i]

El segundo es el Proyecto para un Convenio sobre el Estatuto Internacional de las Personas Desplazadas Ambientales, redactado por grupos de investigación de la Universidad de Limoges y otros colaboradores (particulares e instituciones), que propone que se reconozca un estatus legal específico para una nueva categoría de migrantes, es decir, las víctimas reales y potenciales de desastres naturales, medioambientales y tecnológicos.[ii] Esta propuesta no generará nuevos derechos para las personas afectadas ni la obligación de protegerlas para los Estados, pero busca adaptar la protección de los derechos humanos existentes a las condiciones específicas de las personas desplazadas por razones medioambientales.

La aparente falta de éxito de éstas y otras iniciativas parece derivarse de la falta de predisposición a adoptar conceptos prácticos de responsabilidad compartida; de la constante vinculación de la migración (incluso de los desplazamientos forzados) con los problemas económicos y de seguridad; y la percepción de que éste es un problema para el que no bastará con comprometerse una vez, dado que requiere una voluntad política de realizar esfuerzos y conseguir soluciones a largo plazo.

Una alternativa que podría permitir nuevos desarrollos es centrarse en los regionalismos. Esta estrategia no competiría con los esfuerzos existentes pero podría complementarlos. El regionalismo parece estar funcionando con los desplazados internos en ausencia de un sistema global, en especial desde la Convención de Kampala. También ha funcionado en el contexto latinoamericano de los refugiados mediante una ampliación de su definición en la Declaración de Cartagena,[iii] así como el enfoque regional hacia los reasentamientos que se deriva de la revisión periódica de este documento[iv]. La Declaración de Principios del MERCOSUR sobre la Protección Internacional de los Refugiados destacó en 2012 la necesidad de reforzar el espacio humanitario regional, animando a todos los Estados a adoptar lo que sería la definición más amplia del término “refugiado” desde la Declaración de Cartagena de 1984[v].

En la misma región, la institución de asilo político – reconocida por el derecho internacional regional desde el siglo XIX y por el Tribunal Internacional de Justicia como derecho consuetudinario desde mediados del siglo XX – es otro ejemplo de iniciativa regional para la migración. A la luz de los efectos regionales de la migración causada por crisis, las soluciones regionales que se hacen a medida de supuestos específicos serían más aceptables a nivel político y por tanto más efectivas y fáciles de aplicar que las fórmulas universales.

De hecho, parece que la solidaridad a nivel regional – o al menos la percepción de que los problemas y situaciones se comparten a nivel regional – tiene más probabilidades de triunfar en el mundo actual, lo que daría tiempo al sistema global para hacerse con un método general para proteger a los migrantes. Dicho enfoque en el regionalismo no pondría en peligro ninguna búsqueda internacional de soluciones universales, sino que promovería un enfoque basado en los derechos que sería aplicable a situaciones humanitarias.

Dicho esto, las iniciativas regionales existentes no quitan la necesidad de adoptar un instrumento y una política globales que establezcan estándares de protección mínimos para las personas desplazadas internas y externas y que, en caso necesario, proporcionen acceso a la asistencia internacional, sino que supondrían un paso más hacia ellos. En este sentido, el regionalismo surge – especialmente en Latinoamérica – como una opción estratégica que puede promover un diálogo abierto entre Estados y actores no estatales. Puede, por tanto, estimular una cooperación para elaborar políticas y marcos jurídicos más coherentes a la hora de abordar las consecuencias que sufren los países de la región, y permitir una protección eficaz para dichos migrantes.

Liliana Lyra Jubilut lljubilut@gmail.com es profesora de los programas de máster y doctorado en Derecho de la Universidad Católica de Santos (UniSantos), Brasil. Erika Pires Ramos erikaprs@gmail.com es procuradora federal y cofundadora de  RESAMA, Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales, Brasil.