Una oportunidad para cambiar la política de asilo del Líbano

La actitud de El Líbano hacia la “excepción siria” puede ser utilizada como punto de partida para que dicha política sea acorde a las normas internacionales para los refugiados y de derechos humanos, así como a los estándares y la protección internacionales.

"El Líbano no es un país de asilo", ha sido el grito oficial libanés durante décadas. El Líbano no firmó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni su Protocolo de 1967, y carece de un marco jurídico a nivel global o nacional apropiado para los refugiados . A los refugiados y a los solicitantes de asilo se les trata como si fueran migrantes en situación irregular y están sujetos a arrestos y deportaciones cuando son detenidos arbitrariamente sólo por su falta de condición jurídica. Los refugiados que consiguen entrar en el Líbano suelen vivir en alojamientos privados en zonas urbanas y sólo los refugiados palestinos viven en campos de refugiados. Las autoridades libanesas no reconocen la condición de refugiado a los refugiados no palestinos o a los refugiados palestinos indocumentados.

El Líbano alega normalmente para justificarse que el país es demasiado pequeño y que durante décadas ha sido el que mayor población de refugiados palestinos ha alojado, lo que les convierte en el 10% de su población total, y por tanto ha asimilado más “carga” de la comunidad de refugiados internacional de la que le correspondía.

Sin embargo, a día de hoy nos encontramos con la llamada “excepción siria”. A los sirios se les permite entrar de forma segura en el país; no se les detiene sólo por su entrada ilegal sino que reciben y se les facilita asistencia (incluido el acceso a una vivienda). Sin embargo, a los refugiados sirios se les sigue arrestando por su entrada o estancia ilegal en el país, aunque en pequeñas cifras si se les compara con su población global en el Líbano. Las órdenes de deportación –a veces motivadas únicamente por el “delito” de entrada o estancia ilegal– no se están implementando y en la práctica las autoridades libanesas parecen defender una moratoria en la deportación de sirios.

A pesar de esta política positiva hacia los refugiados sirios, en la actualidad se han visto fallos en la administración del Gobierno y en la gestión de la ayuda y otras cuestiones de protección relacionadas. Esto pone de manifiesto la debilidad y la falta de planes de preparación del Gobierno libanés para abordar y gestionar cuestiones relacionadas con los refugiados y para elaborar unos planes y procedimientos adecuados.

Esta experiencia debería también sembrar la preocupación entre los responsables políticos libaneses y los actores humanitarios por la urgente necesidad de elaborar una política de asilo clara y consistente en el Líbano. Se espera que la actitud hacia la “excepción siria” pueda ser utilizada como punto de partida para que dicha política sea acorde a las normas internacionales para los refugiados y de derechos humanos, así como a los estándares y la protección internacionales.

Samira Trad  frontierscenter@frontiersruwad.org es fundadora y directora de la asociación Frontiers Ruwad Association, del Líbano. frontiersruwad.wordpress.com

 

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