Cuestionando el “desplazamiento a causa de la sequía”: medio ambiente, política y migración en Somalia

El papel de la reciente sequía en la creación de migración no puede entenderse como un hecho aislado de las prácticas humanas y de los procesos políticos actuales y pasados. Las dimensiones medioambientales de los recientes desplazamientos dan lugar a una serie de cambios políticos relacionados con la prevención, la respuesta y la protección de los derechos.

En 2011 una grave sequía combinada con la intensa violencia política y el fracaso general del gobierno provocó extendidas y numerosas dificultades en el sur y el centro de Somalia, declarándose hambrunas en algunas partes del territorio. Esta crisis generó muchos desplazamientos forzados –y también se vio exacerbada por los mismos–, con aproximadamente un cuarto de la población desplazada en territorio somalí y en el extranjero en 2011.

En el despliegue publicitario político y de los medios de comunicación que le siguió fueron prominentes las referencias a los “desplazamientos a causa de la sequía” como un movimiento distinto de los promovidos por conflictos y la persecución, pero esta interpretación es problemática, tanto a nivel empírico como en términos de las respuestas políticas que tiende a apoyar. En este caso, la grave violencia estructural y los años de constante conflicto armado definieron bastante el episodio de sequía sufrido por diferentes colectivos sociales, y si su migración fue forzada o no.

Condiciones ambientales, empleos rurales y movilidad.

El clima en los territorios somalíes es árido y semiárido, y los frecuentes episodios de sequía cuando las lluvias escasean durante un largo período de tiempo son un grave problema. Las condiciones ecológicas prevalecientes resultan críticas para las actividades rurales –sacar a pastar al ganado y la producción de cosechas–, que son componentes clave de la forma de ganarse la vida de la mayoría de los somalíes,[i] que no es una actividad estática sino que depende de manera crucial de las dinámicas políticas y otros factores humanos.

Más de la mitad de la población está compuesta por trashumantes o productores agropecuarios que obtienen sus alimentos y sus ingresos de la cría de ganado. La movilidad se encuentra en el centro de su sistema de supervivencia. La trashumancia es una actividad nómada o seminómada, que implica una concentración estacional y la dispersión de los pastores y sus ganados según la disponibilidad de comida y agua en diferentes lugares.

La mayoría de los trashumantes nómadas disponen de algunos parientes que residen en zonas urbanas, y algunas de las familias podrían establecerse en los límites de las ciudades durante parte del año, o trasladarse a áreas urbanas de forma más o menos temporal para trabajar o para que los niños asistan a la escuela. Estos movimientos dan origen a importantes flujos e intercambio de suministros básicos, dinero en efectivo, transacciones, hospitalidad y asistencia mutua. La migración internacional de algunos miembros de la familia a menudo proporciona una dimensión adicional y una importante fuente de remesas en efectivo.

Pero la sequía supone un grave problema para los trashumantes. Cuando se hace difícil acceder a unos pastos adecuados y al agua potable, una estrategia de resolución de problemas sería trasladarse recorriendo mayores distancias en busca de agua y pastos, a veces incluso cruzando las fronteras internacionales. Esto podría considerarse desplazamiento en cuanto a que el patrón migratorio usual de los trashumantes habría sido alterado. Las herramientas clave en este proceso son por un lado provisiones tradicionales dentro del derecho consuetudinario que obliguen a los somalíes a permitir el acceso a otros colectivos en tiempos de sequía y, por otro, los teléfonos móviles modernos que ayudarán a los trashumantes a buscar información sobre la disponibilidad de agua en otros lugares.

Un proverbio somalí ilustra las interconexiones vitales entre las condiciones ambientales y el contexto político: “nabad iyo caano” (paz y leche), que remarca la fuerte asociación positiva para los trashumantes entre la seguridad y la prosperidad, acentuando el acceso a los pastos y al agua en la cooperación pacífica. El proverbio complementario “col iyo abaar” (conflicto y sequía) destaca las sinergias negativas que amenazan el acceso a los pastos y al agua. La sequía podría ejercer presión sobre los recursos y desencadenar conflictos violentos, o los conflictos y la inseguridad podrían exacerbar los problemas medioambientales y la experiencia de la sequía.

Tras la caída del Estado en 1991 han surgido problemas o los que había han empeorado en ausencia de instituciones estatales. Sin embargo, sin las interferencias que provocaría el Estado, la trashumancia prosperó en muchos aspectos a pesar de las duras condiciones ecológicas y de la violencia política. En contraste, la producción de cosechas depende mucho más de las condiciones locales y ha sido más vulnerable a los peligros medioambientales y a los conflictos de las últimas décadas, ya que las políticas de la guerra civil menoscaban el acceso a sistemas de riego efectivos. Para las comunidades granjeras y para las de agricultores y ganaderos, la migración se encuentra entre las respuestas clave a estos peligros. 

Aunque la movilidad rutinaria y el desplazamiento en casos de riesgos naturales han sido recurrentes en los modos de vida del entorno rural somalí, estas dinámicas no pueden entenderse sin una referencia al contexto político en el que se dan. Antes de la guerra civil, la intervención del Estado en las relaciones del pueblo con sus recursos naturales estaba lejos de ser benigna. Pero desde su caída en 1991, los violentos y predadores actores políticos han exacerbado las repercusiones de los riesgos medioambientales sobre colectivos particulares mientras que los marcos de gobierno existentes a menudo carecen de las competencias y la predisposición necesarias para regular las prácticas dañinas para el medio ambiente, o para responder de forma adecuada con el fin de cambiar la situación de vulnerabilidad que sufre la población.

Una crisis polifacética y multinivel

La crisis humanitaria que alcanzó su pico más alto en 2011 a menudo ha sido descrita como el resultado de una “tormenta perfecta” en cuanto a que se produjo la conjunción del conflicto, la sequía y una gobernanza pobre. Tras años de un conflicto menos intenso y mucho más localizado, y de breves temporadas de paz en el centro y sur de Somalia, en 2006 el conflicto político entró en una nueva e intensa fase con el surgimiento de la Unión de Tribunales Islámicos y la hostil respuesta internacional , que reflejaba el contexto de la “guerra contra el terror” global y los temores regionales al irredentismo somalí. Después de que el Gobierno Federal de Transición y las tropas etíopes derrocaron a la UCI, los habitantes de Mogadiscio, en particular, fueron testigos del alto grado de inseguridad generado por el combate, el desprecio por la vida de los civiles y el debilitamiento de los mecanismos de protección basados en los clanes. El conflicto también tuvo consecuencias económicas directas como la perturbación de los empleos por la destrucción indiscriminada, la confiscación o la ocupación de viviendas, inmuebles y negocios, que infraestructuras tales como las carreteras o los mercados fueran dañadas o bloqueadas, y la movilidad gravemente circunscrita por la violencia. La cifra de personas desplazadas internas aumentó de 400.000 en 2006 a un millón en 2007.

Fue con estos antecedentes de conflicto cuando aconteció la sequía en 2010, llegando al máximo en algunas áreas en las que se sucedieron varias temporadas de escasas lluvias. Sus repercusiones en los medios de vida rurales fueron graves. El precio de los cereales alcanzó su máximo récord y los trashumantes luchaban por encontrar agua y pastos; se produjo un alto nivel de mortalidad de sus animales y los precios de venta descendieron debido a las condiciones de deterioro en las que el ganado llegaba al mercado y también al excedente, y al conflicto localizado entre trashumantes. La situación se agravó por la restricción de las habituales estrategias de resolución de problemas y de propagación de los riesgos empleadas por la gente del medio rural. Debido a la distinta naturaleza de las muchas dificultades que sufrían, hasta las ofertas de trabajo sin contrato escaseaban, los salarios se vieron reducidos y los mecanismos de apoyo entre familiares y miembros de una misma comunidad se deterioraron. Como consecuencia (haciéndose eco de los desplazamientos a causa de la hambruna que se produjo en 1991-92) grandes cifras de personas que vivían en el medio rural se desplazaron hacia centros urbanos, en especial a Mogadiscio, con la esperanza de poder acceder a la asistencia humanitaria.

Por tanto, la emergencia ambiental se solapó con el conflicto político existente. Los mecanismos de gobierno nacionales e internacionales no pudieron controlar la situación en Somalia, puesta de manifiesto por respuestas políticas más coordinadas hacia la sequía regional en Kenia y Etiopía, destacando que los riesgos naturales como la sequía no provocan catástrofes humanas como la hambruna de forma automática; la clave está en cuestiones como la gobernanza, la responsabilidad y los derechos. En Somalia, los actores políticos nacionales de todos los partidos no consiguieron abordar las importantes vulnerabilidades de las poblaciones que se hallaban bajo su control y, de hecho, el modo en que persiguieron el conflicto a menudo exacerbaba la situación para los civiles.

Como consecuencia del modo en que se desarrolló esta crisis, una combinación de factores influyó de forma evidente en la decisión de la gente de abandonar su lugar de residencia.  Aunque para algunos había un detonante primario clave, muchas personas no lo veían tan claro. Como dijo un refugiado de Mogadiscio, “No puedo dar sólo una razón de por qué no me sentía a salvo; había demasiadas”.[ii] Muchas personas habrían podido lidiar con el problema de la sequía haciendo uso de las estrategias de resolución de problemas comunes sin desplazarse si no fuera por las cada vez más reducidas oportunidades de conseguir empleo, la restringida movilidad y la distribución desigual de la ayuda humanitaria que se recibió como consecuencia del conflicto político. Otros podrían haber sobrellevado el conflicto mejor de no haber sido por la sequía.

Además de esta simultánea combinación de circunstancias, se produjo también la culminación de una serie de factores a lo largo del tiempo: los estructurales subyacentes y las historias personales que definen la migración. Por ejemplo, para algunas personas la sequía y el hambre fueron los detonantes inmediatos de su traslado pero la base preliminar venía de años y años de conflicto, marginación y abusos. Para algunos, el aumento significativo de la violencia fue la gota que colmó el vaso, contra unos antecedentes de restricciones a largo plazo en los empleos rurales que ya les predisponían a migrar. En este contexto, se podría haber llevado a cabo una útil distinción analítica entre factores estructurales, causas cercanas, luchas inmediatas  y factores intermedios.[iii] A menudo nos centramos en las causas cercanas y en las luchas inmediatas pero menos en los factores estructurales y en los procesos de privación, vulnerabilidad y desempoderamiento que subyacen al desplazamiento.

Esta visión matizada de la causalidad contrasta gravemente con las frecuentes referencias al “desplazamiento a causa de la sequía” por parte de los políticos y los medios de comunicación en el contexto de la crisis humanitaria de 2011. Aunque sean los Gobiernos de países de acogida como Kenia quienes estén especialmente interesados en usar dicha terminología, ésta también ha aparecido en los anuncios de organizaciones humanitarias internacionales. Sin embargo, la naturaleza polifacética y multinivel de la crisis humanitaria como se describe anteriormente sugiere que está claro que no puede considerarse que la gran cifra de desplazamientos de 2011 fuese puramente “inducida por cuestiones ambientales”.

Es cierto que la terminología del “desplazamiento a causa de la sequía” a veces encaja con los resultados de las encuestas. Por ejemplo, en la encuesta de la Unidad de Análisis de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición de 2011, de las muestras de desplazados internos en el centro y sur de Somalia el 60% declaró haberse desplazado por culpa de la sequía mientras que en una encuesta que se realizó en 2012 a los recién llegados a Kenia solo el 43% de los entrevistados admitió haber llegado al campo por ese motivo o por razones laborales o familiares, sin hacer referencia a ninguna razón adicional para marcharse que tuviera que ver con el conflicto o con la persecución. Dichas encuestas tienden a capturar conflictos inmediatos pero poco nos dicen acerca del contexto estructural de la migración de estas personas. La etiqueta “desplazamiento a causa de la sequía” simplifica en gran medida la naturaleza de la movilidad somalí en 2011 por lo que hemos de ser cautelosos en lo que respecta a las funciones políticas que desempeñan.

En contra del deseo de que los traslados relacionados con cuestiones climáticas sean provisionales y a corta distancia, la sequía de 2010-11 se asoció a altas cifras de desplazamientos regionales por culpa de la falta de seguridad existente y de la dificultad para acceder a la asistencia humanitaria dentro del país. En el contexto de la sequía regionalizada, las personas que migraban desde Somalia se encontraron cruzando las fronteras hacia zonas que también se hallaban bajo una considerable tensión ambiental. El mayor número de personas se desplazó hasta Kenia, donde el Gobierno tuvo dificultades para distinguir en sus declaraciones públicas entre refugiados a largo plazo desplazados por el conflicto y personas que se habían desplazado más recientemente por culpa de la sequía, circunscribiendo de manera implícita sus responsabilidades bajo el Derecho internacional.

Respuestas políticas

Las respuestas a los movimientos de población en las crisis humanitarias a menudo se centran en aquella población que ya se encuentra desplazada, pero es igual de importante –si no más– abordar la cuestión sobre qué fuerza a las personas a desplazarse. Esto exige trabajar a través de lo que a menudo se consideran campos y especialidades políticas discretas que reúnen elementos de adaptación al cambio climático, ayuda humanitaria, desarrollo de empleos, recuperación postconflicto y protección de los derechos humanos. Recientes análisis sugieren que cuando saltan las alertas tempranas de un desastre éstas necesitan ser dirigidas más hacia las necesidades informativas de los actores nacionales y es necesario aclarar los derechos, recursos y responsabilidades de los actores humanitarios internacionales para garantizar un paquete de medidas más potente contra la hambruna.

Muchas intervenciones de ONG y de la comunidad pretenden mitigar las repercusiones de la sequía incrementando la resiliencia de las personas.  Sin embargo, esto no sólo constituye un problema técnico sino también un profundo reto político y basado en los derechos dado que las personas vulnerables han estado en el extremo receptor de la violencia y la marginación sistemáticas durante más de dos décadas y son profundamente vulnerables ante cualquier tipo de impacto, incluido el de la sequía. La movilidad rutinaria y como estrategia en casos de emergencia, incluida la transfronteriza, durante mucho tiempo ha sido una importante fuente de resiliencia, pero los frentes militares y el cierre de fronteras han supuesto una amenaza para ella, y la política futura debería ser sensible con el valor de la movilidad a la hora de mantener los medios de vida rurales.

Cuando se permite que una sequía se desarrolle y desemboque en una grave crisis, los esfuerzos humanitarios se ven obstaculizados por la politización de la ayuda y la corrupta economía política que la envuelve.  Pero estos problemas remarcan no tanto la necesidad de despolitizar la ayuda humanitaria sino más bien la necesidad de que las agencias humanitarias redoblen sus esfuerzos para abordar las necesidades de los civiles más vulnerables–un acto inherentemente político–a la vez que se distancian de proyectos concretos de construcción de un Estado.

Por último, nos encontramos con el clásico reto de pasar de la ayuda a la recuperación en ausencia de una estabilidad política duradera.

La protección de los derechos de las personas desplazadas

El papel de los recursos socioculturales somalíes como el apoyo de familiares y amigos, la religión y la diáspora ha sido cada vez más prominente en el contexto de la parálisis de la ayuda institucional, y cuando sea posible, los actores internacionales deberían trabajar en armonía con estas capacidades protectoras socioculturales indígenas. Sin embargo, el papel de las autoridades macropolíticas resulta absolutamente vital para proteger a todos los somalíes en su territorio.

En el país de acogida de refugiados más importante, Kenia, como en otras partes, existe una preocupación por la reducción del espacio para el asilo por la última crisis humanitaria en Somalia. Resulta extremadamente improbable que todos los refugiados puedan retornar a Somalia (o que vayan a hacerlo) y las organizaciones que tratan de proteger a los refugiados deberán seguir presionando para que se avance de forma gradual hacia una participación más positiva en la sociedad, para garantizar que su presencia se tiene en cuenta en los planes de desarrollo urbano y rural, y para respaldar su movilidad como factor clave para ganarse la vida.

Aunque comúnmente se presupone que los “migrantes a causa de la sequía” lo tienen fácil para retornar una vez que empiezan las lluvias, el miedo y el empobrecimiento entre las personas desplazadas somalíes y la actual incertidumbre política en sus lugares de origen sugieren otra cosa. A pesar de que las lluvias habían mejorado, en junio de 2012 sólo el 14% de los refugiados entrevistados en Dadaab aseguraban que considerarían regresar a sus hogares, y a mediados de 2013 los retornos seguían siendo limitados, a pesar del aumento de la presión sobre los refugiados en Kenia. A la luz de estas presiones, los actores nacionales e internacionales deben enfatizar la necesidad de defender el principio de repatriación voluntaria. Se destaca el papel vital de unos procesos políticos más amplios a la hora de abordar el desplazamiento. Cualquier movimiento de retorno de los refugiados y de los desplazados internos necesitará ir de la mano de esfuerzos a largo plazo hacia la rehabilitación y la creación de una resiliencia rural si queremos que sean sostenibles a la larga.

Está bastante claro que la sequía supone un importante y recurrente desafío para el trabajo de muchas personas que viven a lo largo del Cuerno de África. Sin embargo, la movilidad somalí en 2011 no puede ser reducida al simple epíteto de “desplazamiento a causa de la sequía”. Dicha terminología simplista no representa correctamente los detonantes del desplazamiento y oculta de qué modo la sequía tiene que ver con los procesos políticos, tanto actuales como históricos. Aunque pensar en las etiquetas políticas pueda resultar incómodo a nivel político y profesional, un enfoque monosector de la legislación en contextos de crisis humanitarias resulta problemático.

 

Anna Lindley al29@soas.ac.uk es profesora de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. www.soas.ac.uk



[i] La pesca costera y los empleos urbanos también se ven afectados por los problemas medioambientales (el tsunami, la pesca ilegal, los vertidos tóxicos, las escasas infraestructuras relacionadas con el agua potable y los deshechos, las inundaciones y los problemas de las barriadas).

[ii] Amnistía Internacional (2008) Somalia: La población civil, blanco habitual de ataques.

www.amnesty.org/en/library/asset/AFR52/006/2008/en/917dbe28-27df-11dd-b897-2fa493994d1b/AFR520062008spa.pdf

[iii] Van Hear, N (1998) New Diasporas. London: UCL.

 

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