La compleja mezcla de intereses secesionistas y étnicos en la región de los Balcanes desembocó en una guerra que comenzó a principios de 1992 y en la que el uso de la violencia contra la población civil conmocionó al mundo. Fue durante este conflicto cuando se acuñó el concepto de limpieza étnica para describir el empleo de torturas, violaciones masivas, ejecuciones indiscriminadas, internamientos en campos de prisioneros así como la expulsión de miles de civiles de sus casas y ciudades con el fin de lograr la pureza étnica . En total, se estimó que el número de fallecidos ascendió a 263.000 personas y el de desplazados a más de 2 millones –de una población de 4,4 millones antes de la guerra.
De estos desplazados, un millón permaneció en la región y más 1.2 millones huyeron a otros países. Se calcula que Alemania habría recibido unos 350.000 refugiados; Croacia, cerca de unos 300.000; y Austria, 80.000, seguida de Eslovenia con más de 33.000 y Suiza con casi 27.000. Los Países Bajos y Dinamarca habrían acogido a unos 23.000 refugiados, cada uno; y el Reino Unido y Noruega, a 12.000 y 13.000, respectivamente. Unos 610.000 de los refugiados eran bosnios; 307.000, bosnio-croatas; 253.000, serbio-bosnios; y 23.000 de otras nacionalidades.
Los Acuerdos de Dayton, firmados el 21 de noviembre de 1995, pusieron fin a la guerra.
El Anexo 7 de los Acuerdos fue diseñado para ser un elemento clave para la futura estabilidad de la zona pues reconocía el derecho de todas las personas desplazadas a retornar a sus hogares de origen o recibir una compensación por la propiedad a la que, por la razón que fuese, no podían volver. Además, las partes se comprometían a implementar un plan de repatriación que sería desarrollado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados También debían proveer la asistencia necesaria y adoptar las medidas políticas, económicas y sociales oportunas para garantizar el retorno voluntario de los refugiados y desplazados. Una Comisión independiente, con sede en Sarajevo, se encargaría de resolver las reclamaciones de propiedad y de las indemnizaciones. Pero cuatro años de guerra habían dejado un legado de desconfianza que acabó con la esperanza de que los que habían sido desplazados pudieran fácilmente volver a convivir en paz.
Este clima de desconfianza y miedo existente entre las diferentes etnias continuó por lo que una buena mayoría de los desplazados decidió no regresar a sus hogaresy muchos de los que lo hicieron sufrieron un trato discriminatorio al intentar acceder al mercado de trabajo o a otros servicios públicos, como la sanidad o la educación. La protección de los retornados y de sus hogares, sobre todo en el caso de las minorías, era esencial para asegurar el éxito inicial de la repatriación y una intervención más activa de la fuerza de paz multinacional (SFOR) hubiera sido crucial para incrementar el número de retornados en esta primera etapa. A todas estas dificultades, hay que añadir la presión de algunos países europeos para repatriar los cientos de miles de refugiados a pesar de la falta de medios económicos para reconstruir las casas dañadas o construir nuevas y para financiar las reclamaciones de propiedad.
El escaso éxito de la implementación del Anexo 7 tiene su origen en los propios Acuerdos de Dayton, en los negociadores y en los firmantes que confiaron la seguridad del retorno de las minorías a las mismas autoridades que habían ordenado su limpieza étnica durante la guerra. La firma de los Acuerdos puso fin a la guerra, pero veinte años después muchas personas siguen desplazadas y todavía se necesitan soluciones para el terrible legado de esta guerra.
María del Pilar Valledor Álvarez pvalledora@yahoo.es
Doctora en Derecho por la Universidad Rey Juan